como a los integrantes del llamado "Proyecto AMBA", dedicado al espionaje en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Esta semana seguramente habrá novedades en esa causa, ya que Ramos Padilla debe definir la situación procesal de otros cuatro imputados. 
 
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Nacionales - 21-02-2021 / 09:02
LA CÚPULA DE LA AFI Y LOS PENITENCIARIOS MACRISTAS EN PROBLEMAS

Hay 38 macristas procesados en la causa del espionaje ilegal a periodistas y opositores

Hay 38 macristas procesados en la causa del espionaje ilegal a periodistas y opositores
Terrible cachetazo al macrismo. En menos de una semana, la megacausa sobre espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas pasó a Comodoro Py, volvió provisoriamente a Lomas y terminó con la cúpula macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) procesadas.
Terrible cachetazo al macrismo. En menos de una semana, la megacausa sobre espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas pasó a Comodoro Py, volvió provisoriamente a Lomas y terminó con la cúpula macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) procesadas.
 
Entre los procesados hay tres altos integrantes de la dirección administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI, que será el sector en el que la fiscalía pose su mirada en las próximas semanas para indagar tanto en las escuchas a los presos como en el armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
El viernes, el juez Juan Pablo Augé procesó a 38 personas, como le habían pedido los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La resolución condensa casi un año de investigación, que se inició cuando el caso estaba en manos del juez Federico Villena y se profundizó tras quedar en manos de Augé y ser delegado en la fiscalía de Lomas.
 
Entre los procesados están Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como máximos integrantes de la AFI, y Emiliano Blanco, como ex director del Servicio Penitenciario Federal. Todos fueron procesados en el marco de la causa que incluye las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario.  
 
Si se suman los procesamientos dictados en el marco de la causa sobre el espionaje sobre Cristina Fernández en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, son 39 los procesados en la jurisdicción de Lomas, porque allí también se cuenta al último director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste.
 
En Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla procesó a 28 personas tanto por el espionaje que tenía como vértice al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio como a los integrantes del llamado "Proyecto AMBA", dedicado al espionaje en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Esta semana seguramente habrá novedades en esa causa, ya que Ramos Padilla debe definir la situación procesal de otros cuatro imputados. 
 

 
Las dos investigaciones dan un panorama de lo que fue el espionaje durante el macrismo, incluso se pueden trazar continuidades entre lo que fue el "Proyecto AMBA" (2016-2017) y lo que resultó el accionar de los Súper Mario Bros, que en Lomas se investigó entre 2017 y 2019. El espionaje penitenciario se dio con fuerza hacia el final de ese período, especialmente después de que la AFI y el SPF firmaron un convenio de cooperación en 2018.
 
La causa de Lomas enseña --como sostienen los fiscales y el juez-- que distintas agencias estatales, como la AFI o el SPF, torcieron sus funciones para dedicarse al espionaje durante la era Macri. A las cabezas de lo que Augé consideró una asociación ilícita le imputaron la vigilancia en 42 casos de espionaje.
 
Esas actividades ilegales fueron realizadas por un grupo de agentes que se sumaron a la AFI con la gestión Macri y son conocidos como los Súper Mario Bros, por el nombre del grupo de WhatsApp en el que volcaban la información que iban compartiendo. El núcleo originario provenía de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y fue conformado a partir de una convocatoria del primer director operacional de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra, también procesado por Augé.
 
Cuando Dalmau Pereyra dejó la jefatura para irse como enviado a Chile, quedaron bajo el mando de Alan Ruiz , procesado el viernes y con procesamiento confirmado en la causa del Instituto Patria. Ruiz era un hombre que venía del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
 
La inteligencia ilegal no sólo se ciñó a los opositores, sino que incluyó a los propios, como el diputado Waldo Wolff, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta --de quien incluso llegaron a mandar fotos de cuando desayunaba en una confitería Bonafide-- y su segundo Diego Santilli. También fueron espiados Emilio Monzó y Nicolás Massot.
 
Quizá el caso más paradigmático sea el del espionaje sobre Florencia Macri, la hermana menor del entonces presidente, y su pareja Salvatore Pica. Los seguimientos a Pica comenzaron el 30 de mayo de 2018 cuando Ruiz envió un archivo PDF al grupo de WhatsApp de los Súper Mario Bros.
 
Se trataba de una ficha con los datos personales de Pica. Los agentes también revisaron las bases de Migraciones para saber si el empresario italiano estaba en el país y consiguieron, por ejemplo, copia de su DNI. Tomaron fotografías de la casa que Pica compartía con Florencia Macri en Beccar desde una vivienda contigua y montaron una vigilancia para monitorear sus entradas y salidas.
 
Uno de los agentes procesados, que oficiaba de analista en la base de Villa Martelli, relató que su grupo había trabajado en el análisis de información sobre Pica y dio a entender que sus superiores nunca le dieron una devolución sobre ese trabajo. El antecedente del espionaje sobre otro excuñado de Macri, Néstor Leonardo, mostraría un patrón de interés recurrente del expresidente.
 
Los Súper Mario Bros tenían llegada directa a la Casa Rosada. El juez Augé procesó a la coordinadora de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, Susana Martinengo. Martinengo tenía una relación de amistad con dos de los Súper Mario Bros, Jorge Sáez y Leandro Araque, que surgió aparentemente cuando Martinengo trabajaba en el Gobierno porteño y ellos en la Policía de la Ciudad. Araque incluso intercambiaba mensajes con una persona agendada como Humberto del Ministerio de Seguridad y decía que trabajaba para Martinengo.
 
El juez dio por acreditado que Martinengo recibió informes de inteligencia y se valió de los servicios de agentes para su propio beneficio. La exfuncionaria macrista incluso declaró en su primera indagatoria que llegó a visitar la base de Mataderos que los Súper Mario Bros se habían montado por fuera de los edificios que pertenecían a la AFI.
 
Los mensajes de Martinengo con los espías terminaron involucrando a quien era su superior, Darío Nieto, que actuaba y sigue actuando como secretario privado de Macri. Ella les pedía informes para hacerle llegar a Nieto. Tanto los fiscales como el juez Augé consideraron que no había pruebas para procesarlo. En las últimas horas, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentaron un escrito apelando la decisión de Augé y reclaman que el magistrado procese a Nieto en los mismos términos que a Martinengo.
 
Además reiteraron, el pedido de indagatoria a Elisa Carrió, que habían formulado en noviembre. Esas cuestiones deberán, al menos por el momento, ser analizadas por la Cámara Federal de La Plata, que ha ratificado siempre el curso de acción de Augé.
 
Carrió aparece mencionada en el procesamiento al igual que el fiscal federal Carlos Stornelli como receptores de las escuchas que realizaba el área de Jurídicos de AFI en el penal de Ezeiza, donde estaban alojados los presos kirchneristas.
 
El juez Augé, en sintonía con los fiscales, entiende que las transcripciones de esas conversaciones --que la AFI no tenía por qué escuchar-- llegaron a sus manos para que pudieran presentar diferentes denuncias con el objetivo de torpedear la investigación sobre espionaje en Dolores que estaba iniciando Ramos Padilla. La mención a Stornelli en el procesamiento es clave, ya que aún no se definió dónde continuará la investigación.
 
Será la Corte Suprema la que deba saldar ese debate. A priori, si la causa pasara a Comodoro Py, debería quedar en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y de Stornelli -- procesado en la causa de espionaje en Dolores y señalado en Lomas como beneficiario de las escuchas ilegales que hacía el área de Jurídicos de la AFI.
 
De Jurídicos fueron procesados su director administrativo, Juan Sebastián De Stefano, quien adquirió gran influencia durante la gestión Arribas en la exSIDE, y dos funcionarios, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens. Ruda Bart estaba a cargo del área de escuchas de Jurídicos de la AFI, que tuvo preeminencia sobre las que habitualmente hacía la dirección de Contrainteligencia.
 
Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio, terminó procesado al igual que De Stefano por haberle intentado dar apariencia de legalidad al espionaje sobre el Instituto Patria después de que fuera identificado un auto perteneciente en la Agencia en las inmediaciones.
 
El juez entendió que el SPF le proveyó información propia, además, a la AFI sobre los presos kirchneristas que estaban alojados en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), sobre sus familiares, sus visitantes, sus abogados e incluso sobre organismos de derechos humanos u organizaciones sociales que se solidarizaban con ellos. Entre los espiados estuvieron Amado Boudou, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, César Milani, Juan Pablo Schiavi, Cristóbal López y Fabián De Souza, entre otros.
 
Augé también dio por probado que la AFI mandó a cuatro integrantes del área de Operaciones Técnicas de la Dirección Operacional de Contrainteligencia a poner cámaras y micrófonos en la alcaidía tres de Melchor Romero. Para eso, contó con la dirección de un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que estaba en comisión en la AFI. La vigilancia duró del 8 al 24 de agosto de 2018. Fueron pocos días porque los agentes del SPB descubrieron que los cables incluso pasaban por sus oficinas. Por esos hechos, Augé procesó a cinco personas.
 
Con la causa de nuevo en Lomas, la fiscalía tiene previsto avanzar sobre las escuchas a los presos y sobre el armado de causas que aparentemente habría tenido lugar desde Jurídicos.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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06-03-2021 / 09:03
La policía de Formosa reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación contra el gobierno de Gildo Insfrán por su decisión de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decidida el jueves por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 luego de detectar un rebrote de 43 contagios, la mayoría en la capital.
 
El lamentable operativo incluyó detenciones y provocó heridas en varios manifestantes. La represión -que fue bastante dura- alcanzó repercusión nacional y fue repudiado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Secretaría de Derechos Humanos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y organizaciones de derechos humanos.
 
Los grandes medios opositores porteños se encargaron de transmitir los hechos al mismo tiempo que denunciaban todo lo actuado por Insfrán en los meses de la cuarentena. La demagogia y la utilización política no se hicieron esperar. Desde la cúpula de Juntos por el Cambio, en un acto de cinismo desvergonzando, Patricia Bullrich repudió la represión. No fue la única figura de este espacio en hacerlo, las condenas llovieron. Las mismas que están ausentes cuando se reprime en provincias gobernadas por ese espacio político, como en Jujuy.
 
La represión de este viernes mostró el carácter políticamente regresivo que tiene el gobierno de Formosa. Al mismo tiempo desnudó la demagogia política de la oposición de Juntos por el Cambio, que fogoneó la protesta provincial al tiempo que la utilizó para hacer política a escala nacional. Para la oposición derechista, solo se trata de debilitar al Gobierno. Es repudiable la represión en Formosa y es ridícula la derecha repudiando la represión en Formosa.
 
La represión siempre está mal venga de donde venga, pero ver dirigentes macristas indignados por el accionar de la policía de Formosa, y cuando fueron gobierno, repartían palos a diestra y siniestra a los jubilados, mientras miraban complacidos, es de una hipocresía  garrafal.
 

06-03-2021 / 08:03
La persecución judicial realizada por el macrismo contra sus adversarios iba a llevar al Poder Judicial a este callejón sin salida que deja a la República con una pata chueca. El circo que organizaron alrededor de una mujer que fue senadora, dos veces presidenta, actual vicepresidenta y la lideresa política más popular del país, iba a durar lo que durara la paciencia de la acusada.
 
Cristina se plantó y ahora el Poder Judicial tiene una cantidad de causas armadas que no se sostienen ni con el respaldo furioso de las corporaciones mediáticas. Hay un problema institucional grave. Cristina Kirchner no es el poder hegemónico. Es el poder popular hostigado por el poder hegemónico a través del Poder Judicial.
 
Cuando una vicepresidenta y el gobernador de la provincia donde vive el 40 por ciento de los habitantes del país, acusan al Poder Judicial de actuar en forma parcial y lo demuestran en forma abrumadora, se produce un conflicto institucional al que el Poder Judicial necesita dar respuesta. Porque en el mismo instante en que eso sucede, se pone en tela de juicio todo el andamiaje jurídico que sostiene la convivencia de una Nación.
 
Si la mayoría de los habitantes de este país considera que este sistema judicial siempre falla en función de los intereses de los poderes fácticos, el sistema pierde sentido, incluso para los que se aprovechan de esa circunstancia.
 
Porque en el momento que se produce ese disloque, el Poder Judicial pierde autoridad como árbitro legítimo. Es un Poder Judicial sin legitimidad. Esa falta de legitimidad de uno de los tres poderes sobre los que se asienta la República implica una crisis institucional grave.
 

05-03-2021 / 10:03
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que la causa "dólar futuro" es "la historia de un disparate jurídico y de una aberración moral" y llamó a los jueces de Casación a "terminar con esta farsa simplemente aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto", al hablar en la audiencia previa a decidir si se cierra el caso por inexistencia de delito. "Esta causa se usó para un negociado" de quienes fueron funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, agregó el mandatario provincial.
 
Además de hacer hincapié en que no hubo delito en la causa, Kicillof aseguró que "es una historia de persecución política, un disparate jurídico y el negocio del macrismo con el tipo de cambio". En esa línea, en una audiencia clave para definir si el expediente se eleva a juicio oral, el gobernador bonaerense se dirigió a los jueces y les dijo: "Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto". "Los peritos contables de la Corte Suprema dan todos los elementos para decir lo que todo el mundo sabe: que acá no hay ningún delito", sostuvo.
 
Sobre este punto, resaltó que "desde el primer día" pidieron que se demuestre que "lo que pasó no es delito", y recordó que la pericia de contadores de la Corte Suprema de Justicia ya comprobó que no hubo perjuicio para el Estado nacional. "Querían seguir enjuiciando, persiguiendo, inventando hechos con una acusación falsa. Sinceramente este juicio no se puede realizar porque no hubo delito", manifestó.
 
"Es la historia de una infamia absoluta. Intencionalidad política, la causa se usó para ganar las elecciones de 2015", ratificó. Según el gobernador, este expediente "también se usó para un negociado cuando cambió el Gobierno, para fijar cuánto iban a ganar los que después fueron funcionarios de Macri, devaluaron y se embolsaron la plata".  A su vez, Kicillof declaró que incluso "los testigos cambiaron las acusaciones".
 

05-03-2021 / 09:03
La vicepresidenta Cristina Fernández se convirtió en la gran acusadora de un sistema de justicia que no tiene ninguna credibilidad para la mayoría de los argentinos. Lo que debería haber sido una defensa se transformó en acusación y desde el banquillo de los acusados no sólo demolió la acusación sino que demostró con las fechas en la mano la manera como el macrismo armó esas acusaciones con la complicidad de los medios hegemónicos y de los funcionarios judiciales para utilizarlas en plena campaña electoral.
 
"Eso no solamente es lawfare, es también intromisión y manipulación de la política electoral por parte de ustedes los miembros del Poder Judicial", afirmó Cristina, que calificó la causa del dólar futuro como "un leading case de manipulación del poder judicial en los procesos electorales y en la política".
 
No había Macri Presidente sin lawfare. No hay lawfare sin Clarín. No hay Clarín sin las grandes corporaciones económicas que lo financian. No se trata de encarcelar a Cristina sino de proscribirla para imponer planes económicos neoliberales. "Que se despabilen los argentinos de una vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos", insistió la ex Presidenta.
 
El sistema de lawfare que dejó el macrismo ya no resiste. Cuando la justicia deja de ser creíble para la mayoría, ya no sirve como institución. Para poder decidir sobre vida y obra de cualquiera, tiene que ser, como requisito indispensable, aceptada, intachable, creíble, transparente. Todo eso lo perdió con las manipulaciones turbias del macrismo para perseguir a sus adversarios políticos. Y cuando la justicia deja de ser creíble y aceptada, es lo mismo que no existiera. 
 

04-03-2021 / 11:03
La jueza Marta Cirulli inició el tramo final del proceso de salvataje del Correo Argentino, al considerar que las acciones de la firma valen cero pesos y que su millonaria deuda se debe computar con intereses, lo que el gobierno de Mauricio Macri había intentado evitar mediante un acuerdo abusivo y ruinoso para el Estado. La magistrada anunció que quienes se postularon para el salvataje tienen 20 días para ofertar y lograr el acuerdo de los acreedores.
 
La resolución de la jueza del caso del Correo Argentino inició la cuenta regresiva hacia la posible declaración de quiebra de la empresa de los Macri que intentó licuar su deuda millonaria durante el gobierno de Cambiemos. El texto afirma que el valor de las acciones de la empresa, que está inactiva, es nulo, lo que indicaría que hubo maniobras de vaciamiento tal como denunció la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín.
 
La firma le debe al Estado 4500 millones de pesos. Si el proceso de rescate no prospera será la controlante Socma --de la familia Macri-- la que deberá afrontar el pago de lo adeudado. En los papeles de la empresa figuran como dueños Gianfranco Macri, Franco Valladares Macri, Rodrigo Valladares Macri, Mariano Macri y Florencia Macri. La posible existencia de maniobras fraudulentas como el vaciamiento, a través de desvíos millonarios hacia sociedades del mismo grupo y empresas amigas, agravan la situación.
 
Pero, además, anuncia que las personas físicas y jurídicas que se postularon para el salvataje de la firma tienen desde ahora 20 días para hacer sus ofertas y conseguir la conformidad de los acreedores, que son cerca de 800, entre ellos el Estado. Mientras esto sucede, los abogados del grupo Macri intentan que intervenga el Tribunal Superior de la Ciudad porteña, que nada tiene que ver con un expediente concursal que tramita en la Justicia nacional. 
 

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