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"Me acusaron de envenenador serial y ahora me piden que consiga veneno para todos los argentinos". Alberto Fernández
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Nacionales - 07-02-2021 / 09:02
UN PACTO RACIONAL, NECESARIO Y DIFÍCIL

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos
“Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil”. Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
Los objetivos son en apariencia modestos (o sensatos, usted escoja) numéricamente pero muy difíciles de plasmar. El ministro de Economía Martín Guzmán y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco los resumen en declaraciones periodísticas. Que se reduzca la inflación respecto de 2020 y que los salarios le ganen a los precios en la desigual pugna "aunque sea un punto porcentual". O sea, seguir desacelerando la inflación heredada del gobierno de Mauricio Macri y mejorar la distribución del ingreso. Un cauto plan de estabilización combinado con una intervención en la puja distributiva.
 
Cuesta remixar con éxito ambos propósitos, nuestra historia es pródiga en intentos fallidos o sesgados, Hoy en día, choca con las tendencias de época y las correlaciones de fuerzas. No es habitual puntualizarlo pero los aumentos de sueldos son más fáciles de controlar que los de precios. La tendencia reconoce excepciones en circunstancias de enorme poder gremial, de pleno empleo, de estados benefactores interviniendo fuertemente... nada que ver con la coyuntura.
 
La primera reunión se realizará el miércoles. El Gobierno cabildea arrancar solo con las representaciones de los trabajadores. Luego otra de empresarios. Mixtas, más adelante. En todo caso habrá más de una reunión, toma y daca. El designio es llegar a un pacto que se sostenga durante meses que en la contingencia equivalen a una eternidad. Es tan necesario como difícil.
 
Los aumentos de precios al consumidor, en especial los de alimentos, vencieron a un ramillete de políticas públicas. Se acumularon medidas de control. Al comienzo a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) con despliegue de inspectores y facultades para cierres. Se requirió apoyo de intendentes para vigilar si se cumplían los precios máximos. Se especuló con movilizar ciudadanos idea poco fecunda cuando primaba el Aislamiento social preventivo obligatorio (Aspo). Precios Cuidados agregó otro recurso al combo.
 
Economía confiaba, en simultáneo, en que "tranquilizar" variables induciría merma de la inflación. El acuerdo con los acreedores privados de deuda externa, la victoria (rotunda y provisoria) sobre los ataques devaluacionistas en la City, el congelamiento de tarifas (logros de la gestión Fernández), no bastaron para domar los precios. La Ley de Góndolas, interesante iniciativa para diversificar la oferta de productos al consumidor, demoró meses en reglamentarse.
 
En suma, ni las medidas de control ni las estabilizadoras fueron suficientes. Por eso el Gobierno "vuelve" a la política. Una concertación transitoria, voluntarista, que empieza a rodar. Convocar a la responsabilidad colectiva, conseguir que las patronales bajen un cambio.
 
La paz social rayó alto en el año de la peste negando agorerías de la derecha. Mérito de las acciones oficiales, de los trabajadores estatales o privados, de la sociedad civil, de organizaciones populares, sindicales. La gobernanza económica se inscribe como objetivo. Para eso se tiende la mesa.
 
Comienzan a cerrarse las paritarias. "Sin techo" cantan en coro compañeros gremialistas y funcionarios, pero atendiendo a la idea de superar la inflación... un cachito. En despachos públicos se da por hecho que hay mejor disposición de las cúpulas sindicales que de las corporaciones patronales. Mala noticia, nula novedad.
 

 
"Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil". Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
 
El PBI, por lo pronto, crecerá después de una caída brutal aunque menor a los pronósticos más pesimistas. El Presupuesto estima una suba del 5,5 por ciento. Más tacaño, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un 4,5 por ciento, Como señala David Cufré, integrantes del Gobierno confían en una escalada del 6,7 o hasta 8 por ciento del PBI. El presidente Alberto Fernández está enrolado en el bando de los optimistas. La dificultad, en este aspecto, es sostener el crecimiento, No será igual 4,5 que 6 ni una suba que se sostenga desde el verano, que otra que remolonee unos meses.
 
Se volverá, con cuidado y escalonadamente, a las clases presenciales. Lo anhelan las familias, los docentes, las autoridades de la abrumadora mayoría de las provincias. La dificultad, simplificando, estriba en hacerlo de modo gradual, atendiendo a los riesgos y a las características de cada terruño y cada escuela. Minimizar la posibilidad de regresiones, que las habrá de todos modos.
 
El Consejo Federal de Educación (CFE) se reúne el 12 de febrero, presidido por el ministro nacional Nicolás Trotta para acordar coordenadas, criterios, principios. Luego se irá resolviendo en cada provincia y hasta en cada escuela.
 
El Consejo Federal de Educación es una institución arraigada con reglas e integrantes determinados por ley. En cambio el cónclave que tendrá como misión buscar un Acuerdo de precios y salarios ("el Acuerdo", en adelante) hace su camino al andar. Falta determinar qué representaciones sindicales y empresarias lo integran, como será su funcionamiento, Incluso si participan las organizaciones populares ("lo estamos estudiando" comentan dos ministros, dejando final abierto). También el rol que jugará el Gobierno.
 
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Quiénes son los que estarían
 
Los representantes de los trabajadores formales son un conjunto sencillo para describir. Un ministro bromea; "tres o cuatro tribus", que se reseñan mejor en la nota de Felipe Yapur a la que remitimos. Sinopsis extrema de este cronista: la más poderosa la encabeza Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), entornado por Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), entre los más renombrados. El sector con mayor peso institucional, el más negociador acaso. Otros son más combativos. La entente entre SMATA y Camioneros, con un largo camino recorrido. Alberto Fernández les prodiga gestos simbólicos, en especial a Hugo Moyano, ya en el ocaso de su carrera.
 
El bancario Sergio Palazzo de la Corriente Federal recibió un espaldarazo visible del presidente tras un cierre dichoso de la paritaria.
 
La CTA, la cuarta pata, mantiene la demanda de un frente social a reconstruir, aquel que vertebró el FRENAPO durante la crisis de 2001. Protagonismo y ayuda a las Pymes, claman, y rezongan por lo bajo cuando Guzmán las alude poco o no las menciona. Las Pyme capacitan para aliarse al Gobierno, si sabe convocarlas y darles espacio
 
De todas maneras, CGT y CTA se autodefinen como aliadas del Gobierno, atadas a su suerte.
 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en espejo, se acomodan en la vereda de enfrente. Fungen de opositores, cotidianamente. Gritaban "Venezuela" ante cada medida de control mientras con similar fervor remarcaban sin cesar.
 
Ahora enfilan cual cruzados contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Defienden a menos de 20.000 recontra millonarios, con desparpajo. Grandes estudios anuncian viaje a Tierra Santa, los tribunales corpo-friendly. Hay confiscatoriedad, rugen; deberán probarlo, visibilizar sus patrimonios, Suelen ser reacios a dejarse contar las costillas o los patrimonios.
 
Contarían con pocas chances ante jueces imparciales. Numerosos artículos difunden data de estudios jurídicos VIP, sus argumentos o tácticas, Algunos informan, varios parecen propaganda disfrazada, lo que en jerga se llama "publi notas". Llegan a la mesa del Acuerdo con cara de perro y llorando miseria, aun los que acamalaron fortunas con esta crisis.
 
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Planes hubo siempre
 
Menos que un plan económico o una concertación cabal, el Acuerdo autoriza la mirada retrospectiva, a condición de entender que todo tiempo pasado (mejor o peor) es irrepetible,
 
Como sesgo, los planes de congelamiento de variables "tiran a derecha" en el mediano plazo. El Plan Austral del presidente Alfonsín le dio resuello los primeros años. Contó con apoyo ciudadano en el control de precios: recuperación democrática, ganas de movilizarse y apoyar las medidas.
 
Conforme pasó el tiempo, la ecuación se diluyó, quedó patente el perjuicio para los trabajadores, La evolución contribuye a explicar el éxito de Alfonsín en las elecciones de medio término de 1985 y su debacle en las de 1987. También el ascenso sostenido del secretario cegetista Saúl Ubaldini como referencia de la clase trabajadora.
 
La Convertibilidad constituyó un ejemplo extremo. Valorada durante demasiado tiempo por haber bajado la hiperinflación con una sola bala. Estabilidad de precios, inflación cero durante años a costa de renunciar a la política monetaria, un suicidio en cuotas. La gente común acompañaba; la híper aterra, desquicia la vida cotidiana, promueve ruptura de todos los contratos.
 
La flexibilización de hecho favoreció a las grandes patronales, funcionó como caldo de cultivo de la política laboral regresiva. La gente común acompañaba, aunque comenzaba a hundirse. No es sencillo explicar por qué. El italiano Leonardo Sciascia, refiriendo a otras comarcas, inquirió: "¿dejan acaso los hechos de serlo porque no se les ve una razón plausible?".
 
Los hechos ocurrieron: "la gente" acompañó hasta el despeñadero de 2001, una hecatombe exclusivamente argentina, fatta in casa. La reelección del expresidente Carlos Menem reconoce ese dato como referencia. La blandura de sus opositores más votados y la continuidad absoluta que decidió el presidente Fernando de la Rúa contribuyeron al desenlace.
 
El Pacto Social de 1973, en el último mandato del presidente Juan Domingo Perón, es útil solo para conversar, resaltar cambios tremendos.
 
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La clase trabajadora, antaño y ahorita
 
En 1974, cifras oficiales aproximativas, el 82 por ciento de los trabajadores del Gran Buenos Aires tenía empleo registrado. En la actualidad son alrededor de un tercio del total. El clivaje impresionante pinta otro país. Debe acotarse que el valor adquisitivo de los sueldos era muuuy superior al actual, filo incomparable, y que la participación en el PBI rayaba más arriba.
 
Movimiento obrero y clase trabajadora, sin ser lo mismo, abarcaban zonas comunes, En el siglo XXI se reconoce que son trabajadores los formales, los informales, los desocupados, los que mudan de categoría.
 
Volvamos al presente. La reconfiguración de la clase, empobrecimiento y diversificación mediante, fertiliza la necesidad de integrar organizaciones sociales a la mesa del virtual Acuerdo. Expresan a colectivos numerosos, tienen rodaje en la protesta, cooperaron bien en la crisis sanitaria. Pueden amortiguar el peso hegemónico de los formadores de precios.
 
La economía social y nuevas formas de producción no capacitan para abastecer a todo el mercado aunque sí para compensar en algo la bulimia del capital concentrado. Asimismo para ir promoviendo un modelo de producción y de consumo menos alocado y destructivo que el imperante, coautor de la crisis sanitaria que azota al planeta.
 
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Una fruición de la derecha
 
Una regla de oro de cualquier negociación, incluso de la colectiva: si se pretende así fuera un punto de ventaja sobre la inflación, hay que arrancar pidiendo más. Para regatear y bajar hay tiempo. Los jefes sindicales lo saben, los docentes en especial.
 
La Paritaria Nacional no dará espacio para revisiones en agosto o septiembre como la Bancaria. Además, primero y principal: el personal merece especialmente mejorar sus retribuciones, Porque los sueldos están deprimidos, porque trabajaron duro en la crisis y tendrán que seguir bancando en el nuevo escenario.
 
Vituperar a los sindicatos es deporte predilecto de la derecha. La exprimera ministra británica Margaret Thatcher decretó "la sociedad no existe" y embistió contra los gremios. Menem fue impiadoso con los trabajadores del Estado. Su ministro de Economía Roque Fernández llamaba "empleados públicos" a los maestros de la Carpa Blanca, para despreciarlos.
 
Las representaciones docentes protagonizaron protestas memorables desde la recuperación democrática. La Marcha Blanca en tiempos de Alfonsín, la citada Carpa Blanca, la Carpa itinerante bajo el mandato de Macri. Movidas pacíficas, creativas, atentas a la opinión pública,
 
Sus figuras destacaron por coraje cívico y coherencia: Alfredo Bravo, Marta Maffei, Hugo Yasky, Sonia Alesso entre muches. No extraña que la ministra de Educación porteña Soledad Acuña los elija como enemigo: los detesta por motivos ideológicos. Ni la gente de PRO puede acusar a esos referentes de ser empresarios, de haberse enriquecido, de comportarse como ricos. Baste ver cómo y dónde viven, cómo empilchan, cómo conservan adhesión de las bases.
 
El odio de las derechas enaltece a los líderes. También les genera una cantidad de deberes que vienen cumpliendo, alquimistas de sucesivas crisis. Ponerse firme en defensa del ingreso, de las condiciones laborales, de la mejora de la infraestructura (en muchos casos obsoleta en 2019, inviable en 2021) serán banderas y tareas. El reconocimiento social de las funciones de la escuela late en los deseos de las familias, en la nostalgia de pibes y pibas. Por algo será.
 
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Final abierto
 
La convocatoria temprana al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (para abril, quizá) impactará un cachito en los salarios reales. Funge como referencia, es piso para calcular ciertos mínimos de convenio,
 
No obstante, lo fundamental se juega en el incipiente marco del Acuerdo. El Gobierno lo promueve, estipula objetivos mínimos, redistributivos. Para concretarlos deberá vencer resistencias atávicas, intratables. Se discute con frecuencia, dentro del Frente de Todos (FdT) si Alberto Fernández ha sido demasiado consensualista o concesivo. Polémica válida a condición de evitar el rupturismo o el sectarismo funcional al adversario político.
 
Esta iniciativa, las metas que el Gobierno fijó, lo fuerzan a intervenir en la disputa. Es correcto imaginar incentivos para las partes pero la mitológica zanahoria no alcanza. Habrá que apelar a las herramientas democráticas de un gobierno popular, incluyendo la movilización ausente en 2020.
 
Si las tratativas avanzan luce peliagudo que las partes lleguen a un consenso con el Estado actuando apenas como testigo o haciendo de VAR. El Gobierno, coherente con lo que proyectó, debe conducir las negociaciones. Por ahí, imaginamos, tenga que diseñar una hoja de ruta o un eje de propuesta para encauzar a las partes.
 
La inflación de enero será elevada, un primer escollo. El resto queda sujeto a la construcción, la voluntad política. Si el oficialismo se empeña contará con apoyo popular como el que supo granjearse en las urnas. Esta historia y otras insinuadas en esta columna continuarán...
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar 
 

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08-03-2021 / 11:03
El proyecto del oficialismo, impulsado por Sergio Massa, que sube el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias incorporó otros dos beneficios para los trabajadores y jubilados que queden eximidos de pagar el tributo en caso de aprobarse la iniciativa.
 
La implementación del nuevo piso en 150.000 pesos será retroactiva a enero, lo que implicará la devolución de lo pagado durante los primeros tres meses del año. Además, el aguinaldo quedará exceptuado para salarios que no superen ese mínimo.
 
Las modificaciones al proyecto original, que recogieron algunos de los planteos de los legisladores de extracción sindical, fueron difundidas por el presidente de la Cámara de Diputados a pocas horas de que comience su tratamiento. Mañana comenzará el debate en comisión.
 
El primer cambio determina que la implementación de la suba del nuevo piso a 150.000 pesos sea retroactiva a enero. Así, en caso de que la iniciativa se convierta en ley, lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses del año será reintegrado en el salario del mes de abril.
 
Desde el oficialismo destacaron que "los más de 1,2 millón de contribuyentes que dejarán de pagar el tributo, contarán con el beneficio extra de contar en su bolsillo con la devolución de aquello que hayan pagado en los meses de enero, febrero y marzo".
 
La segunda modificación incorpora la exención del pago de Ganancias al Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, de quienes no alcancen de forma regular el nuevo mínimo no imponible.
 

08-03-2021 / 07:03
El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará hoy en un plenario extraordinario por el Día Internacional de la Mujer, dos propuestas que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la prevención de los femicidios, en momentos en que crece la indignación social frente a la inacción de la justicia para prevenirlos.
 
Se votará la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género, y la realización de una auditoría en los juzgados --nacionales y federales-- para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y si jueces y funcionarixs que tratan esos casos han hecho la capacitación prevista en la Ley Micaela y otros cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores.
 
El tratamiento de las dos iniciativas se da tres semanas después de manifestaciones frente a los tribunales en todo el país contra "la justicia patriarcal" luego del femicidio anunciado de la adolescente Ursula Bahillo, y en el marco de un nuevo Paro Internacional Feminista, convocado este 8M con un llamado de una amplia articulación de organizaciones de mujeres y disidencias, sindicales -todas las centrales obreras--, políticas y sociales, a concentrar a las 17 frente al Congreso, para reclamar "contra las violencias machistas" y por "una reforma judicial feminista", "paridad en la Justicia", y "aplicación efectiva de la Ley Micaela en el Poder Judicial", entre otras demandas.
 

07-03-2021 / 09:03
Ningún análisis sobre la situación de Formosa puede pasar por alto un dato: la provincia siguió una estrategia exitosa de supresión del Covid que le permite mostrar cifras comparables a las de Nueva Zelanda o Corea del Sur, con una cantidad de recursos infinitamente menor. En esos países se realizaron cuarentenas muy extensas y estrictas, hubo un control férreo de las fronteras y se reaccionó rápidamente ante la aparición de pocos infectados para contener nuevos brotes.
 
Son casos excepcionales y que la misma oposición que condena al gobernador Gildo Insfrán usa como ejemplo para esmerilar la respuesta a la pandemia del gobierno nacional. Es válido discutir hasta qué punto se puede aceptar el sacrificio de ciertos derechos en pos de un objetivo sanitario, pero no hacerse los boludos.
 
No resulta excepcional, por el contrario, que un sector de la sociedad se rebele ante las medidas de restricción impuestas desde el Estado. Sucedió en todos los países del mundo y en muchos, desde Rusia hasta Italia, desde Chile hasta Gran Bretaña, las protestas se dispersaron con una respuesta policial desmedida.
 
Ninguna estrategia de lucha contra el coronavirus justifica la violencia institucional. La falta de proporción en la represión a las manifestaciones formoseñas del viernes pasado debe ser condenada sin peros. De ahí a sostener, como sostiene la oposición, que en Formosa no rige el estado de Derecho, que debe haber una intervención federal o se tiene que reclamar la presencia de veedores extranjeros existe una distancia enorme y una doble vara flagrante.
 
Durante los 14 años de gobierno ininterrumpido del PRO en la ciudad de Buenos Aires los casos de violencia institucional no solamente no fueron condenados por el oficialismo porteño sino que fueron reivindicados. En los cuatro de mandato de Mauricio Macri al frente del gobierno nacional, también.
 
Los mismos que denuncian una "dictadura" en Formosa reconocieron el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia, que llegó al poder con tanques en la calle, dirigentes políticos secuestrados y funcionarios linchados por patotas parapoliciales. La caracterización no es inocente: en el imaginario de derecha, la palabra Venezuela da carta blanca para la intervención extranjera o el golpe de Estado. El siguiente paso es transferir esa cualidad de Insfrán a Alberto Fernández. Ya está sucediendo.
 
La reaparición del "espantapájaros venezolano" en el discurso opositor puede ser una buena noticia para el gobierno, porque señala el agotamiento de la agenda que Juntos por el Cambio promovió estos meses. Con el programa de vacunación ya en marcha y aumentando su ritmo en todo el país, la impostura antivacunas no sólo pierde efectividad: resulta contraproducente a medida que las dosis van llegando a cada hogar.
 
Realidad efectiva, a prueba de operaciones mediáticas, aunque el costo que ya se cobraron es altísimo. Un antiguo proverbio atribuido a Confucio sostiene que cuando un hombre sabio señala a la luna, un hombre estúpido se queda mirando el dedo. 
 

07-03-2021 / 08:03
El presidente Alberto Fernández cuestionó en el Congreso al Poder Judicial y propuso leyes para adecentarlo. Varias se están discutiendo, alguna es mandato constitucional desde 1853, otras recogen tradiciones añejas. La derecha autóctona se indignó, el elenco estable de juristas de los medios dominantes clamó al cielo, como de costumbre.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández protagonizó por Zoom un clásico de la política: la acusada que desnuda a sus fiscales o jueces, que disecciona sus maniobras y a quiénes sirven. Los medios audiovisuales, condenados a divulgarla, acumularon un rating inusual para el horario.
 
La elusión de impuestos, la perpetuación antiética en los cargos, el maltrato a personas comunes que acuden a juzgados ordinarios son menú de todos los días. Llamar "Justicia" al Poder Judicial es un error de lenguaje, extendido.
 
Las rémoras de los Tribunales se expanden en otros fueros, "ordinarios" en jerga. Damnifican a gente común, litigantes de a pie. Las causas son eternas lo que ínsitamente favorece a la parte más poderosa.
 
Así es, de modo clavado, en los pleitos laborales, suele suceder en otros. Miles padecen destratos, plazos vaticanos, están impedidos de entender qué expresan las sentencias que les llegan tarde... Escritas en dialecto abstruso, para no ser comprendidas.
 
La lucha del movimiento feminista arroja claridad sobre el modus operandi judicial respecto de la violencia de género, con pico en los femicidios. La crónica diaria revela desprecios por las víctimas, pereza frente a sus demandas. Hasta pijotean la entrega de tobilleras. Están a su alcance, prevendrían in extremis hechos de violencia. "La Justicia" remolonea, en irrevocable declive.
 
Ciertas cuestiones se reiteran, como la persecución y la cárcel para dirigentes opositores al macrismo y al establishment. Cristina desenmascaró a sus juzgadores y a otros como ellos, sin apartarse del temario porque la agenda en debate es la insolidaridad cotidiana, los abusos de poder, el machismo, el sesgo de clase.
 
Los Poderes Judiciales son conservadores, por lo general. "Tiran" a derecha. Sus cuadros se anquilosan como élite. La mayor rémora del Poder Judicial argentino es ideológica. Los jueces naturalizan privilegios como la exención impositiva auto otorgada. Se hacen nombrar como "Su Señoría". Reparten puestos entre la parentela, practican la endogamia.
 
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
 

06-03-2021 / 09:03
La policía de Formosa reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación contra el gobierno de Gildo Insfrán por su decisión de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decidida el jueves por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 luego de detectar un rebrote de 43 contagios, la mayoría en la capital.
 
El lamentable operativo incluyó detenciones y provocó heridas en varios manifestantes. La represión -que fue bastante dura- alcanzó repercusión nacional y fue repudiado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Secretaría de Derechos Humanos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y organizaciones de derechos humanos.
 
Los grandes medios opositores porteños se encargaron de transmitir los hechos al mismo tiempo que denunciaban todo lo actuado por Insfrán en los meses de la cuarentena. La demagogia y la utilización política no se hicieron esperar. Desde la cúpula de Juntos por el Cambio, en un acto de cinismo desvergonzando, Patricia Bullrich repudió la represión. No fue la única figura de este espacio en hacerlo, las condenas llovieron. Las mismas que están ausentes cuando se reprime en provincias gobernadas por ese espacio político, como en Jujuy.
 
La represión de este viernes mostró el carácter políticamente regresivo que tiene el gobierno de Formosa. Al mismo tiempo desnudó la demagogia política de la oposición de Juntos por el Cambio, que fogoneó la protesta provincial al tiempo que la utilizó para hacer política a escala nacional. Para la oposición derechista, solo se trata de debilitar al Gobierno. Es repudiable la represión en Formosa y es ridícula la derecha repudiando la represión en Formosa.
 
La represión siempre está mal venga de donde venga, pero ver dirigentes macristas indignados por el accionar de la policía de Formosa, y cuando fueron gobierno, repartían palos a diestra y siniestra a los jubilados, mientras miraban complacidos, es de una hipocresía  garrafal.
 

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