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Nacionales - 14-02-2021 / 09:02
LA JUSTICIA INJUSTA

La democracia no va con jueces que arman causas para perseguir peronistas y que garantizan impunidad al macrismo

La democracia no va con jueces que arman causas para perseguir peronistas y que garantizan impunidad al macrismo
Después de una seguidilla de fallos judiciales en línea con el lawfare antigobierno, el Presidente y la ministra de Justicia resaltaron que una democracia no puede convivir con jueces que acordaron con el PRO "armar causas para perseguir a sus opositores" y que garantizan ahora la impunidad del macrismo. Alberto Fernández resaltó la necesidad de "imperiosos cambios".
Después de una seguidilla de fallos judiciales en línea con el lawfare antigobierno, el Presidente y la ministra de Justicia resaltaron que una democracia no puede convivir con jueces que acordaron con el PRO "armar causas para perseguir a sus opositores" y que garantizan ahora la impunidad del macrismo. Alberto Fernández resaltó la necesidad de "imperiosos cambios".
 
La jugada de la Casación Federal para llevar la megacausa de espionaje macrista de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py, donde la connivencia entre jueces macristas, espías macristas y medios macristas fue siempre parte del paisaje, fue la gota que rebasó el vaso.
 
El Presidente fustigó a "los jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos", poco después de que la decisión del máximo tribunal penal del país fuera motivo de festejos y alivio para ex funcionarios de Mauricio Macri, que reclamaban el pase a gritos.
 
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, destinó sus críticas a los jueces de Casación --denunciados algunos de ellos la semana pasada por sus encuentros con el expresidente-- y a Carlos Stornelli, el fiscal procesado en la causa de espionaje de Dolores que ahora por la tómbola de los tribunales de Retiro quedaría a cargo de investigar justamente a quienes, en otra jurisdicción, sostienen que serían sus terminales.
 
Ahora, con la decisión de Casación, la corporación judicial tiene la responsabilidad de investigar una trama de espionaje ilegal y armado de causas durante el gobierno de Macri. Es decir que tiene que investigarse a sí misma porque muchos de sus miembros formaron parte de los delitos. ¿Alguien puede imaginar de lo que serán capaces para taparlo todo? Con estas decisiones, por sentido corporativo o por lo que fuere, se suman al plan de encubrimiento del lawfare.
 
La Opinión Popular
 

 
EL PRESIDENTE Y LA DECISIÓN DE CASACIÓN DE TRASLADAR LA CAUSA DE ESPIONAJE ILEGAL MACRISTA A COMODORO PY
 
Alberto Fernández: "Es imperioso abordar cambios en la Justicia"
 
"Es difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos", tuiteó el Presidente. "Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder", completó y retuiteó un largo hilo que había hecho Losardo con un diagnóstico sobre el mal funcionamiento del Poder Judicial.
 
La reacción del Presidente y de la ministra ocurrió un día después de que los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo decidieran sacarle al juez Juan Pablo Augé la investigación que involucra a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a funcionarios del riñón de Macri como su secretario privado, Darío Nieto. La primera respuesta oficial fue la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como víctima del espionaje y querellante en la causa, le reclamó al juez Augé que no mandara el expediente a Py porque ella iba a apelar a la Corte Suprema, diciendo que se trataba de un hecho de gravedad institucional sin parangones.
 
Losardo sacó a relucir una encuesta que muestra que el 87,9 por ciento de los argentinos son críticos o descreen del Poder Judicial, que es, a todas luces, un problema político en la región, como lo mostró también en Brasil y Ecuador. Más allá de Comodoro Py, fuente frecuente de quejas por la politización de sus integrantes más selectos, la semana pasada la justicia quedó en el ojo de la tormenta por su accionar previo al femicidio de Úrsula Bahillo.
 
Sin embargo, las críticas más cáusticas de la ministra de Justicia, que habitualmente cultiva un perfil bajo, estuvieron enfocadas hacia los tribunales de Retiro. "Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el Presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio", escribió Losardo.
 
En la misma línea, el diputado Martín Soria denunció al presidente de la Casación Federal, Gustavo Hornos, por seis visitas a la Casa Rosada que coincidían con fallos adversos para el kirchnerismo. Borinsky fue objeto de críticas públicas, aunque no lo integraron en la denuncia ante la fiscalía que investiga a la llamada mesa judicial macrista. "Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas", agregó.
 
Hubo un destinatario obligado del malestar de la ministra, validado por el Presidente: el fiscal Stornelli, procesado por el juez Alejo Ramos Padilla por sus andanzas junto con Marcelo Sebastián D'Alessio. "Ver que un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación", sostuvo Losardo.
 
Los tuits de Fernández y de la ministra serán el tema de conversación obligado del feriado de carnaval entre los integrantes de los tribunales de Comodoro Py, señalado como la cuna del lawfare por el oficialismo. Hasta ahora, el gobierno logró cortar una de las patas del trípode de poder histórico en los tribunales de Retiro, que es la intervención de los espías en la justicia.
 
Sin embargo, no ha conseguido avanzar con el proyecto de reforma judicial, que espera en la Cámara de Diputados por la falta de acompañamiento de la oposición. Lo mismo sucede con la reforma del Ministerio Público, que relaja la mayoría necesaria para nombrar al procurador --cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, que cuenta con el apoyo opositor y fue un sostén de Stornelli durante el último tiempo-- y que permitiría avanzar con la designación del candidato del presidente, el juez Daniel Rafecas.
 
 
Tiempo de reformas
  
Hay consenso alrededor del mal funcionamiento de la justicia. Lo dicen los juristas, lo dice la oposición, pero el consenso no se traduce en votos. "A los que la criticamos hace tiempo, la justicia federal penal todos los días nos da la razón", dice Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). "Hay que tomarse en serio el cambio en la justicia y en el Ministerio Público. Estamos hace años paralizados. ¿Por qué no cambiar todo de una vez?", reclama Binder.
 
"Sabemos que el Poder Judicial no funciona de forma óptima. El presidente tiene una herramienta muy importante, que es trabajo que el consejo consultivo hizo, y que se podría traducir en distintas leyes sobre la Corte, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, la innovación tecnológica del Poder Judicial y el juicio por jurados", sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que integró ese grupo de expertos.
 
"El diagnóstico que hace la ministra Losardo y comparte el presidente es correcto", agrega la abogada Graciana Peñafort. "Resulta importante que se operativicen algunas cuestiones que traigan un mejor funcionamiento para dar mayor transparencia", explica. "Se debe también incentivar la investigación de todos los responsables --tanto funcionarios judiciales como políticos-- de las maniobras destinadas a la persecución de opositores políticos y promover la revisión de todos los procedimientos que van desde las escuchas ilegales hasta el pago de testigos", insiste.
 
Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio.
 
Semejante contexto, que se profundiza con detenciones arbitrarias y juicios que se prolongan en el tiempo sin que se obtengan sentencias jurídicas razonadas, hacen que la República se degrade inexorablemente.
 
El Presidente Alberto Fernández se comprometió a poner fin a los sótanos de la democracia. Así, los servicios de inteligencia ya no operan en tribunales, propuso al Congreso Nacional una reformulación de la Justicia Federal y analiza las propuestas de reforma de un comité de juristas.
 
Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros, consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas. La "Mesa Judicial" existió y dió los resultados que sus miembros buscaban.
 
Todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas y que justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se han asociado a los propósitos de aquél gobierno.
 
La soberbia con la que esos jueces y fiscales se mueven solo se explica por la protección política de la oposición y el discurso mediático que va en su auxilio para encubrirlos. Es insólito que, ante tantas evidencias, ni siquiera tengan el buen tino de excusarse.
 
Ver qué un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación
 
Argentina necesita jueces que vuelvan a ocupar el lugar que la República les reclama. Jueces decentes y capaces, que dejen de servir al poder político de turno, que no cedan a las presiones corporativos y que se dediquen simplemente a impartir justicia.
 
Si la sociedad argentina no asume la gravedad que representa que el sistema judicial, tras la falsa invocación de su independencia, siga adelante con tan nocivas prácticas, solo acabará enfrentándose a una nueva y tremenda frustración
 
Ya es hora de poner ética y rectitud allí donde evidentemente esos valores han sido dejando de lado. Es hora de abordar las transformaciones necesaria para garantizar una buena administración de justicia.
 
Si no lo hacemos, los títulos de los diarios seguirán contándonos cómo los impunes opositores y sus amanuenses se burlan de nosotros.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

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