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Nacionales - 11-02-2021 / 10:02
EL TEMA ESTÁ EN LA OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El FMI investigará el préstamo a Macri, el más alto de la historia del organismo

El FMI investigará el préstamo a Macri, el más alto de la historia del organismo
El Fondo Monetario Internacional tiene en carpeta una posible nueva investigación interna sobre el mega-paquete de financiamiento otorgado a la Argentina en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Así lo expresó la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) del organismo internacional.
El Fondo Monetario Internacional tiene en carpeta una posible nueva investigación interna sobre el mega-paquete de financiamiento otorgado a la Argentina en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Así lo expresó la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) del organismo internacional. En un informe, la IEO identificó una serie de posibles temas de evaluación para la gestión 2021-2022 entre las cuales está la "política de acceso excepcional", en donde sobresale un "caso particularmente difícil como la Argentina", admite.
 
La IEO tiene como objetivo "desarrollar evaluaciones objetivas e independientes sobre determinados temas en base a un criterio de relevancia según el mandato del Fondo" y en teoría sirve para "fortalecer la cultura de aprendizaje del FMI y la credibilidad externa" y para "mejorar la habilidad del organismo para aprender lecciones de su propia experiencia". El argentino pareciera ser un buen caso para no repetir errores.
 
En una de sus propuestas de investigaciones para 2021-2022, la IEO menciona que la "política de acceso excepcional" a financiamiento fue introducida en 2002 para "proveer un marco para guiar las decisiones de otorgar préstamos a países miembros por montos que exceden a los límites normales, para cubrir desajustes particularmente grandes en la balanza de pagos".
 
Esta línea especial define cuatro criterios para justificar el acceso al fondeo. Uno de ellos es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable, lo cual está claramente en duda en el caso de Macri en 2018, dado el fatídico desenlace que se produjo apenas unos meses después de que ingresaran los 44 mil millones de dólares aprobados para la Argentina. 
 

 
Los otros tres criterios del FMI para aprobar desembolsos extraordinarios tienen que ver con la fuerte necesidad del país para equilibrar su balanza de pagos, la posibilidad cercana del país de volver a los mercados internacionales de crédito privado y el compromiso para implementar un programa económico del FMI. Precisamente, fue la aplicación del programa neoliberal del Fondo lo que catapultó a la economía argentina al vacío, bajo al mando de Macri y sus ministros.
 
En 2016, el Fondo modificó el criterio de sustentabilidad de la deuda y determinó que para los países que no llegan a sustentabilidad de la deuda con "alta probabilidad" sería necesaria una reestructuración previa al préstamo. Desde aquel momento, solo 3 préstamos de acceso especial fueron aprobados: el stand-by de Argentina (2018) y los convenios con Ecuador y Egipto en 2020, en la pandemia.
 
La IEO ya se refirió a la situación argentina. "En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino liberó rápidamente las restricciones a los movimientos de capitales. El staff no tuvo mucha chance de alertar antes de las medidas, pero los documentos internos tampoco advirtieron estas preocupaciones y estas cuestiones no aparecieron en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017, incluso cuando el país experimentó una salida muy fuerte de capitales y un freno en el endeudamiento  de corto plazo. El staff del Fondo podría haber sido más enérgico en alertar sobre los riesgos involucrados en la eliminación rápida de las restricciones del movimiento de capitales y sobre la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico para que sea consistente con una cuenta capital abierta", dice aquel informe.
 
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Continúa la autocrítica del FMI por el préstamo a la Argentina: evaluarán por qué otorgó un crédito al país por un monto tan alto
 
Tras un primer informe negativo sobre "el caso argentino" conocido el año pasado, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional puso en su agenda para este año un análisis del acceso "excepcional" al financiamiento del organismo de algunos países, entre ellos la Argentina.
 
Por Mariano Boettner
 
El regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional implicó el préstamo más alto de la historia del organismo a un país miembro y un programa financiero fallido. Las consecuencias aún están presentes y el Gobierno argentino negocia desde hace casi seis meses una reestructuración de los casi USD 45.000 millones que Washington envió al Tesoro. El fracaso del acuerdo stand-by firmado en 2018 también significó un tembladeral hacia dentro del organismo: Christine Lagarde dejó su lugar como directora gerente a Kristalina Georgieva, mientras que también perdieron su puesto David Lipton y el jefe de la misión argentina Roberto Cardarelli.
 
Pero el proceso de contralor dentro del Fondo Monetario no terminó con los cambios de piezas en los principales sillones. El organismo cuenta con una Oficina de Evaluación Independiente que realiza informes y análisis sobre distintas decisiones del directorio, desde cuáles son las recomendaciones de política económica que realiza el staff hasta el papel general que haya tenido el FMI en negociaciones con un país en particular. la OEI, incluso, ya realizó en 2004 un extenso trabajo de valoración sobre la relación entre el Fondo y la Argentina antes de la crisis de 2001.
 
 
La Oficina de Evaluación Independiente del FMI podría analizar por qué el organismo dio un crédito tan alto a la Argentina.
"(La Oficina) se ha establecido para realizar sistemáticamente evaluaciones objetivas e independientes sobre cuestiones, y sobre la base de criterios, pertinentes para el mandato del Fondo. Su objetivo es servir como un medio para mejorar la cultura de aprendizaje dentro del Fondo, fortalecer su credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de supervisión y gobernanza institucional de la Junta Ejecutiva", explica la OEI en su página web.
 
Si bien algunos expertos coinciden en que la última experiencia fallida entre el FMI y la Argentina es reciente para que exista una evaluación a fondo sobre el programa stand-by, en algunos informes de coyuntura el caso argentino comenzó a aparecer. Según pudo saber Infobae, hace algunas semanas la oficina independiente planteó cuál será la agenda a tratar para este año y para 2022. En un listado preliminar identificó: la respuesta del FMI ante la pandemia, las recomendaciones de política fiscal del Fondo como una herramienta contracíclica, los préstamos a países de bajos ingresos, las metas de desarrollo sustentable y la política de acceso "excepcional" a fondos del organismo.
 
Es en este último punto en que entra el caso argentino. "La política de acceso excepcional del Fondo se introdujo en 2002 para proporcionar un marco para orientar las decisiones sobre préstamos a los miembros en montos que exceden los límites normales de acceso para atender necesidades de balanza de pagos particularmente importantes", explicó un documento de la OEI.
 
"Desde 2016, ha habido tres casos de acceso excepcional: el Acuerdo Stand-By (SBA) de 2018 con Argentina, así como los acuerdos con Ecuador y Egipto en 2020 para ayudar a abordar los desafíos de la pandemia COVID-19″, continuó. El objetivo de la evaluación será analizar "en qué medida la política de acceso excepcional ha podido cumplir su objetivo de aplicar condiciones más estrictas para los préstamos del Fondo que las que se aplicarían en los casos de acceso más normal para tomar en cuenta los riesgos adicionales involucrados".
 
Para eso, se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos "de alto perfil" a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto "centrado en un caso particularmente difícil, Argentina", concluyó la OEI. El préstamo total acordado por las autoridades del Fondo y el Gobierno de Macri alcanzó los USD 57.100 millones, por lo que se convirtió en el crédito más oneroso de la historia de la institución, con un monto que multiplicó la cantidad de fondos que le hubiera correspondido a la Argentina como miembro del FMI.
 
De ese total, desde Washington se enviaron unos USD 45.000 millones desde junio de 2018 hasta el cambio de gobierno, en diciembre de 2019. La administración de Alberto Fernández decidió no contar con los envíos trimestrales previstos en el acuerdo y anunció tiempo después la intención de reestructurar esos pasivos. El calendario de repago incluye devolver casi USD 40.000 millones solo entre 2022 y 2023. El Gobierno ahora busca un programa de facilidades extendidas que estire el plazo de devolución hasta los 10 años.
 
La cuestión sobre el monto del préstamo a la Argentina no será la primera autocrítica que se haga el FMI tras la experiencia de 2018. Hace algunos meses, en un informe sobre controles de capitales, la Oficina de Evaluación Independiente había opinado que el staff técnico del Fondo no había advertido "lo suficiente" a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri sobre "los riesgos" de levantar de forma rápida los controles de capitales, tales como el cepo cambiario y el ingreso y salida de divisas.
 
"En Argentina en 2015, el staff podría haber sido más contundente al advertir sobre los riesgos que entraña la eliminación rápida de las restricciones de la cuenta de capital y la necesidad de fortalecer el marco macroeconómico para que sea coherente con una cuenta de capital abierta", se cuestionó el organismo financiero.
 
La OEI se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos "de alto perfil" a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto "centrado en un caso particularmente difícil, Argentina".
 
De todas maneras, cuando tuvieron lugar estas decisiones el FMI todavía no había retomado su relación con el país, que había sido interrumpida por Néstor Kirchner en 2006. La Oficina de Evaluación admite en esa primera instancia el Fondo no pudo realizar recomendaciones, pero que no hubo tampoco advertencias en los años siguientes, ya con la normalización de la relación entre el Ejecutivo argentino y el FMI.
 
"En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino levantó rápidamente la mayoría de las restricciones de la cuenta de capital que habían estado vigentes, incluidas las restricciones de salida y los límites a los préstamos a corto plazo, como parte de una agenda de reforma más amplia orientada al mercado. El staff tuvo pocas oportunidades de ofrecer asesoramiento antes de que se levantaran las restricciones, pero los documentos internos no plantearon preocupaciones y el tema no ocupó un lugar destacado en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017", continuó la autocrítica oficial del FMI.
 
Fuente: Infobae
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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