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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 07-02-2021 / 09:02
UN PACTO RACIONAL, NECESARIO Y DIFÍCIL

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos
“Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil”. Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
Los objetivos son en apariencia modestos (o sensatos, usted escoja) numéricamente pero muy difíciles de plasmar. El ministro de Economía Martín Guzmán y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco los resumen en declaraciones periodísticas. Que se reduzca la inflación respecto de 2020 y que los salarios le ganen a los precios en la desigual pugna "aunque sea un punto porcentual". O sea, seguir desacelerando la inflación heredada del gobierno de Mauricio Macri y mejorar la distribución del ingreso. Un cauto plan de estabilización combinado con una intervención en la puja distributiva.
 
Cuesta remixar con éxito ambos propósitos, nuestra historia es pródiga en intentos fallidos o sesgados, Hoy en día, choca con las tendencias de época y las correlaciones de fuerzas. No es habitual puntualizarlo pero los aumentos de sueldos son más fáciles de controlar que los de precios. La tendencia reconoce excepciones en circunstancias de enorme poder gremial, de pleno empleo, de estados benefactores interviniendo fuertemente... nada que ver con la coyuntura.
 
La primera reunión se realizará el miércoles. El Gobierno cabildea arrancar solo con las representaciones de los trabajadores. Luego otra de empresarios. Mixtas, más adelante. En todo caso habrá más de una reunión, toma y daca. El designio es llegar a un pacto que se sostenga durante meses que en la contingencia equivalen a una eternidad. Es tan necesario como difícil.
 
Los aumentos de precios al consumidor, en especial los de alimentos, vencieron a un ramillete de políticas públicas. Se acumularon medidas de control. Al comienzo a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) con despliegue de inspectores y facultades para cierres. Se requirió apoyo de intendentes para vigilar si se cumplían los precios máximos. Se especuló con movilizar ciudadanos idea poco fecunda cuando primaba el Aislamiento social preventivo obligatorio (Aspo). Precios Cuidados agregó otro recurso al combo.
 
Economía confiaba, en simultáneo, en que "tranquilizar" variables induciría merma de la inflación. El acuerdo con los acreedores privados de deuda externa, la victoria (rotunda y provisoria) sobre los ataques devaluacionistas en la City, el congelamiento de tarifas (logros de la gestión Fernández), no bastaron para domar los precios. La Ley de Góndolas, interesante iniciativa para diversificar la oferta de productos al consumidor, demoró meses en reglamentarse.
 
En suma, ni las medidas de control ni las estabilizadoras fueron suficientes. Por eso el Gobierno "vuelve" a la política. Una concertación transitoria, voluntarista, que empieza a rodar. Convocar a la responsabilidad colectiva, conseguir que las patronales bajen un cambio.
 
La paz social rayó alto en el año de la peste negando agorerías de la derecha. Mérito de las acciones oficiales, de los trabajadores estatales o privados, de la sociedad civil, de organizaciones populares, sindicales. La gobernanza económica se inscribe como objetivo. Para eso se tiende la mesa.
 
Comienzan a cerrarse las paritarias. "Sin techo" cantan en coro compañeros gremialistas y funcionarios, pero atendiendo a la idea de superar la inflación... un cachito. En despachos públicos se da por hecho que hay mejor disposición de las cúpulas sindicales que de las corporaciones patronales. Mala noticia, nula novedad.
 

 
"Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil". Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
 
El PBI, por lo pronto, crecerá después de una caída brutal aunque menor a los pronósticos más pesimistas. El Presupuesto estima una suba del 5,5 por ciento. Más tacaño, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un 4,5 por ciento, Como señala David Cufré, integrantes del Gobierno confían en una escalada del 6,7 o hasta 8 por ciento del PBI. El presidente Alberto Fernández está enrolado en el bando de los optimistas. La dificultad, en este aspecto, es sostener el crecimiento, No será igual 4,5 que 6 ni una suba que se sostenga desde el verano, que otra que remolonee unos meses.
 
Se volverá, con cuidado y escalonadamente, a las clases presenciales. Lo anhelan las familias, los docentes, las autoridades de la abrumadora mayoría de las provincias. La dificultad, simplificando, estriba en hacerlo de modo gradual, atendiendo a los riesgos y a las características de cada terruño y cada escuela. Minimizar la posibilidad de regresiones, que las habrá de todos modos.
 
El Consejo Federal de Educación (CFE) se reúne el 12 de febrero, presidido por el ministro nacional Nicolás Trotta para acordar coordenadas, criterios, principios. Luego se irá resolviendo en cada provincia y hasta en cada escuela.
 
El Consejo Federal de Educación es una institución arraigada con reglas e integrantes determinados por ley. En cambio el cónclave que tendrá como misión buscar un Acuerdo de precios y salarios ("el Acuerdo", en adelante) hace su camino al andar. Falta determinar qué representaciones sindicales y empresarias lo integran, como será su funcionamiento, Incluso si participan las organizaciones populares ("lo estamos estudiando" comentan dos ministros, dejando final abierto). También el rol que jugará el Gobierno.
 
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Quiénes son los que estarían
 
Los representantes de los trabajadores formales son un conjunto sencillo para describir. Un ministro bromea; "tres o cuatro tribus", que se reseñan mejor en la nota de Felipe Yapur a la que remitimos. Sinopsis extrema de este cronista: la más poderosa la encabeza Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), entornado por Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), entre los más renombrados. El sector con mayor peso institucional, el más negociador acaso. Otros son más combativos. La entente entre SMATA y Camioneros, con un largo camino recorrido. Alberto Fernández les prodiga gestos simbólicos, en especial a Hugo Moyano, ya en el ocaso de su carrera.
 
El bancario Sergio Palazzo de la Corriente Federal recibió un espaldarazo visible del presidente tras un cierre dichoso de la paritaria.
 
La CTA, la cuarta pata, mantiene la demanda de un frente social a reconstruir, aquel que vertebró el FRENAPO durante la crisis de 2001. Protagonismo y ayuda a las Pymes, claman, y rezongan por lo bajo cuando Guzmán las alude poco o no las menciona. Las Pyme capacitan para aliarse al Gobierno, si sabe convocarlas y darles espacio
 
De todas maneras, CGT y CTA se autodefinen como aliadas del Gobierno, atadas a su suerte.
 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en espejo, se acomodan en la vereda de enfrente. Fungen de opositores, cotidianamente. Gritaban "Venezuela" ante cada medida de control mientras con similar fervor remarcaban sin cesar.
 
Ahora enfilan cual cruzados contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Defienden a menos de 20.000 recontra millonarios, con desparpajo. Grandes estudios anuncian viaje a Tierra Santa, los tribunales corpo-friendly. Hay confiscatoriedad, rugen; deberán probarlo, visibilizar sus patrimonios, Suelen ser reacios a dejarse contar las costillas o los patrimonios.
 
Contarían con pocas chances ante jueces imparciales. Numerosos artículos difunden data de estudios jurídicos VIP, sus argumentos o tácticas, Algunos informan, varios parecen propaganda disfrazada, lo que en jerga se llama "publi notas". Llegan a la mesa del Acuerdo con cara de perro y llorando miseria, aun los que acamalaron fortunas con esta crisis.
 
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Planes hubo siempre
 
Menos que un plan económico o una concertación cabal, el Acuerdo autoriza la mirada retrospectiva, a condición de entender que todo tiempo pasado (mejor o peor) es irrepetible,
 
Como sesgo, los planes de congelamiento de variables "tiran a derecha" en el mediano plazo. El Plan Austral del presidente Alfonsín le dio resuello los primeros años. Contó con apoyo ciudadano en el control de precios: recuperación democrática, ganas de movilizarse y apoyar las medidas.
 
Conforme pasó el tiempo, la ecuación se diluyó, quedó patente el perjuicio para los trabajadores, La evolución contribuye a explicar el éxito de Alfonsín en las elecciones de medio término de 1985 y su debacle en las de 1987. También el ascenso sostenido del secretario cegetista Saúl Ubaldini como referencia de la clase trabajadora.
 
La Convertibilidad constituyó un ejemplo extremo. Valorada durante demasiado tiempo por haber bajado la hiperinflación con una sola bala. Estabilidad de precios, inflación cero durante años a costa de renunciar a la política monetaria, un suicidio en cuotas. La gente común acompañaba; la híper aterra, desquicia la vida cotidiana, promueve ruptura de todos los contratos.
 
La flexibilización de hecho favoreció a las grandes patronales, funcionó como caldo de cultivo de la política laboral regresiva. La gente común acompañaba, aunque comenzaba a hundirse. No es sencillo explicar por qué. El italiano Leonardo Sciascia, refiriendo a otras comarcas, inquirió: "¿dejan acaso los hechos de serlo porque no se les ve una razón plausible?".
 
Los hechos ocurrieron: "la gente" acompañó hasta el despeñadero de 2001, una hecatombe exclusivamente argentina, fatta in casa. La reelección del expresidente Carlos Menem reconoce ese dato como referencia. La blandura de sus opositores más votados y la continuidad absoluta que decidió el presidente Fernando de la Rúa contribuyeron al desenlace.
 
El Pacto Social de 1973, en el último mandato del presidente Juan Domingo Perón, es útil solo para conversar, resaltar cambios tremendos.
 
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La clase trabajadora, antaño y ahorita
 
En 1974, cifras oficiales aproximativas, el 82 por ciento de los trabajadores del Gran Buenos Aires tenía empleo registrado. En la actualidad son alrededor de un tercio del total. El clivaje impresionante pinta otro país. Debe acotarse que el valor adquisitivo de los sueldos era muuuy superior al actual, filo incomparable, y que la participación en el PBI rayaba más arriba.
 
Movimiento obrero y clase trabajadora, sin ser lo mismo, abarcaban zonas comunes, En el siglo XXI se reconoce que son trabajadores los formales, los informales, los desocupados, los que mudan de categoría.
 
Volvamos al presente. La reconfiguración de la clase, empobrecimiento y diversificación mediante, fertiliza la necesidad de integrar organizaciones sociales a la mesa del virtual Acuerdo. Expresan a colectivos numerosos, tienen rodaje en la protesta, cooperaron bien en la crisis sanitaria. Pueden amortiguar el peso hegemónico de los formadores de precios.
 
La economía social y nuevas formas de producción no capacitan para abastecer a todo el mercado aunque sí para compensar en algo la bulimia del capital concentrado. Asimismo para ir promoviendo un modelo de producción y de consumo menos alocado y destructivo que el imperante, coautor de la crisis sanitaria que azota al planeta.
 
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Una fruición de la derecha
 
Una regla de oro de cualquier negociación, incluso de la colectiva: si se pretende así fuera un punto de ventaja sobre la inflación, hay que arrancar pidiendo más. Para regatear y bajar hay tiempo. Los jefes sindicales lo saben, los docentes en especial.
 
La Paritaria Nacional no dará espacio para revisiones en agosto o septiembre como la Bancaria. Además, primero y principal: el personal merece especialmente mejorar sus retribuciones, Porque los sueldos están deprimidos, porque trabajaron duro en la crisis y tendrán que seguir bancando en el nuevo escenario.
 
Vituperar a los sindicatos es deporte predilecto de la derecha. La exprimera ministra británica Margaret Thatcher decretó "la sociedad no existe" y embistió contra los gremios. Menem fue impiadoso con los trabajadores del Estado. Su ministro de Economía Roque Fernández llamaba "empleados públicos" a los maestros de la Carpa Blanca, para despreciarlos.
 
Las representaciones docentes protagonizaron protestas memorables desde la recuperación democrática. La Marcha Blanca en tiempos de Alfonsín, la citada Carpa Blanca, la Carpa itinerante bajo el mandato de Macri. Movidas pacíficas, creativas, atentas a la opinión pública,
 
Sus figuras destacaron por coraje cívico y coherencia: Alfredo Bravo, Marta Maffei, Hugo Yasky, Sonia Alesso entre muches. No extraña que la ministra de Educación porteña Soledad Acuña los elija como enemigo: los detesta por motivos ideológicos. Ni la gente de PRO puede acusar a esos referentes de ser empresarios, de haberse enriquecido, de comportarse como ricos. Baste ver cómo y dónde viven, cómo empilchan, cómo conservan adhesión de las bases.
 
El odio de las derechas enaltece a los líderes. También les genera una cantidad de deberes que vienen cumpliendo, alquimistas de sucesivas crisis. Ponerse firme en defensa del ingreso, de las condiciones laborales, de la mejora de la infraestructura (en muchos casos obsoleta en 2019, inviable en 2021) serán banderas y tareas. El reconocimiento social de las funciones de la escuela late en los deseos de las familias, en la nostalgia de pibes y pibas. Por algo será.
 
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Final abierto
 
La convocatoria temprana al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (para abril, quizá) impactará un cachito en los salarios reales. Funge como referencia, es piso para calcular ciertos mínimos de convenio,
 
No obstante, lo fundamental se juega en el incipiente marco del Acuerdo. El Gobierno lo promueve, estipula objetivos mínimos, redistributivos. Para concretarlos deberá vencer resistencias atávicas, intratables. Se discute con frecuencia, dentro del Frente de Todos (FdT) si Alberto Fernández ha sido demasiado consensualista o concesivo. Polémica válida a condición de evitar el rupturismo o el sectarismo funcional al adversario político.
 
Esta iniciativa, las metas que el Gobierno fijó, lo fuerzan a intervenir en la disputa. Es correcto imaginar incentivos para las partes pero la mitológica zanahoria no alcanza. Habrá que apelar a las herramientas democráticas de un gobierno popular, incluyendo la movilización ausente en 2020.
 
Si las tratativas avanzan luce peliagudo que las partes lleguen a un consenso con el Estado actuando apenas como testigo o haciendo de VAR. El Gobierno, coherente con lo que proyectó, debe conducir las negociaciones. Por ahí, imaginamos, tenga que diseñar una hoja de ruta o un eje de propuesta para encauzar a las partes.
 
La inflación de enero será elevada, un primer escollo. El resto queda sujeto a la construcción, la voluntad política. Si el oficialismo se empeña contará con apoyo popular como el que supo granjearse en las urnas. Esta historia y otras insinuadas en esta columna continuarán...
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar 
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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