13:40 | Miercoles 17 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 11-02-2021 / 10:02

EL TEMA ESTÁ EN LA OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El FMI investigará el préstamo a Macri, el más alto de la historia del organismo

El Fondo Monetario Internacional tiene en carpeta una posible nueva investigación interna sobre el mega-paquete de financiamiento otorgado a la Argentina en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Así lo expresó la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) del organismo internacional. En un informe, la IEO identificó una serie de posibles temas de evaluación para la gestión 2021-2022 entre las cuales está la "política de acceso excepcional", en donde sobresale un "caso particularmente difícil como la Argentina", admite.

La IEO tiene como objetivo "desarrollar evaluaciones objetivas e independientes sobre determinados temas en base a un criterio de relevancia según el mandato del Fondo" y en teoría sirve para "fortalecer la cultura de aprendizaje del FMI y la credibilidad externa" y para "mejorar la habilidad del organismo para aprender lecciones de su propia experiencia". El argentino pareciera ser un buen caso para no repetir errores.

En una de sus propuestas de investigaciones para 2021-2022, la IEO menciona que la "política de acceso excepcional" a financiamiento fue introducida en 2002 para "proveer un marco para guiar las decisiones de otorgar préstamos a países miembros por montos que exceden a los límites normales, para cubrir desajustes particularmente grandes en la balanza de pagos".

Esta línea especial define cuatro criterios para justificar el acceso al fondeo. Uno de ellos es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable, lo cual está claramente en duda en el caso de Macri en 2018, dado el fatídico desenlace que se produjo apenas unos meses después de que ingresaran los 44 mil millones de dólares aprobados para la Argentina.

Los otros tres criterios del FMI para aprobar desembolsos extraordinarios tienen que ver con la fuerte necesidad del país para equilibrar su balanza de pagos, la posibilidad cercana del país de volver a los mercados internacionales de crédito privado y el compromiso para implementar un programa económico del FMI. Precisamente, fue la aplicación del programa neoliberal del Fondo lo que catapultó a la economía argentina al vacío, bajo al mando de Macri y sus ministros.

En 2016, el Fondo modificó el criterio de sustentabilidad de la deuda y determinó que para los países que no llegan a sustentabilidad de la deuda con "alta probabilidad" sería necesaria una reestructuración previa al préstamo. Desde aquel momento, solo 3 préstamos de acceso especial fueron aprobados: el stand-by de Argentina (2018) y los convenios con Ecuador y Egipto en 2020, en la pandemia.

La IEO ya se refirió a la situación argentina. "En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino liberó rápidamente las restricciones a los movimientos de capitales. El staff no tuvo mucha chance de alertar antes de las medidas, pero los documentos internos tampoco advirtieron estas preocupaciones y estas cuestiones no aparecieron en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017, incluso cuando el país experimentó una salida muy fuerte de capitales y un freno en el endeudamiento de corto plazo. El staff del Fondo podría haber sido más enérgico en alertar sobre los riesgos involucrados en la eliminación rápida de las restricciones del movimiento de capitales y sobre la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico para que sea consistente con una cuenta capital abierta", dice aquel informe.

La Opinión Popular

Continúa la autocrítica del FMI por el préstamo a la Argentina: evaluarán por qué otorgó un crédito al país por un monto tan alto

Tras un primer informe negativo sobre "el caso argentino" conocido el año pasado, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional puso en su agenda para este año un análisis del acceso "excepcional" al financiamiento del organismo de algunos países, entre ellos la Argentina.

Por Mariano Boettner

El regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional implicó el préstamo más alto de la historia del organismo a un país miembro y un programa financiero fallido. Las consecuencias aún están presentes y el Gobierno argentino negocia desde hace casi seis meses una reestructuración de los casi USD 45.000 millones que Washington envió al Tesoro. El fracaso del acuerdo stand-by firmado en 2018 también significó un tembladeral hacia dentro del organismo: Christine Lagarde dejó su lugar como directora gerente a Kristalina Georgieva, mientras que también perdieron su puesto David Lipton y el jefe de la misión argentina Roberto Cardarelli.

Pero el proceso de contralor dentro del Fondo Monetario no terminó con los cambios de piezas en los principales sillones. El organismo cuenta con una Oficina de Evaluación Independiente que realiza informes y análisis sobre distintas decisiones del directorio, desde cuáles son las recomendaciones de política económica que realiza el staff hasta el papel general que haya tenido el FMI en negociaciones con un país en particular. la OEI, incluso, ya realizó en 2004 un extenso trabajo de valoración sobre la relación entre el Fondo y la Argentina antes de la crisis de 2001.

La Oficina de Evaluación Independiente del FMI podría analizar por qué el organismo dio un crédito tan alto a la Argentina.
"(La Oficina) se ha establecido para realizar sistemáticamente evaluaciones objetivas e independientes sobre cuestiones, y sobre la base de criterios, pertinentes para el mandato del Fondo. Su objetivo es servir como un medio para mejorar la cultura de aprendizaje dentro del Fondo, fortalecer su credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de supervisión y gobernanza institucional de la Junta Ejecutiva", explica la OEI en su página web.

Si bien algunos expertos coinciden en que la última experiencia fallida entre el FMI y la Argentina es reciente para que exista una evaluación a fondo sobre el programa stand-by, en algunos informes de coyuntura el caso argentino comenzó a aparecer. Según pudo saber Infobae, hace algunas semanas la oficina independiente planteó cuál será la agenda a tratar para este año y para 2022. En un listado preliminar identificó: la respuesta del FMI ante la pandemia, las recomendaciones de política fiscal del Fondo como una herramienta contracíclica, los préstamos a países de bajos ingresos, las metas de desarrollo sustentable y la política de acceso "excepcional" a fondos del organismo.

Es en este último punto en que entra el caso argentino. "La política de acceso excepcional del Fondo se introdujo en 2002 para proporcionar un marco para orientar las decisiones sobre préstamos a los miembros en montos que exceden los límites normales de acceso para atender necesidades de balanza de pagos particularmente importantes", explicó un documento de la OEI.

"Desde 2016, ha habido tres casos de acceso excepcional: el Acuerdo Stand-By (SBA) de 2018 con Argentina, así como los acuerdos con Ecuador y Egipto en 2020 para ayudar a abordar los desafíos de la pandemia COVID-19″, continuó. El objetivo de la evaluación será analizar "en qué medida la política de acceso excepcional ha podido cumplir su objetivo de aplicar condiciones más estrictas para los préstamos del Fondo que las que se aplicarían en los casos de acceso más normal para tomar en cuenta los riesgos adicionales involucrados".

Para eso, se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos "de alto perfil" a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto "centrado en un caso particularmente difícil, Argentina", concluyó la OEI. El préstamo total acordado por las autoridades del Fondo y el Gobierno de Macri alcanzó los USD 57.100 millones, por lo que se convirtió en el crédito más oneroso de la historia de la institución, con un monto que multiplicó la cantidad de fondos que le hubiera correspondido a la Argentina como miembro del FMI.

De ese total, desde Washington se enviaron unos USD 45.000 millones desde junio de 2018 hasta el cambio de gobierno, en diciembre de 2019. La administración de Alberto Fernández decidió no contar con los envíos trimestrales previstos en el acuerdo y anunció tiempo después la intención de reestructurar esos pasivos. El calendario de repago incluye devolver casi USD 40.000 millones solo entre 2022 y 2023. El Gobierno ahora busca un programa de facilidades extendidas que estire el plazo de devolución hasta los 10 años.

La cuestión sobre el monto del préstamo a la Argentina no será la primera autocrítica que se haga el FMI tras la experiencia de 2018. Hace algunos meses, en un informe sobre controles de capitales, la Oficina de Evaluación Independiente había opinado que el staff técnico del Fondo no había advertido "lo suficiente" a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri sobre "los riesgos" de levantar de forma rápida los controles de capitales, tales como el cepo cambiario y el ingreso y salida de divisas.

"En Argentina en 2015, el staff podría haber sido más contundente al advertir sobre los riesgos que entraña la eliminación rápida de las restricciones de la cuenta de capital y la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico para que sea coherente con una cuenta de capital abierta", se cuestionó el organismo financiero.

La OEI se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos "de alto perfil" a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto "centrado en un caso particularmente difícil, Argentina".

De todas maneras, cuando tuvieron lugar estas decisiones el FMI todavía no había retomado su relación con el país, que había sido interrumpida por Néstor Kirchner en 2006. La Oficina de Evaluación admite en esa primera instancia el Fondo no pudo realizar recomendaciones, pero que no hubo tampoco advertencias en los años siguientes, ya con la normalización de la relación entre el Ejecutivo argentino y el FMI.

"En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino levantó rápidamente la mayoría de las restricciones de la cuenta de capital que habían estado vigentes, incluidas las restricciones de salida y los límites a los préstamos a corto plazo, como parte de una agenda de reforma más amplia orientada al mercado. El staff tuvo pocas oportunidades de ofrecer asesoramiento antes de que se levantaran las restricciones, pero los documentos internos no plantearon preocupaciones y el tema no ocupó un lugar destacado en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017", continuó la autocrítica oficial del FMI.

Fuente: Infobae

17-12-2025 / 09:12

El Loco Milei quiere derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario

A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.

En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.

Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.

De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.

Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.

Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.

Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.

Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.

16-12-2025 / 10:12

Contra la reforma laboral pro patronal y humanamente aberrante, la CGT se prepara para una marcha multitudinaria

Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.

Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.

Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.

El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.

Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.

El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.

La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda. Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.

La Opinión Popular

14-12-2025 / 09:12

Milei y la reforma laboral para consagrar los objetivos de la dictadura genocida de Videla

Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.

En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.

Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.

Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.

En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.

Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.

Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.

Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.

La Opinión Popular

13-12-2025 / 09:12

Se hizo el ajuste, van por más con una reforma laboral regresiva, pero la inflación sigue y superó a la de Cristina, cuando los sueldos no estaban planchados como ahora

El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.

O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.

En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".

Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.

Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.

No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.

Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.

Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.

12-12-2025 / 10:12

La cruel contra reforma laboral de Javier “el Loco” Milei: Más que trabajadores, quieren esclavos

El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.

El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.

Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.

Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.

La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.

La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular