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"Me acusaron de envenenador serial y ahora me piden que consiga veneno para todos los argentinos". Alberto Fernández
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Nacionales - 13-02-2021 / 10:02
EL LAWFARE A TODO VAPOR

El basural que dejó el macrismo manipulando la justicia

El basural que dejó el macrismo manipulando la justicia
Mentras en Argentina se acumulan los fallos insólitos, para profundizar o cubrir las operaciones armadas contra la oposición a Macri, en Brasil la Corte puso por primera vez verdaderamente en crisis la causa del Lava jato, destinada a voltear a Dilma y mantener a Lula proscripto.
Llamó por teléfono a la comisaría para que devuelvan las bombachas que habían robado a una feriante y la condenaron a dos años de prisión por amenazar a la policía. El fallo más ridículo contra Milagro Sala fue avalado esta semana por la Corte Suprema. Al mismo tiempo Casación arrebató dos causas de espionaje durante el macrismo y se las entregó de hecho al fiscal Carlos Stornelli, imputado en otra causa por espionaje.
 
Al presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, le comprobaron seis visitas a la Casa de Gobierno entre 2016 y 2018 antes de polémicos fallos de su tribunal que perjudicaban a Cristina. El lawfare sigue a todo vapor por la estructura judicial que construyó y cooptó Mauricio Macri.
 
En Brasil, en cambio, un fallo de la Corte de ese país desbarató el famoso Lava Jato que fue tomado como paradigma de la lucha contra la corrupción y demostró que sólo buscaba apartar del gobierno al Partido de los Trabajadores.
 
Es una enumeración de lo que pasó en sólo una semana con relación al basural que dejó el macrismo en la Justicia y cómo se derrumbó el caso emblemático de lawfare en el continente.
 
Todo parece grotesco. La Corte Suprema avalando el caso de las bombachas, Casación entregando las dos causas por espionaje para que la investigue un fiscal imputado por espionaje, y el juez Hornos haciendo la consulta en la Casa Rosada durante el macrismo.
 

 
El jueves, cuando el diputado Martín Soria presentó la denuncia contra Hornos en la Cámara de Diputados, con los datos del libro de entrada de la Rosada que la sostenían, el denunciador serial Fernando Iglesias fue el encargado de defender al titular de Casación. El diputado macrista habló del "chiquero de las denuncias". Iglesias conoce ese chiquero porque fue uno de los que más se revolcó allí.
 
Las repetidas visitas de Hornos a Macri durante el punto más alto de la persecución judicial contra ex funcionarios kirchneristas generó esta semana un escándalo en Comodoro Py, un territorio de piel curtida como para sonrojarse por denuncias de lawfare. Pero el libro de entradas de la Rosada no se puede desmentir y los pone en evidencia. Hubo jueces que reclamaron a Hornos que dé explicaciones a sus colegas. Seguramente habrá excusas.
 
Si tuviera que ser juzgado por lo que sucedió solamente esta semana, el Poder Judicial argentino tendría que ser condenado por la práctica vergonzosa del lawfare. Pondrán mil excusas, pero los hechos son contundentes.
 
Resulta evidente hasta para un ciego que la condena que avaló la Corte fue inventada como parte de una cascada de denuncias contra Milagro Sala. El único testigo es el policía que atendió el teléfono. Dijo que Milagro amenazó con poner una bomba en la comisaría si no devolvían las bombachas a la feriante.
 
Es el mismo modus operandi que con Cristina Kirchner o Amado Boudou y otros funcionarios kirchneristas. Los llenaron de denuncias para conseguir un impacto mediático que avalara las condenas irregulares que pudieran salir de esos juicios.
 
Quedará en los anales del bochorno judicial el día que Cristina Kirchner fue citada por el mismo juez a declarar en ocho indagatorias. La denunciaron por robar objetos históricos: una carta de San Martín que le había regalado Putin y un bastón presidencial que le había regalado la familia del expresidente Héctor Cámpora.
 
Los jueces aceptaban denuncias o condenaban sin pruebas reales, con testigos comprados, o extorsionados o cuentas dibujadas y falsos peritos y eran aplaudidos como si fueran héroes de la patria. Personajes como el fallecido Claudio Bonadio eran recibidos por los funcionarios macristas con aplausos cuando ingresaban a la embajada norteamericana.
 
Antes de ser convertido en héroe, Bonadio era el juez con más pedidos de juicio político en la Magistratura. Uno de ellos era por demorar una causa en la que los pacientes hemofílicos denunciantes se iban muriendo por haber contraído Sida en transfusiones de sangre mal hechas.
 
No son detalles. La mayoría de esas denuncias contra exfuncionarios kirchneristas se están cayendo. Otras ya tienen condenas, como la de Boudou. Todas, sin importar el estado judicial en que se encuentren, están invalidadas por ese mecanismo de lawfare. La única forma de hacer creíble esos juicios sería empezar de cero, con otros jueces y con los acusados en libertad.
 
En el gobierno existe la idea de que deberá ser el Poder Judicial el que se purifique a sí mismo. Exjueces como Carlos Rozanski y el ex magistrado Raúl Zaffaroni plantearon que la reacción corporativa entre los jueces y fiscales es más fuerte que cualquier intento de autodepuración.
 
En Brasil se produjo el caso emblemático de lawfare, como fue el Lava Jato, cuya culminación fue alejar a Dilma Rousseff y Lula del gobierno y reemplazarlos por el inepto Jair Bolsonaro. El Lava Jato fue tomado como modelo en otros países, además de Argentina para desprestigiar a dirigentes populares.
 
Pero ahora en Brasil, el descontento con el ultraconservador Bolsonaro creó el ámbito propicio para desconstruir el mecanismo que lo llevó al poder. El juez Gilmar Mendes, del Tribunal Supremo --equivalente a la Corte Suprema de Argentina-- ha dicho que "este modelo de Justicia es de un Estado totalitario, que fue complaciente con parte de los medios. Es, como dijo The New York Times, el mayor escándalo judicial de la historia de la humanidad. Está lleno de delitos, repercutiendo en todo el mundo".
 
Dijo eso tras dar a conocer la décima parte de los diálogos que pusieron en evidencia la conspiración política entre los fiscales y el juez Sergio Moro para armar causas judiciales contra Lula.
 
The New York Times se había explayado sobre el tema: "El Estado de derecho está cada vez más en peligro (en Brasil) con el beneplácito de buena parte del establishment político y económico que ayer respaldó ciegamente la operación Lava Jato y hoy apoya la llegada de un político acusado de corrupción a la presidencia de la Cámara de Diputados (el bolsonarista Arthur Lira), al tiempo que el Presidente desarticula la mayoría de las instituciones de lucha contra la corrupción y el crimen".
 
El juez Sergio Moro, la estrella del Lava Jato, pasó de ser un seguro presidenciable, al enorme descrédito y a trabajar en una consultora norteamericana sobre corrupción, seguramente con sede en Miami. En los diálogos de Moro con los fiscales que difundió el Tribunal Supremo quedó en evidencia la colaboración irregular del FBI norteamericano en esa conspiración.
 
"Moro y el Lava Jato usaron al Poder Judicial como 'la Stasi'", dijo el magistrado Gilmar Mendez, para espiar a otros jueces, a la Afip brasileña y para filtrar esa información a periodistas amigos y así presionarlos a ratificar los fallos de primera instancia".
 
Pareciera que hablara de Argentina porque es el calco. La diferencia es que aquí todavía la Corte no cuestiona esos procedimientos. Se considera que estas revelaciones constituyen la antesala de la anulación de los dos juicios de Lava Jato contra Lula y su rehabilitación política.
 
En Bolivia, tras el triunfo reciente de Luis Arce y el regreso del MAS al gobierno, el Congreso amnistió esta semana a 1.200 personas perseguidas judicialmente por el golpe que derrocó a Evo Morales. La presidenta de facto Jeanine Añez gobernó un solo año. En ese tiempo volaron las acusaciones de corrupción para perseguir a dirigentes del MAS.
 
Mientras los legisladores del oficialismo votaban la amnistía, la oposición que había respaldado el golpe contra Evo gritaba "¡Dictadura no, democracia sí!". Respaldaron el golpe pero acusan de dictadura al gobierno que ganó las elecciones y funciona con el Congreso a pleno.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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08-03-2021 / 11:03
El proyecto del oficialismo, impulsado por Sergio Massa, que sube el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias incorporó otros dos beneficios para los trabajadores y jubilados que queden eximidos de pagar el tributo en caso de aprobarse la iniciativa.
 
La implementación del nuevo piso en 150.000 pesos será retroactiva a enero, lo que implicará la devolución de lo pagado durante los primeros tres meses del año. Además, el aguinaldo quedará exceptuado para salarios que no superen ese mínimo.
 
Las modificaciones al proyecto original, que recogieron algunos de los planteos de los legisladores de extracción sindical, fueron difundidas por el presidente de la Cámara de Diputados a pocas horas de que comience su tratamiento. Mañana comenzará el debate en comisión.
 
El primer cambio determina que la implementación de la suba del nuevo piso a 150.000 pesos sea retroactiva a enero. Así, en caso de que la iniciativa se convierta en ley, lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses del año será reintegrado en el salario del mes de abril.
 
Desde el oficialismo destacaron que "los más de 1,2 millón de contribuyentes que dejarán de pagar el tributo, contarán con el beneficio extra de contar en su bolsillo con la devolución de aquello que hayan pagado en los meses de enero, febrero y marzo".
 
La segunda modificación incorpora la exención del pago de Ganancias al Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, de quienes no alcancen de forma regular el nuevo mínimo no imponible.
 

08-03-2021 / 07:03
El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará hoy en un plenario extraordinario por el Día Internacional de la Mujer, dos propuestas que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la prevención de los femicidios, en momentos en que crece la indignación social frente a la inacción de la justicia para prevenirlos.
 
Se votará la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género, y la realización de una auditoría en los juzgados --nacionales y federales-- para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y si jueces y funcionarixs que tratan esos casos han hecho la capacitación prevista en la Ley Micaela y otros cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores.
 
El tratamiento de las dos iniciativas se da tres semanas después de manifestaciones frente a los tribunales en todo el país contra "la justicia patriarcal" luego del femicidio anunciado de la adolescente Ursula Bahillo, y en el marco de un nuevo Paro Internacional Feminista, convocado este 8M con un llamado de una amplia articulación de organizaciones de mujeres y disidencias, sindicales -todas las centrales obreras--, políticas y sociales, a concentrar a las 17 frente al Congreso, para reclamar "contra las violencias machistas" y por "una reforma judicial feminista", "paridad en la Justicia", y "aplicación efectiva de la Ley Micaela en el Poder Judicial", entre otras demandas.
 

07-03-2021 / 09:03
Ningún análisis sobre la situación de Formosa puede pasar por alto un dato: la provincia siguió una estrategia exitosa de supresión del Covid que le permite mostrar cifras comparables a las de Nueva Zelanda o Corea del Sur, con una cantidad de recursos infinitamente menor. En esos países se realizaron cuarentenas muy extensas y estrictas, hubo un control férreo de las fronteras y se reaccionó rápidamente ante la aparición de pocos infectados para contener nuevos brotes.
 
Son casos excepcionales y que la misma oposición que condena al gobernador Gildo Insfrán usa como ejemplo para esmerilar la respuesta a la pandemia del gobierno nacional. Es válido discutir hasta qué punto se puede aceptar el sacrificio de ciertos derechos en pos de un objetivo sanitario, pero no hacerse los boludos.
 
No resulta excepcional, por el contrario, que un sector de la sociedad se rebele ante las medidas de restricción impuestas desde el Estado. Sucedió en todos los países del mundo y en muchos, desde Rusia hasta Italia, desde Chile hasta Gran Bretaña, las protestas se dispersaron con una respuesta policial desmedida.
 
Ninguna estrategia de lucha contra el coronavirus justifica la violencia institucional. La falta de proporción en la represión a las manifestaciones formoseñas del viernes pasado debe ser condenada sin peros. De ahí a sostener, como sostiene la oposición, que en Formosa no rige el estado de Derecho, que debe haber una intervención federal o se tiene que reclamar la presencia de veedores extranjeros existe una distancia enorme y una doble vara flagrante.
 
Durante los 14 años de gobierno ininterrumpido del PRO en la ciudad de Buenos Aires los casos de violencia institucional no solamente no fueron condenados por el oficialismo porteño sino que fueron reivindicados. En los cuatro de mandato de Mauricio Macri al frente del gobierno nacional, también.
 
Los mismos que denuncian una "dictadura" en Formosa reconocieron el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia, que llegó al poder con tanques en la calle, dirigentes políticos secuestrados y funcionarios linchados por patotas parapoliciales. La caracterización no es inocente: en el imaginario de derecha, la palabra Venezuela da carta blanca para la intervención extranjera o el golpe de Estado. El siguiente paso es transferir esa cualidad de Insfrán a Alberto Fernández. Ya está sucediendo.
 
La reaparición del "espantapájaros venezolano" en el discurso opositor puede ser una buena noticia para el gobierno, porque señala el agotamiento de la agenda que Juntos por el Cambio promovió estos meses. Con el programa de vacunación ya en marcha y aumentando su ritmo en todo el país, la impostura antivacunas no sólo pierde efectividad: resulta contraproducente a medida que las dosis van llegando a cada hogar.
 
Realidad efectiva, a prueba de operaciones mediáticas, aunque el costo que ya se cobraron es altísimo. Un antiguo proverbio atribuido a Confucio sostiene que cuando un hombre sabio señala a la luna, un hombre estúpido se queda mirando el dedo. 
 

07-03-2021 / 08:03
El presidente Alberto Fernández cuestionó en el Congreso al Poder Judicial y propuso leyes para adecentarlo. Varias se están discutiendo, alguna es mandato constitucional desde 1853, otras recogen tradiciones añejas. La derecha autóctona se indignó, el elenco estable de juristas de los medios dominantes clamó al cielo, como de costumbre.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández protagonizó por Zoom un clásico de la política: la acusada que desnuda a sus fiscales o jueces, que disecciona sus maniobras y a quiénes sirven. Los medios audiovisuales, condenados a divulgarla, acumularon un rating inusual para el horario.
 
La elusión de impuestos, la perpetuación antiética en los cargos, el maltrato a personas comunes que acuden a juzgados ordinarios son menú de todos los días. Llamar "Justicia" al Poder Judicial es un error de lenguaje, extendido.
 
Las rémoras de los Tribunales se expanden en otros fueros, "ordinarios" en jerga. Damnifican a gente común, litigantes de a pie. Las causas son eternas lo que ínsitamente favorece a la parte más poderosa.
 
Así es, de modo clavado, en los pleitos laborales, suele suceder en otros. Miles padecen destratos, plazos vaticanos, están impedidos de entender qué expresan las sentencias que les llegan tarde... Escritas en dialecto abstruso, para no ser comprendidas.
 
La lucha del movimiento feminista arroja claridad sobre el modus operandi judicial respecto de la violencia de género, con pico en los femicidios. La crónica diaria revela desprecios por las víctimas, pereza frente a sus demandas. Hasta pijotean la entrega de tobilleras. Están a su alcance, prevendrían in extremis hechos de violencia. "La Justicia" remolonea, en irrevocable declive.
 
Ciertas cuestiones se reiteran, como la persecución y la cárcel para dirigentes opositores al macrismo y al establishment. Cristina desenmascaró a sus juzgadores y a otros como ellos, sin apartarse del temario porque la agenda en debate es la insolidaridad cotidiana, los abusos de poder, el machismo, el sesgo de clase.
 
Los Poderes Judiciales son conservadores, por lo general. "Tiran" a derecha. Sus cuadros se anquilosan como élite. La mayor rémora del Poder Judicial argentino es ideológica. Los jueces naturalizan privilegios como la exención impositiva auto otorgada. Se hacen nombrar como "Su Señoría". Reparten puestos entre la parentela, practican la endogamia.
 
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
 

06-03-2021 / 09:03
La policía de Formosa reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación contra el gobierno de Gildo Insfrán por su decisión de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decidida el jueves por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 luego de detectar un rebrote de 43 contagios, la mayoría en la capital.
 
El lamentable operativo incluyó detenciones y provocó heridas en varios manifestantes. La represión -que fue bastante dura- alcanzó repercusión nacional y fue repudiado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Secretaría de Derechos Humanos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y organizaciones de derechos humanos.
 
Los grandes medios opositores porteños se encargaron de transmitir los hechos al mismo tiempo que denunciaban todo lo actuado por Insfrán en los meses de la cuarentena. La demagogia y la utilización política no se hicieron esperar. Desde la cúpula de Juntos por el Cambio, en un acto de cinismo desvergonzando, Patricia Bullrich repudió la represión. No fue la única figura de este espacio en hacerlo, las condenas llovieron. Las mismas que están ausentes cuando se reprime en provincias gobernadas por ese espacio político, como en Jujuy.
 
La represión de este viernes mostró el carácter políticamente regresivo que tiene el gobierno de Formosa. Al mismo tiempo desnudó la demagogia política de la oposición de Juntos por el Cambio, que fogoneó la protesta provincial al tiempo que la utilizó para hacer política a escala nacional. Para la oposición derechista, solo se trata de debilitar al Gobierno. Es repudiable la represión en Formosa y es ridícula la derecha repudiando la represión en Formosa.
 
La represión siempre está mal venga de donde venga, pero ver dirigentes macristas indignados por el accionar de la policía de Formosa, y cuando fueron gobierno, repartían palos a diestra y siniestra a los jubilados, mientras miraban complacidos, es de una hipocresía  garrafal.
 

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