18:10 | Martes 31 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 21-02-2021 / 09:02

LA CÚPULA DE LA AFI Y LOS PENITENCIARIOS MACRISTAS EN PROBLEMAS

Hay 38 macristas procesados en la causa del espionaje ilegal a periodistas y opositores

Terrible cachetazo al macrismo. En menos de una semana, la megacausa sobre espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas pasó a Comodoro Py, volvió provisoriamente a Lomas y terminó con la cúpula macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) procesadas.

Terrible cachetazo al macrismo. En menos de una semana, la megacausa sobre espionaje ilegal macrista que tramita en Lomas pasó a Comodoro Py, volvió provisoriamente a Lomas y terminó con la cúpula macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) procesadas.

Entre los procesados hay tres altos integrantes de la dirección administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI, que será el sector en el que la fiscalía pose su mirada en las próximas semanas para indagar tanto en las escuchas a los presos como en el armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri.

El viernes, el juez Juan Pablo Augé procesó a 38 personas, como le habían pedido los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La resolución condensa casi un año de investigación, que se inició cuando el caso estaba en manos del juez Federico Villena y se profundizó tras quedar en manos de Augé y ser delegado en la fiscalía de Lomas.

Entre los procesados están Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como máximos integrantes de la AFI, y Emiliano Blanco, como ex director del Servicio Penitenciario Federal. Todos fueron procesados en el marco de la causa que incluye las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario.

Si se suman los procesamientos dictados en el marco de la causa sobre el espionaje sobre Cristina Fernández en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, son 39 los procesados en la jurisdicción de Lomas, porque allí también se cuenta al último director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste.

En Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla procesó a 28 personas tanto por el espionaje que tenía como vértice al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio como a los integrantes del llamado "Proyecto AMBA", dedicado al espionaje en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Esta semana seguramente habrá novedades en esa causa, ya que Ramos Padilla debe definir la situación procesal de otros cuatro imputados.

Las dos investigaciones dan un panorama de lo que fue el espionaje durante el macrismo, incluso se pueden trazar continuidades entre lo que fue el "Proyecto AMBA" (2016-2017) y lo que resultó el accionar de los Súper Mario Bros, que en Lomas se investigó entre 2017 y 2019. El espionaje penitenciario se dio con fuerza hacia el final de ese período, especialmente después de que la AFI y el SPF firmaron un convenio de cooperación en 2018.

La causa de Lomas enseña --como sostienen los fiscales y el juez-- que distintas agencias estatales, como la AFI o el SPF, torcieron sus funciones para dedicarse al espionaje durante la era Macri. A las cabezas de lo que Augé consideró una asociación ilícita le imputaron la vigilancia en 42 casos de espionaje.

Esas actividades ilegales fueron realizadas por un grupo de agentes que se sumaron a la AFI con la gestión Macri y son conocidos como los Súper Mario Bros, por el nombre del grupo de WhatsApp en el que volcaban la información que iban compartiendo. El núcleo originario provenía de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y fue conformado a partir de una convocatoria del primer director operacional de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra, también procesado por Augé.

Cuando Dalmau Pereyra dejó la jefatura para irse como enviado a Chile, quedaron bajo el mando de Alan Ruiz , procesado el viernes y con procesamiento confirmado en la causa del Instituto Patria. Ruiz era un hombre que venía del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

La inteligencia ilegal no sólo se ciñó a los opositores, sino que incluyó a los propios, como el diputado Waldo Wolff, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta --de quien incluso llegaron a mandar fotos de cuando desayunaba en una confitería Bonafide-- y su segundo Diego Santilli. También fueron espiados Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Quizá el caso más paradigmático sea el del espionaje sobre Florencia Macri, la hermana menor del entonces presidente, y su pareja Salvatore Pica. Los seguimientos a Pica comenzaron el 30 de mayo de 2018 cuando Ruiz envió un archivo PDF al grupo de WhatsApp de los Súper Mario Bros.

Se trataba de una ficha con los datos personales de Pica. Los agentes también revisaron las bases de Migraciones para saber si el empresario italiano estaba en el país y consiguieron, por ejemplo, copia de su DNI. Tomaron fotografías de la casa que Pica compartía con Florencia Macri en Beccar desde una vivienda contigua y montaron una vigilancia para monitorear sus entradas y salidas.

Uno de los agentes procesados, que oficiaba de analista en la base de Villa Martelli, relató que su grupo había trabajado en el análisis de información sobre Pica y dio a entender que sus superiores nunca le dieron una devolución sobre ese trabajo. El antecedente del espionaje sobre otro excuñado de Macri, Néstor Leonardo, mostraría un patrón de interés recurrente del expresidente.

Los Súper Mario Bros tenían llegada directa a la Casa Rosada. El juez Augé procesó a la coordinadora de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, Susana Martinengo. Martinengo tenía una relación de amistad con dos de los Súper Mario Bros, Jorge Sáez y Leandro Araque, que surgió aparentemente cuando Martinengo trabajaba en el Gobierno porteño y ellos en la Policía de la Ciudad. Araque incluso intercambiaba mensajes con una persona agendada como Humberto del Ministerio de Seguridad y decía que trabajaba para Martinengo.

El juez dio por acreditado que Martinengo recibió informes de inteligencia y se valió de los servicios de agentes para su propio beneficio. La exfuncionaria macrista incluso declaró en su primera indagatoria que llegó a visitar la base de Mataderos que los Súper Mario Bros se habían montado por fuera de los edificios que pertenecían a la AFI.

Los mensajes de Martinengo con los espías terminaron involucrando a quien era su superior, Darío Nieto, que actuaba y sigue actuando como secretario privado de Macri. Ella les pedía informes para hacerle llegar a Nieto. Tanto los fiscales como el juez Augé consideraron que no había pruebas para procesarlo. En las últimas horas, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentaron un escrito apelando la decisión de Augé y reclaman que el magistrado procese a Nieto en los mismos términos que a Martinengo.

Además reiteraron, el pedido de indagatoria a Elisa Carrió, que habían formulado en noviembre. Esas cuestiones deberán, al menos por el momento, ser analizadas por la Cámara Federal de La Plata, que ha ratificado siempre el curso de acción de Augé.

Carrió aparece mencionada en el procesamiento al igual que el fiscal federal Carlos Stornelli como receptores de las escuchas que realizaba el área de Jurídicos de AFI en el penal de Ezeiza, donde estaban alojados los presos kirchneristas.

El juez Augé, en sintonía con los fiscales, entiende que las transcripciones de esas conversaciones --que la AFI no tenía por qué escuchar-- llegaron a sus manos para que pudieran presentar diferentes denuncias con el objetivo de torpedear la investigación sobre espionaje en Dolores que estaba iniciando Ramos Padilla. La mención a Stornelli en el procesamiento es clave, ya que aún no se definió dónde continuará la investigación.

Será la Corte Suprema la que deba saldar ese debate. A priori, si la causa pasara a Comodoro Py, debería quedar en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y de Stornelli -- procesado en la causa de espionaje en Dolores y señalado en Lomas como beneficiario de las escuchas ilegales que hacía el área de Jurídicos de la AFI.

De Jurídicos fueron procesados su director administrativo, Juan Sebastián De Stefano, quien adquirió gran influencia durante la gestión Arribas en la exSIDE, y dos funcionarios, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens. Ruda Bart estaba a cargo del área de escuchas de Jurídicos de la AFI, que tuvo preeminencia sobre las que habitualmente hacía la dirección de Contrainteligencia.

Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio, terminó procesado al igual que De Stefano por haberle intentado dar apariencia de legalidad al espionaje sobre el Instituto Patria después de que fuera identificado un auto perteneciente en la Agencia en las inmediaciones.

El juez entendió que el SPF le proveyó información propia, además, a la AFI sobre los presos kirchneristas que estaban alojados en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), sobre sus familiares, sus visitantes, sus abogados e incluso sobre organismos de derechos humanos u organizaciones sociales que se solidarizaban con ellos. Entre los espiados estuvieron Amado Boudou, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, César Milani, Juan Pablo Schiavi, Cristóbal López y Fabián De Souza, entre otros.

Augé también dio por probado que la AFI mandó a cuatro integrantes del área de Operaciones Técnicas de la Dirección Operacional de Contrainteligencia a poner cámaras y micrófonos en la alcaidía tres de Melchor Romero. Para eso, contó con la dirección de un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que estaba en comisión en la AFI. La vigilancia duró del 8 al 24 de agosto de 2018. Fueron pocos días porque los agentes del SPB descubrieron que los cables incluso pasaban por sus oficinas. Por esos hechos, Augé procesó a cinco personas.

Con la causa de nuevo en Lomas, la fiscalía tiene previsto avanzar sobre las escuchas a los presos y sobre el armado de causas que aparentemente habría tenido lugar desde Jurídicos.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página12

31-03-2026 / 16:03

El INDEC de Milei dibuja un 3% mientras la calle arde con aumentos del 60%

El relato de "la casta paga el ajuste" se ha convertido, definitivamente, en la estafa electoral más grande de las últimas décadas. Este mes de marzo cierra con una cifra que el Gobierno intenta vender como una victoria: una inflación del 3%. Sin embargo, en las góndolas, en las farmacias y en las facturas de luz, ese número suena a burla. La brecha entre el "IPC oficial" y la realidad de los hogares sugiere que estamos ante una maniobra de dibujo estadístico.

En definitiva, marzo expone la cara más cruel del experimento libertario: una estabilidad de cementerio lograda a fuerza de suprimir el consumo y falsear la percepción de la crisis. Mientras el Presidente se refugia en una realidad paralela de cifras maquilladas, el país real retrocede décadas en sus indicadores sociales, con una indigencia que ya no es una estadística, sino un grito desesperado en cada esquina. El "milagro" de Milei no es la baja de los precios, sino la capacidad de un gobierno para ignorar el naufragio de su propio pueblo mientras celebra un superávit que huele a miseria. La historia, tarde o temprano, terminará por pasarle factura a quienes creyeron que se podía gobernar un país como si fuera una hoja de cálculo para que la plata se llleven los mas rícos.

29-03-2026 / 15:03

Adorni y el escándalo Libra hunden la imagen de Milei mientras la pobreza no para de crecer

La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.

En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.

De la redacción de La Opinión Popular

28-03-2026 / 07:03

El fallo de YPF que consagra a Kicillof y deja a Milei como abogado de los buitres

La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.

Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.

De la redacción de La Opinión Popular

27-03-2026 / 19:03

El rechazo a Milei perfora el 60% y expone un modelo que solo fabrica pobreza

Lo que comenzó como una "gesta libertaria" contra la casta se ha transformado, en poco más de dos años, en un drama social que las encuestas ya no pueden disimular. Según el último informe de la consultora Atlas Intel —la misma que, irónicamente, fue la más precisa al predecir su victoria en 2023—, el rechazo a la gestión de Javier Milei ha alcanzado un techo histórico: el 61,6% de los argentinos le da la espalda.

Este número no es solo una estadística fría; es el certificado de defunción del "aguante" social frente a un ajuste que no tiene ni fin ni resultados positivos para el ciudadano de a pie. Mientras el Presidente se encierra en su realidad paralela de redes sociales y viajes internacionales, la aprobación a su figura se desploma al 36,4%, su nivel más bajo desde que llegó a la Casa Rosada.

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular