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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 09-02-2021 / 10:02
PRIMEROS ACUERDOS SALARIALES

Pelea por el ingreso: paritarias contra el virus de la inflación en pandemia

Pelea por el ingreso: paritarias contra el virus de la inflación en pandemia
La Casa Rosada garantiza en sus dichos que "no habrá techo paritario", entre otras voces el ministro de Trabajo Claudio Moroni acotó que la búsqueda oficial apunta a que “los sectores de la vida económica nacional acompañen para que precios y salarios converjan en la pauta del Presupuesto”.
En el inicio de febrero ya pueden apreciarse acuerdos salariales de gremios importantes, con resguardo de revisiones y la mirada puesta en la inflación, más allá del clamor sindical por "paritarias libres" y "menor ganancia empresaria" en la antesala de las reuniones de sindicatos y empresarios con la Casa Rosada por el acuerdo de precios y salarios.
 
El año pasado se exportó el mayor volumen de carne vacuna en muchas décadas y su consumo interno cayó al nivel más bajo en el último siglo. El remanido argumento de que somos un país que produce alimentos para 400 millones de personas choca con una realidad incontrastable. Una cosa es producir y otra muy distinta es que la población -toda la población y no solo los sectores más favorecidos- puedan consumir.
 
Se está hablando de alimentos, no de artículos de lujo. En 2020 el precio de la carne vacuna aumentó 75%, pero la inflación general fue del 36%, las tarifas estuvieron congeladas, el salario mínimo aumentó 33% y el gasoil 25%. ¿Cuál es la razón que justifica semejante disparada de precios?
 
Alberto Fernández, consultado sobre el tema, dijo que si los sectores que intervienen en la cadena productiva y comercial no desacoplan el precio local del internacional, el gobierno deberá intervenir. La reacción del sector más concentrado del agro fue inmediata, oponiéndose a cualquier medida de control y sosteniendo que la causa está en la política tributaria, exigiendo bajar impuestos.
 
No es un problema nuevo en nuestro país y siempre se termina resolviendo según quien gobierne. Los gobiernos de la derecha neoliberal, como el de Mauricio Macri, dejan actuar a "la mano invisible del mercado" mientras que los de orientación popular buscan intervenir en favor de las mayorías que consumen para enojo de las minorías que producen. Es la vieja pelea por el ingreso. Es la verdadera "grieta" que divide entre los pocos que manejan los resortes de la economía y los muchos que no pueden hacer otra cosa que -precisamente- votar a gobiernos que los defiendan.
 

 
Los precios internacionales de la carne en particular y de casi todos los alimentos en general se dispararon con la pandemia de coronavirus. Ahí está la causa y no en los impuestos; menos todavía en una actividad cuyos altos niveles de evasión y elusión tributaria son reconocidos.
 
¿O acaso los trabajadores rurales no son los que sufren los mayores índices de trabajo en negro, con niveles de informalidad que superan el 70%? La quiebra de Vicentin permitió conocer las maniobras fraudulentas que las terminales portuarias del río Paraná -todas ellas privadas y en manos de multinacionales- realizan tercerizando operaciones con países limítrofes para no tributar en Argentina.
 
Las retenciones son el mecanismo más apto y eficaz para que los argentinos no paguen precios internacionales altísimos por productos que se elaboran acá. Pagar en dólares un bien que se produce en pesos beneficia a pocos y perjudica a casi todos. La suba del precio de los alimentos erosiona los salarios y hace caer a millones de personas por debajo de las líneas de la pobreza y de la indigencia.
 
La Opinión Popular
 
 
Que no haya techo en los acuerdos es premisa común gremial y el Gobierno habla de convergencia entre precios y salarios
 
La Casa Rosada garantiza en sus dichos que "no habrá techo paritario", entre otras voces el ministro de Trabajo Claudio Moroni acotó que la búsqueda oficial apunta a que "los sectores de la vida económica nacional acompañen para que precios y salarios converjan en la pauta del Presupuesto".
 
Mientras tanto el detalle de acuerdos ya firmados ofrece algunas señales, a saber:
 
 
Bancarios
  
La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras empresarias del sector acordaron una actualización salarial del 2,1% pendiente para 2020 y una mejora del 29% para el corriente.
 
Se hará efectiva en 3 tramos que se abonarán en 2 cuotas de 11,5% desde enero y abril y de otro 6% a partir del 1 de agosto.
 
El pacto incluye revisiones salariales en septiembre y noviembre y un salario inicial (con participación en las ganancias) de casi $92.000 en enero, $101.000 en abril y de $106.000 en agosto. Además, la negociación incluye el tradicional bono de $89.906,94 por el Día del Bancario.
 
El acuerdo se rubricó luego de cuatro audiencias paritarias en la cartera laboral.
 
Antes el titular de La Bancaria Sergio Palazzo había denunciado "la provocación de las cámaras patronales privadas ABA y Adeba, que intentan condicionar a la banca pública y generar un conflicto al Gobierno nacional".
 
 
Mercantiles
  
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las tres cámaras empresarias sellaron el 21% en 3 tramos del 7%, lo que totalizó para el período anual paritario una mejora del 35% y un básico de convenio de $60.513. "La suma de los incrementos desde abril de 2020 a marzo de este año representa esos 35 puntos", explicó tras la firma el titular de los Mercantiles Armando Cavalieri.
 
Sobre las huellas de fuertes cruces pasados, esa organización gremial y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) rubricaron acuerdo para el período abril 2020-marzo 2021.
 
Se incorporan allí los $5.000 no remunerativos que el personal ya percibía.
 
El salario básico del gremio que abarca 1.200.000 trabajadores/as, incluido el presentismo, llegará a $60.513 desde abril.
 
Los 3 tramos de 7% se abonarán en enero, febrero y marzo, calculados sobre "el monto del salario básico para cada categoría a diciembre último".
 
Las partes retomarán las negociaciones en abril para convenir el período 2021-2022.
 
 
Ferroviarios
  
Los cuatro gremios ferroviarios y las empresas de la actividad acordaron la paritaria para este año, por el 18% desde abril y sumas no remunerativas del 10% (enero), 14% (febrero) y 18% (marzo).
 
Se acordó también la continuidad del pago de los $4.000 mensuales que los trabajadores perciben por el decreto 14/20, bajo el concepto "Adicional remunerativo acuerdo 2020".
 
Las sumas no remunerativas obtenidas para enero, febrero y marzo, permitieron alcanzar un acuerdo del 18% de mejora para el primer trimestre del año, a la que se sumará otro 18% desde abril y revisión desde el 13 de ese mes.
 
La recomposición salarial mensurada por los sindicatos alcanzó entonces un 34%. y reclamarán a partir del 13 de abril que el pago de $4.000 sea incorporado a las grillas salariales por integrar el decreto oficial 14/20.
 
Además, sobre el salario bruto total, incluidas las bonificaciones, viáticos y la antigüedad vigente, se convino el pago no remunerativo de un 10% para enero, un 14% para febrero y un 18% para marzo. Las partes acordaron que esa última mejora se incorpore a las grillas salariales, lo que incrementará el haber bruto total y el básico de convenio.
 
Es la coincidencia de análisis que reseñaron Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Omar Maturano (La Fraternidad), Carlos Galeano (jerárquicos de Apdfa) y el titular de los señaleros (ASFA), Enrique Maigua.
 
 
Fruta noble
  
El Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén acordó un "aumento global" del 40,5% y un adicional, por labor en zona desfavorable, del 8% para el período 2020/2021, destacó Marcos Bielma, titular de esa organización gremial.
 
De esta forma el valor monetario del día de trabajo para el cosechador de frutas en esta temporada alcanzará los $2.344, los montos del acuerdo fueron considerados por el sindicato como "históricos".
 
 
Mineros
  
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) acordaron en enero un 21% a partir de ese mes y una suma no remunerativa y por única vez, lo que totalizó una recomposición de los haberes del 45%.
 
El sindicato, bajo el mando de Héctor Laplace, informó que la suma no remunerativa es del 10% del salario de octubre, otro 10% de noviembre y otro 10% de diciembre 2020.
 
 
Aeronavegantes
  
A mediados de enero la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) oficializó su acuerdo con la empresa Aerolíneas Argentinas para una actualización del 25%, en el marco de la crisis pandémica que impactó a pleno en el transporte aéreo.
 
El pacto determinó que sobre el salario de diciembre se aplican 2 sumas no remunerativa del 23% pagaderas en enero y febrero. Este mes se aplicará un 25% y en marzo se vuelve a aplicar un 25%, (23% remunerativo y 2% sigue no remunerativo).
 
En abril el 25% será remunerativo en su totalidad, tomando como base el salario de septiembre de 2020.
 
 
Madrugón de Marineros
 
El 6 de enero el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), los Electricistas Electronicistas Navales (SEEN), Conductores Navales (SiCoNaRA) y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales cerraron acuerdos con las dos cámaras empresarias más importantes.
 
Con la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y la Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras (Caena), rubro petroleras, lograron firmar dejando atrás el ajuste salarial por IPC, que había fijado para abril/octubre 2020 un 17,57%.
 
De noviembre 2020 a marzo próximo el incremento llegará a un 38,83% anual, entre abril 2020 y marzo 2021, 6% en diciembre, 4% en enero, 3,5% en febrero y 3,5% en marzo.
 
Percibieron también un ajuste del aguinaldo que se pactó dentro de esa negociación.
 
En el sector de remolcadores, que atravesó un fuerte conflicto, el incremento será de 44,24%.
 
Por Luis Autalan
 
Fuentes: BAE Negocios y La Arena
 

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Pelea por el ingreso: paritarias contra el virus de la inflación en pandemia
El detalle de acuerdos ya firmados.
20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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