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Nacionales - 13-02-2021 / 09:02
MANIPULACIÓN DE LA JUSTICIA: STORNELLI ES UNO DE LOS PROCESADOS POR ESPIONAJE

Comodoro PRO: la investigación del espionaje macrista la llevará el fiscal Stornelli

Comodoro PRO: la investigación del espionaje macrista la llevará el fiscal Stornelli
Los macristas Nieto y Arribas fueron los artífices del batacazo en Comodoro Py. A sus planteos habían adherido algunas de las supuestas víctimas del espionaje como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, lo que muestra que Py es el equivalente a la tierra prometida para el macrismo.
Indignante. Comodoro Py se apronta a fagocitar la investigación sobre el espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora y que desnudó el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el macrismo.
 
La Cámara de Casación Federal --con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo-- dispuso que las dos causas que están actualmente en manos del juez Juan Pablo Augé y de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pasen a los tribunales de Retiro, como reclamaban dos de los hombres más cercanos a Mauricio Macri: su amigo a quien puso al frente de la AFI, Gustavo Arribas, y su secretario privado, Darío Nieto.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández, víctima de la vigilancia macrista, le anticipó a Augé que llevará el tema hasta la Corte y le pidió a la fiscalía que adhiera al pedido para evitar que el expediente viaje hacia Comodoro Py, donde la causa tiene altas chances de caer en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y --créase o no-- del polémico fiscal Carlos Stornelli, procesado por espionaje. Es por eso que Carlos Beraldi, abogado de Cristina, aseguró que "lo único que se está requiriendo es que el caso sea juzgado por jueces imparciales". Pero la Corte va a lavarse las manos porque le tiene pánico a Clarín.
 
Llevaron la causa a Comodoro Py porque todo apuntaba a Mauricio Macri. Era una crónica de un final anunciado, pero aun restaba que la Sala IV de la Casación escribiera su capítulo. En el mediodía del viernes, se conoció que Borinsky y Carbajo se inclinaron por sacarle la causa a Lomas y llevarla a Comodoro Py, uno de los centros principales de la aplicación del lawfare macrista, que sigue activo, prácticamente intacto, y esta semana demostró su poder ante la inacción de un Gobierno que sigue sin intervenir en esa oscura trama.
 
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El argumento central es que la mayoría de los hechos sucedieron o fueron ordenados desde la Ciudad de Buenos Aires con algunas "ramificaciones" en provincia de Buenos Aires. "Lo aquí resuelto no implica, de ningún modo, retrotraer la investigación a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación, desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora", se atajaron Borinsky y Carbajo en el voto de la mayoría.
 
Sin embargo, la camarista Ángela Ledesma, remarcó que la decisión implicará inevitablemente torcer el cauce de la investigación que lleva casi un año e insistió en que debería continuar en manos de Augé y los fiscales.
 
"Un desplazamiento a esta altura podría neutralizar tales avances --les respondió Ledesma-- o, al menos, suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso o analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios; extremo que no resulta del todo improbable teniendo en cuenta el quiebre del principio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal".
 
El dardo de Ledesma estaba directamente dirigido al fiscal de la Casación Raúl Pleé, a quien muchos señalan como quien gestó la jugada para sacarle la investigación a Lomas. Pleé reclamó traer la causa a Retiro, contrariando lo que opinaban tanto Incardona y Eyherabide, así como el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata Diego Iglesias.
 
"¿Respecto de cuántas posiciones fiscales deberán los imputados tener que defenderse?", marcó con agudeza la jueza, que también dejó asentado que su Sala no debió había haber intervenido, sino la I -- como decía la jueza Ana Figueroa -- corrida de un plumazo en el contexto de una recusación de Arribas.
 
 
No todo está dicho
  
La Casación estaba interesada en ejecutar rápido su sentencia. Un rato después del fallo, ya había llegado a la fiscalía y al juzgado de Lomas el pedido de remitir la causa. Sin embargo, se presentó Carlos Beraldi, en representación de CFK, y le advirtió al juez Augé que la decisión no está firme porque la vicepresidenta la recurrirá ante la Corte Suprema. CFK sostuvo que era un "pronunciamiento arbitrario, que genera una situación de gravedad inédita en tiempos democráticos", dice el escrito.
 
"Lo único que se está requiriendo es que el caso sea juzgado por jueces imparciales", explicó Beraldi a este diario. "La decisión de Casación hace suponer que existe una idea de alterar el curso de desarrollo que tiene esta investigación y que va a perjudicar el esclarecimiento de hechos de una gravedad que no hay antecedentes en los años de democracia", subrayó el abogado de CFK, que actúa como querellante en la causa.
 
Al cierre de esta edición, Augé ya le había girado la causa en digital a la Cámara Federal porteña, aunque toda la causa en papel con los efectos sigue en la fiscalía de Lomas. Es también una certeza que otros querellantes se presentarán para pedirle lo mismo que Beraldi. El tiempo corre para Augé, ya que a fin de mes se le termina la subrogancia en el juzgado de Lomas y la Cámara Federal de La Plata debe definir quién lo reemplazará.
 
En Lomas tramitan dos causas por espionaje: la de la vigilancia sobre CFK en el Instituto Patria y la de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Por el Instituto Patria están procesados Arribas, Silvia Majdalani, el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste.
 
Por la causa principal, Augé aun no había resuelto el pedido de 38 procesamientos que hicieron Incardona y Eyherabide en diciembre y que incluían a los jefes de la AFI, del SPF, a los directores de Jurídicos de la exSIDE y a la exfuncionaria macrista Susana Martinengo. En el juzgado le estaban dando los retoques finales a la resolución justo antes de que la Casación ordenara remitir la causa.
 
Pese a que la Casación no definió dónde caerá la causa, todo indica que iría al juzgado de Capuchetti y a la fiscalía de Stornelli, que venía reclamando hacerse cargo de la investigación a la que había llamado una "bola de moco". Sin embargo, no es una decisión cerrada. Es probable que a Stornelli lo recusen alguno de los más de 40 querellantes por su procesamiento por integrar la banda de Marcelo Sebastián D'Alessio.
 
También es cierto que Capuchetti no mostró gran interés por hacerse con la causa en el pasado. En Py y sus alrededores apuntan hacia el juez Luis Rodríguez, aunque en la carrera también podrían anotarse otros magistrados como Ariel Lijo o Sebastián Ramos.
 
 
A pedir de Macri
 
Nieto y Arribas fueron los artífices del batacazo en Comodoro Py. A sus planteos habían adherido algunas de las supuestas víctimas del espionaje como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, lo que muestra que Py es el equivalente a la tierra prometida para el macrismo.
 
La resolución de la Casación tuvo lugar en el marco de una fuerte tensión entre sectores del oficialismo y el máximo tribunal penal. El jueves, un grupo de diputados encabezado por Martín Soria denunció al presidente de la Casación, Gustavo Hornos, por haber mantenido supuestamente seis reuniones en Casa Rosada con el propio Macri.
 
También Soria apuntó hacia Borinsky por lo mismo, mientras se multiplican las quejas hacia Eduardo Riggi por haber secuestrado la causa sobre los aprietes al Grupo Indalo, en la que están los entrecruzamientos de llamadas entre los integrantes de la mesa judicial.
 
Es un escenario todavía abierto, pero sin grandes perspectivas de justicia, y que incluso siembra dudas sobre el futuro de las causas de Dolores, porque, en ese caso también, la Casación podría justificar el arrebato diciendo que la AFI atiende y ordena desde la Ciudad de Buenos Aires.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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