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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Sociedad e Interés General - 22-02-2021 / 07:02

DURANTE LA PRESIDENCIA DE RAÚL ALFONSÍN

Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina

La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Quedó afuera de la ley la práctica habitual de los grupos de tareas, como el temible Grupo de tareas 3.3.2, que fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas, a la salida de la dictadura, humilladas por la derrota en la guerra de Malvinas y odiadas por el pueblo por genocidas, quedan deslegitimadas y su poder en crisis. Distintos gobiernos constitucionales intentaron "reconciliarlas" con la sociedad.

La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar genocida del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983.

La ley, conocida como de impunidad, decía literalmente "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983".

La ley, que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de miles de opositores y guerrilleros peronistas y de izquierda (casi 9.000 según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos), fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.

Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.

La Opinión Popular

Entre 50 000 y 60 000 personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires como protesta contra la ley

La Ley de Punto Final

La Ley 23 492 de Punto Final es una ley argentina que estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983 que no hubieran sido llamados a declarar «antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley».

Fue presentada por los diputados Juan Carlos Pugliese, Carlos A. Bravo y Antonio J. Macris, y promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el presidente Raúl Alfonsín. El Congreso la declaró nula en 2003. Durante la campaña electoral de 1983 el candidato de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín había prometido que no habría impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado.

El 5 de diciembre de 1986, el presidente Raúl Alfonsín anunció un proyecto que emplazaba abruptamente la presentación de denuncias por vulneración de los derechos humanos durante la dictadura. Fijaba un plazo de treinta días, tras el cual caducaba el derecho a reclamar justicia. El proyecto, fue bautizado como Ley de Punto Final.

La ley establecía que «se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiese cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de octubre de 1983».

Dado que sancionaba la impunidad de los militares penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas de varios miles de opositores, activistas de izquierda, intelectuales, peronistas, sindicalistas, escritores y otros grupos durante la dictadura, fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.

Entre 50 000 y 60 000 personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires como protesta contra la ley. Según el diario español El país fue la manifestación más multitudinaria desarrollada en la Capital Federal desde que se había recuperado la democracia tres años antes.

Convocada por las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y partidos extraparlamentarios de izquierda, la marcha contó con el apoyo de los peronistas revolucionarios y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.

La Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.

Meses después fue complementada con la Ley de Obediencia Debida (23 521) también dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba jurídica alguna en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles.

Su primera aplicación práctica ocurrió dos días después cuando la Procuración a cargo del radical Juan Octavio Gauna aceptó que la ley era aplicable a un grupo de oficiales que actuó bajo las órdenes del general Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires, anulando su condena.

Fuente: Wikipedia

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Néstor Kirchner: una vida consagrada a la militancia política peronista

El 27 de octubre de 2010, en El Calafate, muere Néstor Carlos Kirchner. Una figura política decisiva en la Argentina de los últimos tiempos. Su muerte llegó en forma sorpresiva y además de generar intensos efectos emotivos, también provocó un fuerte impacto político.

Su Gobierno, el mejor desde el retorno de la democracia, generó un estilo que rescató la política del descrédito en que había caído, privilegió una decidida militancia social y juvenil, jerarquizó la figura presidencial y su autoridad, amplió el poder del Estado, reconstruyó la autonomía nacional. Significó un cambio total respecto al nefasto modelo neoliberal que se implantó con el golpe militar de 1976, se profundizó en la década de los 90 con el menemismo, explotó con la crisis de 2001 y terminó con el nefasto gobierno radical de la Alianza.

Hoy todos debemos reconocer de Néstor los logros concretos de su gestión, como: el crecimiento económico; el desarrollo de la industria nacional y la importante contracción de la tasa del desempleo; las mejoras salariales en la mayoría de las actividades, que superaron las proyecciones inflacionarias; el auge del consumo y el crédito; la ampliación de los beneficios jubilatorios para personas que no habían hecho aportes; la función activa del Estado desplazando al "mercado". Estableció un tipo de cambio alto para favorecer las exportaciones, dispuso tasas de interés bajas para promover la industria y aumentos reales de salarios para impulsar el mercado interno.

Además, el discurso reivindicativo, nacional y popular, frente a las grandes corporaciones empresariales y a organismos internacionales como el FMI; la renovación de la Corte Suprema; el concreto desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional; la política de Derechos Humanos y la nulidad de las leyes de obediencia debida: la integración regional... Por todo esto, ya tiene un lugar en la historia, con toda justicia.

A pesar que en este proceso se colaron nichos de corrupción política, como consecuencia de una dilatada permanencia en el poder, el descuido en el reclutamiento de colaboradores y el escaso control de su irregular cuadro de funcionarios, que contravino objetivos y rumbo, la derecha gorila argentina utiliza esto para evitar la discusión política de fondo y negar la historia.

Jamás, hechos de corrupción de funcionarios puede ser la referencia esencial para juzgar gobiernos o etapas políticas. Siempre es más importante lo que hicieron y porque hicieron. La Privatización de YPF por Menem, la Reforma Laboral de De la rúa o el brutal endeudamiento de Macri son más dañinos que las coimas a algunos funcionarios. Los escándalos personales impactan en la gente común pero las grandes decisiones económicas y políticas gravitan mucho más.

El móvil actual de la operación cultural, política y mediática anti-kirchnerista es tapiar la discusión sobre las políticas públicas de Kirchner. Los medios lo ponen en manifiesto en todo momento para cubrir o conceder espacios secundarios a los terribles daños que causaron las medidas neoliberales de los gobiernos de Macri y Milei. Se concentran en aspecto del pasado para no hablar del presente. Pretenden ocultar los derechos populares alcanzados y la presente anulación de esos derechos.

Hoy, cuando se pretende minimizar o anular las realizaciones de Néstor Kirchner, lo cierto es que ha marcado un antes y un después. Es parte fundamental en la realidad argentina, vive en el corazón de su pueblo, porque puso nuevamente en marcha un proyecto político peronista transformador que forjó nuevos derechos, en la pelea por la igualdad y la equidad social, en la lucha permanente de la causa nacional y popular por: la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social, contra el neoliberalismo antipopular.

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