17:50 | Lunes 30 de Junio de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Entre Ríos - 19-02-2021 / 11:02

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES

Pedirán el sobreseimiento de Sergio Urribarri al mismo juez que rechazó las probation para otros dos imputados

Si se tienen en cuenta los fundamentos que brindó el juez al rechazar la probation para dos imputados secundarios, es de estimar que no avanzaría el sobreseimiento de Sergio Urribarri.

La defensa del ex gobernador entrerriano y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, solicitó al juez de Garantías Mauricio Mayer que, a través de la OGA, fije fecha de audiencia para solicitar el sobreseimiento del ex mandatario provincial. La causa penal es por negociaciones incompatibles con la función pública en contrataciones con una empresa de Diego Armando Cardona Herreros, empresario que también es investigado en el expediente. En ese marco, la audiencia oral se realizará el próximo 23 de febrero, en la cual Urribarri participaría de forma remota dado el cargo diplomático que ejerce en Israel.

Raúl Barrandeguy es el letrado que lleva adelante la defensa del ex gobernador en la causa que hace unos días tuvo una resolución negativa para dos profesionales de la empresa de Cardona Herreros, cuando Mayer rechazó el acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y Juan Carlos Palacios, el abogado defensor del contador Guillermo Andrés Linares y la abogada Miriam Estela Fessia, ambos profesionales ligados a la firma Relevamientos Catastrales. De esta forma, deberán continuar sometidos a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a cargo de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

Si se tienen en cuenta los fundamentos que brindó el juez al rechazar la probation para dos imputados secundarios, es de estimar que no avanzaría el sobreseimiento de Urribarri.

"Estamos en presencia de un hecho, el bien jurídico protegido es la transparencia en el funcionamiento de la administración pública. Entiendo que es un delito de gran sensibilidad social. Por lo tanto yo entiendo que en general las personas particulares como Fessia y Linares han participado en un hecho delictivo que involucra el interés de la administración pública. Le es comunicable esta prohibición", expresó Mayer al rechazar el acuerdo y dar continuidad a la investigación contra la totalidad de los imputados.

El juez entendió que la probation no está solamente prohibida para los funcionarios públicos que cometen un delitos, sino que valiéndose en jurisprudencia aseguró que se trata del hecho y no del sujeto. Es decir, que si hay un delito que involucra funcionarios y cuyo accionar afecta a la administración pública, los partícipes particulares tampoco pueden acogerse al beneficio de la suspensión del juicio a prueba.

El magistrado leyó las imputaciones y explicó que según consta en la IPP, el contador y la abogada de la empresa de Cardona Herreros, participaron activamente del delito al contar con información anticipada y privilegiada para que la empresa logre obtener las licitaciones señaladas. Además, que la IPP muestra que lo hicieron a sabiendas del acuerdo espurio entre Urribarri y Cardona Herreros con el fin de otorgarle a Relevamiento Catastrales las licitaciones y el pago de sobreprecios.

En esas gestiones participaron en nombre de Urribarri los funcionarios Mario Haydar, Miguel Ulrich, José Laporte, Luis Erbes y Humberto Flores. Mientras que por parte de la empresa de Cardona Herreros estuvieron sus directivos y profesionales Alfonso Campitelli, Jorge Sanabone, Guillermo Linares y Miriam Fressia. Además, el magistrado indicó que la IPP observa que gracias al acuerdo espurio la empresa obtuvo ganancias extraordinarias y los funcionarios un pago extra.

Fuente: Análisis Digital

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¿Por qué Frigerio no abona el aguinaldo en tiempo y forma?

Hay que pagar el medio aguinaldo, en la malaria muchos esperan con expectativa este ingreso adicional. El de 2025, según la ley, se puede abonar hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que coincide con el lunes 30 de junio. Cuando pasa eso, las provincias recurren al Estado Nacional. Esta vez Javier Milei solo los autorizó a endeudarse en dólares, ante la retención desde Nación de fondos que le corresponden a las provincias. Rogelio Frigerio intentará juntar de donde pueda, frente a una situación desesperante del Estado provincial. Pero, recién después de mediados de julio, el gobernador les pagará a estatales y docentes entrerrianos. La estrepitosa baja en la coparticipación federal y la caída en la capacidad de recaudación provincial, por la recesión económica, son las causas principales de este escenario. La única política que se ejecuta con todo es el ajuste, mientras se paraliza la obra pública, se frenan los giros comprometidos y se acumulan fondos internacionales sin ejecutar.

Frigerio no paga en tiempo porque no tiene plata y no la tiene porque Milei se la queda y el gobernador no reclama como corresponde. La conjura de los necios. La calamidad financiera de la provincia tiene a su autor, el Presidente, prometiendo más ajuste y al Gobernador dispuesto a apoyarlo en el Congreso, en una alianza electoral con La Libertad Avanza. El superávit fiscal del que se jacta Milei no es ningún éxito de su programa económico anarco capitalista sino el resultado del brutal ajuste que aplicó sin anestesia desde que asumió. Las provincias fueron severamente saqueadas y ahora reclaman por los recortes a los fondos coparticipables.

Los dos senadores nacionales, Stella Olalla y Alfredo de Angeli y los cuatro diputados nacionales, Atilio Benedetti, Nancy Ballejos, Marcela Antola y Francisco Morchio, que responden a Frigerio son los mismos que votan a favor del saqueo al interior federal. Sirven a las metas impuestas por el FMI y para eso el gobierno nacional pasó la aspiradora en los recursos coparticipables. Milei gobierna por decreto, pero si los legisladores se sacaran la "peluca", sus mandatos pueden caer. La tensión alcanza al PRO, la UCR y a peronistas colaboradores.

En Entre Ríos, la preocupación por la caída de la obra pública y la merma de fondos nacionales es tema de todos los días entre legisladores e intendentes. Incluso en distritos donde Milei obtuvo un alto caudal de votos, la paciencia comienza a agotarse frente a la falta de respuestas concretas sobre recursos que la Nación viene robando, reteniendo o subejecutando deliberadamente. El interior siente que no está en la agenda libertaria. En un país históricamente tensionado entre el centro y la periferia, la demanda de mayor equidad y protagonismo federal está en el centro del debate.

Reviviendo la histórica lucha entre unitarios y federales y reacios a las gambetas constantes de Milei, que demoran definiciones y generan incertidumbre, el lunes se reunieron gobernadores de todo arco político, en representación de las 23 provincias, para aunar sus quejas en una demanda común. Reclamaron una redistribución equitativa y no discrecional de los fondos coparticipables y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos recursos fueron parte del ajuste que aplicó el gobierno de La Libertad Avanza desde su asunción, y que tuvo sus consecuencias en salarios, jubilaciones, presupuestos educativos y sanitarios, obra pública, políticas públicas de discapacidad, género, etc. A la vista de todo el mundo, Milei viene usando descaradamente los recursos que son de las provincias como prenda de cambio para lograr favores políticos. Ante la cobardía de Frigerio y los gobernadores, la parte del león se la sigue quedando Milei. Estos recursos son imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en las jurisdicciones del interior.

Milei logró aprobar la corrupta Ley de Bases, con votos comprados con favores personales como a Lucila Crexell del MPN o Edgardo Kueider de Unión por la Patria. Apoyado en esa nefasta Ley, Milei viene gobernando a decretazo limpio, por lo que sostener aliados, no solo dentro de la derecha del PRO y la UCR sino también dentro del PJ, le es vital para que no le volteen los decretos en el Congreso. Y mediante extorsiones presupuestarias también lograron los votos para blindar el veto presidencial al aumento a los jubilados. Ahora lo mandatarios deben unirse para obligar a Milei a repartir un billón de pesos que son de las provincias y están en manos de la Nación.

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