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Nacionales - 11-02-2021 / 10:02
EL TEMA ESTÁ EN LA OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El FMI investigará el préstamo a Macri, el más alto de la historia del organismo

El FMI investigará el préstamo a Macri, el más alto de la historia del organismo
El Fondo Monetario Internacional tiene en carpeta una posible nueva investigación interna sobre el mega-paquete de financiamiento otorgado a la Argentina en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Así lo expresó la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) del organismo internacional.
El Fondo Monetario Internacional tiene en carpeta una posible nueva investigación interna sobre el mega-paquete de financiamiento otorgado a la Argentina en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Así lo expresó la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) del organismo internacional. En un informe, la IEO identificó una serie de posibles temas de evaluación para la gestión 2021-2022 entre las cuales está la "política de acceso excepcional", en donde sobresale un "caso particularmente difícil como la Argentina", admite.
 
La IEO tiene como objetivo "desarrollar evaluaciones objetivas e independientes sobre determinados temas en base a un criterio de relevancia según el mandato del Fondo" y en teoría sirve para "fortalecer la cultura de aprendizaje del FMI y la credibilidad externa" y para "mejorar la habilidad del organismo para aprender lecciones de su propia experiencia". El argentino pareciera ser un buen caso para no repetir errores.
 
En una de sus propuestas de investigaciones para 2021-2022, la IEO menciona que la "política de acceso excepcional" a financiamiento fue introducida en 2002 para "proveer un marco para guiar las decisiones de otorgar préstamos a países miembros por montos que exceden a los límites normales, para cubrir desajustes particularmente grandes en la balanza de pagos".
 
Esta línea especial define cuatro criterios para justificar el acceso al fondeo. Uno de ellos es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable, lo cual está claramente en duda en el caso de Macri en 2018, dado el fatídico desenlace que se produjo apenas unos meses después de que ingresaran los 44 mil millones de dólares aprobados para la Argentina. 
 

 
Los otros tres criterios del FMI para aprobar desembolsos extraordinarios tienen que ver con la fuerte necesidad del país para equilibrar su balanza de pagos, la posibilidad cercana del país de volver a los mercados internacionales de crédito privado y el compromiso para implementar un programa económico del FMI. Precisamente, fue la aplicación del programa neoliberal del Fondo lo que catapultó a la economía argentina al vacío, bajo al mando de Macri y sus ministros.
 
En 2016, el Fondo modificó el criterio de sustentabilidad de la deuda y determinó que para los países que no llegan a sustentabilidad de la deuda con "alta probabilidad" sería necesaria una reestructuración previa al préstamo. Desde aquel momento, solo 3 préstamos de acceso especial fueron aprobados: el stand-by de Argentina (2018) y los convenios con Ecuador y Egipto en 2020, en la pandemia.
 
La IEO ya se refirió a la situación argentina. "En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino liberó rápidamente las restricciones a los movimientos de capitales. El staff no tuvo mucha chance de alertar antes de las medidas, pero los documentos internos tampoco advirtieron estas preocupaciones y estas cuestiones no aparecieron en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017, incluso cuando el país experimentó una salida muy fuerte de capitales y un freno en el endeudamiento  de corto plazo. El staff del Fondo podría haber sido más enérgico en alertar sobre los riesgos involucrados en la eliminación rápida de las restricciones del movimiento de capitales y sobre la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico para que sea consistente con una cuenta capital abierta", dice aquel informe.
 
La Opinión Popular
 
 
Continúa la autocrítica del FMI por el préstamo a la Argentina: evaluarán por qué otorgó un crédito al país por un monto tan alto
 
Tras un primer informe negativo sobre "el caso argentino" conocido el año pasado, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional puso en su agenda para este año un análisis del acceso "excepcional" al financiamiento del organismo de algunos países, entre ellos la Argentina.
 
Por Mariano Boettner
 
El regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional implicó el préstamo más alto de la historia del organismo a un país miembro y un programa financiero fallido. Las consecuencias aún están presentes y el Gobierno argentino negocia desde hace casi seis meses una reestructuración de los casi USD 45.000 millones que Washington envió al Tesoro. El fracaso del acuerdo stand-by firmado en 2018 también significó un tembladeral hacia dentro del organismo: Christine Lagarde dejó su lugar como directora gerente a Kristalina Georgieva, mientras que también perdieron su puesto David Lipton y el jefe de la misión argentina Roberto Cardarelli.
 
Pero el proceso de contralor dentro del Fondo Monetario no terminó con los cambios de piezas en los principales sillones. El organismo cuenta con una Oficina de Evaluación Independiente que realiza informes y análisis sobre distintas decisiones del directorio, desde cuáles son las recomendaciones de política económica que realiza el staff hasta el papel general que haya tenido el FMI en negociaciones con un país en particular. la OEI, incluso, ya realizó en 2004 un extenso trabajo de valoración sobre la relación entre el Fondo y la Argentina antes de la crisis de 2001.
 
 
La Oficina de Evaluación Independiente del FMI podría analizar por qué el organismo dio un crédito tan alto a la Argentina.
"(La Oficina) se ha establecido para realizar sistemáticamente evaluaciones objetivas e independientes sobre cuestiones, y sobre la base de criterios, pertinentes para el mandato del Fondo. Su objetivo es servir como un medio para mejorar la cultura de aprendizaje dentro del Fondo, fortalecer su credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de supervisión y gobernanza institucional de la Junta Ejecutiva", explica la OEI en su página web.
 
Si bien algunos expertos coinciden en que la última experiencia fallida entre el FMI y la Argentina es reciente para que exista una evaluación a fondo sobre el programa stand-by, en algunos informes de coyuntura el caso argentino comenzó a aparecer. Según pudo saber Infobae, hace algunas semanas la oficina independiente planteó cuál será la agenda a tratar para este año y para 2022. En un listado preliminar identificó: la respuesta del FMI ante la pandemia, las recomendaciones de política fiscal del Fondo como una herramienta contracíclica, los préstamos a países de bajos ingresos, las metas de desarrollo sustentable y la política de acceso "excepcional" a fondos del organismo.
 
Es en este último punto en que entra el caso argentino. "La política de acceso excepcional del Fondo se introdujo en 2002 para proporcionar un marco para orientar las decisiones sobre préstamos a los miembros en montos que exceden los límites normales de acceso para atender necesidades de balanza de pagos particularmente importantes", explicó un documento de la OEI.
 
"Desde 2016, ha habido tres casos de acceso excepcional: el Acuerdo Stand-By (SBA) de 2018 con Argentina, así como los acuerdos con Ecuador y Egipto en 2020 para ayudar a abordar los desafíos de la pandemia COVID-19″, continuó. El objetivo de la evaluación será analizar "en qué medida la política de acceso excepcional ha podido cumplir su objetivo de aplicar condiciones más estrictas para los préstamos del Fondo que las que se aplicarían en los casos de acceso más normal para tomar en cuenta los riesgos adicionales involucrados".
 
Para eso, se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos "de alto perfil" a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto "centrado en un caso particularmente difícil, Argentina", concluyó la OEI. El préstamo total acordado por las autoridades del Fondo y el Gobierno de Macri alcanzó los USD 57.100 millones, por lo que se convirtió en el crédito más oneroso de la historia de la institución, con un monto que multiplicó la cantidad de fondos que le hubiera correspondido a la Argentina como miembro del FMI.
 
De ese total, desde Washington se enviaron unos USD 45.000 millones desde junio de 2018 hasta el cambio de gobierno, en diciembre de 2019. La administración de Alberto Fernández decidió no contar con los envíos trimestrales previstos en el acuerdo y anunció tiempo después la intención de reestructurar esos pasivos. El calendario de repago incluye devolver casi USD 40.000 millones solo entre 2022 y 2023. El Gobierno ahora busca un programa de facilidades extendidas que estire el plazo de devolución hasta los 10 años.
 
La cuestión sobre el monto del préstamo a la Argentina no será la primera autocrítica que se haga el FMI tras la experiencia de 2018. Hace algunos meses, en un informe sobre controles de capitales, la Oficina de Evaluación Independiente había opinado que el staff técnico del Fondo no había advertido "lo suficiente" a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri sobre "los riesgos" de levantar de forma rápida los controles de capitales, tales como el cepo cambiario y el ingreso y salida de divisas.
 
"En Argentina en 2015, el staff podría haber sido más contundente al advertir sobre los riesgos que entraña la eliminación rápida de las restricciones de la cuenta de capital y la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico para que sea coherente con una cuenta de capital abierta", se cuestionó el organismo financiero.
 
La OEI se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos "de alto perfil" a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto "centrado en un caso particularmente difícil, Argentina".
 
De todas maneras, cuando tuvieron lugar estas decisiones el FMI todavía no había retomado su relación con el país, que había sido interrumpida por Néstor Kirchner en 2006. La Oficina de Evaluación admite en esa primera instancia el Fondo no pudo realizar recomendaciones, pero que no hubo tampoco advertencias en los años siguientes, ya con la normalización de la relación entre el Ejecutivo argentino y el FMI.
 
"En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino levantó rápidamente la mayoría de las restricciones de la cuenta de capital que habían estado vigentes, incluidas las restricciones de salida y los límites a los préstamos a corto plazo, como parte de una agenda de reforma más amplia orientada al mercado. El staff tuvo pocas oportunidades de ofrecer asesoramiento antes de que se levantaran las restricciones, pero los documentos internos no plantearon preocupaciones y el tema no ocupó un lugar destacado en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017", continuó la autocrítica oficial del FMI.
 
Fuente: Infobae
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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