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Nacionales - 22-02-2021 / 11:02
EN UN ACUERDO SUCESORIO SECRETO

El Clan Macri dejó afuera del reparto de la herencia a una de las hermanas de Mauricio

El Clan Macri dejó afuera del reparto de la herencia a una de las hermanas de Mauricio
En un acuerdo sucesorio secreto, Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron en vida de Franco dos tercios de sus bienes, excluyendo expresamente a Alejandra, la sexta hermana. Según la revista Forbes, el patrimonio es de 540 millones de dólares.
En un acuerdo sucesorio secreto, Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron en vida de Franco dos tercios de sus bienes, excluyendo expresamente a Alejandra, la sexta hermana. Según la revista Forbes, el patrimonio es de 540 millones de dólares.
 
El 14 de septiembre de 2007 el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron la herencia en vida de su papá. Firmaron un acuerdo secreto. Ellos y sólo ellos se repartirían las acciones y el dinero que les legaba Franco Macri. Nada menos que dos tercios de su fortuna.
 
Cerca de veinte millones de dólares en efectivo para cada hijo por la venta de una autopista en Brasil, según estimó Mariano Macri, más un quinto del imperio de empresas, terrenos, emprendimientos e inversiones alojadas bajo el paraguas del holding familiar Socma, tenencias de un valor difícil de calcular.
 
El acuerdo se hizo a espaldas de la segunda hija de Macri, Alejandra. No solo eso. Mauricio Macri y sus hermanos pusieron como condición para recibir los bienes de Franco que en caso de que Alejandra hiciera un reclamo económico por sus derechos hereditarios, Franco tendría que pagar el reclamo. O sea, sabían perfectamente que estaban dejando afuera del adelanto de herencia, al menos hasta nuevo aviso, a una legítima heredera.
 
Alejandra es hija de María Esther De Menech, quien fuera recepcionista de la primera empresa fundada por Franco Macri, la constructora Vimac. En el 2005 le ganó un juicio por filiación al padre del ex presidente y la cara de Alejandra apareció en la tapa de la revista Noticias. Aún así, Franco nunca la reconoció como hija. Ni Mauricio la trató de hermana. 
 

 
Al menos así estaban las cosas cuando Alejandra escribió una carta al diario La Nación, en enero del año pasado, que dice: "Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él. Sí lo tuve con mis otros hermanos."
 
Por ley, el padre del entonces jefe de gobierno sólo podía donar un quinto de sus bienes a quien quisiera. Pero dispuso de dos tercios. Por eso a Alejandra le correspondería al menos la sexta parte del 80 por ciento de la donación. O sea, algo más del 13 por ciento de los bienes del padre del expresidente. Por ejemplo, según el documento secreto, Franco donó dos tercios de la venta de una autopista en Brasil. Esa autopista, "Rodovías das Cataratas" según dijo Mariano Macri en el libro Hermano, se habría vendido en 150 millones de dólares. Franco se quedó con cincuenta. Los otros cien millones, divididos en seis, dejan un total de 13.33 millones para cada hermano, incluyendo a Alejandra. El paquete accionario que se le habría ocultado a la hermana del expresidente valdría mucho más.
 
En el contrato secreto no figura el precio de las 62,0001 acciones de Socma Americana S.A. y las 2400 acciones de Macri Investment Group (MIG) que Mauricio Macri se repartió con sus cuatro hermanos menos Alejandra. Sin embargo, basándose en los balances de esas firmas y sus subsidiarias, así como en las ventas y desprendimientos recientes del holding familiar , la revista Forbes Argentina, calcula el patrimonio aproximado de la "familia Macri" en 540 millones de dólares.
 
"Hoy la mayor parte de la fortuna es líquida y se explica por las ventas de Iecsa, Pago Fácil o las Rodoviarias Brasileñas," explica Forbes. Según la revista, que cuenta con un estricto protocolo y una amplia experiencia en calcular fortunas de todo tipo en todo el mundo, la "familia Macri" incluye al expresidente Mauricio Macri, sus hermanos, sus hijos y sus sobrinos. O sea los herederos de Franco Macri menos Alejandra, a quien, al menos en el reparto secreto, no le dieron nada. Y a quien, al menos hasta el año pasado, el expresidente ni siquiera le había dirigido la palabra.
 
El acuerdo secreto explica que la cesión de acciones a sus cinco hijos excluyendo a Alejandra había empezado en 1985 y había continuado en 1986, en 1993, en 2001 y en 2002. Pero en todos esos casos, explica el acuerdo, el usufructo vitalicio de esas acciones, así como los derechos políticos, seguían siendo de Franco. En otras palabras, al menos entre 1986 y 2007 Mauricio Macri y cuatro de sus cinco hermanos habrían servido de testaferros de su padre. A partir del acuerdo secreto los hermanos menos una pasaron a disponer de los bienes heredados.
 
Además de las acciones de Socma y MIG, el acuerdo incluyó un crédito de U$S 1.291.165 por la venta de Canale S.A., un crédito por "el certificado de la ejecución de los campamentos de Yacyretá" , los dividendos por la venta de la empresa brasileña de basura Qualix y el reclamo ante el Estado argentino por la cancelación de la concesión del Correo Argentino.
 
También se transfiere a una empresa de los cinco hijos menos Alejandra, Eduardo Costa S.A., la propiedad de la quinta familiar Los Abrojos en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y dos terrenos y sus edificaciones en Terrazas de Manantiales en Punta del Este, aunque en esos casos el padre del expresidente mantuvo hasta su muerte el usufructo de dichas propiedades. El 13 de febrero de 2008, en un nuevo acuerdo, los hermanos menos Alejandra agregaron al reparto el 66,66 por ciento de "el resultado financiero neto de gestiones correspondientes a Telecom Brasil".
 
El efecto que tuvo la repartija secreta en las arcas del expresidente no se vio claramente reflejado en su primera declaración patrimonial como jefe de Gobierno, dos meses después. Si le habrían entrado unos 20 millones de dólares por la venta de la rodoviaria brasileña y mucho más por el valor de las acciones y créditos que habría adquirido y/o usufructuado gracias a la donación en vida de su papá, no se notó demasiado.
 
Según el diario El Cronista al asumir, el 10 de diciembre de 2007, Macri declaró "dos propiedades en la ciudad valuadas en 2.102.664 de pesos, dos autos tasados en 85.926 y 3.728.529 de pesos en acciones en ocho sociedades. La mayor parte de sus ahorros los tenía depositados en el exterior, en una cuenta corriente en el Marryll Lynch con 9.116.360,72. Bajo el colchón , en efectivo, guardaba 57.600 dólares. Pero también eran abultadas sus deudas." Al año siguiente su patrimonio creció un 42 por ciento o unos cuatro millones de dólares, al cambio de entonces.
 
Una condición a la que accedieron Mauricio Macri y los demás firmantes del pacto secreto es que la mitad de lo donado se destinaría a capitalizar las empresas del grupo familiar, mientras que la mitad restante se transformaría en "instrumentos financieros" destinados al bolsillo de los cinco hermanos incluidos en el acuerdo.
 
Según el pacto, tanto el dinero repartido al entonces jefe de Gobierno como el de los demás firmantes ingresaría a una sociedad de la constructora familiar para luego blanquearse, cuando "las circunstancias jurídicas lo permitan", como reparto de dividendos o reducción de capital.
 
De acuerdo con el documento secreto, el reparto de materializó de la siguiente manera:
 
* "El 33,4 % será de libre disponibilidad de FM (Franco Macri). Estos fondos podrán ser alocados en una sociedad de SIDECO hasta tanto las circunstancias jurídicas permitan la escisión de ese activo a favor de FM vía reducción de capital o distribución de dividendos que los accionistas de Socma se obligan a aprobar y transferir a nombre de FM sin que medie contraprestación económica alguna.
 
* "El 66,66% restante corresponderá a los HIJOS, el que será aplicado de la siguiente manera: El 50% de dicha suma (o sea el 33,33% del total) será aplicado a capitalizar operaciones y proyectos de SOCMA. El 50% restante, (o sea el 33,33% del total) será colocado en instrumentos financieros "triple A" y su renta distribuida mensualmente en partes iguales entre MM (Mauricio Macri) GFM (Gianfranco Macri) SM (Sandra Macri) MaM (Mariano Macri) y FM (Florencia Macri). Estos fondos serán alocados en una sociedad de SIDECO hasta tanto las circunstancias jurídicas permitan a SIDECO la distribución de los dividendos."
 
El acuerdo también incluye una suerte de libreta de almacenero llamada "Saldo accionistas", en la que se incluyen distintas deudas y acreencias de los hermanos de Alejandra con la empresa familiar. Gianfranco, por ejemplo, mostraría una deuda de 6,7 millones de dólares que el documento parece atribuir a la compra de SOCMA en favor de Gianfranco de dos tercios del Buenos Aires Golf Club. Mauricio es el único de los cinco hermanos firmantes que no registra deudas ni acreencias.
 
Entre 2009 y 2014 el entonces jefe de Gobierno porteño habría transferido su 20 por ciento del paquete accionario de Socma a sus tres hijos mayores, quienes a su vez se lo habrían vendido en 2017 a Gianfranco Macri, operaciones cuya presunta opacidad fue denunciada ante la Comisión de Valores por Mariano Macri, quien sospecharía un pase de manos entre presuntos testaferros del expresidente.
 
Con respecto a Alejandra Macri, excluida del reparto pero de ninguna manera olvidada, el expresidente, su padre y sus hermanos acordaron que Franco Macri debía afrontar el costo de cualquier reclamo. Un documento anexo al acuerdo secreto con fecha 13 de febrero del 2008 y firmado por Mauricio Macri junto a sus hermanos Gianfranco, Sandra y Mariano, además de su padre Franco, explicita la estrategia a seguir en caso de que Alejandra Macri reclame sus derechos sucesorios.
 
"FM reconoce que la Sra. Alejandra De Demech, (en adelante ADM), promovió el 2 de diciembre del 2002 porante Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 10 una acción de estado en autos, De Menech, Alejandra c/ Macri, Francisco, s/ filiación (Expte. 105.391/2002) en la que obtuvo su reconocimiento judicial del estado de filiación extramatrimonial de FM por sentencia del 31 de mayo del 2004, confirmada por la Sala B de la Cámara el 4 de febrero del 2005, lo que la habilitaría a presentarse en tal carácter a reclamar derechos sucesorio (sic) de FM (en adelante RECLAMO).
 
"FM reconoce que corresponde afrontar el pago del RECLAMO con bienes de su peculio, a cuyo fin se compromete a tomar los recaudos financieros y económicos pertinentes para que, en oportunidad de hacerse efectivo el mismo, los Hijos puedan disponer de fondos suficientes para el pago, a efectos de no perjudicar la parte correspondiente de las sumas donadas, de acuerdo con lo establecido en el Texto Ordenado del Acuerdo del 14 de septiembre del 2007 y sus complementos."
 
El patriarca de la familia falleció en marzo de 2019, por lo que la deuda hoy pertenece a la sucesión. Es decir, a Mauricio Macri y sus cinco hermanos en partes iguales. En su carta a La Nación, Alejandra dejó claro que quiere cobrar lo que le corresponde: "Es importante destacar que en mi calidad de hija de mi progenitor, mi derecho sucesorio me corresponde por ley y no por la buena voluntad de mis hermanos. Yo fui quien inicié la sucesión ab intestato, incluyendo a todos mis hermanos. Ellos, por su parte, promovieron la sucesión testamentaria no incluyéndome a mí. A la fecha ambos expedientes tramitan en forma conjunta".
 
Esa deuda con Alejandra incluiría nada menos que el trece por ciento de lo que valía Socma en 2005, y de las ganancias que haya seguido produciendo hasta hoy, más una parte de la venta de la rodoviaria y demás créditos listados en el acuerdo secreto. Basándose en la probada experiencia de Forbes, un cálculo moderado hablaría de decenas de millones de dólares. O miles de millones de pesos.
 
El hecho de que Mauricio Macri cargaría con semejante deuda y con la corresponsabilidad por semejante ocultamiento no debería preocuparlo demasiado. Si bien en su última declaración de bienes como presidente en 2019 declaró un patrimonio de apenas 273 millones de pesos, más un fiedeicomiso ciego valuado en 22 millones al constituirse en 2016, si logra entenderse con su hermana y llegar a un acuerdo como el del 2007 con sus otros hermanos, y si ese acuerdo se mantiene secreto, el expresidente no tendría que explicar de dónde sacó el dinero para pagarle.
 
Este cronista intentó comunicarse con Alejandra Macri a través de su abogado Miguel M.F. Repetto, pero éste no respondió mensajes.
 
En cambio sí fue posible un breve intercambio de mensajes vía whatsapp con el jefe de prensa de Mauricio Macri, Gustavo Gómez Repetto, a quien se le planteó el siguiente requerimiento periodístico: "Te escribo porque voy a publicar una nota sobre el acuerdo de 2007 entre el expresidente y sus hermanos excluyendo a Alejandra para repartirse dos tercios del patrimonio de Franco junto con el acuerdo anexo de 2008, en el que acuerdan que un eventual reclamo hereditario por parte de Alejandra debe ser cubierto por Franco. Me gustaría pedirle un comentario al expresidente, hacer algunas preguntas y por supuesto si él quiere le mandaría copia de ambos documentos." El mensaje fue enviado el jueves pasado a las 19.11 horas. Al cierre de esta edición, no había sido respondido.
 
 
La herencia de Micaela
  
El acuerdo de donación en vida y reparto de bienes entre Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos, así como el documento anexo con la exigencia de que Franco se haga cargo de un eventual reclamo de Alejandra, forman parte de un expediente filiatorio en el que otra mujer de la familia Macri, en este caso la familia política, reclama haber sido despojada de sus derechos hereditarios. Se trata de Micaela Leonardo, hija adoptiva de Néstor Daniel Leonardo, el último marido de Sandra Macri. Leonardo está enfrentado con la familia Macri por lo menos desde que denunció en 2009 que el entonces jefe de gobierno lo habría espiado, en el marco de una causa en la que Mauricio Macri fue procesado por presuntas escuchas ilegales. La causa fue anulada en 2018, ya con Macri ocupando el sillón de Rivadavia.
 
Los testimonios de familiares y amigos que figuran en el expediente aseguran que Sandra trataba y quería a Micaela como su propia hija. También que Micaela era tratada "como una hermana" por quienes hoy litigan para excluirla de la herencia. Se trata de los dos hijos de Sandra con su primer marido, Hugo Valladares, actualmente empleado del grupo familiar y puntero político de Macri en la provincia de Buenos Aires.
 
Cuando murió Sandra, en junio del 2014, Leonardo, en principio, debería haber heredado la mitad de sus bienes. O sea, solo por el acuerdo secreto del 2007, el cinco por ciento de Socma más unos cinco millones de dólares. Y cuando Néstor Leonardo murió en febrero de 2017, su herencia, o sea la mitad del patrimonio de Sandra más los bienes de Leonardo, supuestamente tendría que haberlos heredado Micaela.
 
Sin embargo a esto se oponen los dos hijos de Sandra del primer matrimonio, los hermanos Valladares Macri, quienes en el juicio sucesorio de Franco Macri se presentan con los mismos abogados que Mauricio Macri y su presunto testaferro y hermano Gianfranco. En la sucesión de Sandra Macri los hermanos Valladares Macri argumentan que su madre y Leonardo estaban separados de hecho cuando murió Sandra, cuestión que Leonardo negó para el expediente antes de morir.
 
Por Santiago O'Donnell
 
Fuente: Página12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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