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Nacionales - 18-02-2021 / 09:02
RETENCIÓN DE PRODUCCIÓN Y FALTA DE ENTREGA DE ALIMENTOS

Imputan a grandes empresas de consumo masivo por desabastecimiento

Imputan a grandes empresas de consumo masivo por desabastecimiento
El Gobierno imputó a 11 empresas de primera línea por el faltante de productos incluidos en el programa de Precios Máximos, instituido a partir de la pandemia. Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian fueron acusados por retener productos para su comercialización y generar faltantes en supermercados. Las compañías deberán normalizar el abastecimiento dentro de 5 días hábiles. Si no lo hacen o no consiguen justificar lo sucedido, pueden sufrir multas millonarias.
La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó este miércoles a un grupo de grandes empresas de venta de productos de consumo masivo por desabastecimiento ya que comprobó que redujeron su producción o no la entregaron, con lo que generaron faltante en supermercados. Se trata de las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, en las que detectó que retenían o no entregaban productos de consumo masivo para su comercialización.
 
"Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda", "establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo del año 2020", señaló Comercio Interior en un comunicado.
 
Esa resolución establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos y tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados. El organismo señaló que, durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo.
 
A partir de eso se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021. Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos.
 

 
En el comunicado, Comercio Interior detalló que en la multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos. En la multinacional alimenticia Danone se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres. En la multinacional P&G, que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes.
 
En el caso de Fargo, se evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades. En Aceitera General Deheza (AGD) se acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones de aceites. En Molinos Río de la Plata se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites. En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas.
 
La láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo y fueron imputadas por este motivo.
 
La Opinión Popular
 
 
EL GOBIERNO IMPUTÓ A 11 EMPRESAS POR DESABASTECIMIENTO
 
Los pícaros de las fábricas de alimentos
 
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, imputó a 11 empresas que fabrican alimentos y productos de la canasta básica, por considerar que habrían retenido volúmenes de producción o bien pudieron tener falta de entrega de bienes de consumo masivo.
 
Luego de pesquisas que se iniciaron a fines del 2020 observando faltantes en góndolas, el Estado constantó que las firmas Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza (AGD), Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, habrían incumplido con consideraciones vigentes en la Resolución 100, con la que se instauró el acuerdo de Precios Máximos, una canasta de valores congelados mientras durara la pandemia.
 
Como paso legal, la imputación obliga a las compañías involucradas a acreditar, en cinco días hábiles, el cumplimiento de la norma y a la vez restablecer los stocks al nivel de noviembre del 2020. Sobre el tema, la secretaria de Comercio, Paula Español, detalló que el Gobierno será "implacable con los especuladores" y aseguró que la decisión tiene "el objetivo de cuidar el bolsillo de todas y todos los argentinos".
 
Más allá de que la medida llega justo cuando el Gobierno discute con sindicatos y empresarios un acuerdo de precios y salarios, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se encargó de diferenciar los tantos: "el diálogo no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes, son dos cosas distintas. Lo cual no obsta que sigamos dialogando", dijo sobre las imputaciones.
 
Y contó que "cuando se fue a requerir por qué sucedía esto, que el supermercado no tenía el producto, se mostraba que no era un problema del supermercado en sí sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la Secretaría detecta una reducción del volumen de producción" por parte de las empresas.
 
 
Un camino legal, lejos del morenismo
  
A diferencia de otras medidas o incluso de los métodos poco efectivos del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, la pesquisa actual consigue fortaleza propia no sólo en las pruebas, sino en el seguimiento de los pasos legales para la concreción. En el caso que se deba, habrá multas y sanciones o, en su defecto, el cierre de las causas. Todo en el marco de los pasos que dicta la Ley de Abastecimiento.
 
Según detallaron fuentes oficiales, la imputación es un proceso administrativo que implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la Secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación. Una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD), debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación.
 
Las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales. Naturalmente, de comprobarse las irregularidades, las sanciones posibles van desde los 500 pesos a los 10 millones de pesos. "El objetivo no es sancionar, sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta", aclararon en el Gobierno.
 
 
El rastro de los aderezos
  
Según supo Página I12, la investigación que derivó en la advertencia a las empresas se inició a mediados del 2020 tras la pista del faltante de productos. Una simple inspección ocular observó que había un producto desaparecido de las góndolas: aderezos como la mayonesa y la mostaza, de casi todas las marcas que los tenían en Precios Máximos. Luego, con el tiempo, ocurrió lo mismo con aceites o panes lactales.
 
La pregunta fue, entonces, dónde estaba la mercadería que no se estaba vendiendo en los grandes supermercados, comercios alcanzados por la resolución oficial de Precios Máximos. Así, primero se revisaron los depósitos de grandes cadenas. Se siguió con la distribución de esos alimentos, y se terminó en las mismas empresas que fabrican los bienes. Pero la mercadería, en general, no estaba acopiada en ningún lugar.
 
Mientras el Gobierno aguarda el descargo de las empresas, este no acopio se explica - desde fuentes que conocen el sector de ventas-, por dos vías: por un lado, para evitar el corset de Precios Máximos, las empresas fabricaban productos que en la jerga se denominan "innovadores". Son casi iguales que los que están congelados pero con algun agregado extra que les permite diferenciarlos y venderlos más caros.
 
De este modo, obligan a los super a comprar la variante o quedarse sin oferta. Por otro lado, como el Gobierno mantiene con los supermercados nucleados en ASU un sistema on line diario de información de precios y volúmenes, los fabricantes derivaron esos productos que no se encontraban en la góndola de los grandes comercios, a los super chinos o almacenes. Eso les permitía colocar a precio más caro, sin límite, el mismo producto que no querían vender sin aumento en grandes superficies. Aprovechando, además, que los locales orientales y almacenes representan casi del 70 por ciento de las bocas de expendio totales.
 
 
Las irregularidades
  
El Gobierno detalló que, partir de la evidencia antes mencionada, "se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021".
 
Una mirada a los casos refleja que, por ejemplo, en la multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, "se detectó una caída de casi el 100 por ciento en su inventario de aderezos". Por su parte, en la francesa Danone "se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado". En la estadounidense Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, "se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes".
 
La panificadora y elaboradora de pastas Fargo "también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades". En aceites, la empresa local AGD "acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones". De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata "se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites". En Bunge, en tanto, "también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas".
 
Por último la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini "no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo".
 
Por Leandro Renou
 
Fuente Página12
 

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06-03-2021 / 09:03
La policía de Formosa reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación contra el gobierno de Gildo Insfrán por su decisión de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decidida el jueves por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 luego de detectar un rebrote de 43 contagios, la mayoría en la capital.
 
El lamentable operativo incluyó detenciones y provocó heridas en varios manifestantes. La represión -que fue bastante dura- alcanzó repercusión nacional y fue repudiado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Secretaría de Derechos Humanos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y organizaciones de derechos humanos.
 
Los grandes medios opositores porteños se encargaron de transmitir los hechos al mismo tiempo que denunciaban todo lo actuado por Insfrán en los meses de la cuarentena. La demagogia y la utilización política no se hicieron esperar. Desde la cúpula de Juntos por el Cambio, en un acto de cinismo desvergonzando, Patricia Bullrich repudió la represión. No fue la única figura de este espacio en hacerlo, las condenas llovieron. Las mismas que están ausentes cuando se reprime en provincias gobernadas por ese espacio político, como en Jujuy.
 
La represión de este viernes mostró el carácter políticamente regresivo que tiene el gobierno de Formosa. Al mismo tiempo desnudó la demagogia política de la oposición de Juntos por el Cambio, que fogoneó la protesta provincial al tiempo que la utilizó para hacer política a escala nacional. Para la oposición derechista, solo se trata de debilitar al Gobierno. Es repudiable la represión en Formosa y es ridícula la derecha repudiando la represión en Formosa.
 
La represión siempre está mal venga de donde venga, pero ver dirigentes macristas indignados por el accionar de la policía de Formosa, y cuando fueron gobierno, repartían palos a diestra y siniestra a los jubilados, mientras miraban complacidos, es de una hipocresía  garrafal.
 

06-03-2021 / 08:03
La persecución judicial realizada por el macrismo contra sus adversarios iba a llevar al Poder Judicial a este callejón sin salida que deja a la República con una pata chueca. El circo que organizaron alrededor de una mujer que fue senadora, dos veces presidenta, actual vicepresidenta y la lideresa política más popular del país, iba a durar lo que durara la paciencia de la acusada.
 
Cristina se plantó y ahora el Poder Judicial tiene una cantidad de causas armadas que no se sostienen ni con el respaldo furioso de las corporaciones mediáticas. Hay un problema institucional grave. Cristina Kirchner no es el poder hegemónico. Es el poder popular hostigado por el poder hegemónico a través del Poder Judicial.
 
Cuando una vicepresidenta y el gobernador de la provincia donde vive el 40 por ciento de los habitantes del país, acusan al Poder Judicial de actuar en forma parcial y lo demuestran en forma abrumadora, se produce un conflicto institucional al que el Poder Judicial necesita dar respuesta. Porque en el mismo instante en que eso sucede, se pone en tela de juicio todo el andamiaje jurídico que sostiene la convivencia de una Nación.
 
Si la mayoría de los habitantes de este país considera que este sistema judicial siempre falla en función de los intereses de los poderes fácticos, el sistema pierde sentido, incluso para los que se aprovechan de esa circunstancia.
 
Porque en el momento que se produce ese disloque, el Poder Judicial pierde autoridad como árbitro legítimo. Es un Poder Judicial sin legitimidad. Esa falta de legitimidad de uno de los tres poderes sobre los que se asienta la República implica una crisis institucional grave.
 

05-03-2021 / 10:03
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que la causa "dólar futuro" es "la historia de un disparate jurídico y de una aberración moral" y llamó a los jueces de Casación a "terminar con esta farsa simplemente aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto", al hablar en la audiencia previa a decidir si se cierra el caso por inexistencia de delito. "Esta causa se usó para un negociado" de quienes fueron funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, agregó el mandatario provincial.
 
Además de hacer hincapié en que no hubo delito en la causa, Kicillof aseguró que "es una historia de persecución política, un disparate jurídico y el negocio del macrismo con el tipo de cambio". En esa línea, en una audiencia clave para definir si el expediente se eleva a juicio oral, el gobernador bonaerense se dirigió a los jueces y les dijo: "Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto". "Los peritos contables de la Corte Suprema dan todos los elementos para decir lo que todo el mundo sabe: que acá no hay ningún delito", sostuvo.
 
Sobre este punto, resaltó que "desde el primer día" pidieron que se demuestre que "lo que pasó no es delito", y recordó que la pericia de contadores de la Corte Suprema de Justicia ya comprobó que no hubo perjuicio para el Estado nacional. "Querían seguir enjuiciando, persiguiendo, inventando hechos con una acusación falsa. Sinceramente este juicio no se puede realizar porque no hubo delito", manifestó.
 
"Es la historia de una infamia absoluta. Intencionalidad política, la causa se usó para ganar las elecciones de 2015", ratificó. Según el gobernador, este expediente "también se usó para un negociado cuando cambió el Gobierno, para fijar cuánto iban a ganar los que después fueron funcionarios de Macri, devaluaron y se embolsaron la plata".  A su vez, Kicillof declaró que incluso "los testigos cambiaron las acusaciones".
 

05-03-2021 / 09:03
La vicepresidenta Cristina Fernández se convirtió en la gran acusadora de un sistema de justicia que no tiene ninguna credibilidad para la mayoría de los argentinos. Lo que debería haber sido una defensa se transformó en acusación y desde el banquillo de los acusados no sólo demolió la acusación sino que demostró con las fechas en la mano la manera como el macrismo armó esas acusaciones con la complicidad de los medios hegemónicos y de los funcionarios judiciales para utilizarlas en plena campaña electoral.
 
"Eso no solamente es lawfare, es también intromisión y manipulación de la política electoral por parte de ustedes los miembros del Poder Judicial", afirmó Cristina, que calificó la causa del dólar futuro como "un leading case de manipulación del poder judicial en los procesos electorales y en la política".
 
No había Macri Presidente sin lawfare. No hay lawfare sin Clarín. No hay Clarín sin las grandes corporaciones económicas que lo financian. No se trata de encarcelar a Cristina sino de proscribirla para imponer planes económicos neoliberales. "Que se despabilen los argentinos de una vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos", insistió la ex Presidenta.
 
El sistema de lawfare que dejó el macrismo ya no resiste. Cuando la justicia deja de ser creíble para la mayoría, ya no sirve como institución. Para poder decidir sobre vida y obra de cualquiera, tiene que ser, como requisito indispensable, aceptada, intachable, creíble, transparente. Todo eso lo perdió con las manipulaciones turbias del macrismo para perseguir a sus adversarios políticos. Y cuando la justicia deja de ser creíble y aceptada, es lo mismo que no existiera. 
 

04-03-2021 / 11:03
La jueza Marta Cirulli inició el tramo final del proceso de salvataje del Correo Argentino, al considerar que las acciones de la firma valen cero pesos y que su millonaria deuda se debe computar con intereses, lo que el gobierno de Mauricio Macri había intentado evitar mediante un acuerdo abusivo y ruinoso para el Estado. La magistrada anunció que quienes se postularon para el salvataje tienen 20 días para ofertar y lograr el acuerdo de los acreedores.
 
La resolución de la jueza del caso del Correo Argentino inició la cuenta regresiva hacia la posible declaración de quiebra de la empresa de los Macri que intentó licuar su deuda millonaria durante el gobierno de Cambiemos. El texto afirma que el valor de las acciones de la empresa, que está inactiva, es nulo, lo que indicaría que hubo maniobras de vaciamiento tal como denunció la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín.
 
La firma le debe al Estado 4500 millones de pesos. Si el proceso de rescate no prospera será la controlante Socma --de la familia Macri-- la que deberá afrontar el pago de lo adeudado. En los papeles de la empresa figuran como dueños Gianfranco Macri, Franco Valladares Macri, Rodrigo Valladares Macri, Mariano Macri y Florencia Macri. La posible existencia de maniobras fraudulentas como el vaciamiento, a través de desvíos millonarios hacia sociedades del mismo grupo y empresas amigas, agravan la situación.
 
Pero, además, anuncia que las personas físicas y jurídicas que se postularon para el salvataje de la firma tienen desde ahora 20 días para hacer sus ofertas y conseguir la conformidad de los acreedores, que son cerca de 800, entre ellos el Estado. Mientras esto sucede, los abogados del grupo Macri intentan que intervenga el Tribunal Superior de la Ciudad porteña, que nada tiene que ver con un expediente concursal que tramita en la Justicia nacional. 
 

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