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Nacionales - 13-02-2021 / 09:02
MANIPULACIÓN DE LA JUSTICIA: STORNELLI ES UNO DE LOS PROCESADOS POR ESPIONAJE

Comodoro PRO: la investigación del espionaje macrista la llevará el fiscal Stornelli

Comodoro PRO: la investigación del espionaje macrista la llevará el fiscal Stornelli
Los macristas Nieto y Arribas fueron los artífices del batacazo en Comodoro Py. A sus planteos habían adherido algunas de las supuestas víctimas del espionaje como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, lo que muestra que Py es el equivalente a la tierra prometida para el macrismo.
Indignante. Comodoro Py se apronta a fagocitar la investigación sobre el espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora y que desnudó el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el macrismo.
 
La Cámara de Casación Federal --con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo-- dispuso que las dos causas que están actualmente en manos del juez Juan Pablo Augé y de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pasen a los tribunales de Retiro, como reclamaban dos de los hombres más cercanos a Mauricio Macri: su amigo a quien puso al frente de la AFI, Gustavo Arribas, y su secretario privado, Darío Nieto.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández, víctima de la vigilancia macrista, le anticipó a Augé que llevará el tema hasta la Corte y le pidió a la fiscalía que adhiera al pedido para evitar que el expediente viaje hacia Comodoro Py, donde la causa tiene altas chances de caer en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y --créase o no-- del polémico fiscal Carlos Stornelli, procesado por espionaje. Es por eso que Carlos Beraldi, abogado de Cristina, aseguró que "lo único que se está requiriendo es que el caso sea juzgado por jueces imparciales". Pero la Corte va a lavarse las manos porque le tiene pánico a Clarín.
 
Llevaron la causa a Comodoro Py porque todo apuntaba a Mauricio Macri. Era una crónica de un final anunciado, pero aun restaba que la Sala IV de la Casación escribiera su capítulo. En el mediodía del viernes, se conoció que Borinsky y Carbajo se inclinaron por sacarle la causa a Lomas y llevarla a Comodoro Py, uno de los centros principales de la aplicación del lawfare macrista, que sigue activo, prácticamente intacto, y esta semana demostró su poder ante la inacción de un Gobierno que sigue sin intervenir en esa oscura trama.
 
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El argumento central es que la mayoría de los hechos sucedieron o fueron ordenados desde la Ciudad de Buenos Aires con algunas "ramificaciones" en provincia de Buenos Aires. "Lo aquí resuelto no implica, de ningún modo, retrotraer la investigación a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación, desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora", se atajaron Borinsky y Carbajo en el voto de la mayoría.
 
Sin embargo, la camarista Ángela Ledesma, remarcó que la decisión implicará inevitablemente torcer el cauce de la investigación que lleva casi un año e insistió en que debería continuar en manos de Augé y los fiscales.
 
"Un desplazamiento a esta altura podría neutralizar tales avances --les respondió Ledesma-- o, al menos, suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso o analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios; extremo que no resulta del todo improbable teniendo en cuenta el quiebre del principio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal".
 
El dardo de Ledesma estaba directamente dirigido al fiscal de la Casación Raúl Pleé, a quien muchos señalan como quien gestó la jugada para sacarle la investigación a Lomas. Pleé reclamó traer la causa a Retiro, contrariando lo que opinaban tanto Incardona y Eyherabide, así como el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata Diego Iglesias.
 
"¿Respecto de cuántas posiciones fiscales deberán los imputados tener que defenderse?", marcó con agudeza la jueza, que también dejó asentado que su Sala no debió había haber intervenido, sino la I -- como decía la jueza Ana Figueroa -- corrida de un plumazo en el contexto de una recusación de Arribas.
 
 
No todo está dicho
  
La Casación estaba interesada en ejecutar rápido su sentencia. Un rato después del fallo, ya había llegado a la fiscalía y al juzgado de Lomas el pedido de remitir la causa. Sin embargo, se presentó Carlos Beraldi, en representación de CFK, y le advirtió al juez Augé que la decisión no está firme porque la vicepresidenta la recurrirá ante la Corte Suprema. CFK sostuvo que era un "pronunciamiento arbitrario, que genera una situación de gravedad inédita en tiempos democráticos", dice el escrito.
 
"Lo único que se está requiriendo es que el caso sea juzgado por jueces imparciales", explicó Beraldi a este diario. "La decisión de Casación hace suponer que existe una idea de alterar el curso de desarrollo que tiene esta investigación y que va a perjudicar el esclarecimiento de hechos de una gravedad que no hay antecedentes en los años de democracia", subrayó el abogado de CFK, que actúa como querellante en la causa.
 
Al cierre de esta edición, Augé ya le había girado la causa en digital a la Cámara Federal porteña, aunque toda la causa en papel con los efectos sigue en la fiscalía de Lomas. Es también una certeza que otros querellantes se presentarán para pedirle lo mismo que Beraldi. El tiempo corre para Augé, ya que a fin de mes se le termina la subrogancia en el juzgado de Lomas y la Cámara Federal de La Plata debe definir quién lo reemplazará.
 
En Lomas tramitan dos causas por espionaje: la de la vigilancia sobre CFK en el Instituto Patria y la de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Por el Instituto Patria están procesados Arribas, Silvia Majdalani, el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste.
 
Por la causa principal, Augé aun no había resuelto el pedido de 38 procesamientos que hicieron Incardona y Eyherabide en diciembre y que incluían a los jefes de la AFI, del SPF, a los directores de Jurídicos de la exSIDE y a la exfuncionaria macrista Susana Martinengo. En el juzgado le estaban dando los retoques finales a la resolución justo antes de que la Casación ordenara remitir la causa.
 
Pese a que la Casación no definió dónde caerá la causa, todo indica que iría al juzgado de Capuchetti y a la fiscalía de Stornelli, que venía reclamando hacerse cargo de la investigación a la que había llamado una "bola de moco". Sin embargo, no es una decisión cerrada. Es probable que a Stornelli lo recusen alguno de los más de 40 querellantes por su procesamiento por integrar la banda de Marcelo Sebastián D'Alessio.
 
También es cierto que Capuchetti no mostró gran interés por hacerse con la causa en el pasado. En Py y sus alrededores apuntan hacia el juez Luis Rodríguez, aunque en la carrera también podrían anotarse otros magistrados como Ariel Lijo o Sebastián Ramos.
 
 
A pedir de Macri
 
Nieto y Arribas fueron los artífices del batacazo en Comodoro Py. A sus planteos habían adherido algunas de las supuestas víctimas del espionaje como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, lo que muestra que Py es el equivalente a la tierra prometida para el macrismo.
 
La resolución de la Casación tuvo lugar en el marco de una fuerte tensión entre sectores del oficialismo y el máximo tribunal penal. El jueves, un grupo de diputados encabezado por Martín Soria denunció al presidente de la Casación, Gustavo Hornos, por haber mantenido supuestamente seis reuniones en Casa Rosada con el propio Macri.
 
También Soria apuntó hacia Borinsky por lo mismo, mientras se multiplican las quejas hacia Eduardo Riggi por haber secuestrado la causa sobre los aprietes al Grupo Indalo, en la que están los entrecruzamientos de llamadas entre los integrantes de la mesa judicial.
 
Es un escenario todavía abierto, pero sin grandes perspectivas de justicia, y que incluso siembra dudas sobre el futuro de las causas de Dolores, porque, en ese caso también, la Casación podría justificar el arrebato diciendo que la AFI atiende y ordena desde la Ciudad de Buenos Aires.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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08-03-2021 / 11:03
El proyecto del oficialismo, impulsado por Sergio Massa, que sube el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias incorporó otros dos beneficios para los trabajadores y jubilados que queden eximidos de pagar el tributo en caso de aprobarse la iniciativa.
 
La implementación del nuevo piso en 150.000 pesos será retroactiva a enero, lo que implicará la devolución de lo pagado durante los primeros tres meses del año. Además, el aguinaldo quedará exceptuado para salarios que no superen ese mínimo.
 
Las modificaciones al proyecto original, que recogieron algunos de los planteos de los legisladores de extracción sindical, fueron difundidas por el presidente de la Cámara de Diputados a pocas horas de que comience su tratamiento. Mañana comenzará el debate en comisión.
 
El primer cambio determina que la implementación de la suba del nuevo piso a 150.000 pesos sea retroactiva a enero. Así, en caso de que la iniciativa se convierta en ley, lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses del año será reintegrado en el salario del mes de abril.
 
Desde el oficialismo destacaron que "los más de 1,2 millón de contribuyentes que dejarán de pagar el tributo, contarán con el beneficio extra de contar en su bolsillo con la devolución de aquello que hayan pagado en los meses de enero, febrero y marzo".
 
La segunda modificación incorpora la exención del pago de Ganancias al Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, de quienes no alcancen de forma regular el nuevo mínimo no imponible.
 

08-03-2021 / 07:03
El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará hoy en un plenario extraordinario por el Día Internacional de la Mujer, dos propuestas que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la prevención de los femicidios, en momentos en que crece la indignación social frente a la inacción de la justicia para prevenirlos.
 
Se votará la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género, y la realización de una auditoría en los juzgados --nacionales y federales-- para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y si jueces y funcionarixs que tratan esos casos han hecho la capacitación prevista en la Ley Micaela y otros cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores.
 
El tratamiento de las dos iniciativas se da tres semanas después de manifestaciones frente a los tribunales en todo el país contra "la justicia patriarcal" luego del femicidio anunciado de la adolescente Ursula Bahillo, y en el marco de un nuevo Paro Internacional Feminista, convocado este 8M con un llamado de una amplia articulación de organizaciones de mujeres y disidencias, sindicales -todas las centrales obreras--, políticas y sociales, a concentrar a las 17 frente al Congreso, para reclamar "contra las violencias machistas" y por "una reforma judicial feminista", "paridad en la Justicia", y "aplicación efectiva de la Ley Micaela en el Poder Judicial", entre otras demandas.
 

07-03-2021 / 09:03
Ningún análisis sobre la situación de Formosa puede pasar por alto un dato: la provincia siguió una estrategia exitosa de supresión del Covid que le permite mostrar cifras comparables a las de Nueva Zelanda o Corea del Sur, con una cantidad de recursos infinitamente menor. En esos países se realizaron cuarentenas muy extensas y estrictas, hubo un control férreo de las fronteras y se reaccionó rápidamente ante la aparición de pocos infectados para contener nuevos brotes.
 
Son casos excepcionales y que la misma oposición que condena al gobernador Gildo Insfrán usa como ejemplo para esmerilar la respuesta a la pandemia del gobierno nacional. Es válido discutir hasta qué punto se puede aceptar el sacrificio de ciertos derechos en pos de un objetivo sanitario, pero no hacerse los boludos.
 
No resulta excepcional, por el contrario, que un sector de la sociedad se rebele ante las medidas de restricción impuestas desde el Estado. Sucedió en todos los países del mundo y en muchos, desde Rusia hasta Italia, desde Chile hasta Gran Bretaña, las protestas se dispersaron con una respuesta policial desmedida.
 
Ninguna estrategia de lucha contra el coronavirus justifica la violencia institucional. La falta de proporción en la represión a las manifestaciones formoseñas del viernes pasado debe ser condenada sin peros. De ahí a sostener, como sostiene la oposición, que en Formosa no rige el estado de Derecho, que debe haber una intervención federal o se tiene que reclamar la presencia de veedores extranjeros existe una distancia enorme y una doble vara flagrante.
 
Durante los 14 años de gobierno ininterrumpido del PRO en la ciudad de Buenos Aires los casos de violencia institucional no solamente no fueron condenados por el oficialismo porteño sino que fueron reivindicados. En los cuatro de mandato de Mauricio Macri al frente del gobierno nacional, también.
 
Los mismos que denuncian una "dictadura" en Formosa reconocieron el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia, que llegó al poder con tanques en la calle, dirigentes políticos secuestrados y funcionarios linchados por patotas parapoliciales. La caracterización no es inocente: en el imaginario de derecha, la palabra Venezuela da carta blanca para la intervención extranjera o el golpe de Estado. El siguiente paso es transferir esa cualidad de Insfrán a Alberto Fernández. Ya está sucediendo.
 
La reaparición del "espantapájaros venezolano" en el discurso opositor puede ser una buena noticia para el gobierno, porque señala el agotamiento de la agenda que Juntos por el Cambio promovió estos meses. Con el programa de vacunación ya en marcha y aumentando su ritmo en todo el país, la impostura antivacunas no sólo pierde efectividad: resulta contraproducente a medida que las dosis van llegando a cada hogar.
 
Realidad efectiva, a prueba de operaciones mediáticas, aunque el costo que ya se cobraron es altísimo. Un antiguo proverbio atribuido a Confucio sostiene que cuando un hombre sabio señala a la luna, un hombre estúpido se queda mirando el dedo. 
 

07-03-2021 / 08:03
El presidente Alberto Fernández cuestionó en el Congreso al Poder Judicial y propuso leyes para adecentarlo. Varias se están discutiendo, alguna es mandato constitucional desde 1853, otras recogen tradiciones añejas. La derecha autóctona se indignó, el elenco estable de juristas de los medios dominantes clamó al cielo, como de costumbre.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández protagonizó por Zoom un clásico de la política: la acusada que desnuda a sus fiscales o jueces, que disecciona sus maniobras y a quiénes sirven. Los medios audiovisuales, condenados a divulgarla, acumularon un rating inusual para el horario.
 
La elusión de impuestos, la perpetuación antiética en los cargos, el maltrato a personas comunes que acuden a juzgados ordinarios son menú de todos los días. Llamar "Justicia" al Poder Judicial es un error de lenguaje, extendido.
 
Las rémoras de los Tribunales se expanden en otros fueros, "ordinarios" en jerga. Damnifican a gente común, litigantes de a pie. Las causas son eternas lo que ínsitamente favorece a la parte más poderosa.
 
Así es, de modo clavado, en los pleitos laborales, suele suceder en otros. Miles padecen destratos, plazos vaticanos, están impedidos de entender qué expresan las sentencias que les llegan tarde... Escritas en dialecto abstruso, para no ser comprendidas.
 
La lucha del movimiento feminista arroja claridad sobre el modus operandi judicial respecto de la violencia de género, con pico en los femicidios. La crónica diaria revela desprecios por las víctimas, pereza frente a sus demandas. Hasta pijotean la entrega de tobilleras. Están a su alcance, prevendrían in extremis hechos de violencia. "La Justicia" remolonea, en irrevocable declive.
 
Ciertas cuestiones se reiteran, como la persecución y la cárcel para dirigentes opositores al macrismo y al establishment. Cristina desenmascaró a sus juzgadores y a otros como ellos, sin apartarse del temario porque la agenda en debate es la insolidaridad cotidiana, los abusos de poder, el machismo, el sesgo de clase.
 
Los Poderes Judiciales son conservadores, por lo general. "Tiran" a derecha. Sus cuadros se anquilosan como élite. La mayor rémora del Poder Judicial argentino es ideológica. Los jueces naturalizan privilegios como la exención impositiva auto otorgada. Se hacen nombrar como "Su Señoría". Reparten puestos entre la parentela, practican la endogamia.
 
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
 

06-03-2021 / 09:03
La policía de Formosa reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación contra el gobierno de Gildo Insfrán por su decisión de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decidida el jueves por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 luego de detectar un rebrote de 43 contagios, la mayoría en la capital.
 
El lamentable operativo incluyó detenciones y provocó heridas en varios manifestantes. La represión -que fue bastante dura- alcanzó repercusión nacional y fue repudiado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Secretaría de Derechos Humanos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y organizaciones de derechos humanos.
 
Los grandes medios opositores porteños se encargaron de transmitir los hechos al mismo tiempo que denunciaban todo lo actuado por Insfrán en los meses de la cuarentena. La demagogia y la utilización política no se hicieron esperar. Desde la cúpula de Juntos por el Cambio, en un acto de cinismo desvergonzando, Patricia Bullrich repudió la represión. No fue la única figura de este espacio en hacerlo, las condenas llovieron. Las mismas que están ausentes cuando se reprime en provincias gobernadas por ese espacio político, como en Jujuy.
 
La represión de este viernes mostró el carácter políticamente regresivo que tiene el gobierno de Formosa. Al mismo tiempo desnudó la demagogia política de la oposición de Juntos por el Cambio, que fogoneó la protesta provincial al tiempo que la utilizó para hacer política a escala nacional. Para la oposición derechista, solo se trata de debilitar al Gobierno. Es repudiable la represión en Formosa y es ridícula la derecha repudiando la represión en Formosa.
 
La represión siempre está mal venga de donde venga, pero ver dirigentes macristas indignados por el accionar de la policía de Formosa, y cuando fueron gobierno, repartían palos a diestra y siniestra a los jubilados, mientras miraban complacidos, es de una hipocresía  garrafal.
 

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