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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 07-02-2021 / 09:02
UN PACTO RACIONAL, NECESARIO Y DIFÍCIL

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos
“Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil”. Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
Los objetivos son en apariencia modestos (o sensatos, usted escoja) numéricamente pero muy difíciles de plasmar. El ministro de Economía Martín Guzmán y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco los resumen en declaraciones periodísticas. Que se reduzca la inflación respecto de 2020 y que los salarios le ganen a los precios en la desigual pugna "aunque sea un punto porcentual". O sea, seguir desacelerando la inflación heredada del gobierno de Mauricio Macri y mejorar la distribución del ingreso. Un cauto plan de estabilización combinado con una intervención en la puja distributiva.
 
Cuesta remixar con éxito ambos propósitos, nuestra historia es pródiga en intentos fallidos o sesgados, Hoy en día, choca con las tendencias de época y las correlaciones de fuerzas. No es habitual puntualizarlo pero los aumentos de sueldos son más fáciles de controlar que los de precios. La tendencia reconoce excepciones en circunstancias de enorme poder gremial, de pleno empleo, de estados benefactores interviniendo fuertemente... nada que ver con la coyuntura.
 
La primera reunión se realizará el miércoles. El Gobierno cabildea arrancar solo con las representaciones de los trabajadores. Luego otra de empresarios. Mixtas, más adelante. En todo caso habrá más de una reunión, toma y daca. El designio es llegar a un pacto que se sostenga durante meses que en la contingencia equivalen a una eternidad. Es tan necesario como difícil.
 
Los aumentos de precios al consumidor, en especial los de alimentos, vencieron a un ramillete de políticas públicas. Se acumularon medidas de control. Al comienzo a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) con despliegue de inspectores y facultades para cierres. Se requirió apoyo de intendentes para vigilar si se cumplían los precios máximos. Se especuló con movilizar ciudadanos idea poco fecunda cuando primaba el Aislamiento social preventivo obligatorio (Aspo). Precios Cuidados agregó otro recurso al combo.
 
Economía confiaba, en simultáneo, en que "tranquilizar" variables induciría merma de la inflación. El acuerdo con los acreedores privados de deuda externa, la victoria (rotunda y provisoria) sobre los ataques devaluacionistas en la City, el congelamiento de tarifas (logros de la gestión Fernández), no bastaron para domar los precios. La Ley de Góndolas, interesante iniciativa para diversificar la oferta de productos al consumidor, demoró meses en reglamentarse.
 
En suma, ni las medidas de control ni las estabilizadoras fueron suficientes. Por eso el Gobierno "vuelve" a la política. Una concertación transitoria, voluntarista, que empieza a rodar. Convocar a la responsabilidad colectiva, conseguir que las patronales bajen un cambio.
 
La paz social rayó alto en el año de la peste negando agorerías de la derecha. Mérito de las acciones oficiales, de los trabajadores estatales o privados, de la sociedad civil, de organizaciones populares, sindicales. La gobernanza económica se inscribe como objetivo. Para eso se tiende la mesa.
 
Comienzan a cerrarse las paritarias. "Sin techo" cantan en coro compañeros gremialistas y funcionarios, pero atendiendo a la idea de superar la inflación... un cachito. En despachos públicos se da por hecho que hay mejor disposición de las cúpulas sindicales que de las corporaciones patronales. Mala noticia, nula novedad.
 

 
"Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil". Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
 
El PBI, por lo pronto, crecerá después de una caída brutal aunque menor a los pronósticos más pesimistas. El Presupuesto estima una suba del 5,5 por ciento. Más tacaño, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un 4,5 por ciento, Como señala David Cufré, integrantes del Gobierno confían en una escalada del 6,7 o hasta 8 por ciento del PBI. El presidente Alberto Fernández está enrolado en el bando de los optimistas. La dificultad, en este aspecto, es sostener el crecimiento, No será igual 4,5 que 6 ni una suba que se sostenga desde el verano, que otra que remolonee unos meses.
 
Se volverá, con cuidado y escalonadamente, a las clases presenciales. Lo anhelan las familias, los docentes, las autoridades de la abrumadora mayoría de las provincias. La dificultad, simplificando, estriba en hacerlo de modo gradual, atendiendo a los riesgos y a las características de cada terruño y cada escuela. Minimizar la posibilidad de regresiones, que las habrá de todos modos.
 
El Consejo Federal de Educación (CFE) se reúne el 12 de febrero, presidido por el ministro nacional Nicolás Trotta para acordar coordenadas, criterios, principios. Luego se irá resolviendo en cada provincia y hasta en cada escuela.
 
El Consejo Federal de Educación es una institución arraigada con reglas e integrantes determinados por ley. En cambio el cónclave que tendrá como misión buscar un Acuerdo de precios y salarios ("el Acuerdo", en adelante) hace su camino al andar. Falta determinar qué representaciones sindicales y empresarias lo integran, como será su funcionamiento, Incluso si participan las organizaciones populares ("lo estamos estudiando" comentan dos ministros, dejando final abierto). También el rol que jugará el Gobierno.
 
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Quiénes son los que estarían
 
Los representantes de los trabajadores formales son un conjunto sencillo para describir. Un ministro bromea; "tres o cuatro tribus", que se reseñan mejor en la nota de Felipe Yapur a la que remitimos. Sinopsis extrema de este cronista: la más poderosa la encabeza Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), entornado por Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), entre los más renombrados. El sector con mayor peso institucional, el más negociador acaso. Otros son más combativos. La entente entre SMATA y Camioneros, con un largo camino recorrido. Alberto Fernández les prodiga gestos simbólicos, en especial a Hugo Moyano, ya en el ocaso de su carrera.
 
El bancario Sergio Palazzo de la Corriente Federal recibió un espaldarazo visible del presidente tras un cierre dichoso de la paritaria.
 
La CTA, la cuarta pata, mantiene la demanda de un frente social a reconstruir, aquel que vertebró el FRENAPO durante la crisis de 2001. Protagonismo y ayuda a las Pymes, claman, y rezongan por lo bajo cuando Guzmán las alude poco o no las menciona. Las Pyme capacitan para aliarse al Gobierno, si sabe convocarlas y darles espacio
 
De todas maneras, CGT y CTA se autodefinen como aliadas del Gobierno, atadas a su suerte.
 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en espejo, se acomodan en la vereda de enfrente. Fungen de opositores, cotidianamente. Gritaban "Venezuela" ante cada medida de control mientras con similar fervor remarcaban sin cesar.
 
Ahora enfilan cual cruzados contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Defienden a menos de 20.000 recontra millonarios, con desparpajo. Grandes estudios anuncian viaje a Tierra Santa, los tribunales corpo-friendly. Hay confiscatoriedad, rugen; deberán probarlo, visibilizar sus patrimonios, Suelen ser reacios a dejarse contar las costillas o los patrimonios.
 
Contarían con pocas chances ante jueces imparciales. Numerosos artículos difunden data de estudios jurídicos VIP, sus argumentos o tácticas, Algunos informan, varios parecen propaganda disfrazada, lo que en jerga se llama "publi notas". Llegan a la mesa del Acuerdo con cara de perro y llorando miseria, aun los que acamalaron fortunas con esta crisis.
 
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Planes hubo siempre
 
Menos que un plan económico o una concertación cabal, el Acuerdo autoriza la mirada retrospectiva, a condición de entender que todo tiempo pasado (mejor o peor) es irrepetible,
 
Como sesgo, los planes de congelamiento de variables "tiran a derecha" en el mediano plazo. El Plan Austral del presidente Alfonsín le dio resuello los primeros años. Contó con apoyo ciudadano en el control de precios: recuperación democrática, ganas de movilizarse y apoyar las medidas.
 
Conforme pasó el tiempo, la ecuación se diluyó, quedó patente el perjuicio para los trabajadores, La evolución contribuye a explicar el éxito de Alfonsín en las elecciones de medio término de 1985 y su debacle en las de 1987. También el ascenso sostenido del secretario cegetista Saúl Ubaldini como referencia de la clase trabajadora.
 
La Convertibilidad constituyó un ejemplo extremo. Valorada durante demasiado tiempo por haber bajado la hiperinflación con una sola bala. Estabilidad de precios, inflación cero durante años a costa de renunciar a la política monetaria, un suicidio en cuotas. La gente común acompañaba; la híper aterra, desquicia la vida cotidiana, promueve ruptura de todos los contratos.
 
La flexibilización de hecho favoreció a las grandes patronales, funcionó como caldo de cultivo de la política laboral regresiva. La gente común acompañaba, aunque comenzaba a hundirse. No es sencillo explicar por qué. El italiano Leonardo Sciascia, refiriendo a otras comarcas, inquirió: "¿dejan acaso los hechos de serlo porque no se les ve una razón plausible?".
 
Los hechos ocurrieron: "la gente" acompañó hasta el despeñadero de 2001, una hecatombe exclusivamente argentina, fatta in casa. La reelección del expresidente Carlos Menem reconoce ese dato como referencia. La blandura de sus opositores más votados y la continuidad absoluta que decidió el presidente Fernando de la Rúa contribuyeron al desenlace.
 
El Pacto Social de 1973, en el último mandato del presidente Juan Domingo Perón, es útil solo para conversar, resaltar cambios tremendos.
 
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La clase trabajadora, antaño y ahorita
 
En 1974, cifras oficiales aproximativas, el 82 por ciento de los trabajadores del Gran Buenos Aires tenía empleo registrado. En la actualidad son alrededor de un tercio del total. El clivaje impresionante pinta otro país. Debe acotarse que el valor adquisitivo de los sueldos era muuuy superior al actual, filo incomparable, y que la participación en el PBI rayaba más arriba.
 
Movimiento obrero y clase trabajadora, sin ser lo mismo, abarcaban zonas comunes, En el siglo XXI se reconoce que son trabajadores los formales, los informales, los desocupados, los que mudan de categoría.
 
Volvamos al presente. La reconfiguración de la clase, empobrecimiento y diversificación mediante, fertiliza la necesidad de integrar organizaciones sociales a la mesa del virtual Acuerdo. Expresan a colectivos numerosos, tienen rodaje en la protesta, cooperaron bien en la crisis sanitaria. Pueden amortiguar el peso hegemónico de los formadores de precios.
 
La economía social y nuevas formas de producción no capacitan para abastecer a todo el mercado aunque sí para compensar en algo la bulimia del capital concentrado. Asimismo para ir promoviendo un modelo de producción y de consumo menos alocado y destructivo que el imperante, coautor de la crisis sanitaria que azota al planeta.
 
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Una fruición de la derecha
 
Una regla de oro de cualquier negociación, incluso de la colectiva: si se pretende así fuera un punto de ventaja sobre la inflación, hay que arrancar pidiendo más. Para regatear y bajar hay tiempo. Los jefes sindicales lo saben, los docentes en especial.
 
La Paritaria Nacional no dará espacio para revisiones en agosto o septiembre como la Bancaria. Además, primero y principal: el personal merece especialmente mejorar sus retribuciones, Porque los sueldos están deprimidos, porque trabajaron duro en la crisis y tendrán que seguir bancando en el nuevo escenario.
 
Vituperar a los sindicatos es deporte predilecto de la derecha. La exprimera ministra británica Margaret Thatcher decretó "la sociedad no existe" y embistió contra los gremios. Menem fue impiadoso con los trabajadores del Estado. Su ministro de Economía Roque Fernández llamaba "empleados públicos" a los maestros de la Carpa Blanca, para despreciarlos.
 
Las representaciones docentes protagonizaron protestas memorables desde la recuperación democrática. La Marcha Blanca en tiempos de Alfonsín, la citada Carpa Blanca, la Carpa itinerante bajo el mandato de Macri. Movidas pacíficas, creativas, atentas a la opinión pública,
 
Sus figuras destacaron por coraje cívico y coherencia: Alfredo Bravo, Marta Maffei, Hugo Yasky, Sonia Alesso entre muches. No extraña que la ministra de Educación porteña Soledad Acuña los elija como enemigo: los detesta por motivos ideológicos. Ni la gente de PRO puede acusar a esos referentes de ser empresarios, de haberse enriquecido, de comportarse como ricos. Baste ver cómo y dónde viven, cómo empilchan, cómo conservan adhesión de las bases.
 
El odio de las derechas enaltece a los líderes. También les genera una cantidad de deberes que vienen cumpliendo, alquimistas de sucesivas crisis. Ponerse firme en defensa del ingreso, de las condiciones laborales, de la mejora de la infraestructura (en muchos casos obsoleta en 2019, inviable en 2021) serán banderas y tareas. El reconocimiento social de las funciones de la escuela late en los deseos de las familias, en la nostalgia de pibes y pibas. Por algo será.
 
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Final abierto
 
La convocatoria temprana al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (para abril, quizá) impactará un cachito en los salarios reales. Funge como referencia, es piso para calcular ciertos mínimos de convenio,
 
No obstante, lo fundamental se juega en el incipiente marco del Acuerdo. El Gobierno lo promueve, estipula objetivos mínimos, redistributivos. Para concretarlos deberá vencer resistencias atávicas, intratables. Se discute con frecuencia, dentro del Frente de Todos (FdT) si Alberto Fernández ha sido demasiado consensualista o concesivo. Polémica válida a condición de evitar el rupturismo o el sectarismo funcional al adversario político.
 
Esta iniciativa, las metas que el Gobierno fijó, lo fuerzan a intervenir en la disputa. Es correcto imaginar incentivos para las partes pero la mitológica zanahoria no alcanza. Habrá que apelar a las herramientas democráticas de un gobierno popular, incluyendo la movilización ausente en 2020.
 
Si las tratativas avanzan luce peliagudo que las partes lleguen a un consenso con el Estado actuando apenas como testigo o haciendo de VAR. El Gobierno, coherente con lo que proyectó, debe conducir las negociaciones. Por ahí, imaginamos, tenga que diseñar una hoja de ruta o un eje de propuesta para encauzar a las partes.
 
La inflación de enero será elevada, un primer escollo. El resto queda sujeto a la construcción, la voluntad política. Si el oficialismo se empeña contará con apoyo popular como el que supo granjearse en las urnas. Esta historia y otras insinuadas en esta columna continuarán...
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar 
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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