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Nacionales - 18-02-2021 / 10:02
FRENTE A TRIBUNALES POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Masiva manifestación para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo

Masiva manifestación para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo
Miles de personas se manifestaron este miércoles frente al Palacio de Tribunales porteño para exigir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y para que se implementen políticas públicas efectivas contra la violencia de género.
Miles de personas se manifestaron este miércoles frente al Palacio de Tribunales porteño para exigir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y para que se implementen políticas públicas efectivas contra la violencia de género. "Quiero vivir sin miedo" y "A mí me cuidan las pibas", fueron las dos consignas que más se repitieron frente a la sede del Poder Judicial de la Nación.
 
De la movilización participó la madre de la joven, con una bandera exigiendo justicia por su hija, que fue asesinada el 9 de febrero por su exnovio, un integrante de la policía bonaerense. También estuvieron familiares y amigos de numerosas víctimas de femicidios con carteles recordándolas y exigiendo justicia.
 
Mujeres que llegaban solas o con sus amigas y parejas desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires se mezclaban en la Plaza Lavalle con militantes de distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas.
 
Además de los pasacalles, más de una docena de jóvenes se acostaron desnudas y cubiertas con plásticos transparentes frente al Palacio de Tribunales para representar a las víctimas de femicidios con un cartel que indicaba "298 femicidios del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020, 54 hicieron denuncias previas, 19 tenían medidas judiciales, y 15 femicidas pertenecen a las fuerzas armadas o de seguridad. Basta de justicia patriarcal, el Estado es responsable".
 
De la manifestación participaron Movimiento Sur, Las Rojas, Unidas y la Izquierda, el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), La Poderosa, la CTA, ATE, el Frente Popular Darío Santillán, Mumalá, Nuevo Encuentro, Kolina, Unidos y Organizados y el Movimiento Popular La Dignidad entre otras organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas.
 
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Femicidio de Úrsula Bahillo: manifestantes reclamaron justicia frente a Tribunales
 
Familiares y amigos de víctimas de violencia de género, además de militantes y referentes de organizaciones sociales y estudiantiles, marcharon frente a los tribunales de todo el país en repudio del femicidio de Úrsula Bahillo. Convocados por la agrupación Ni Una Menos, los manifestantes exigieron reformas en la Justicia para evitar nuevos crímenes como el cometido en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires.
 
La convocatoria del colectivo feminista tituló la protesta "Por Úrsula, por todes", e invitó a diferentes agrupaciones e individuos de todo el país a sumarse al reclamo. La cita comenzó a las 17 en la puerta de todos los Tribunales del país y el reclamo se basa en el pedido de agilización y mejoras en la Justicia para evitar otros femicidios.
 
Madres de víctimas de violencia de género cuyos casos tuvieron repercusión a nivel nacional se dirigieron a las principales movilizaciones para sumar su adhesión. Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, fue una de ellas. En diálogo con A24, declaró: "Esta marcha es un grito desesperado para que no nos sigan matando. Por favor, es un horror. Les agradezco un montón el apoyo para todas las mamás que tienen que lamentar una muerte a manos de un violento. Yo lo he pasado, sé lo que es, y lloro con ellas y con cada una de las que mueren".
 
"Tenemos que comprometernos desde nuestro lugar a trabajar fuertemente, por supuesto, en la concientización, la educación y todo con lo que venimos trabajando. Pero también revisar qué es lo que pasa en el sistema, que una víctima es tan vulnerable después de haber denunciado. Las chicas se mueren habiendo denunciado, con perimetrales y teniendo una restricción", señaló.
 
Patricia Nasutti, la madre de la joven asesinada a puñaladas por su ex novio, fue recibida por Alberto Fernández en la Casa Rosada instantes después de las 15:30 hasta cerca de las 18. Ingresó con un cartel que reza "Justicia por Úrsula". También participaron del encuentro la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo; y de Seguridad, Sabrina Frederic.
 
Cuando finalizó la reunión, habló con la prensa y dijo: "El Presidente nos recibió, estuvimos reunidos dos horas y fuimos muy bien escuchados. Hicimos el pedido que como mamá y papá necesitamos, que es ser escuchados para que la Justicia cambie, para que no haya otra Úrsula. El Presidente nos ha prometido varias cosas, que las va a cumplir".
 
La madre de Úrsula contó que Alberto Fernández se había ofrecido a ir a su casa en Rojas para mantener la reunión, pero al enterarse de que iban a viajar a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la marcha, les ofreció encontrarse en la Casa Rosada. "Voy a reservar lo que hablé con el Presidente porque sinceramente no lo conocía más que por televisión. Me dio su celular personal, al igual que las ministras (que participaron de la reunión), y nos dijeron que están a nuestra disposición", contó.
 
Les pidió a los argentinos que "se saquen la bandera política" que pueda tener cada uno para apoyar la causa contra los femicidios. Y concluyó: "Lo que les puedo decir es que Alberto Fernández me escuchó como mamá y me voy totalmente contenta, a pesar de la tristeza que tiene mi alma".
 
Úrsula Bahillo fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero pasado por su ex pareja, el policía de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, en un descampado cercano a la ciudad de Rojas.
 
Úrsula había denunciado a Martínez en dos oportunidades por violencia de género y por romper el límite perimetral que se le había impuesto, pero aun así la asesinó de 15 puñaladas en todo el cuerpo después de llevarla en su auto a las afueras de la ciudad.
 
Tanto Bahillo como su madre habían apelado a todas las herramientas de denuncia disponibles. Pero las irregularidades cometidas en la Comisaría de la Mujer de Rojas, sumadas a la sospecha de que hubo encubrimiento del personal policial a Martínez de parte de otro integrante de la fuerza, condujeron hacia el desenlace fatal.
 
"¿Qué pasa cuando una mujer, lesbiana, travesti o trans denuncia violencia de género? Espera horas que la atiendan en la línea 144, y cuando sucede le dicen que vaya a la comisaría a hacer la denuncia o a la Oficina de Violencia Doméstica si está en CABA. Otra vez la espera de horas, y la revictimización. Con suerte, consigue que se dicten medidas de protección: para todas las mismas", había publicado la organización Ni Una Menos en el anuncio de la marcha en Facebook.
 
"La víctima está sola frente a la policía -que nos toma por locas- y a una Justicia que no escucha. Sola, salvo por el acompañamiento de amigas o de organizaciones feministas en el mejor de los casos. Solas, encerradas por ese sistema de medidas de restricción que nadie hace cumplir. Existen los refugios pero son pocos y siguen sosteniendo el paradigma de perderlo todo en un encierro obligado y privado de los afectos cercanos mientras los agresores siguen con su vida. En el caso de Úrsula, le dieron vía libre institucional al femicida. La Justicia es responsable", completaron.
 
Fuente: Infobae
 

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Masiva manifestación para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo
Más de una docena de jóvenes se acostaron desnudas y cubiertas con plásticos transparentes frente al Palacio de Tribunales para representar a las víctimas de femicidios.
Masiva manifestación para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo
El reclamo también apuntó al Poder Judicial: exigen cambios para que no haya más femicidios.
18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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