20:56 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 23-02-2021 / 10:02

EL GOBIERNO DIFUNDIÓ LA LISTA DE SETENTA PERSONAS VACUNADAS VIPS

Carla Vizzotti: "Tomamos las medidas para esclarecer todo"

El gobierno nacional difundió la lista de sesenta personas vacunadas en el Hospital Posadas y diez en el Ministerio de Salud. Tras una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la flamante ministra Carla Vizzotti se decidió la publicación de los nombres. La vacunación irregular se trató de “una situación muy puntual, excepcional, equivocada y se han tomado las medidas necesarias para clarificar lo sucedido”, señaló Vizzotti.

El gobierno nacional difundió la lista de sesenta personas vacunadas en el Hospital Posadas y diez en el Ministerio de Salud. Tras una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la flamante ministra, Carla Vizzotti, se decidió la publicación de los nombres. La mayoría de los vacunados son personal estratégico pero aparecen casos injustificables. Y por el designado "Vacunatorio VIP" pasaron solo diez personas, y todas ellas en edades consideradas de riesgo.

La vacunación irregular se trató de "una situación muy puntual, excepcional, equivocada y se han tomado las medidas necesarias para clarificar lo sucedido", señaló Vizzotti en diálogo con C5N y destacó que "la responsabilidad del Estado nacional es dar respuestas a la Justicia y estamos absolutamente disponibles".

Ginés González García cometió un grave error al posibilitar que un grupo de personas recibiera la vacuna contra el Covid-19 sin esperar su debido turno. Y lo pagó caro pues el Presidente le pidió la renuncia de inmediato. Complica el hecho de que dos de los vacunados -Jorge Taiana y Eduardo Valdés- sean legisladores oficialistas y un tercero -Horacio Verbitsky- un periodista cercano a figuras del gobierno.

Ante el fuerte griterío que este error provocó se torna necesario separar la paja del trigo. Era esperable que la oposición macrista y su brazo armado, los grandes medios porteños, se subieran al caballo de la crítica con la furia que los caracteriza y festejaran por adelantado las denuncias que lloverán ante la Justicia. Es el costo que el gobierno debe afrontar luego de un suceso tan desafortunado. Y cuando la derecha huele sangre, no duda en clavar los colmillos.

Pero en esa reacción opositora se advierte de inmediato la marca en el orillo. En la prensa macrista se destacan algunos nombres y se ocultan otros. Los tres mencionados arriba figuran en los titulares más visibles de las tapas y los portales web, en cambio al empresario Florencio Aldrey Iglesias y sus familiares apenas se los menciona, y lo mismo ocurre con los otros implicados que fueron escondidos como José Aranda, CEO de Clarín.

Lo que sí logró este tropiezo de Ginés es que los grandes medios no hablaran de dos hechos políticos significativos y costosos para la derecha sucedidos en las últimas horas. Uno es el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por espionaje ilegal cuando estaban al frente de la AFI, uno de las ollas más nauseabundas destapadas desde el retorno de la democracia. El otro es el desastre organizativo que afectó a los habitantes de la Capital Federal que quisieron inscribirse para ser vacunados. El sistema informático colapsó y las interminables demoras indignaron masivamente a los porteños que sintieron en carne propia el escaso compromiso de sus autoridades políticas con el operativo de la "vacuna rusa". El contraste con la provincia de Buenos Aires fue rotundo; con una población 6 veces mayor, allí el sistema respondió sin inconvenientes.

La mayor preocupación del gobierno nacional por lo ocurrido no está en el previsible ataque de la oposición macrista y mediática sino en la consternación que provoque entre sus simpatizantes. Para los partidarios de la derecha, el ejercicio del privilegio forma parte de su ideología y de su cultura política y no recibe condena. El macrismo en el poder se cansó de mostrar las diferencias de trato entre los sectores privilegiados y los postergados; y lo hizo casi sin perder adhesión. En cambio un gobierno popular no puede caer en esas prácticas porque entra en contradicción con sus fundamentos.

La Opinión Popular

EL GOBIERNO DIFUNDIÓ LA LISTA DE SETENTA PERSONAS VACUNADAS EN EL HOSPITAL POSADAS Y EL MINISTERIO DE SALUD

Carla Vizzotti: "Tomamos las medidas para esclarecer todo"

La casi totalidad de las vacunas -no menos de 700.000- las aplicó cada uno de los distritos, pero el foco se puso en las de jurisdicción nacional. En la Rosada remarcan que la gran mayoría son funcionarios que encajan con la normativa establecida: "gestión y conducción del Estado". Figuran otros, que no se adecúan a esa definición como el empresario Florencio Aldrey y su familia, el periodista Horacio Verbitsky, la familia de Eduardo Duhalde o algunos funcionarios jóvenes de Salud y Economía.

Cafiero y la ministra también planificaron los pasos siguientes del plan de vacunación, lo que incluye distribuir un millón de dosis que llegarán el jueves del laboratorio chino Sinopharm y más vacunas gestionadas en Moscú por la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Hoy se presentará un protocolo para transparentar la vacunación, con definiciones de quién es personal estratégico y quién no. A esto se agregará un carnet de vacunación y un acceso a la información a partir de la trazabilidad de cada aplicación.

Listas

En la reunión entre Cafiero y Vizzotti se evaluó la posibilidad de hacer pública la nómina de la totalidad de vacunados en el país, pero la idea se descartó porque violaba las normas referidas a la confidencialidad de los datos personales. Se optó entonces por pedirle al Posadas que dé a conocer el listado de los que se vacunaron en sus instalaciones por pedido del Ministerio de Salud. En total, en los casi dos meses transcurridos desde la llegada de las primeras dosis -24 de diciembre- se vacunaron 70 personas por fuera del circuito normal, que es la vacunación de cada distrito, es decir de las provincias y CABA.

La mayoría del listado son personas que están contempladas en la normativa explicitada en la resolución 2883 del Ministerio de Salud cuyo título es nítido: "Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina". En el anexo se señala quienes tienen prioridad y hay un apartado específico sobre la administración del Estado: "toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión".

El texto deja margen para debatir quién entra en esa definición, pero una parte de la nómina parece lógica: el Presidente, su vocero, el canciller, secretarios de presidencia, el fotógrafo del viaje a México, el ministro de Economía, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, su par en Paraguay, Domingo Peppo, el negociador de la deuda, Sergio Chodos.

Hay 22 funcionarios del Ministerio de Salud y cinco del Ministerio de Economía. Habrá que hacer una revisión más fina de esos funcionarios: por ejemplo, figura una comunity manager de Economía de unos 30 años y al menos otras tres personas de menos de 40.

Falsos

Desde el domingo y durante toda la jornada de ayer se hicieron circular nombres y más nombres de personas vacunadas "por acomodo" y que resultó información falsa. Entre otros, los trolls de Cambiemos pusieron a Marcelo Tinelli, Verónica Lozano, Pablo Echarri, Mariano Iudica, Angel De Brito, Gustavo Silvestre o Diego Brancatelli.

La mayoría de ellos tuvieron que dedicar un rato a desmentir que se hubieran vacunado. También algunos medios salieron a denunciar que les habían aplicado dosis a los suegros de Sergio Massa, Marcela Durrieu y Fernando Galmarini. Ella es médica, él tiene 80 años y ambos exhibieron la inscripción que realizaron el 1 de enero de 2021.

Otro mencionado fue el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El funcionario le explicó a este diario que pidió vacunarse por ser personal estratégico del Estado y que también se vacunó su esposa, con Epoc avanzado. Zannini considera que entra perfectamente en la normativa dictada por el Ministerio de Salud.

En el debate entrará la vacunación de Eduardo Duhalde y su esposa Chiche. No aparece justificación alguna en la vacunación de las hijas del ex presidente. Todo indica que consiguieron la aplicación por la vieja amistad entre Duhalde y Ginés González García.

Vacunatorio

El "vacunatorio vip" del Ministerio de Salud terminó en un listado de diez personas, entre ellas varios cuestionados como Verbitsky, la familia de Aldrey, el empresario Zeza Manukian, de 84 años, otro empresario, Felix Guille, de 71, y el conocido médico Salomón Schächter, de 94 años. El equipo móvil del Posadas se trasladó al ministerio un único día, el 18 de febrero, y le aplicaron dosis también a Eduardo Valdés y Jorge Taiana, quienes iban a integrar la comitiva presidencial a México, el país con mayor tasa de mortalidad del continente. Estas vacunaciones son las que precipitaron la renuncia de Ginés.

Finalmente, la ministra Vizzotti explicó por qué la cartera reservó 3000 vacunas. Las dosis se aplicaron al personal del Hospital Posadas -en total tiene 5000 trabajadores-, que es el único hospital que depende del Estado nacional. También existe una reserva por si aparece un brote en algún lugar del país o si se rompe la cadena de frío y hay que proveer un reemplazo a algún distrito.

Vacunas

Un punto central del encuentro entre Cafiero y Vizzotti fue la continuidad del plan de vacunación. Ya se sabe que este domingo, la Anmat finalmente autorizó la vacuna china de Sinopharm, la más costosa del mercado. Dadas las urgencias, Alberto Fernández firmó un acuerdo con el gobierno chino por un millón de dosis que llegarían el viernes.

Al mismo tiempo, Vizzotti informó de los resultados del viaje de la asesora presidencial Cecilia Nicolini quien estuvo en Moscú en la semana que pasó. La versión es que vendrán más Sputnik V, pero nadie quiso confirmar las cantidades ni cuándo se hará el próximo viaje. El gobierno ruso admitió esta semana que no puede cumplir con la provisión a todos los países y, según se menciona, está atrasada la transferencia de tecnología a un laboratorio de la India.

De esta manera, a corto plazo se suma el millón que viene de China, más 580.000 de Astra/Zeneca que vendrán de la India, más lo que llegue de Sputnik V. Esas cantidades deberían permitir una vacunación fluida, aunque todavía un poco lejos de lo que se necesita.

Tal vez la solución más contundente esté relacionada con la visita que Alberto Fernández hizo ayer en México. El mandatario estuvo en el laboratorio Liomont, donde se está trabajando la preparación final de la vacuna de Oxford/AstraZeneca cuyo elemento activo se produce en el laboratorio mAbxience de Munro. El compromiso es que a finales de marzo el conglomerado empiece a distribuir millones de vacunas en toda América Latina y deberían llegar 22 millones de dosis a la Argentina.

Cafiero y Vizzotti pusieron en marcha la elaboración de un protocolo minucioso de los criterios de vacunación y esas normas se van a someter hoy, primero, al Consejo Nacional de Inmunización, un ámbito científico en el que se va a definir qué personal es realmente estratégico, y luego se pondrá a consideración de todos los ministros de Salud del país. "La idea es que todos los distritos adhieran a esa propuesta de protocolo y trazabilidad de las vacunas", anticipó anoche Vizzotti.

La definición de personal estratégico es imprescindible a todos los niveles, incluyendo también los gobiernos provinciales y los municipales. Y junto con esas definiciones, el Ministerio de Salud propondrá un acceso a la información sobre la vacunación, es decir que si alguien quiere establecer a quiénes se vacuna, pueda verificarlo. El complemento de esas medidas es la entrega de un carnet que acreditará la vacunación de cada persona.

Informe: María Cafferata.

Por Raúl Kollmann

Fuente: Página12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular