06:50 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 21-02-2021 / 09:02

LA CÚPULA DE LA AFI Y LOS PENITENCIARIOS MACRISTAS EN PROBLEMAS

Hay 38 macristas procesados en la causa del espionaje ilegal a periodistas y opositores

Terrible cachetazo al macrismo. En menos de una semana, la megacausa sobre espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas pasó a Comodoro Py, volvió provisoriamente a Lomas y terminó con la cúpula macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) procesadas.

Terrible cachetazo al macrismo. En menos de una semana, la megacausa sobre espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas pasó a Comodoro Py, volvió provisoriamente a Lomas y terminó con la cúpula macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) procesadas.

Entre los procesados hay tres altos integrantes de la dirección administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI, que será el sector en el que la fiscalía pose su mirada en las próximas semanas para indagar tanto en las escuchas a los presos como en el armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri.

El viernes, el juez Juan Pablo Augé procesó a 38 personas, como le habían pedido los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La resolución condensa casi un año de investigación, que se inició cuando el caso estaba en manos del juez Federico Villena y se profundizó tras quedar en manos de Augé y ser delegado en la fiscalía de Lomas.

Entre los procesados están Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como máximos integrantes de la AFI, y Emiliano Blanco, como ex director del Servicio Penitenciario Federal. Todos fueron procesados en el marco de la causa que incluye las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario.

Si se suman los procesamientos dictados en el marco de la causa sobre el espionaje sobre Cristina Fernández en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, son 39 los procesados en la jurisdicción de Lomas, porque allí también se cuenta al último director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste.

En Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla procesó a 28 personas tanto por el espionaje que tenía como vértice al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio como a los integrantes del llamado "Proyecto AMBA", dedicado al espionaje en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Esta semana seguramente habrá novedades en esa causa, ya que Ramos Padilla debe definir la situación procesal de otros cuatro imputados.

Las dos investigaciones dan un panorama de lo que fue el espionaje durante el macrismo, incluso se pueden trazar continuidades entre lo que fue el "Proyecto AMBA" (2016-2017) y lo que resultó el accionar de los Súper Mario Bros, que en Lomas se investigó entre 2017 y 2019. El espionaje penitenciario se dio con fuerza hacia el final de ese período, especialmente después de que la AFI y el SPF firmaron un convenio de cooperación en 2018.

La causa de Lomas enseña --como sostienen los fiscales y el juez-- que distintas agencias estatales, como la AFI o el SPF, torcieron sus funciones para dedicarse al espionaje durante la era Macri. A las cabezas de lo que Augé consideró una asociación ilícita le imputaron la vigilancia en 42 casos de espionaje.

Esas actividades ilegales fueron realizadas por un grupo de agentes que se sumaron a la AFI con la gestión Macri y son conocidos como los Súper Mario Bros, por el nombre del grupo de WhatsApp en el que volcaban la información que iban compartiendo. El núcleo originario provenía de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y fue conformado a partir de una convocatoria del primer director operacional de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra, también procesado por Augé.

Cuando Dalmau Pereyra dejó la jefatura para irse como enviado a Chile, quedaron bajo el mando de Alan Ruiz , procesado el viernes y con procesamiento confirmado en la causa del Instituto Patria. Ruiz era un hombre que venía del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

La inteligencia ilegal no sólo se ciñó a los opositores, sino que incluyó a los propios, como el diputado Waldo Wolff, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta --de quien incluso llegaron a mandar fotos de cuando desayunaba en una confitería Bonafide-- y su segundo Diego Santilli. También fueron espiados Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Quizá el caso más paradigmático sea el del espionaje sobre Florencia Macri, la hermana menor del entonces presidente, y su pareja Salvatore Pica. Los seguimientos a Pica comenzaron el 30 de mayo de 2018 cuando Ruiz envió un archivo PDF al grupo de WhatsApp de los Súper Mario Bros.

Se trataba de una ficha con los datos personales de Pica. Los agentes también revisaron las bases de Migraciones para saber si el empresario italiano estaba en el país y consiguieron, por ejemplo, copia de su DNI. Tomaron fotografías de la casa que Pica compartía con Florencia Macri en Beccar desde una vivienda contigua y montaron una vigilancia para monitorear sus entradas y salidas.

Uno de los agentes procesados, que oficiaba de analista en la base de Villa Martelli, relató que su grupo había trabajado en el análisis de información sobre Pica y dio a entender que sus superiores nunca le dieron una devolución sobre ese trabajo. El antecedente del espionaje sobre otro excuñado de Macri, Néstor Leonardo, mostraría un patrón de interés recurrente del expresidente.

Los Súper Mario Bros tenían llegada directa a la Casa Rosada. El juez Augé procesó a la coordinadora de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, Susana Martinengo. Martinengo tenía una relación de amistad con dos de los Súper Mario Bros, Jorge Sáez y Leandro Araque, que surgió aparentemente cuando Martinengo trabajaba en el Gobierno porteño y ellos en la Policía de la Ciudad. Araque incluso intercambiaba mensajes con una persona agendada como Humberto del Ministerio de Seguridad y decía que trabajaba para Martinengo.

El juez dio por acreditado que Martinengo recibió informes de inteligencia y se valió de los servicios de agentes para su propio beneficio. La exfuncionaria macrista incluso declaró en su primera indagatoria que llegó a visitar la base de Mataderos que los Súper Mario Bros se habían montado por fuera de los edificios que pertenecían a la AFI.

Los mensajes de Martinengo con los espías terminaron involucrando a quien era su superior, Darío Nieto, que actuaba y sigue actuando como secretario privado de Macri. Ella les pedía informes para hacerle llegar a Nieto. Tanto los fiscales como el juez Augé consideraron que no había pruebas para procesarlo. En las últimas horas, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentaron un escrito apelando la decisión de Augé y reclaman que el magistrado procese a Nieto en los mismos términos que a Martinengo.

Además reiteraron, el pedido de indagatoria a Elisa Carrió, que habían formulado en noviembre. Esas cuestiones deberán, al menos por el momento, ser analizadas por la Cámara Federal de La Plata, que ha ratificado siempre el curso de acción de Augé.

Carrió aparece mencionada en el procesamiento al igual que el fiscal federal Carlos Stornelli como receptores de las escuchas que realizaba el área de Jurídicos de AFI en el penal de Ezeiza, donde estaban alojados los presos kirchneristas.

El juez Augé, en sintonía con los fiscales, entiende que las transcripciones de esas conversaciones --que la AFI no tenía por qué escuchar-- llegaron a sus manos para que pudieran presentar diferentes denuncias con el objetivo de torpedear la investigación sobre espionaje en Dolores que estaba iniciando Ramos Padilla. La mención a Stornelli en el procesamiento es clave, ya que aún no se definió dónde continuará la investigación.

Será la Corte Suprema la que deba saldar ese debate. A priori, si la causa pasara a Comodoro Py, debería quedar en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y de Stornelli -- procesado en la causa de espionaje en Dolores y señalado en Lomas como beneficiario de las escuchas ilegales que hacía el área de Jurídicos de la AFI.

De Jurídicos fueron procesados su director administrativo, Juan Sebastián De Stefano, quien adquirió gran influencia durante la gestión Arribas en la exSIDE, y dos funcionarios, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens. Ruda Bart estaba a cargo del área de escuchas de Jurídicos de la AFI, que tuvo preeminencia sobre las que habitualmente hacía la dirección de Contrainteligencia.

Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio, terminó procesado al igual que De Stefano por haberle intentado dar apariencia de legalidad al espionaje sobre el Instituto Patria después de que fuera identificado un auto perteneciente en la Agencia en las inmediaciones.

El juez entendió que el SPF le proveyó información propia, además, a la AFI sobre los presos kirchneristas que estaban alojados en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), sobre sus familiares, sus visitantes, sus abogados e incluso sobre organismos de derechos humanos u organizaciones sociales que se solidarizaban con ellos. Entre los espiados estuvieron Amado Boudou, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, César Milani, Juan Pablo Schiavi, Cristóbal López y Fabián De Souza, entre otros.

Augé también dio por probado que la AFI mandó a cuatro integrantes del área de Operaciones Técnicas de la Dirección Operacional de Contrainteligencia a poner cámaras y micrófonos en la alcaidía tres de Melchor Romero. Para eso, contó con la dirección de un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que estaba en comisión en la AFI. La vigilancia duró del 8 al 24 de agosto de 2018. Fueron pocos días porque los agentes del SPB descubrieron que los cables incluso pasaban por sus oficinas. Por esos hechos, Augé procesó a cinco personas.

Con la causa de nuevo en Lomas, la fiscalía tiene previsto avanzar sobre las escuchas a los presos y sobre el armado de causas que aparentemente habría tenido lugar desde Jurídicos.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".