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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 07-02-2021 / 09:02
UN PACTO RACIONAL, NECESARIO Y DIFÍCIL

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos
“Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil”. Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
Los objetivos son en apariencia modestos (o sensatos, usted escoja) numéricamente pero muy difíciles de plasmar. El ministro de Economía Martín Guzmán y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco los resumen en declaraciones periodísticas. Que se reduzca la inflación respecto de 2020 y que los salarios le ganen a los precios en la desigual pugna "aunque sea un punto porcentual". O sea, seguir desacelerando la inflación heredada del gobierno de Mauricio Macri y mejorar la distribución del ingreso. Un cauto plan de estabilización combinado con una intervención en la puja distributiva.
 
Cuesta remixar con éxito ambos propósitos, nuestra historia es pródiga en intentos fallidos o sesgados, Hoy en día, choca con las tendencias de época y las correlaciones de fuerzas. No es habitual puntualizarlo pero los aumentos de sueldos son más fáciles de controlar que los de precios. La tendencia reconoce excepciones en circunstancias de enorme poder gremial, de pleno empleo, de estados benefactores interviniendo fuertemente... nada que ver con la coyuntura.
 
La primera reunión se realizará el miércoles. El Gobierno cabildea arrancar solo con las representaciones de los trabajadores. Luego otra de empresarios. Mixtas, más adelante. En todo caso habrá más de una reunión, toma y daca. El designio es llegar a un pacto que se sostenga durante meses que en la contingencia equivalen a una eternidad. Es tan necesario como difícil.
 
Los aumentos de precios al consumidor, en especial los de alimentos, vencieron a un ramillete de políticas públicas. Se acumularon medidas de control. Al comienzo a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) con despliegue de inspectores y facultades para cierres. Se requirió apoyo de intendentes para vigilar si se cumplían los precios máximos. Se especuló con movilizar ciudadanos idea poco fecunda cuando primaba el Aislamiento social preventivo obligatorio (Aspo). Precios Cuidados agregó otro recurso al combo.
 
Economía confiaba, en simultáneo, en que "tranquilizar" variables induciría merma de la inflación. El acuerdo con los acreedores privados de deuda externa, la victoria (rotunda y provisoria) sobre los ataques devaluacionistas en la City, el congelamiento de tarifas (logros de la gestión Fernández), no bastaron para domar los precios. La Ley de Góndolas, interesante iniciativa para diversificar la oferta de productos al consumidor, demoró meses en reglamentarse.
 
En suma, ni las medidas de control ni las estabilizadoras fueron suficientes. Por eso el Gobierno "vuelve" a la política. Una concertación transitoria, voluntarista, que empieza a rodar. Convocar a la responsabilidad colectiva, conseguir que las patronales bajen un cambio.
 
La paz social rayó alto en el año de la peste negando agorerías de la derecha. Mérito de las acciones oficiales, de los trabajadores estatales o privados, de la sociedad civil, de organizaciones populares, sindicales. La gobernanza económica se inscribe como objetivo. Para eso se tiende la mesa.
 
Comienzan a cerrarse las paritarias. "Sin techo" cantan en coro compañeros gremialistas y funcionarios, pero atendiendo a la idea de superar la inflación... un cachito. En despachos públicos se da por hecho que hay mejor disposición de las cúpulas sindicales que de las corporaciones patronales. Mala noticia, nula novedad.
 

 
"Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil". Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
 
El PBI, por lo pronto, crecerá después de una caída brutal aunque menor a los pronósticos más pesimistas. El Presupuesto estima una suba del 5,5 por ciento. Más tacaño, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un 4,5 por ciento, Como señala David Cufré, integrantes del Gobierno confían en una escalada del 6,7 o hasta 8 por ciento del PBI. El presidente Alberto Fernández está enrolado en el bando de los optimistas. La dificultad, en este aspecto, es sostener el crecimiento, No será igual 4,5 que 6 ni una suba que se sostenga desde el verano, que otra que remolonee unos meses.
 
Se volverá, con cuidado y escalonadamente, a las clases presenciales. Lo anhelan las familias, los docentes, las autoridades de la abrumadora mayoría de las provincias. La dificultad, simplificando, estriba en hacerlo de modo gradual, atendiendo a los riesgos y a las características de cada terruño y cada escuela. Minimizar la posibilidad de regresiones, que las habrá de todos modos.
 
El Consejo Federal de Educación (CFE) se reúne el 12 de febrero, presidido por el ministro nacional Nicolás Trotta para acordar coordenadas, criterios, principios. Luego se irá resolviendo en cada provincia y hasta en cada escuela.
 
El Consejo Federal de Educación es una institución arraigada con reglas e integrantes determinados por ley. En cambio el cónclave que tendrá como misión buscar un Acuerdo de precios y salarios ("el Acuerdo", en adelante) hace su camino al andar. Falta determinar qué representaciones sindicales y empresarias lo integran, como será su funcionamiento, Incluso si participan las organizaciones populares ("lo estamos estudiando" comentan dos ministros, dejando final abierto). También el rol que jugará el Gobierno.
 
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Quiénes son los que estarían
 
Los representantes de los trabajadores formales son un conjunto sencillo para describir. Un ministro bromea; "tres o cuatro tribus", que se reseñan mejor en la nota de Felipe Yapur a la que remitimos. Sinopsis extrema de este cronista: la más poderosa la encabeza Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), entornado por Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), entre los más renombrados. El sector con mayor peso institucional, el más negociador acaso. Otros son más combativos. La entente entre SMATA y Camioneros, con un largo camino recorrido. Alberto Fernández les prodiga gestos simbólicos, en especial a Hugo Moyano, ya en el ocaso de su carrera.
 
El bancario Sergio Palazzo de la Corriente Federal recibió un espaldarazo visible del presidente tras un cierre dichoso de la paritaria.
 
La CTA, la cuarta pata, mantiene la demanda de un frente social a reconstruir, aquel que vertebró el FRENAPO durante la crisis de 2001. Protagonismo y ayuda a las Pymes, claman, y rezongan por lo bajo cuando Guzmán las alude poco o no las menciona. Las Pyme capacitan para aliarse al Gobierno, si sabe convocarlas y darles espacio
 
De todas maneras, CGT y CTA se autodefinen como aliadas del Gobierno, atadas a su suerte.
 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en espejo, se acomodan en la vereda de enfrente. Fungen de opositores, cotidianamente. Gritaban "Venezuela" ante cada medida de control mientras con similar fervor remarcaban sin cesar.
 
Ahora enfilan cual cruzados contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Defienden a menos de 20.000 recontra millonarios, con desparpajo. Grandes estudios anuncian viaje a Tierra Santa, los tribunales corpo-friendly. Hay confiscatoriedad, rugen; deberán probarlo, visibilizar sus patrimonios, Suelen ser reacios a dejarse contar las costillas o los patrimonios.
 
Contarían con pocas chances ante jueces imparciales. Numerosos artículos difunden data de estudios jurídicos VIP, sus argumentos o tácticas, Algunos informan, varios parecen propaganda disfrazada, lo que en jerga se llama "publi notas". Llegan a la mesa del Acuerdo con cara de perro y llorando miseria, aun los que acamalaron fortunas con esta crisis.
 
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Planes hubo siempre
 
Menos que un plan económico o una concertación cabal, el Acuerdo autoriza la mirada retrospectiva, a condición de entender que todo tiempo pasado (mejor o peor) es irrepetible,
 
Como sesgo, los planes de congelamiento de variables "tiran a derecha" en el mediano plazo. El Plan Austral del presidente Alfonsín le dio resuello los primeros años. Contó con apoyo ciudadano en el control de precios: recuperación democrática, ganas de movilizarse y apoyar las medidas.
 
Conforme pasó el tiempo, la ecuación se diluyó, quedó patente el perjuicio para los trabajadores, La evolución contribuye a explicar el éxito de Alfonsín en las elecciones de medio término de 1985 y su debacle en las de 1987. También el ascenso sostenido del secretario cegetista Saúl Ubaldini como referencia de la clase trabajadora.
 
La Convertibilidad constituyó un ejemplo extremo. Valorada durante demasiado tiempo por haber bajado la hiperinflación con una sola bala. Estabilidad de precios, inflación cero durante años a costa de renunciar a la política monetaria, un suicidio en cuotas. La gente común acompañaba; la híper aterra, desquicia la vida cotidiana, promueve ruptura de todos los contratos.
 
La flexibilización de hecho favoreció a las grandes patronales, funcionó como caldo de cultivo de la política laboral regresiva. La gente común acompañaba, aunque comenzaba a hundirse. No es sencillo explicar por qué. El italiano Leonardo Sciascia, refiriendo a otras comarcas, inquirió: "¿dejan acaso los hechos de serlo porque no se les ve una razón plausible?".
 
Los hechos ocurrieron: "la gente" acompañó hasta el despeñadero de 2001, una hecatombe exclusivamente argentina, fatta in casa. La reelección del expresidente Carlos Menem reconoce ese dato como referencia. La blandura de sus opositores más votados y la continuidad absoluta que decidió el presidente Fernando de la Rúa contribuyeron al desenlace.
 
El Pacto Social de 1973, en el último mandato del presidente Juan Domingo Perón, es útil solo para conversar, resaltar cambios tremendos.
 
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La clase trabajadora, antaño y ahorita
 
En 1974, cifras oficiales aproximativas, el 82 por ciento de los trabajadores del Gran Buenos Aires tenía empleo registrado. En la actualidad son alrededor de un tercio del total. El clivaje impresionante pinta otro país. Debe acotarse que el valor adquisitivo de los sueldos era muuuy superior al actual, filo incomparable, y que la participación en el PBI rayaba más arriba.
 
Movimiento obrero y clase trabajadora, sin ser lo mismo, abarcaban zonas comunes, En el siglo XXI se reconoce que son trabajadores los formales, los informales, los desocupados, los que mudan de categoría.
 
Volvamos al presente. La reconfiguración de la clase, empobrecimiento y diversificación mediante, fertiliza la necesidad de integrar organizaciones sociales a la mesa del virtual Acuerdo. Expresan a colectivos numerosos, tienen rodaje en la protesta, cooperaron bien en la crisis sanitaria. Pueden amortiguar el peso hegemónico de los formadores de precios.
 
La economía social y nuevas formas de producción no capacitan para abastecer a todo el mercado aunque sí para compensar en algo la bulimia del capital concentrado. Asimismo para ir promoviendo un modelo de producción y de consumo menos alocado y destructivo que el imperante, coautor de la crisis sanitaria que azota al planeta.
 
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Una fruición de la derecha
 
Una regla de oro de cualquier negociación, incluso de la colectiva: si se pretende así fuera un punto de ventaja sobre la inflación, hay que arrancar pidiendo más. Para regatear y bajar hay tiempo. Los jefes sindicales lo saben, los docentes en especial.
 
La Paritaria Nacional no dará espacio para revisiones en agosto o septiembre como la Bancaria. Además, primero y principal: el personal merece especialmente mejorar sus retribuciones, Porque los sueldos están deprimidos, porque trabajaron duro en la crisis y tendrán que seguir bancando en el nuevo escenario.
 
Vituperar a los sindicatos es deporte predilecto de la derecha. La exprimera ministra británica Margaret Thatcher decretó "la sociedad no existe" y embistió contra los gremios. Menem fue impiadoso con los trabajadores del Estado. Su ministro de Economía Roque Fernández llamaba "empleados públicos" a los maestros de la Carpa Blanca, para despreciarlos.
 
Las representaciones docentes protagonizaron protestas memorables desde la recuperación democrática. La Marcha Blanca en tiempos de Alfonsín, la citada Carpa Blanca, la Carpa itinerante bajo el mandato de Macri. Movidas pacíficas, creativas, atentas a la opinión pública,
 
Sus figuras destacaron por coraje cívico y coherencia: Alfredo Bravo, Marta Maffei, Hugo Yasky, Sonia Alesso entre muches. No extraña que la ministra de Educación porteña Soledad Acuña los elija como enemigo: los detesta por motivos ideológicos. Ni la gente de PRO puede acusar a esos referentes de ser empresarios, de haberse enriquecido, de comportarse como ricos. Baste ver cómo y dónde viven, cómo empilchan, cómo conservan adhesión de las bases.
 
El odio de las derechas enaltece a los líderes. También les genera una cantidad de deberes que vienen cumpliendo, alquimistas de sucesivas crisis. Ponerse firme en defensa del ingreso, de las condiciones laborales, de la mejora de la infraestructura (en muchos casos obsoleta en 2019, inviable en 2021) serán banderas y tareas. El reconocimiento social de las funciones de la escuela late en los deseos de las familias, en la nostalgia de pibes y pibas. Por algo será.
 
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Final abierto
 
La convocatoria temprana al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (para abril, quizá) impactará un cachito en los salarios reales. Funge como referencia, es piso para calcular ciertos mínimos de convenio,
 
No obstante, lo fundamental se juega en el incipiente marco del Acuerdo. El Gobierno lo promueve, estipula objetivos mínimos, redistributivos. Para concretarlos deberá vencer resistencias atávicas, intratables. Se discute con frecuencia, dentro del Frente de Todos (FdT) si Alberto Fernández ha sido demasiado consensualista o concesivo. Polémica válida a condición de evitar el rupturismo o el sectarismo funcional al adversario político.
 
Esta iniciativa, las metas que el Gobierno fijó, lo fuerzan a intervenir en la disputa. Es correcto imaginar incentivos para las partes pero la mitológica zanahoria no alcanza. Habrá que apelar a las herramientas democráticas de un gobierno popular, incluyendo la movilización ausente en 2020.
 
Si las tratativas avanzan luce peliagudo que las partes lleguen a un consenso con el Estado actuando apenas como testigo o haciendo de VAR. El Gobierno, coherente con lo que proyectó, debe conducir las negociaciones. Por ahí, imaginamos, tenga que diseñar una hoja de ruta o un eje de propuesta para encauzar a las partes.
 
La inflación de enero será elevada, un primer escollo. El resto queda sujeto a la construcción, la voluntad política. Si el oficialismo se empeña contará con apoyo popular como el que supo granjearse en las urnas. Esta historia y otras insinuadas en esta columna continuarán...
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar 
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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