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Nacionales - 10-02-2021 / 08:02
EL JUEVES ESTABA PREVISTA UNA NUEVA PROTESTA IMPULSADA POR EL MACRISMO

Desafectaron a 400 policías que participaron del chantaje con armas en la Quinta de Olivos

Desafectaron a 400 policías que participaron del chantaje con armas en la Quinta de Olivos
Más de 400 efectivos de la Bonaerense fueron desafectados por su participación en la rebelión policial de septiembre pasado. Se comprobaron graves faltas por sus movilizaciones políticas, armados, en horas de servicio. La medida llega cuando otra vez oficiales exonerados y referentes del PRO intentan usar a los efectivos para generar protestas políticas contra el Gobierno.
La maldita Policía Bonaerense quedó nuevamente en el foco, luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciara la decisión de desafectar a 400 efectivos que participaron de la sublevación de septiembre de 2020 y revisar la conducta de otros 1400, que podrían ser sancionados. La determinación se tomó en vísperas de un nuevo acuartelamiento, anunciado en un primer momento para el jueves, con el fin de desalentar esa medida de fuerza impulsada por el macrismo.
 
Después de que se conociera la sanción por haber participado el año pasado del chantaje armado que sitió la residencia presidencial, en algunas de las páginas de facebook y grupos de whatsapp que utilizan efectivos, familiares y retirados para comunicarse entre ellos circularon arengas para anticipar el comienzo de la medida de fuerza. Un grupo convocó para la misma noche del martes en Puerta 12, La Matanza; otros están llamando a concentrarse esta mañana desde las 9. En Necochea y Mar del Plata ayer ya habían empezado las protestas.
 
Desde el gobierno bonaerense seguían los acontecimientos con prudencia pero confiaban en que la convocatoria fuera menos numerosa que hace cinco meses y advierten que los reclamos salariales y sobre condiciones de trabajo que presentaron los policías en su momento fueron atendidos, por lo que empalidecen los motivos de una eventual segunda asonada.
 
En el Gobierno señalan a la oposición macrista como responsable de fogonear estos conflictos con motivos políticos. Trazan una línea que une la presencia de policías en un acto de Patricia Bullrich con los tuits de su asesora Florencia Arietto replicando la convocatoria de la protesta. El petitorio con 21 puntos que circula en las redes, muy similar al de septiembre pasado, no llegó formalmente a las autoridades bonaerenses. 

 
La asonada de septiembre comenzó de forma similar y terminó durando casi 72 horas, durante las cuales un grupo de manifestantes casi consigue ingresar en la vivienda del gobernador Axel Kicillof y otro mantuvo rodeada la residencia de Olivos, con el presidente Alberto Fernández en su interior, por varias horas.
 
En respuesta, el Gobierno resolvió subir el salario mínimo hasta 44 mil pesos, replicar un aumento similar para todas las categorías, mejorar el pago de horas extras y también la cuota para la compra de indumentaria. Los 400 oficiales sancionados ayer por esos sucesos fueron los primeros pero en La Plata advierten que habrá más.
 
Todo esto ocurre durante una semana con fuertes protestas contra la policía en la zona de La Plata por el recrudecimiento del delito y el mismo día en que los vecinos de la localidad Rojas se enfrentaron a oficiales, prendieron fuego un patrullero y atacaron una comisaría reclamando justicia tras el femicidio de Úrsula Bahillo.
 
La Opinión Popular
 
 
LA RESOLUCIÓN DICE QUE COMETIERON "GRAVÍSIMAS FALTAS ADMINISTRATIVAS"
 
Sergio Berni desafectó a 400 policías que participaron de la rebelión del año pasado
 
El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, desafectó de servicio a más de 400 efectivos que participaron de la rebelión policial de septiembre pasado. En el texto, firmado por la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio. Los efectivos deben declarar en sede administrativa ante Asuntos Internos, se les quita el arma, quedaron separados del servicio y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja.
 
Además, existe contra ellos una causa penal. La decisión tiene fecha del 8 de febrero y de alguna manera es una advertencia respecto de movidas pensadas para este jueves 11 y alentadas por efectivos exonerados y un par de referentes de Cambiemos que utilizan una página de Facebook.
 
El expediente en la Auditoría de Asuntos Internos no sólo abarca a los que marcharon a Olivos en una asombrosa rebelión indudablemente política, porque el Presidente era ajeno a a un conflicto que era provincial y que el gobernador Axel Kicillof resolvió equiparando los sueldos de la Policía Bonaerense con los sueldos de las fuerzas federales. Además hay efectivos desafectados por hechos similares en Puente 12, donde suele estar Berni, en La Plata y en otros puntos de la geografía bonaerense. Las notificaciones estaban llegando este martes.
 
Durante la semana pasada empezó a circular, a través de una página de Facebook, la convocatoria a repetir la rebelión 11 de febrero, con la consigna de que se equiparen los sueldos de la Bonaerense con los de la Policía de la Ciudad. Algunos sostienen que un efectivo recién ingresado puede sumar unos 61.000 pesos de sueldo en la Bonaerense mientras que en CABA la cifra trepa a 70.000.
 
De inmediato, algunos de los referentes de Cambiemos replicaron la convocatoria, con Florencia Arietto --colaboradora de la exministra Patricia Bullrich-- a la cabeza. Este diario viene haciendo un chequeo entre los intendentes sobre la existencia o inexistencia de inquietud en las filas policiales. La respuesta es que se percibe poco eco ante la intentona. La desafectación dada a conocer este lunes también es un balde agua fría para los rebeldes.
 
El texto de la resolución indica que "deben prestar declaración administrativa en relación al hecho por el cual, el 9 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, los efectivos mencionados se hicieron presentes en la Residencia Presidencial de Olivos con la finalidad de participar de una protesta para solicitar mejoras en sus condiciones laborales, protesta que afectó la prestación normal del servicio, siendo canalizadas en horario laboral y a bordo de móviles policiales pertenecientes a la flota de la dependencia en la cual prestaban servicios.
 
Los efectivos nombrados cometieron un hecho de extrema gravedad ya que circularon, tanto a pie como en móviles policiales, con la clara intención de erosionar la figura presidencial. Por lo relatado, los imputados afectaron gravemente la disciplina al cometer un acto de insubordinación y afectaron la operatividad de la fuerza policial". En otras desafectaciones figura el lugar y el horario donde se produjeron --La Plata, Puente 12-- y un texto similar. También la notificación adelanta que hay abundante prueba de los hechos, incluyendo fotografías, videos y declaraciones testimoniales.
 
En aquella rebelión, los que tomaban el micrófono y ocupaban el protagonismo eran, en general, exonerados, es decir policías que ya no estaban en la fuerza. En Puente 12 se hizo notar un supuesto oficial que aparecía con un uniforme militar de camuflage. Se trató del capitán Mariano Díaz, que según el Ministerio de Seguridad fue apartado de la Bonaerense por haber intervenido en un motín del Grupo Halcón en el año 2014. Díaz parece que siempre buscó ponerse al frente de un sindicato policial, pese a que ya no está en la Bonaerense.
 
Por la tarde, en Olivos, agarró los micrófonos otro exonerado, el Capitán Sandro Adrián Amaya, que igualmente fue exonerado por estar imputado en una causa de drogas que en su momento instruyó el juez federal Alberto Suárez Araujo.
 
Sin embargo, estos voceros estuvieron acompañados por varios centenares de efectivos en actividad que, a su vez, utilizaron los móviles de la fuerza. La mano de Cambiemos se percibió en que varios de los cabecillas fueron candidatos a concejales en listas de la fuerza de Mauricio Macri.
 
Hace un par de semanas, la ex ministra Patricia Bullrich nuevamente trató de montar su show ante ocho policías que se cuadraron en Villa Gesell. Bullrich y Arietto hicieron trascender la filmación como si hubiera sido otro acto de insubordinación, pero los propios policías contaron que fueron engañados y utilizados políticamente.
 
Pese a que fue el que gobierno de Macri y María Eugenia Vidal el que permitió el atraso en los ingresos policiales, ahora se presentan como los defensores de los uniformados y parte del sector duro de Cambiemos incentiva la rebelión. Los efectivos saben ahora a qué se exponen, porque con la decisión de este lunes no sólo se los desafectó del servicio, se les quitó el arma, afrontan la posibilidad de ser dados de baja, sino que además hay proceso en marcha en la justicia penal que puede terminar en una condena.
 
Por Raúl Kollmann
Por Nicolás Lantos
 
Fuentes: Página12 y El Destape
 

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26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

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