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Nacionales - 19-02-2021 / 10:02
SU DESCARGO NO CONVENCIÓ A SUS PARES LUEGO QUE SE CONOCIERA QUE VISITÓ EN 6 OPORTUNIDADES LA CASA ROSADA

El juez Hornos tenía llegada caliente a Macri

El juez Hornos tenía llegada caliente a Macri
La admisión del titular de la Casación, Gustavo Hornos, sobre su antigua relación con Macri, desató el escándalo en Comodoro Py, donde otros jueces de esa Cámara ya hicieron público su disgusto. El diputado Martín Soria había revelado seis reuniones entre Hornos y el expresidente en la Rosada, justo antes de fallos contra los opositores. Soria lo denunciará hoy ante el Consejo de la Magistratura.
El presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, admitió que mantiene una relación social con el ex presidente Mauricio Macri desde hace muchos años y que conversaban sobre política judicial y penitenciaria. El descargo de Hornos se produjo después de que se conociera que visitó a Macri en seis oportunidades entre 2015 y 2018 en la Casa Rosada, justo antes de fallos contra dirigentes opositores, según denunció el diputado del Frente de Todos, Martín Soria, en la causa en que se investiga la Mesa Judicial Macrista, que se encargaba de manipular la justicia para perseguir a opositores.

Las insólitas explicaciones del presidente del máximo tribunal penal del país --dadas en una reunión con los presidentes de las salas de la Cámara-- no conformaron a sus colegas. Tres de ellos --incluidos dos llegados en el macrismo-- ya rechazaron la justificación en una nota en la que le recuerdan al magistrado cuáles son las buenas prácticas que un juez debe tener. La polémica promete seguir encendiéndose en el primer piso de Comodoro Py, y es posible que otros jueces se sumen a las protestas de la Sala II.

Hornos ya les había anticipado que iba a dar explicaciones por la denuncia que había presentado Soria la semana pasada ante el fiscal Franco Picardi, que instruye la causa sobre la Mesa Judicial Macrista. En ese marco y sin muchos rodeos, Hornos les comentó a sus colegas que él tenía una relación social con Macri, que había conversado con él porque le pedía ideas o asesoramiento sobre política judicial y penitenciaria. También dijo que nunca había conversado sobre fallos que estaban en trámite en la Casación, pero la respuesta no satisfizo a los otros jueces.
 
Hornos fue denunciado por sus reiteradas visitas a la secretaría privada de Macri durante el gobierno de Cambiemos. Los denunciantes vincularon las entradas con los fallos adversos al kirchnerismo que en los días sucesivos a cada ingreso. La animosidad de las decisiones judiciales del camarista, respecto de ex funcionarios K es patente. Todo indica que Hornos es parte fundamental del engranaje que hace a la Mesa Judicial Macrista. Por tanto, además de estar influenciado por el Ejecutivo, también es un juez "parcial".
 
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La reunión de superintendencia de la Casación suele ser monótona, pero ayer el clima estaba especialmente pesado. Hornos se conectó con el resto de sus colegas desde los tribunales. En medio del acuerdo, internet jugó una mala pasada e incluso se perdió la conexión. Lo escuchaban los presidentes de cada una de las salas: Daniel Petrone (Sala I), Alejandro Slokar (Sala II), Liliana Catucci (Sala III) --que también estaba como Hornos en Comodoro Py-- y Mariano Borinsky (Sala IV).
 
Slokar y Borinsky le contestaron que el tema no estaba cerrado para ellos y que debían llevar el tema a sus propias salas. Catucci y Petrone habían quedado más conformes con las explicaciones. La primera en reaccionar fue la Sala II, que preside Slokar y que integran también Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, los dos llegados durante el macrismo y sin ninguna duda de tener simpatía con el oficialismo actual. Mahiques, de hecho, fue el ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires.
 
"A tenor de la situación expuesta, resulta imposible ignorar la responsabilidad intrínseca en la representación y conducción de un cuerpo colegiado -que maximiza la obligación de mantener una conducta irreprochable- habida cuenta que cualquier acto podría repercutir en la percepción sobre la propia Cámara y el resto de los jueces", escribieron los tres integrantes de la Sala II.
 
Por si fuera poco, Slokar, Yacobucci y Mahiques --que no suelen ponerse de acuerdo muy frecuentemente-- le recordaron los principios de Bangalore sobre Conducta Judicial. "Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable".
 
En otras salas, confirmaron, se seguía discutiendo el tema. Estaban esperando que se tomara alguna decisión colectiva. Algunos proponían hacer una reunión del pleno y otros ya preparan escritos para presentar hoy mismo si no los acompañan sus colegas de Sala. Los números, a priori, no dan ni para convocar a un plenario y mucho menos para remover a Hornos de la presidencia, como sí sucedió con Juan Carlos Gemignani cuando encerró y mandó a detener a una secretaria de la Cámara.
 
Pueden no existir los números, pero los casadores afilan las garras. Algunos remarcaban que, si estaba manteniendo conversaciones sobre política judicial, debería haberlo comunicado a sus colegas, ya que, en ese momento, Hornos no ejercía la presidencia del cuerpo. Otros protestaban porque se enteraron de las justificaciones del juez sobre su relación con el expresidente por una nota que publicó el diario La Nación.
 
 
La mesa judicial
  
La denuncia sobre la mesa judicial macrista --en la que ahora está denunciado Hornos--  se inició cuando la camarista Ana Figueroa, que integra la Sala I de la Cámara Federal de Casación, declaró en una entrevista en la AM750 que había sufrido presiones por parte de Juan Mahiques, por entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, que encabezaba Germán Garavano.
 
La semana pasada, Soria y un grupo de diputados del Frente de Todos realizaron una ampliación de la denuncia, en la que implicaron al presidente de la Cámara Federal de Casación. En la presentación reclamaron que se pidan registros de otras dependencias del Ejecutivo para ver si había concurrido el juez. En los últimos días se conoció que el fiscal Picardi pidió registros de la Casa Rosada y de Olivos del año 2018.
 
Soria le dijo a Página/12 que hoy formalizará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, por lo que entiende que es una grave falta de ética de Hornos, ya que --según su denuncia-- las visitas registradas a la Casa Rosada coincidieron con fallos adversos al kirchnerismo en el marco de la persecución judicial que se dio en el gobierno de Macri.
 
"Hornos no puede explicar lo inexplicable", sostiene el diputado del Frente de Todos. "Un juez no sólo debe ser independiente, además debe parecerlo. Cualquier contacto injustificado con el Poder Ejecutivo hace presuponer que el magistrado incumplió con sus deberes. Hasta sus propios pares de la Cámara de Casación se despegaron de semejante irresponsabilidad del juez Hornos. Su inverosímil justificación no solamente da cuenta de sus mentiras, sino que lo hunde aún más. Si tenía una relación social con Macri, ¿qué tenía que hacer cuatro horas en el despacho presidencial a solas con él, un día antes de dictar un fallo en el que el Macri era uno de los principales interesados?"
 
En su descargo ante sus pares, el presidente de la Casación remarcó que no había intervenido en causas vinculadas a Macri y que dará las respuestas si se las requieren ante el Consejo de la Magistratura. Hornos es un magistrado de amplia trayectoria en el tribunal, al que llegó hace casi 25 años. Este diario intentó comunicarse con el juez, pero no obtuvo respuesta.
 
La situación en la Casación es una bomba a punto de estallar, en la que se combinan viejos rencores, intrigas palaciegas y trapisondas. En el fin de semana se conocieron críticas de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, al juez, que fueron validadas por el presidente Alberto Fernández. Todo combinado con el estupor que causó que la Sala IV le arrebatara la causa de espionaje ilegal al juez de Lomas Juan Pablo Augé, como reclamaban espías y exfuncionarios macristas.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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