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Nacionales - 23-02-2021 / 10:02
EL GOBIERNO DIFUNDIÓ LA LISTA DE SETENTA PERSONAS VACUNADAS VIPS

Carla Vizzotti: "Tomamos las medidas para esclarecer todo"

Carla Vizzotti:
El gobierno nacional difundió la lista de sesenta personas vacunadas en el Hospital Posadas y diez en el Ministerio de Salud. Tras una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la flamante ministra Carla Vizzotti se decidió la publicación de los nombres. La vacunación irregular se trató de “una situación muy puntual, excepcional, equivocada y se han tomado las medidas necesarias para clarificar lo sucedido”, señaló Vizzotti.
El gobierno nacional difundió la lista de sesenta personas vacunadas en el Hospital Posadas y diez en el Ministerio de Salud. Tras una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la flamante ministra, Carla Vizzotti, se decidió la publicación de los nombres. La mayoría de los vacunados son personal estratégico pero aparecen casos injustificables. Y por el designado "Vacunatorio VIP" pasaron solo diez personas, y todas ellas en edades consideradas de riesgo.
 
La vacunación irregular se trató de "una situación muy puntual, excepcional, equivocada y se han tomado las medidas necesarias para clarificar lo sucedido", señaló Vizzotti en diálogo con C5N y destacó que "la responsabilidad del Estado nacional es dar respuestas a la Justicia y estamos absolutamente disponibles".
 
Ginés González García cometió un grave error al posibilitar que un grupo de personas recibiera la vacuna contra el Covid-19 sin esperar su debido turno. Y lo pagó caro pues el Presidente le pidió la renuncia de inmediato. Complica el hecho de que dos de los vacunados -Jorge Taiana y Eduardo Valdés- sean legisladores oficialistas y un tercero -Horacio Verbitsky- un periodista cercano a figuras del gobierno.
 
Ante el fuerte griterío que este error provocó se torna necesario separar la paja del trigo. Era esperable que la oposición macrista y su brazo armado, los grandes medios porteños, se subieran al caballo de la crítica con la furia que los caracteriza y festejaran por adelantado las denuncias que lloverán ante la Justicia. Es el costo que el gobierno debe afrontar luego de un suceso tan desafortunado. Y cuando la derecha huele sangre, no duda en clavar los colmillos.
 
Pero en esa reacción opositora se advierte de inmediato la marca en el orillo. En la prensa macrista se destacan algunos nombres y se ocultan otros. Los tres mencionados arriba figuran en los titulares más visibles de las tapas y los portales web, en cambio al empresario Florencio Aldrey Iglesias y sus familiares apenas se los menciona, y lo mismo ocurre con los otros implicados que fueron escondidos como José Aranda, CEO de Clarín. 
 

 
Lo que sí logró este tropiezo de Ginés es que los grandes medios no hablaran de dos hechos políticos significativos y costosos para la derecha sucedidos en las últimas horas. Uno es el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por espionaje ilegal cuando estaban al frente de la AFI, uno de las ollas más nauseabundas destapadas desde el retorno de la democracia. El otro es el desastre organizativo que afectó a los habitantes de la Capital Federal que quisieron inscribirse para ser vacunados. El sistema informático colapsó y las interminables demoras indignaron masivamente a los porteños que sintieron en carne propia el escaso compromiso de sus autoridades políticas con el operativo de la "vacuna rusa". El contraste con la provincia de Buenos Aires fue rotundo; con una población 6 veces mayor, allí el sistema respondió sin inconvenientes.
 
La mayor preocupación del gobierno nacional por lo ocurrido no está en el previsible ataque de la oposición macrista y mediática sino en la consternación que provoque entre sus simpatizantes. Para los partidarios de la derecha, el ejercicio del privilegio forma parte de su ideología y de su cultura política y no recibe condena. El macrismo en el poder se cansó de mostrar las diferencias de trato entre los sectores privilegiados y los postergados; y lo hizo casi sin perder adhesión. En cambio un gobierno popular no puede caer en esas prácticas porque entra en contradicción con sus fundamentos.
 
La Opinión Popular
 
 
EL GOBIERNO DIFUNDIÓ LA LISTA DE SETENTA PERSONAS VACUNADAS EN EL HOSPITAL POSADAS Y EL MINISTERIO DE SALUD
 
Carla Vizzotti: "Tomamos las medidas para esclarecer todo"
 
La casi totalidad de las vacunas -no menos de 700.000- las aplicó cada uno de los distritos, pero el foco se puso en las de jurisdicción nacional. En la Rosada remarcan que la gran mayoría son funcionarios que encajan con la normativa establecida: "gestión y conducción del Estado". Figuran otros, que no se adecúan a esa definición como el empresario Florencio Aldrey y su familia, el periodista Horacio Verbitsky, la familia de Eduardo Duhalde o algunos funcionarios jóvenes de Salud y Economía.
 
Cafiero y la ministra también planificaron los pasos siguientes del plan de vacunación, lo que incluye distribuir un millón de dosis que llegarán el jueves del laboratorio chino Sinopharm y más vacunas gestionadas en Moscú por la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Hoy se presentará un protocolo para transparentar la vacunación, con definiciones de quién es personal estratégico y quién no. A esto se agregará un carnet de vacunación y un acceso a la información a partir de la trazabilidad de cada aplicación.
 
 
Listas
  
En la reunión entre Cafiero y Vizzotti se evaluó la posibilidad de hacer pública la nómina de la totalidad de vacunados en el país, pero la idea se descartó porque violaba las normas referidas a la confidencialidad de los datos personales. Se optó entonces por pedirle al Posadas que dé a conocer el listado de los que se vacunaron en sus instalaciones por pedido del Ministerio de Salud. En total, en los casi dos meses transcurridos desde la llegada de las primeras dosis -24 de diciembre- se vacunaron 70 personas por fuera del circuito normal, que es la vacunación de cada distrito, es decir de las provincias y CABA.
 
La mayoría del listado son personas que están contempladas en la normativa explicitada en la resolución 2883 del Ministerio de Salud cuyo título es nítido: "Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina". En el anexo se señala quienes tienen prioridad y hay un apartado específico sobre la administración del Estado: "toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión".
 
El texto deja margen para debatir quién entra en esa definición, pero una parte de la nómina parece lógica: el Presidente, su vocero, el canciller, secretarios de presidencia, el fotógrafo del viaje a México, el ministro de Economía, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, su par en Paraguay, Domingo Peppo, el negociador de la deuda, Sergio Chodos.
 
Hay 22 funcionarios del Ministerio de Salud y cinco del Ministerio de Economía. Habrá que hacer una revisión más fina de esos funcionarios: por ejemplo, figura una comunity manager de Economía de unos 30 años y al menos otras tres personas de menos de 40.
 
 
Falsos
  
Desde el domingo y durante toda la jornada de ayer se hicieron circular nombres y más nombres de personas vacunadas "por acomodo" y que resultó información falsa. Entre otros, los trolls de Cambiemos pusieron a Marcelo Tinelli, Verónica Lozano, Pablo Echarri, Mariano Iudica, Angel De Brito, Gustavo Silvestre o Diego Brancatelli.
 
La mayoría de ellos tuvieron que dedicar un rato a desmentir que se hubieran vacunado. También algunos medios salieron a denunciar que les habían aplicado dosis a los suegros de Sergio Massa, Marcela Durrieu y Fernando Galmarini. Ella es médica, él tiene 80 años y ambos exhibieron la inscripción que realizaron el 1 de enero de 2021.
 
Otro mencionado fue el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El funcionario le explicó a este diario que pidió vacunarse por ser personal estratégico del Estado y que también se vacunó su esposa, con Epoc avanzado. Zannini considera que entra perfectamente en la normativa dictada por el Ministerio de Salud.
 
En el debate entrará la vacunación de Eduardo Duhalde y su esposa Chiche. No aparece justificación alguna en la vacunación de las hijas del ex presidente. Todo indica que consiguieron la aplicación por la vieja amistad entre Duhalde y Ginés González García.
 
 
Vacunatorio
  
El "vacunatorio vip" del Ministerio de Salud terminó en un listado de diez personas, entre ellas varios cuestionados como Verbitsky, la familia de Aldrey, el empresario Zeza Manukian, de 84 años, otro empresario, Felix Guille, de 71, y el conocido médico Salomón Schächter, de 94 años. El equipo móvil del Posadas se trasladó al ministerio un único día, el 18 de febrero, y le aplicaron dosis también a Eduardo Valdés y Jorge Taiana, quienes iban a integrar la comitiva presidencial a México, el país con mayor tasa de mortalidad del continente. Estas vacunaciones son las que precipitaron la renuncia de Ginés.
 
Finalmente, la ministra Vizzotti explicó por qué la cartera reservó 3000 vacunas. Las dosis se aplicaron al personal del Hospital Posadas -en total tiene 5000 trabajadores-, que es el único hospital que depende del Estado nacional. También existe una reserva por si aparece un brote en algún lugar del país o si se rompe la cadena de frío y hay que proveer un reemplazo a algún distrito.
 
 
Vacunas
 
Un punto central del encuentro entre Cafiero y Vizzotti fue la continuidad del plan de vacunación. Ya se sabe que este domingo, la Anmat finalmente autorizó la vacuna china de Sinopharm, la más costosa del mercado. Dadas las urgencias, Alberto Fernández firmó un acuerdo con el gobierno chino por un millón de dosis que llegarían el viernes.
 
Al mismo tiempo, Vizzotti informó de los resultados del viaje de la asesora presidencial Cecilia Nicolini quien estuvo en Moscú en la semana que pasó. La versión es que vendrán más Sputnik V, pero nadie quiso confirmar las cantidades ni cuándo se hará el próximo viaje. El gobierno ruso admitió esta semana que no puede cumplir con la provisión a todos los países y, según se menciona, está atrasada la transferencia de tecnología a un laboratorio de la India.
 
De esta manera, a corto plazo se suma el millón que viene de China, más 580.000 de Astra/Zeneca que vendrán de la India, más lo que llegue de Sputnik V. Esas cantidades deberían permitir una vacunación fluida, aunque todavía un poco lejos de lo que se necesita.
 
Tal vez la solución más contundente esté relacionada con la visita que Alberto Fernández hizo ayer en México. El mandatario estuvo en el laboratorio Liomont, donde se está trabajando la preparación final de la vacuna de Oxford/AstraZeneca cuyo elemento activo se produce en el laboratorio mAbxience de Munro. El compromiso es que a finales de marzo el conglomerado empiece a distribuir millones de vacunas en toda América Latina y deberían llegar 22 millones de dosis a la Argentina.
 
Cafiero y Vizzotti pusieron en marcha la elaboración de un protocolo minucioso de los criterios de vacunación y esas normas se van a someter hoy, primero, al Consejo Nacional de Inmunización, un ámbito científico en el que se va a definir qué personal es realmente estratégico, y luego se pondrá a consideración de todos los ministros de Salud del país. "La idea es que todos los distritos adhieran a esa propuesta de protocolo y trazabilidad de las vacunas", anticipó anoche Vizzotti.
 
La definición de personal estratégico es imprescindible a todos los niveles, incluyendo también los gobiernos provinciales y los municipales. Y junto con esas definiciones, el Ministerio de Salud propondrá un acceso a la información sobre la vacunación, es decir que si alguien quiere establecer a quiénes se vacuna, pueda verificarlo. El complemento de esas medidas es la entrega de un carnet que acreditará la vacunación de cada persona.
 
Informe: María Cafferata.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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