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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Entre Ríos - 21-02-2021 / 10:02
AVANZA LA CAUSA POR EL VACIAMIENTO DE EL DIARIO DE PARANÁ

Agrogarcas en problemas: el macrista Etchevehere y sus socios, más cerca del procesamiento

Agrogarcas en problemas: el macrista Etchevehere y sus socios, más cerca del procesamiento
El 12 de marzo deberá visitar la misma salita sin aire acondicionado que en noviembre pisaron Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Etchevehere, y Walter y Viviana Grenón, la madre de la familia: Leonor Barbero Marcial. Con su declaración, el juez estaría en condiciones de dictar el procesamiento por el vaciamiento de la empresa.
 
A veinte días de la última cita que tiene la familia Etchevehere en la justicia por la causa de vaciamiento de El Diario de Paraná, el juez de Transición Carlos Ríos dio un guiño a Dolores Etchevehere y su equipo de abogados.
 
Rechazó el pedido de sobreseimiento que los abogados de Walter y Viviana Grenón, dos empresarios vinculados con la causa con mayoría accionaria de la empresa en el momento en que se investigan los delitos, porque "los actos de desapoderamiento se siguieron concretando o efectivizando más allá del momento en que los mismos dejaron de tener relación formal con la Sociedad Anónima Entre Ríos en noviembre de 2012", explica en la resolución el juez Ríos.
 
El pedido de los Grenón (y la respuesta de Ríos) llega en un momento clave de la causa, que tiene en su haber un amplio diccionario de delitos económicos como desvío y malversación de fondos, estafa al Estado y hasta adulteración de documentos. 
 
 
Los abogados de los Grenón pedían que, al momento de resolverse la situación procesal de sus defendidos, se disponga su sobreseimiento "por haber operado la prescripción de la acción penal a su respecto", y aludían que desde 2012 no tienen nada que ver con la empresa.
 
Explican que la citación "se produce en fecha 20 Mayo de 2020, ya habiendo transcurrido más de 7 años, (...) por lo que la prescripción de la acción penal (por supuesta administración fraudulenta) ya ha operado indudablemente". Se refiere a los siete años en que la causa estuvo cajoneada en los tribunales de Paraná y que se reactivó gracias a la visibilidad que le dio el Proyecto Artigas.
 
El 12 de marzo deberá visitar la misma salita sin aire acondicionado que en noviembre pisaron Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Etchevehere, y Walter y Viviana Grenón, la madre de la familia: Leonor Barbero Marcial. Con su declaración, el juez estaría en condiciones de dictar el procesamiento por el vaciamiento de la empresa.
 
La resolución del juez Carlos Ríos fue determinante: luego de recorrer los múltiples delitos por los que se acusa a los empresarios del vaciamiento de la empresa, concluye que "de todo este entramado son parte la imputada Viviana Grenón y su hermano Walter Grenón, quien además de generar perjuicio con la mala administración que hiciera, ha sido un beneficiario directo de las operaciones de vaciamiento".
 
Y agrega que "todos y cada uno de los imputados en la presente causa (entre quienes están los v(b)arones Etchevehere) de forma continuada e integrada entre sí, desde distintos modos de intervención jurídico penal, fueron creando una situación de ruina comercial y financiera de SAER".
 
 
El vaciamiento
  
El vaciamiento económico y patrimonial de Sociedad Anónima Entre Ríos -empresa dueña de El Diario de Paraná- empezó en 2012, cuando sus propiedades (el principal capital de la empresa) fueron traspasadas a una empresa fantasma constituida por los hermanos Luis Miguel, Juan Diego, Sebastián Etchevehere y Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, Construcciones del Paraná Sociedad Anónima, y a Nexfin S.A. y Arroyo Ubajay S.A, del grupo Grenón (Walter Grenón era en ese entonces dueño del 66 por ciento de las acciones de Sociedad Anónima Entre Ríos, porque Ivar y Arturo Etchevehere, hermanos de Luis Félix y tío de los imputados, le habían vendido su porción accionaria).
 
Construcciones del Paraná S.A. fue creada especialmente para este fin. Como era una empresa nueva sin capital, los Etchevehere simularon un préstamo de un millón de dólares de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), manejada por el mismo Walter Grenón sin garantías para la devolución.
 
Para pagarlo, pusieron en marcha una compleja ingeniería financiera. A través de Las Margaritas S.A., le pidieron al Banco Itaú tres préstamos por un total de 500.000 dólares a tasa subsidiada por el Estado, que debían utilizarse para producir soja. El garante de ese préstamo fue el grupo Los Grobo S.A.. Pero el destino no tuvo nada que ver con la producción agropecuaria, sino que fue desviado para solventar financieramente la operación de vaciamiento de El Diario.
 
En tanto, el crédito del Banco Itaú se pagó con una nueva estafa: pidiendo un crédito del Banco Nación por un total de 900.000 pesos a tasa subsidiada por el Estado para que pequeños productores cubran los daños ocasionados por inundaciones. Por supuesto, inundaciones que no afectaron los campos de los Etchevehere. Por este préstamo fue imputado el entonces director del Banco Nación Carlos Melconián.
 
Por Natalí Risso
 
Fuente: Página12
 
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24-05-2026 / 09:05
Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.
 
Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.
 
En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".
 

24-05-2026 / 09:05
Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
 
El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.
 
Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.
 
De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

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