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Nacionales - 10-02-2021 / 08:02
EL JUEVES ESTABA PREVISTA UNA NUEVA PROTESTA IMPULSADA POR EL MACRISMO

Desafectaron a 400 policías que participaron del chantaje con armas en la Quinta de Olivos

Desafectaron a 400 policías que participaron del chantaje con armas en la Quinta de Olivos
Más de 400 efectivos de la Bonaerense fueron desafectados por su participación en la rebelión policial de septiembre pasado. Se comprobaron graves faltas por sus movilizaciones políticas, armados, en horas de servicio. La medida llega cuando otra vez oficiales exonerados y referentes del PRO intentan usar a los efectivos para generar protestas políticas contra el Gobierno.
La maldita Policía Bonaerense quedó nuevamente en el foco, luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciara la decisión de desafectar a 400 efectivos que participaron de la sublevación de septiembre de 2020 y revisar la conducta de otros 1400, que podrían ser sancionados. La determinación se tomó en vísperas de un nuevo acuartelamiento, anunciado en un primer momento para el jueves, con el fin de desalentar esa medida de fuerza impulsada por el macrismo.
 
Después de que se conociera la sanción por haber participado el año pasado del chantaje armado que sitió la residencia presidencial, en algunas de las páginas de facebook y grupos de whatsapp que utilizan efectivos, familiares y retirados para comunicarse entre ellos circularon arengas para anticipar el comienzo de la medida de fuerza. Un grupo convocó para la misma noche del martes en Puerta 12, La Matanza; otros están llamando a concentrarse esta mañana desde las 9. En Necochea y Mar del Plata ayer ya habían empezado las protestas.
 
Desde el gobierno bonaerense seguían los acontecimientos con prudencia pero confiaban en que la convocatoria fuera menos numerosa que hace cinco meses y advierten que los reclamos salariales y sobre condiciones de trabajo que presentaron los policías en su momento fueron atendidos, por lo que empalidecen los motivos de una eventual segunda asonada.
 
En el Gobierno señalan a la oposición macrista como responsable de fogonear estos conflictos con motivos políticos. Trazan una línea que une la presencia de policías en un acto de Patricia Bullrich con los tuits de su asesora Florencia Arietto replicando la convocatoria de la protesta. El petitorio con 21 puntos que circula en las redes, muy similar al de septiembre pasado, no llegó formalmente a las autoridades bonaerenses. 

 
La asonada de septiembre comenzó de forma similar y terminó durando casi 72 horas, durante las cuales un grupo de manifestantes casi consigue ingresar en la vivienda del gobernador Axel Kicillof y otro mantuvo rodeada la residencia de Olivos, con el presidente Alberto Fernández en su interior, por varias horas.
 
En respuesta, el Gobierno resolvió subir el salario mínimo hasta 44 mil pesos, replicar un aumento similar para todas las categorías, mejorar el pago de horas extras y también la cuota para la compra de indumentaria. Los 400 oficiales sancionados ayer por esos sucesos fueron los primeros pero en La Plata advierten que habrá más.
 
Todo esto ocurre durante una semana con fuertes protestas contra la policía en la zona de La Plata por el recrudecimiento del delito y el mismo día en que los vecinos de la localidad Rojas se enfrentaron a oficiales, prendieron fuego un patrullero y atacaron una comisaría reclamando justicia tras el femicidio de Úrsula Bahillo.
 
La Opinión Popular
 
 
LA RESOLUCIÓN DICE QUE COMETIERON "GRAVÍSIMAS FALTAS ADMINISTRATIVAS"
 
Sergio Berni desafectó a 400 policías que participaron de la rebelión del año pasado
 
El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, desafectó de servicio a más de 400 efectivos que participaron de la rebelión policial de septiembre pasado. En el texto, firmado por la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio. Los efectivos deben declarar en sede administrativa ante Asuntos Internos, se les quita el arma, quedaron separados del servicio y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja.
 
Además, existe contra ellos una causa penal. La decisión tiene fecha del 8 de febrero y de alguna manera es una advertencia respecto de movidas pensadas para este jueves 11 y alentadas por efectivos exonerados y un par de referentes de Cambiemos que utilizan una página de Facebook.
 
El expediente en la Auditoría de Asuntos Internos no sólo abarca a los que marcharon a Olivos en una asombrosa rebelión indudablemente política, porque el Presidente era ajeno a a un conflicto que era provincial y que el gobernador Axel Kicillof resolvió equiparando los sueldos de la Policía Bonaerense con los sueldos de las fuerzas federales. Además hay efectivos desafectados por hechos similares en Puente 12, donde suele estar Berni, en La Plata y en otros puntos de la geografía bonaerense. Las notificaciones estaban llegando este martes.
 
Durante la semana pasada empezó a circular, a través de una página de Facebook, la convocatoria a repetir la rebelión 11 de febrero, con la consigna de que se equiparen los sueldos de la Bonaerense con los de la Policía de la Ciudad. Algunos sostienen que un efectivo recién ingresado puede sumar unos 61.000 pesos de sueldo en la Bonaerense mientras que en CABA la cifra trepa a 70.000.
 
De inmediato, algunos de los referentes de Cambiemos replicaron la convocatoria, con Florencia Arietto --colaboradora de la exministra Patricia Bullrich-- a la cabeza. Este diario viene haciendo un chequeo entre los intendentes sobre la existencia o inexistencia de inquietud en las filas policiales. La respuesta es que se percibe poco eco ante la intentona. La desafectación dada a conocer este lunes también es un balde agua fría para los rebeldes.
 
El texto de la resolución indica que "deben prestar declaración administrativa en relación al hecho por el cual, el 9 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, los efectivos mencionados se hicieron presentes en la Residencia Presidencial de Olivos con la finalidad de participar de una protesta para solicitar mejoras en sus condiciones laborales, protesta que afectó la prestación normal del servicio, siendo canalizadas en horario laboral y a bordo de móviles policiales pertenecientes a la flota de la dependencia en la cual prestaban servicios.
 
Los efectivos nombrados cometieron un hecho de extrema gravedad ya que circularon, tanto a pie como en móviles policiales, con la clara intención de erosionar la figura presidencial. Por lo relatado, los imputados afectaron gravemente la disciplina al cometer un acto de insubordinación y afectaron la operatividad de la fuerza policial". En otras desafectaciones figura el lugar y el horario donde se produjeron --La Plata, Puente 12-- y un texto similar. También la notificación adelanta que hay abundante prueba de los hechos, incluyendo fotografías, videos y declaraciones testimoniales.
 
En aquella rebelión, los que tomaban el micrófono y ocupaban el protagonismo eran, en general, exonerados, es decir policías que ya no estaban en la fuerza. En Puente 12 se hizo notar un supuesto oficial que aparecía con un uniforme militar de camuflage. Se trató del capitán Mariano Díaz, que según el Ministerio de Seguridad fue apartado de la Bonaerense por haber intervenido en un motín del Grupo Halcón en el año 2014. Díaz parece que siempre buscó ponerse al frente de un sindicato policial, pese a que ya no está en la Bonaerense.
 
Por la tarde, en Olivos, agarró los micrófonos otro exonerado, el Capitán Sandro Adrián Amaya, que igualmente fue exonerado por estar imputado en una causa de drogas que en su momento instruyó el juez federal Alberto Suárez Araujo.
 
Sin embargo, estos voceros estuvieron acompañados por varios centenares de efectivos en actividad que, a su vez, utilizaron los móviles de la fuerza. La mano de Cambiemos se percibió en que varios de los cabecillas fueron candidatos a concejales en listas de la fuerza de Mauricio Macri.
 
Hace un par de semanas, la ex ministra Patricia Bullrich nuevamente trató de montar su show ante ocho policías que se cuadraron en Villa Gesell. Bullrich y Arietto hicieron trascender la filmación como si hubiera sido otro acto de insubordinación, pero los propios policías contaron que fueron engañados y utilizados políticamente.
 
Pese a que fue el que gobierno de Macri y María Eugenia Vidal el que permitió el atraso en los ingresos policiales, ahora se presentan como los defensores de los uniformados y parte del sector duro de Cambiemos incentiva la rebelión. Los efectivos saben ahora a qué se exponen, porque con la decisión de este lunes no sólo se los desafectó del servicio, se les quitó el arma, afrontan la posibilidad de ser dados de baja, sino que además hay proceso en marcha en la justicia penal que puede terminar en una condena.
 
Por Raúl Kollmann
Por Nicolás Lantos
 
Fuentes: Página12 y El Destape
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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