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Nacionales - 11-02-2021 / 10:02
EL TEMA ESTÁ EN LA OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El FMI investigará el préstamo a Macri, el más alto de la historia del organismo

El FMI investigará el préstamo a Macri, el más alto de la historia del organismo
El Fondo Monetario Internacional tiene en carpeta una posible nueva investigación interna sobre el mega-paquete de financiamiento otorgado a la Argentina en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Así lo expresó la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) del organismo internacional.
El Fondo Monetario Internacional tiene en carpeta una posible nueva investigación interna sobre el mega-paquete de financiamiento otorgado a la Argentina en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Así lo expresó la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) del organismo internacional. En un informe, la IEO identificó una serie de posibles temas de evaluación para la gestión 2021-2022 entre las cuales está la "política de acceso excepcional", en donde sobresale un "caso particularmente difícil como la Argentina", admite.
 
La IEO tiene como objetivo "desarrollar evaluaciones objetivas e independientes sobre determinados temas en base a un criterio de relevancia según el mandato del Fondo" y en teoría sirve para "fortalecer la cultura de aprendizaje del FMI y la credibilidad externa" y para "mejorar la habilidad del organismo para aprender lecciones de su propia experiencia". El argentino pareciera ser un buen caso para no repetir errores.
 
En una de sus propuestas de investigaciones para 2021-2022, la IEO menciona que la "política de acceso excepcional" a financiamiento fue introducida en 2002 para "proveer un marco para guiar las decisiones de otorgar préstamos a países miembros por montos que exceden a los límites normales, para cubrir desajustes particularmente grandes en la balanza de pagos".
 
Esta línea especial define cuatro criterios para justificar el acceso al fondeo. Uno de ellos es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable, lo cual está claramente en duda en el caso de Macri en 2018, dado el fatídico desenlace que se produjo apenas unos meses después de que ingresaran los 44 mil millones de dólares aprobados para la Argentina. 
 

 
Los otros tres criterios del FMI para aprobar desembolsos extraordinarios tienen que ver con la fuerte necesidad del país para equilibrar su balanza de pagos, la posibilidad cercana del país de volver a los mercados internacionales de crédito privado y el compromiso para implementar un programa económico del FMI. Precisamente, fue la aplicación del programa neoliberal del Fondo lo que catapultó a la economía argentina al vacío, bajo al mando de Macri y sus ministros.
 
En 2016, el Fondo modificó el criterio de sustentabilidad de la deuda y determinó que para los países que no llegan a sustentabilidad de la deuda con "alta probabilidad" sería necesaria una reestructuración previa al préstamo. Desde aquel momento, solo 3 préstamos de acceso especial fueron aprobados: el stand-by de Argentina (2018) y los convenios con Ecuador y Egipto en 2020, en la pandemia.
 
La IEO ya se refirió a la situación argentina. "En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino liberó rápidamente las restricciones a los movimientos de capitales. El staff no tuvo mucha chance de alertar antes de las medidas, pero los documentos internos tampoco advirtieron estas preocupaciones y estas cuestiones no aparecieron en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017, incluso cuando el país experimentó una salida muy fuerte de capitales y un freno en el endeudamiento  de corto plazo. El staff del Fondo podría haber sido más enérgico en alertar sobre los riesgos involucrados en la eliminación rápida de las restricciones del movimiento de capitales y sobre la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico para que sea consistente con una cuenta capital abierta", dice aquel informe.
 
La Opinión Popular
 
 
Continúa la autocrítica del FMI por el préstamo a la Argentina: evaluarán por qué otorgó un crédito al país por un monto tan alto
 
Tras un primer informe negativo sobre "el caso argentino" conocido el año pasado, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional puso en su agenda para este año un análisis del acceso "excepcional" al financiamiento del organismo de algunos países, entre ellos la Argentina.
 
Por Mariano Boettner
 
El regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional implicó el préstamo más alto de la historia del organismo a un país miembro y un programa financiero fallido. Las consecuencias aún están presentes y el Gobierno argentino negocia desde hace casi seis meses una reestructuración de los casi USD 45.000 millones que Washington envió al Tesoro. El fracaso del acuerdo stand-by firmado en 2018 también significó un tembladeral hacia dentro del organismo: Christine Lagarde dejó su lugar como directora gerente a Kristalina Georgieva, mientras que también perdieron su puesto David Lipton y el jefe de la misión argentina Roberto Cardarelli.
 
Pero el proceso de contralor dentro del Fondo Monetario no terminó con los cambios de piezas en los principales sillones. El organismo cuenta con una Oficina de Evaluación Independiente que realiza informes y análisis sobre distintas decisiones del directorio, desde cuáles son las recomendaciones de política económica que realiza el staff hasta el papel general que haya tenido el FMI en negociaciones con un país en particular. la OEI, incluso, ya realizó en 2004 un extenso trabajo de valoración sobre la relación entre el Fondo y la Argentina antes de la crisis de 2001.
 
 
La Oficina de Evaluación Independiente del FMI podría analizar por qué el organismo dio un crédito tan alto a la Argentina.
"(La Oficina) se ha establecido para realizar sistemáticamente evaluaciones objetivas e independientes sobre cuestiones, y sobre la base de criterios, pertinentes para el mandato del Fondo. Su objetivo es servir como un medio para mejorar la cultura de aprendizaje dentro del Fondo, fortalecer su credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de supervisión y gobernanza institucional de la Junta Ejecutiva", explica la OEI en su página web.
 
Si bien algunos expertos coinciden en que la última experiencia fallida entre el FMI y la Argentina es reciente para que exista una evaluación a fondo sobre el programa stand-by, en algunos informes de coyuntura el caso argentino comenzó a aparecer. Según pudo saber Infobae, hace algunas semanas la oficina independiente planteó cuál será la agenda a tratar para este año y para 2022. En un listado preliminar identificó: la respuesta del FMI ante la pandemia, las recomendaciones de política fiscal del Fondo como una herramienta contracíclica, los préstamos a países de bajos ingresos, las metas de desarrollo sustentable y la política de acceso "excepcional" a fondos del organismo.
 
Es en este último punto en que entra el caso argentino. "La política de acceso excepcional del Fondo se introdujo en 2002 para proporcionar un marco para orientar las decisiones sobre préstamos a los miembros en montos que exceden los límites normales de acceso para atender necesidades de balanza de pagos particularmente importantes", explicó un documento de la OEI.
 
"Desde 2016, ha habido tres casos de acceso excepcional: el Acuerdo Stand-By (SBA) de 2018 con Argentina, así como los acuerdos con Ecuador y Egipto en 2020 para ayudar a abordar los desafíos de la pandemia COVID-19″, continuó. El objetivo de la evaluación será analizar "en qué medida la política de acceso excepcional ha podido cumplir su objetivo de aplicar condiciones más estrictas para los préstamos del Fondo que las que se aplicarían en los casos de acceso más normal para tomar en cuenta los riesgos adicionales involucrados".
 
Para eso, se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos "de alto perfil" a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto "centrado en un caso particularmente difícil, Argentina", concluyó la OEI. El préstamo total acordado por las autoridades del Fondo y el Gobierno de Macri alcanzó los USD 57.100 millones, por lo que se convirtió en el crédito más oneroso de la historia de la institución, con un monto que multiplicó la cantidad de fondos que le hubiera correspondido a la Argentina como miembro del FMI.
 
De ese total, desde Washington se enviaron unos USD 45.000 millones desde junio de 2018 hasta el cambio de gobierno, en diciembre de 2019. La administración de Alberto Fernández decidió no contar con los envíos trimestrales previstos en el acuerdo y anunció tiempo después la intención de reestructurar esos pasivos. El calendario de repago incluye devolver casi USD 40.000 millones solo entre 2022 y 2023. El Gobierno ahora busca un programa de facilidades extendidas que estire el plazo de devolución hasta los 10 años.
 
La cuestión sobre el monto del préstamo a la Argentina no será la primera autocrítica que se haga el FMI tras la experiencia de 2018. Hace algunos meses, en un informe sobre controles de capitales, la Oficina de Evaluación Independiente había opinado que el staff técnico del Fondo no había advertido "lo suficiente" a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri sobre "los riesgos" de levantar de forma rápida los controles de capitales, tales como el cepo cambiario y el ingreso y salida de divisas.
 
"En Argentina en 2015, el staff podría haber sido más contundente al advertir sobre los riesgos que entraña la eliminación rápida de las restricciones de la cuenta de capital y la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico para que sea coherente con una cuenta de capital abierta", se cuestionó el organismo financiero.
 
La OEI se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos "de alto perfil" a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto "centrado en un caso particularmente difícil, Argentina".
 
De todas maneras, cuando tuvieron lugar estas decisiones el FMI todavía no había retomado su relación con el país, que había sido interrumpida por Néstor Kirchner en 2006. La Oficina de Evaluación admite en esa primera instancia el Fondo no pudo realizar recomendaciones, pero que no hubo tampoco advertencias en los años siguientes, ya con la normalización de la relación entre el Ejecutivo argentino y el FMI.
 
"En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino levantó rápidamente la mayoría de las restricciones de la cuenta de capital que habían estado vigentes, incluidas las restricciones de salida y los límites a los préstamos a corto plazo, como parte de una agenda de reforma más amplia orientada al mercado. El staff tuvo pocas oportunidades de ofrecer asesoramiento antes de que se levantaran las restricciones, pero los documentos internos no plantearon preocupaciones y el tema no ocupó un lugar destacado en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017", continuó la autocrítica oficial del FMI.
 
Fuente: Infobae
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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