como a los integrantes del llamado "Proyecto AMBA", dedicado al espionaje en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Esta semana seguramente habrá novedades en esa causa, ya que Ramos Padilla debe definir la situación procesal de otros cuatro imputados. 
 
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Nacionales - 21-02-2021 / 09:02
LA CÚPULA DE LA AFI Y LOS PENITENCIARIOS MACRISTAS EN PROBLEMAS

Hay 38 macristas procesados en la causa del espionaje ilegal a periodistas y opositores

Hay 38 macristas procesados en la causa del espionaje ilegal a periodistas y opositores
Terrible cachetazo al macrismo. En menos de una semana, la megacausa sobre espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas pasó a Comodoro Py, volvió provisoriamente a Lomas y terminó con la cúpula macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) procesadas.
Terrible cachetazo al macrismo. En menos de una semana, la megacausa sobre espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas pasó a Comodoro Py, volvió provisoriamente a Lomas y terminó con la cúpula macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) procesadas.
 
Entre los procesados hay tres altos integrantes de la dirección administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI, que será el sector en el que la fiscalía pose su mirada en las próximas semanas para indagar tanto en las escuchas a los presos como en el armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
El viernes, el juez Juan Pablo Augé procesó a 38 personas, como le habían pedido los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La resolución condensa casi un año de investigación, que se inició cuando el caso estaba en manos del juez Federico Villena y se profundizó tras quedar en manos de Augé y ser delegado en la fiscalía de Lomas.
 
Entre los procesados están Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como máximos integrantes de la AFI, y Emiliano Blanco, como ex director del Servicio Penitenciario Federal. Todos fueron procesados en el marco de la causa que incluye las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario.  
 
Si se suman los procesamientos dictados en el marco de la causa sobre el espionaje sobre Cristina Fernández en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, son 39 los procesados en la jurisdicción de Lomas, porque allí también se cuenta al último director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste.
 
En Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla procesó a 28 personas tanto por el espionaje que tenía como vértice al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio como a los integrantes del llamado "Proyecto AMBA", dedicado al espionaje en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Esta semana seguramente habrá novedades en esa causa, ya que Ramos Padilla debe definir la situación procesal de otros cuatro imputados. 
 

 
Las dos investigaciones dan un panorama de lo que fue el espionaje durante el macrismo, incluso se pueden trazar continuidades entre lo que fue el "Proyecto AMBA" (2016-2017) y lo que resultó el accionar de los Súper Mario Bros, que en Lomas se investigó entre 2017 y 2019. El espionaje penitenciario se dio con fuerza hacia el final de ese período, especialmente después de que la AFI y el SPF firmaron un convenio de cooperación en 2018.
 
La causa de Lomas enseña --como sostienen los fiscales y el juez-- que distintas agencias estatales, como la AFI o el SPF, torcieron sus funciones para dedicarse al espionaje durante la era Macri. A las cabezas de lo que Augé consideró una asociación ilícita le imputaron la vigilancia en 42 casos de espionaje.
 
Esas actividades ilegales fueron realizadas por un grupo de agentes que se sumaron a la AFI con la gestión Macri y son conocidos como los Súper Mario Bros, por el nombre del grupo de WhatsApp en el que volcaban la información que iban compartiendo. El núcleo originario provenía de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y fue conformado a partir de una convocatoria del primer director operacional de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra, también procesado por Augé.
 
Cuando Dalmau Pereyra dejó la jefatura para irse como enviado a Chile, quedaron bajo el mando de Alan Ruiz , procesado el viernes y con procesamiento confirmado en la causa del Instituto Patria. Ruiz era un hombre que venía del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
 
La inteligencia ilegal no sólo se ciñó a los opositores, sino que incluyó a los propios, como el diputado Waldo Wolff, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta --de quien incluso llegaron a mandar fotos de cuando desayunaba en una confitería Bonafide-- y su segundo Diego Santilli. También fueron espiados Emilio Monzó y Nicolás Massot.
 
Quizá el caso más paradigmático sea el del espionaje sobre Florencia Macri, la hermana menor del entonces presidente, y su pareja Salvatore Pica. Los seguimientos a Pica comenzaron el 30 de mayo de 2018 cuando Ruiz envió un archivo PDF al grupo de WhatsApp de los Súper Mario Bros.
 
Se trataba de una ficha con los datos personales de Pica. Los agentes también revisaron las bases de Migraciones para saber si el empresario italiano estaba en el país y consiguieron, por ejemplo, copia de su DNI. Tomaron fotografías de la casa que Pica compartía con Florencia Macri en Beccar desde una vivienda contigua y montaron una vigilancia para monitorear sus entradas y salidas.
 
Uno de los agentes procesados, que oficiaba de analista en la base de Villa Martelli, relató que su grupo había trabajado en el análisis de información sobre Pica y dio a entender que sus superiores nunca le dieron una devolución sobre ese trabajo. El antecedente del espionaje sobre otro excuñado de Macri, Néstor Leonardo, mostraría un patrón de interés recurrente del expresidente.
 
Los Súper Mario Bros tenían llegada directa a la Casa Rosada. El juez Augé procesó a la coordinadora de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, Susana Martinengo. Martinengo tenía una relación de amistad con dos de los Súper Mario Bros, Jorge Sáez y Leandro Araque, que surgió aparentemente cuando Martinengo trabajaba en el Gobierno porteño y ellos en la Policía de la Ciudad. Araque incluso intercambiaba mensajes con una persona agendada como Humberto del Ministerio de Seguridad y decía que trabajaba para Martinengo.
 
El juez dio por acreditado que Martinengo recibió informes de inteligencia y se valió de los servicios de agentes para su propio beneficio. La exfuncionaria macrista incluso declaró en su primera indagatoria que llegó a visitar la base de Mataderos que los Súper Mario Bros se habían montado por fuera de los edificios que pertenecían a la AFI.
 
Los mensajes de Martinengo con los espías terminaron involucrando a quien era su superior, Darío Nieto, que actuaba y sigue actuando como secretario privado de Macri. Ella les pedía informes para hacerle llegar a Nieto. Tanto los fiscales como el juez Augé consideraron que no había pruebas para procesarlo. En las últimas horas, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentaron un escrito apelando la decisión de Augé y reclaman que el magistrado procese a Nieto en los mismos términos que a Martinengo.
 
Además reiteraron, el pedido de indagatoria a Elisa Carrió, que habían formulado en noviembre. Esas cuestiones deberán, al menos por el momento, ser analizadas por la Cámara Federal de La Plata, que ha ratificado siempre el curso de acción de Augé.
 
Carrió aparece mencionada en el procesamiento al igual que el fiscal federal Carlos Stornelli como receptores de las escuchas que realizaba el área de Jurídicos de AFI en el penal de Ezeiza, donde estaban alojados los presos kirchneristas.
 
El juez Augé, en sintonía con los fiscales, entiende que las transcripciones de esas conversaciones --que la AFI no tenía por qué escuchar-- llegaron a sus manos para que pudieran presentar diferentes denuncias con el objetivo de torpedear la investigación sobre espionaje en Dolores que estaba iniciando Ramos Padilla. La mención a Stornelli en el procesamiento es clave, ya que aún no se definió dónde continuará la investigación.
 
Será la Corte Suprema la que deba saldar ese debate. A priori, si la causa pasara a Comodoro Py, debería quedar en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y de Stornelli -- procesado en la causa de espionaje en Dolores y señalado en Lomas como beneficiario de las escuchas ilegales que hacía el área de Jurídicos de la AFI.
 
De Jurídicos fueron procesados su director administrativo, Juan Sebastián De Stefano, quien adquirió gran influencia durante la gestión Arribas en la exSIDE, y dos funcionarios, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens. Ruda Bart estaba a cargo del área de escuchas de Jurídicos de la AFI, que tuvo preeminencia sobre las que habitualmente hacía la dirección de Contrainteligencia.
 
Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio, terminó procesado al igual que De Stefano por haberle intentado dar apariencia de legalidad al espionaje sobre el Instituto Patria después de que fuera identificado un auto perteneciente en la Agencia en las inmediaciones.
 
El juez entendió que el SPF le proveyó información propia, además, a la AFI sobre los presos kirchneristas que estaban alojados en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), sobre sus familiares, sus visitantes, sus abogados e incluso sobre organismos de derechos humanos u organizaciones sociales que se solidarizaban con ellos. Entre los espiados estuvieron Amado Boudou, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, César Milani, Juan Pablo Schiavi, Cristóbal López y Fabián De Souza, entre otros.
 
Augé también dio por probado que la AFI mandó a cuatro integrantes del área de Operaciones Técnicas de la Dirección Operacional de Contrainteligencia a poner cámaras y micrófonos en la alcaidía tres de Melchor Romero. Para eso, contó con la dirección de un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que estaba en comisión en la AFI. La vigilancia duró del 8 al 24 de agosto de 2018. Fueron pocos días porque los agentes del SPB descubrieron que los cables incluso pasaban por sus oficinas. Por esos hechos, Augé procesó a cinco personas.
 
Con la causa de nuevo en Lomas, la fiscalía tiene previsto avanzar sobre las escuchas a los presos y sobre el armado de causas que aparentemente habría tenido lugar desde Jurídicos.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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