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Nacionales - 19-02-2021 / 09:02
POR EL PASAMANOS DE SEIS PARQUES EÓLICOS QUE GENERARON GANANCIAS DE 70 MILLONES DE DÓLARES A LA FAMILIA MACRI

Parques eólicos: piden la indagatoria de Mauricio Macri y la detención de Gianfranco Macri

Parques eólicos: piden la indagatoria de Mauricio Macri y la detención de Gianfranco Macri
Es en el marco de la causa que investiga el meganegociado de los parques eólicos, una de las pesquisas que más preocupa a la familia del líder del PRO, luego de que se conociera que Gianfranco fue el beneficiario final de un complejo entramado de compañías que ganó una millonada con la compra venta de seis agrupaciones de aerogeneradores de energía.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade pidió este jueves que se cite a prestar declaración indagatoria a Mauricio y Gianfranco Macri por el negociado con parques eólicos durante el anterior gobierno. El funcionario del Frente de Todos solicitó que, en caso de que el hermano del ex presidente no se presente, se dicte el pedido de captura internacional.
 
Es en el marco de la causa que investiga el meganegociado de los parques eólicos, una de las pesquisas que más preocupa a la familia del líder del PRO, luego de que se conociera que Gianfranco fue el beneficiario final de un complejo entramado de compañías que ganó una millonada con la compra venta de seis agrupaciones de aerogeneradores de energía.
 
Tailhade presentó un escrito ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, en el que le requirió al juez que determine si corresponde la citación de Gianfranco "o bien la orden de detención con fines de extradición, atento a que desde hace tiempo reside en la República Oriental del Uruguay". También pidió el llamado a indagatoria del ex ministro de Energía Juan José Aranguren y del ex contador de Socma Víctor María Payaslian.
 
El diputado aportó información que reveló la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de periodistas internacional, sobre el entramado de sociedades creadas para comprar y vender los parques eólicos y fugar las ganancias. En medio de esta trama se encuentra Lares Corporation SPF, una offshore con sede en Luxemburgo que sería controlada por Gianfranco Macri.
 
La iniciativa del diputado apunta contra uno de los tantos negociados de la familia Macri, que ha hecho de la obra pública y los negociados con el Estado su principal fuente de riqueza a lo largo de décadas y a través de todos los gobiernos. Otro ejemplo emblemático de esta mecánica es el caso del Correo Argentino. 
 

 
También incorporó a la causa las afirmaciones del hermano de Mauricio y Gianfranco, Mariano Macri, que fueron publicadas en el libro "Hermano" del periodista Santiago O'Donell. Allí se confirma que "en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio".
 
La Opinión Popular
 
 
 
Parques eólicos: pidieron la detención de Gianfranco, el hermano de Mauricio Macri
 
El diputado nacional Rodolfo Tailhade pidió, como anticipó el domingo en El Destape Radio, la citación a declaración indagatoria de Mauricio Macri y su hermano Gianfranco además de la detención con fines de extradición de este último, en caso de ser necesario, ya que vive en Uruguay.
 
Es en el marco de la causa que investiga el meganegociado de los parques eólicos, una de las pesquisas que más preocupa a la familia del líder del PRO, luego de que se conociera que Gianfranco fue el beneficiario final de un complejo entramado de compañías que ganó una millonada con la compra venta de seis agrupaciones de aerogeneradores de energía.
 
Una "maniobra fraudulenta cometida en perjuicio del Estado nacional" durante la gestión Cambiemos, apuntó el legislador que también pidió la citación del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por avalar la jugada.
 
La causa investiga un pasamanos millonario en favor de la familia Macri cuando Mauricio fue presidente de la Nación, aprovechándose de ese rol. Lo que hicieron, dicho en pocas palabras, fue entregar parques eólicos - mediante licitación - a una compañía en proceso de quiebra para luego, con empresas recientemente creadas por el ex contador de Socma, empresa de la familia, comprarlos a precios baratos y revenderlos a valores más elevados con una ganancia de al menos setenta millones de dólares en cuestión de meses.
 
Hasta el momento, Tailhade sabía de la existencia, según lo denunciado los últimos tres años, de un vínculo estrecho entre este negociado y la familia Macri pero nuevos elementos periodísticos los entrelazaron directamente. Según publicó La Nación, en una investigación hecha junto a un consorcio internacional de periodistas, Gianfranco Macri manejó la operación desde Luxemburgo como beneficiario final de la última empresa de la torre de compañías que maniobró el negocio de los parques eólicos.
 
Algo que apuntó Mariano Macri, hermano de Mauricio y Gianfranco, en el libro publicado por Santiago O'Donell y que se destacó en la ampliación de la denuncia presentada por el diputado del Frente de Todos: "En el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio, sin duda alguna. Gianfranco no ha tenido experiencia ni entidad como para llevar adelante la conducción y el crecimiento de todo el grupo durante los últimos años. Le sirvió a Mauricio como testaferro, y Mauricio encontró en el management su garantía de ejecución".
 
En relación a esto, Tailhade apuntó que "la íntima amistad entre uno de los sujetos que aportaron dinero para este negociado, Carlos Tévez, y el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y el reconocimiento público del futbolista respecto a que su amigo siempre le aconsejó sobre cómo debía administrar su dinero, llevan a presumir con cierto grado de certeza que fue el propio Mauricio Macri quien lo convocó a este negocio seguro y multimillonario.
 
Con la declaración de Mariano Macri, se disipa cualquier duda que pueda haber sobre el conocimiento que tenía el exPresidente sobre esta operación". En El Destape Radio dijo, el domingo, que el exmandatario también debería estar imputado en la causa.
 
Sobre el rol de Gianfranco, la nueva información periodística señaló que su compañía, Lares Corporation, "encaró los negocios de energía renovable. Es una empresa que está declarada desde el primer momento ante la AFIP. Lares invirtió en los parques eólicos a través de Rainbow Finance, un fondo de inversión compartido en el que no sólo él invirtió". Ante esto, el diputado pidió conocer si la información es cierta y si las empresas "base" del entramado - Sidsel, Sideli y Usir Argentina - tributaron por la venta de los parques eólicos y los dividendos recibidos.
 
Pero también pidió abrir "otra línea investigativa" para abordar "la presunta existencia de sociedades o fundaciones creadas por los Macri en Luxemburgo para fugar divisas y evadir impuestos", así como un convenio firmado el 13 de abril de 2019 entre su Gobierno y el Gran Ducado de esa ciudad "para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal", que espera ser ratificado - o no - en el Congreso.
 
Por si fuera poco, el diputado apuntó la posibilidad de una intervención de la mesa judicial macrista en todo este negociado, hipótesis que "surge de los estados contables de GENNEIA S.A., compradora de Loma Blanca IV (uno de los parques eólicos en cuestión). La empresa comandada por la familia del recientemente fallecido Jorge Horacio Brito estima haber pagado US$ 40.000.000 en una operación que le va retribuir US$ 3.500.000 en los 8 años que le quedan de contrato, suma muy inferior a lo que le redituaría colocar ese dinero en la plaza financiera".
 
Tailhade se preguntó por qué se accedió a entrar en este poco rentable negocio y respondió que abonó ese monto "el 29 de noviembre de 2017. Una semana antes, el 22 de noviembre, Jorge Horacio Brito fue citado a indagatoria en el marco de la causa Ciccone, e indagado en tiempo récord, el 27 de ese mes". O sea, abonó dos días después de la indagatoria y siete días después de la citación. "¿Fue utilizada la mesa judicial del macrismo también para los negocios personales del ex presidente Mauricio Macri?", se interrogó.
 
 
La maniobra
  
La historia comenzó en 2009 cuando la empresa española Isolux ganó la licitación de cuatro parques eólicos. Sin embargo, con el paso de los años, no cumplió con ninguna de las cuestiones estipuladas en el contrato ni hizo las obras y avanzó en un proceso de quiebra. Cuando llegó el macrismo, lejos de quitarle las concesiones y lanzar una nueva licitación, le dieron otros parques eólicos que, poco después, la compañía vendió.
 
Las compradoras fueron Sideli SA y Sidsel SA, creadas por Mariano Payaslian, ex contador de Socma. Ambas firmas fueron armadas poco antes de la adquisición. Las mismas son controladas por otra, Usir Argentina, también fundada por el mismo sujeto el 29 de diciembre de 2015, diecinueve días después de la asunción de Cambiemos. Todo muy ajustado de tiempos.
 
Como una torre de empresas, Usir Argentina es controlada por Usir International Holding S.L., una sociedad constituida bajo las leyes del Reino de España. Y, por si fuera poco, de acuerdo a lo consignado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Barcelona (BORME), Usir Internacional es controlada por Rainbow Finance, una sociedad radicada en Luxemburgo.
 
Las últimas informaciones dadas a conocer por la investigación de un consorcio de periodistas y publicadas localmente por La Nación de la mano de Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon, revelaron "que detrás del entramado societario está Gianfranco Macri, a través de Lares Corporation SPF, que invirtió en los parques eólicos utilizando a Rainbow Finance".
 
Por Carla Pelliza
 
Fuente: El Destape
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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