21:27 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 23-02-2021 / 10:02

EL GOBIERNO DIFUNDIÓ LA LISTA DE SETENTA PERSONAS VACUNADAS VIPS

Carla Vizzotti: "Tomamos las medidas para esclarecer todo"

El gobierno nacional difundió la lista de sesenta personas vacunadas en el Hospital Posadas y diez en el Ministerio de Salud. Tras una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la flamante ministra Carla Vizzotti se decidió la publicación de los nombres. La vacunación irregular se trató de “una situación muy puntual, excepcional, equivocada y se han tomado las medidas necesarias para clarificar lo sucedido”, señaló Vizzotti.

El gobierno nacional difundió la lista de sesenta personas vacunadas en el Hospital Posadas y diez en el Ministerio de Salud. Tras una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la flamante ministra, Carla Vizzotti, se decidió la publicación de los nombres. La mayoría de los vacunados son personal estratégico pero aparecen casos injustificables. Y por el designado "Vacunatorio VIP" pasaron solo diez personas, y todas ellas en edades consideradas de riesgo.

La vacunación irregular se trató de "una situación muy puntual, excepcional, equivocada y se han tomado las medidas necesarias para clarificar lo sucedido", señaló Vizzotti en diálogo con C5N y destacó que "la responsabilidad del Estado nacional es dar respuestas a la Justicia y estamos absolutamente disponibles".

Ginés González García cometió un grave error al posibilitar que un grupo de personas recibiera la vacuna contra el Covid-19 sin esperar su debido turno. Y lo pagó caro pues el Presidente le pidió la renuncia de inmediato. Complica el hecho de que dos de los vacunados -Jorge Taiana y Eduardo Valdés- sean legisladores oficialistas y un tercero -Horacio Verbitsky- un periodista cercano a figuras del gobierno.

Ante el fuerte griterío que este error provocó se torna necesario separar la paja del trigo. Era esperable que la oposición macrista y su brazo armado, los grandes medios porteños, se subieran al caballo de la crítica con la furia que los caracteriza y festejaran por adelantado las denuncias que lloverán ante la Justicia. Es el costo que el gobierno debe afrontar luego de un suceso tan desafortunado. Y cuando la derecha huele sangre, no duda en clavar los colmillos.

Pero en esa reacción opositora se advierte de inmediato la marca en el orillo. En la prensa macrista se destacan algunos nombres y se ocultan otros. Los tres mencionados arriba figuran en los titulares más visibles de las tapas y los portales web, en cambio al empresario Florencio Aldrey Iglesias y sus familiares apenas se los menciona, y lo mismo ocurre con los otros implicados que fueron escondidos como José Aranda, CEO de Clarín.

Lo que sí logró este tropiezo de Ginés es que los grandes medios no hablaran de dos hechos políticos significativos y costosos para la derecha sucedidos en las últimas horas. Uno es el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por espionaje ilegal cuando estaban al frente de la AFI, uno de las ollas más nauseabundas destapadas desde el retorno de la democracia. El otro es el desastre organizativo que afectó a los habitantes de la Capital Federal que quisieron inscribirse para ser vacunados. El sistema informático colapsó y las interminables demoras indignaron masivamente a los porteños que sintieron en carne propia el escaso compromiso de sus autoridades políticas con el operativo de la "vacuna rusa". El contraste con la provincia de Buenos Aires fue rotundo; con una población 6 veces mayor, allí el sistema respondió sin inconvenientes.

La mayor preocupación del gobierno nacional por lo ocurrido no está en el previsible ataque de la oposición macrista y mediática sino en la consternación que provoque entre sus simpatizantes. Para los partidarios de la derecha, el ejercicio del privilegio forma parte de su ideología y de su cultura política y no recibe condena. El macrismo en el poder se cansó de mostrar las diferencias de trato entre los sectores privilegiados y los postergados; y lo hizo casi sin perder adhesión. En cambio un gobierno popular no puede caer en esas prácticas porque entra en contradicción con sus fundamentos.

La Opinión Popular

EL GOBIERNO DIFUNDIÓ LA LISTA DE SETENTA PERSONAS VACUNADAS EN EL HOSPITAL POSADAS Y EL MINISTERIO DE SALUD

Carla Vizzotti: "Tomamos las medidas para esclarecer todo"

La casi totalidad de las vacunas -no menos de 700.000- las aplicó cada uno de los distritos, pero el foco se puso en las de jurisdicción nacional. En la Rosada remarcan que la gran mayoría son funcionarios que encajan con la normativa establecida: "gestión y conducción del Estado". Figuran otros, que no se adecúan a esa definición como el empresario Florencio Aldrey y su familia, el periodista Horacio Verbitsky, la familia de Eduardo Duhalde o algunos funcionarios jóvenes de Salud y Economía.

Cafiero y la ministra también planificaron los pasos siguientes del plan de vacunación, lo que incluye distribuir un millón de dosis que llegarán el jueves del laboratorio chino Sinopharm y más vacunas gestionadas en Moscú por la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Hoy se presentará un protocolo para transparentar la vacunación, con definiciones de quién es personal estratégico y quién no. A esto se agregará un carnet de vacunación y un acceso a la información a partir de la trazabilidad de cada aplicación.

Listas

En la reunión entre Cafiero y Vizzotti se evaluó la posibilidad de hacer pública la nómina de la totalidad de vacunados en el país, pero la idea se descartó porque violaba las normas referidas a la confidencialidad de los datos personales. Se optó entonces por pedirle al Posadas que dé a conocer el listado de los que se vacunaron en sus instalaciones por pedido del Ministerio de Salud. En total, en los casi dos meses transcurridos desde la llegada de las primeras dosis -24 de diciembre- se vacunaron 70 personas por fuera del circuito normal, que es la vacunación de cada distrito, es decir de las provincias y CABA.

La mayoría del listado son personas que están contempladas en la normativa explicitada en la resolución 2883 del Ministerio de Salud cuyo título es nítido: "Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina". En el anexo se señala quienes tienen prioridad y hay un apartado específico sobre la administración del Estado: "toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión".

El texto deja margen para debatir quién entra en esa definición, pero una parte de la nómina parece lógica: el Presidente, su vocero, el canciller, secretarios de presidencia, el fotógrafo del viaje a México, el ministro de Economía, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, su par en Paraguay, Domingo Peppo, el negociador de la deuda, Sergio Chodos.

Hay 22 funcionarios del Ministerio de Salud y cinco del Ministerio de Economía. Habrá que hacer una revisión más fina de esos funcionarios: por ejemplo, figura una comunity manager de Economía de unos 30 años y al menos otras tres personas de menos de 40.

Falsos

Desde el domingo y durante toda la jornada de ayer se hicieron circular nombres y más nombres de personas vacunadas "por acomodo" y que resultó información falsa. Entre otros, los trolls de Cambiemos pusieron a Marcelo Tinelli, Verónica Lozano, Pablo Echarri, Mariano Iudica, Angel De Brito, Gustavo Silvestre o Diego Brancatelli.

La mayoría de ellos tuvieron que dedicar un rato a desmentir que se hubieran vacunado. También algunos medios salieron a denunciar que les habían aplicado dosis a los suegros de Sergio Massa, Marcela Durrieu y Fernando Galmarini. Ella es médica, él tiene 80 años y ambos exhibieron la inscripción que realizaron el 1 de enero de 2021.

Otro mencionado fue el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El funcionario le explicó a este diario que pidió vacunarse por ser personal estratégico del Estado y que también se vacunó su esposa, con Epoc avanzado. Zannini considera que entra perfectamente en la normativa dictada por el Ministerio de Salud.

En el debate entrará la vacunación de Eduardo Duhalde y su esposa Chiche. No aparece justificación alguna en la vacunación de las hijas del ex presidente. Todo indica que consiguieron la aplicación por la vieja amistad entre Duhalde y Ginés González García.

Vacunatorio

El "vacunatorio vip" del Ministerio de Salud terminó en un listado de diez personas, entre ellas varios cuestionados como Verbitsky, la familia de Aldrey, el empresario Zeza Manukian, de 84 años, otro empresario, Felix Guille, de 71, y el conocido médico Salomón Schächter, de 94 años. El equipo móvil del Posadas se trasladó al ministerio un único día, el 18 de febrero, y le aplicaron dosis también a Eduardo Valdés y Jorge Taiana, quienes iban a integrar la comitiva presidencial a México, el país con mayor tasa de mortalidad del continente. Estas vacunaciones son las que precipitaron la renuncia de Ginés.

Finalmente, la ministra Vizzotti explicó por qué la cartera reservó 3000 vacunas. Las dosis se aplicaron al personal del Hospital Posadas -en total tiene 5000 trabajadores-, que es el único hospital que depende del Estado nacional. También existe una reserva por si aparece un brote en algún lugar del país o si se rompe la cadena de frío y hay que proveer un reemplazo a algún distrito.

Vacunas

Un punto central del encuentro entre Cafiero y Vizzotti fue la continuidad del plan de vacunación. Ya se sabe que este domingo, la Anmat finalmente autorizó la vacuna china de Sinopharm, la más costosa del mercado. Dadas las urgencias, Alberto Fernández firmó un acuerdo con el gobierno chino por un millón de dosis que llegarían el viernes.

Al mismo tiempo, Vizzotti informó de los resultados del viaje de la asesora presidencial Cecilia Nicolini quien estuvo en Moscú en la semana que pasó. La versión es que vendrán más Sputnik V, pero nadie quiso confirmar las cantidades ni cuándo se hará el próximo viaje. El gobierno ruso admitió esta semana que no puede cumplir con la provisión a todos los países y, según se menciona, está atrasada la transferencia de tecnología a un laboratorio de la India.

De esta manera, a corto plazo se suma el millón que viene de China, más 580.000 de Astra/Zeneca que vendrán de la India, más lo que llegue de Sputnik V. Esas cantidades deberían permitir una vacunación fluida, aunque todavía un poco lejos de lo que se necesita.

Tal vez la solución más contundente esté relacionada con la visita que Alberto Fernández hizo ayer en México. El mandatario estuvo en el laboratorio Liomont, donde se está trabajando la preparación final de la vacuna de Oxford/AstraZeneca cuyo elemento activo se produce en el laboratorio mAbxience de Munro. El compromiso es que a finales de marzo el conglomerado empiece a distribuir millones de vacunas en toda América Latina y deberían llegar 22 millones de dosis a la Argentina.

Cafiero y Vizzotti pusieron en marcha la elaboración de un protocolo minucioso de los criterios de vacunación y esas normas se van a someter hoy, primero, al Consejo Nacional de Inmunización, un ámbito científico en el que se va a definir qué personal es realmente estratégico, y luego se pondrá a consideración de todos los ministros de Salud del país. "La idea es que todos los distritos adhieran a esa propuesta de protocolo y trazabilidad de las vacunas", anticipó anoche Vizzotti.

La definición de personal estratégico es imprescindible a todos los niveles, incluyendo también los gobiernos provinciales y los municipales. Y junto con esas definiciones, el Ministerio de Salud propondrá un acceso a la información sobre la vacunación, es decir que si alguien quiere establecer a quiénes se vacuna, pueda verificarlo. El complemento de esas medidas es la entrega de un carnet que acreditará la vacunación de cada persona.

Informe: María Cafferata.

Por Raúl Kollmann

Fuente: Página12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".