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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 22-02-2021 / 11:02
EN UN ACUERDO SUCESORIO SECRETO

El Clan Macri dejó afuera del reparto de la herencia a una de las hermanas de Mauricio

El Clan Macri dejó afuera del reparto de la herencia a una de las hermanas de Mauricio
En un acuerdo sucesorio secreto, Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron en vida de Franco dos tercios de sus bienes, excluyendo expresamente a Alejandra, la sexta hermana. Según la revista Forbes, el patrimonio es de 540 millones de dólares.
En un acuerdo sucesorio secreto, Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron en vida de Franco dos tercios de sus bienes, excluyendo expresamente a Alejandra, la sexta hermana. Según la revista Forbes, el patrimonio es de 540 millones de dólares.
 
El 14 de septiembre de 2007 el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron la herencia en vida de su papá. Firmaron un acuerdo secreto. Ellos y sólo ellos se repartirían las acciones y el dinero que les legaba Franco Macri. Nada menos que dos tercios de su fortuna.
 
Cerca de veinte millones de dólares en efectivo para cada hijo por la venta de una autopista en Brasil, según estimó Mariano Macri, más un quinto del imperio de empresas, terrenos, emprendimientos e inversiones alojadas bajo el paraguas del holding familiar Socma, tenencias de un valor difícil de calcular.
 
El acuerdo se hizo a espaldas de la segunda hija de Macri, Alejandra. No solo eso. Mauricio Macri y sus hermanos pusieron como condición para recibir los bienes de Franco que en caso de que Alejandra hiciera un reclamo económico por sus derechos hereditarios, Franco tendría que pagar el reclamo. O sea, sabían perfectamente que estaban dejando afuera del adelanto de herencia, al menos hasta nuevo aviso, a una legítima heredera.
 
Alejandra es hija de María Esther De Menech, quien fuera recepcionista de la primera empresa fundada por Franco Macri, la constructora Vimac. En el 2005 le ganó un juicio por filiación al padre del ex presidente y la cara de Alejandra apareció en la tapa de la revista Noticias. Aún así, Franco nunca la reconoció como hija. Ni Mauricio la trató de hermana. 
 

 
Al menos así estaban las cosas cuando Alejandra escribió una carta al diario La Nación, en enero del año pasado, que dice: "Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él. Sí lo tuve con mis otros hermanos."
 
Por ley, el padre del entonces jefe de gobierno sólo podía donar un quinto de sus bienes a quien quisiera. Pero dispuso de dos tercios. Por eso a Alejandra le correspondería al menos la sexta parte del 80 por ciento de la donación. O sea, algo más del 13 por ciento de los bienes del padre del expresidente. Por ejemplo, según el documento secreto, Franco donó dos tercios de la venta de una autopista en Brasil. Esa autopista, "Rodovías das Cataratas" según dijo Mariano Macri en el libro Hermano, se habría vendido en 150 millones de dólares. Franco se quedó con cincuenta. Los otros cien millones, divididos en seis, dejan un total de 13.33 millones para cada hermano, incluyendo a Alejandra. El paquete accionario que se le habría ocultado a la hermana del expresidente valdría mucho más.
 
En el contrato secreto no figura el precio de las 62,0001 acciones de Socma Americana S.A. y las 2400 acciones de Macri Investment Group (MIG) que Mauricio Macri se repartió con sus cuatro hermanos menos Alejandra. Sin embargo, basándose en los balances de esas firmas y sus subsidiarias, así como en las ventas y desprendimientos recientes del holding familiar , la revista Forbes Argentina, calcula el patrimonio aproximado de la "familia Macri" en 540 millones de dólares.
 
"Hoy la mayor parte de la fortuna es líquida y se explica por las ventas de Iecsa, Pago Fácil o las Rodoviarias Brasileñas," explica Forbes. Según la revista, que cuenta con un estricto protocolo y una amplia experiencia en calcular fortunas de todo tipo en todo el mundo, la "familia Macri" incluye al expresidente Mauricio Macri, sus hermanos, sus hijos y sus sobrinos. O sea los herederos de Franco Macri menos Alejandra, a quien, al menos en el reparto secreto, no le dieron nada. Y a quien, al menos hasta el año pasado, el expresidente ni siquiera le había dirigido la palabra.
 
El acuerdo secreto explica que la cesión de acciones a sus cinco hijos excluyendo a Alejandra había empezado en 1985 y había continuado en 1986, en 1993, en 2001 y en 2002. Pero en todos esos casos, explica el acuerdo, el usufructo vitalicio de esas acciones, así como los derechos políticos, seguían siendo de Franco. En otras palabras, al menos entre 1986 y 2007 Mauricio Macri y cuatro de sus cinco hermanos habrían servido de testaferros de su padre. A partir del acuerdo secreto los hermanos menos una pasaron a disponer de los bienes heredados.
 
Además de las acciones de Socma y MIG, el acuerdo incluyó un crédito de U$S 1.291.165 por la venta de Canale S.A., un crédito por "el certificado de la ejecución de los campamentos de Yacyretá" , los dividendos por la venta de la empresa brasileña de basura Qualix y el reclamo ante el Estado argentino por la cancelación de la concesión del Correo Argentino.
 
También se transfiere a una empresa de los cinco hijos menos Alejandra, Eduardo Costa S.A., la propiedad de la quinta familiar Los Abrojos en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y dos terrenos y sus edificaciones en Terrazas de Manantiales en Punta del Este, aunque en esos casos el padre del expresidente mantuvo hasta su muerte el usufructo de dichas propiedades. El 13 de febrero de 2008, en un nuevo acuerdo, los hermanos menos Alejandra agregaron al reparto el 66,66 por ciento de "el resultado financiero neto de gestiones correspondientes a Telecom Brasil".
 
El efecto que tuvo la repartija secreta en las arcas del expresidente no se vio claramente reflejado en su primera declaración patrimonial como jefe de Gobierno, dos meses después. Si le habrían entrado unos 20 millones de dólares por la venta de la rodoviaria brasileña y mucho más por el valor de las acciones y créditos que habría adquirido y/o usufructuado gracias a la donación en vida de su papá, no se notó demasiado.
 
Según el diario El Cronista al asumir, el 10 de diciembre de 2007, Macri declaró "dos propiedades en la ciudad valuadas en 2.102.664 de pesos, dos autos tasados en 85.926 y 3.728.529 de pesos en acciones en ocho sociedades. La mayor parte de sus ahorros los tenía depositados en el exterior, en una cuenta corriente en el Marryll Lynch con 9.116.360,72. Bajo el colchón , en efectivo, guardaba 57.600 dólares. Pero también eran abultadas sus deudas." Al año siguiente su patrimonio creció un 42 por ciento o unos cuatro millones de dólares, al cambio de entonces.
 
Una condición a la que accedieron Mauricio Macri y los demás firmantes del pacto secreto es que la mitad de lo donado se destinaría a capitalizar las empresas del grupo familiar, mientras que la mitad restante se transformaría en "instrumentos financieros" destinados al bolsillo de los cinco hermanos incluidos en el acuerdo.
 
Según el pacto, tanto el dinero repartido al entonces jefe de Gobierno como el de los demás firmantes ingresaría a una sociedad de la constructora familiar para luego blanquearse, cuando "las circunstancias jurídicas lo permitan", como reparto de dividendos o reducción de capital.
 
De acuerdo con el documento secreto, el reparto de materializó de la siguiente manera:
 
* "El 33,4 % será de libre disponibilidad de FM (Franco Macri). Estos fondos podrán ser alocados en una sociedad de SIDECO hasta tanto las circunstancias jurídicas permitan la escisión de ese activo a favor de FM vía reducción de capital o distribución de dividendos que los accionistas de Socma se obligan a aprobar y transferir a nombre de FM sin que medie contraprestación económica alguna.
 
* "El 66,66% restante corresponderá a los HIJOS, el que será aplicado de la siguiente manera: El 50% de dicha suma (o sea el 33,33% del total) será aplicado a capitalizar operaciones y proyectos de SOCMA. El 50% restante, (o sea el 33,33% del total) será colocado en instrumentos financieros "triple A" y su renta distribuida mensualmente en partes iguales entre MM (Mauricio Macri) GFM (Gianfranco Macri) SM (Sandra Macri) MaM (Mariano Macri) y FM (Florencia Macri). Estos fondos serán alocados en una sociedad de SIDECO hasta tanto las circunstancias jurídicas permitan a SIDECO la distribución de los dividendos."
 
El acuerdo también incluye una suerte de libreta de almacenero llamada "Saldo accionistas", en la que se incluyen distintas deudas y acreencias de los hermanos de Alejandra con la empresa familiar. Gianfranco, por ejemplo, mostraría una deuda de 6,7 millones de dólares que el documento parece atribuir a la compra de SOCMA en favor de Gianfranco de dos tercios del Buenos Aires Golf Club. Mauricio es el único de los cinco hermanos firmantes que no registra deudas ni acreencias.
 
Entre 2009 y 2014 el entonces jefe de Gobierno porteño habría transferido su 20 por ciento del paquete accionario de Socma a sus tres hijos mayores, quienes a su vez se lo habrían vendido en 2017 a Gianfranco Macri, operaciones cuya presunta opacidad fue denunciada ante la Comisión de Valores por Mariano Macri, quien sospecharía un pase de manos entre presuntos testaferros del expresidente.
 
Con respecto a Alejandra Macri, excluida del reparto pero de ninguna manera olvidada, el expresidente, su padre y sus hermanos acordaron que Franco Macri debía afrontar el costo de cualquier reclamo. Un documento anexo al acuerdo secreto con fecha 13 de febrero del 2008 y firmado por Mauricio Macri junto a sus hermanos Gianfranco, Sandra y Mariano, además de su padre Franco, explicita la estrategia a seguir en caso de que Alejandra Macri reclame sus derechos sucesorios.
 
"FM reconoce que la Sra. Alejandra De Demech, (en adelante ADM), promovió el 2 de diciembre del 2002 porante Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 10 una acción de estado en autos, De Menech, Alejandra c/ Macri, Francisco, s/ filiación (Expte. 105.391/2002) en la que obtuvo su reconocimiento judicial del estado de filiación extramatrimonial de FM por sentencia del 31 de mayo del 2004, confirmada por la Sala B de la Cámara el 4 de febrero del 2005, lo que la habilitaría a presentarse en tal carácter a reclamar derechos sucesorio (sic) de FM (en adelante RECLAMO).
 
"FM reconoce que corresponde afrontar el pago del RECLAMO con bienes de su peculio, a cuyo fin se compromete a tomar los recaudos financieros y económicos pertinentes para que, en oportunidad de hacerse efectivo el mismo, los Hijos puedan disponer de fondos suficientes para el pago, a efectos de no perjudicar la parte correspondiente de las sumas donadas, de acuerdo con lo establecido en el Texto Ordenado del Acuerdo del 14 de septiembre del 2007 y sus complementos."
 
El patriarca de la familia falleció en marzo de 2019, por lo que la deuda hoy pertenece a la sucesión. Es decir, a Mauricio Macri y sus cinco hermanos en partes iguales. En su carta a La Nación, Alejandra dejó claro que quiere cobrar lo que le corresponde: "Es importante destacar que en mi calidad de hija de mi progenitor, mi derecho sucesorio me corresponde por ley y no por la buena voluntad de mis hermanos. Yo fui quien inicié la sucesión ab intestato, incluyendo a todos mis hermanos. Ellos, por su parte, promovieron la sucesión testamentaria no incluyéndome a mí. A la fecha ambos expedientes tramitan en forma conjunta".
 
Esa deuda con Alejandra incluiría nada menos que el trece por ciento de lo que valía Socma en 2005, y de las ganancias que haya seguido produciendo hasta hoy, más una parte de la venta de la rodoviaria y demás créditos listados en el acuerdo secreto. Basándose en la probada experiencia de Forbes, un cálculo moderado hablaría de decenas de millones de dólares. O miles de millones de pesos.
 
El hecho de que Mauricio Macri cargaría con semejante deuda y con la corresponsabilidad por semejante ocultamiento no debería preocuparlo demasiado. Si bien en su última declaración de bienes como presidente en 2019 declaró un patrimonio de apenas 273 millones de pesos, más un fiedeicomiso ciego valuado en 22 millones al constituirse en 2016, si logra entenderse con su hermana y llegar a un acuerdo como el del 2007 con sus otros hermanos, y si ese acuerdo se mantiene secreto, el expresidente no tendría que explicar de dónde sacó el dinero para pagarle.
 
Este cronista intentó comunicarse con Alejandra Macri a través de su abogado Miguel M.F. Repetto, pero éste no respondió mensajes.
 
En cambio sí fue posible un breve intercambio de mensajes vía whatsapp con el jefe de prensa de Mauricio Macri, Gustavo Gómez Repetto, a quien se le planteó el siguiente requerimiento periodístico: "Te escribo porque voy a publicar una nota sobre el acuerdo de 2007 entre el expresidente y sus hermanos excluyendo a Alejandra para repartirse dos tercios del patrimonio de Franco junto con el acuerdo anexo de 2008, en el que acuerdan que un eventual reclamo hereditario por parte de Alejandra debe ser cubierto por Franco. Me gustaría pedirle un comentario al expresidente, hacer algunas preguntas y por supuesto si él quiere le mandaría copia de ambos documentos." El mensaje fue enviado el jueves pasado a las 19.11 horas. Al cierre de esta edición, no había sido respondido.
 
 
La herencia de Micaela
  
El acuerdo de donación en vida y reparto de bienes entre Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos, así como el documento anexo con la exigencia de que Franco se haga cargo de un eventual reclamo de Alejandra, forman parte de un expediente filiatorio en el que otra mujer de la familia Macri, en este caso la familia política, reclama haber sido despojada de sus derechos hereditarios. Se trata de Micaela Leonardo, hija adoptiva de Néstor Daniel Leonardo, el último marido de Sandra Macri. Leonardo está enfrentado con la familia Macri por lo menos desde que denunció en 2009 que el entonces jefe de gobierno lo habría espiado, en el marco de una causa en la que Mauricio Macri fue procesado por presuntas escuchas ilegales. La causa fue anulada en 2018, ya con Macri ocupando el sillón de Rivadavia.
 
Los testimonios de familiares y amigos que figuran en el expediente aseguran que Sandra trataba y quería a Micaela como su propia hija. También que Micaela era tratada "como una hermana" por quienes hoy litigan para excluirla de la herencia. Se trata de los dos hijos de Sandra con su primer marido, Hugo Valladares, actualmente empleado del grupo familiar y puntero político de Macri en la provincia de Buenos Aires.
 
Cuando murió Sandra, en junio del 2014, Leonardo, en principio, debería haber heredado la mitad de sus bienes. O sea, solo por el acuerdo secreto del 2007, el cinco por ciento de Socma más unos cinco millones de dólares. Y cuando Néstor Leonardo murió en febrero de 2017, su herencia, o sea la mitad del patrimonio de Sandra más los bienes de Leonardo, supuestamente tendría que haberlos heredado Micaela.
 
Sin embargo a esto se oponen los dos hijos de Sandra del primer matrimonio, los hermanos Valladares Macri, quienes en el juicio sucesorio de Franco Macri se presentan con los mismos abogados que Mauricio Macri y su presunto testaferro y hermano Gianfranco. En la sucesión de Sandra Macri los hermanos Valladares Macri argumentan que su madre y Leonardo estaban separados de hecho cuando murió Sandra, cuestión que Leonardo negó para el expediente antes de morir.
 
Por Santiago O'Donnell
 
Fuente: Página12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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