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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-02-2021 / 09:02
UN PACTO RACIONAL, NECESARIO Y DIFÍCIL

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos

Acuerdo de precios y salarios: desafíos y escollos
“Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil”. Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
Los objetivos son en apariencia modestos (o sensatos, usted escoja) numéricamente pero muy difíciles de plasmar. El ministro de Economía Martín Guzmán y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco los resumen en declaraciones periodísticas. Que se reduzca la inflación respecto de 2020 y que los salarios le ganen a los precios en la desigual pugna "aunque sea un punto porcentual". O sea, seguir desacelerando la inflación heredada del gobierno de Mauricio Macri y mejorar la distribución del ingreso. Un cauto plan de estabilización combinado con una intervención en la puja distributiva.
 
Cuesta remixar con éxito ambos propósitos, nuestra historia es pródiga en intentos fallidos o sesgados, Hoy en día, choca con las tendencias de época y las correlaciones de fuerzas. No es habitual puntualizarlo pero los aumentos de sueldos son más fáciles de controlar que los de precios. La tendencia reconoce excepciones en circunstancias de enorme poder gremial, de pleno empleo, de estados benefactores interviniendo fuertemente... nada que ver con la coyuntura.
 
La primera reunión se realizará el miércoles. El Gobierno cabildea arrancar solo con las representaciones de los trabajadores. Luego otra de empresarios. Mixtas, más adelante. En todo caso habrá más de una reunión, toma y daca. El designio es llegar a un pacto que se sostenga durante meses que en la contingencia equivalen a una eternidad. Es tan necesario como difícil.
 
Los aumentos de precios al consumidor, en especial los de alimentos, vencieron a un ramillete de políticas públicas. Se acumularon medidas de control. Al comienzo a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) con despliegue de inspectores y facultades para cierres. Se requirió apoyo de intendentes para vigilar si se cumplían los precios máximos. Se especuló con movilizar ciudadanos idea poco fecunda cuando primaba el Aislamiento social preventivo obligatorio (Aspo). Precios Cuidados agregó otro recurso al combo.
 
Economía confiaba, en simultáneo, en que "tranquilizar" variables induciría merma de la inflación. El acuerdo con los acreedores privados de deuda externa, la victoria (rotunda y provisoria) sobre los ataques devaluacionistas en la City, el congelamiento de tarifas (logros de la gestión Fernández), no bastaron para domar los precios. La Ley de Góndolas, interesante iniciativa para diversificar la oferta de productos al consumidor, demoró meses en reglamentarse.
 
En suma, ni las medidas de control ni las estabilizadoras fueron suficientes. Por eso el Gobierno "vuelve" a la política. Una concertación transitoria, voluntarista, que empieza a rodar. Convocar a la responsabilidad colectiva, conseguir que las patronales bajen un cambio.
 
La paz social rayó alto en el año de la peste negando agorerías de la derecha. Mérito de las acciones oficiales, de los trabajadores estatales o privados, de la sociedad civil, de organizaciones populares, sindicales. La gobernanza económica se inscribe como objetivo. Para eso se tiende la mesa.
 
Comienzan a cerrarse las paritarias. "Sin techo" cantan en coro compañeros gremialistas y funcionarios, pero atendiendo a la idea de superar la inflación... un cachito. En despachos públicos se da por hecho que hay mejor disposición de las cúpulas sindicales que de las corporaciones patronales. Mala noticia, nula novedad.
 

 
"Este año será mejor que el 2020 pero, por eso mismo, más difícil". Funcionarios y cuadros del oficialismo enuncian la paradoja aparente, descifrable cuando se explayan. El año pasado todo fue caída, sorpresa, incertidumbre. En el actual hay perspectivas mejores en términos relativos pero las metas son exigentes, no están garantizadas, Las sigue amenazando la pandemia cuyos rebrotes pueden ponerlas en jaque.
 
El PBI, por lo pronto, crecerá después de una caída brutal aunque menor a los pronósticos más pesimistas. El Presupuesto estima una suba del 5,5 por ciento. Más tacaño, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un 4,5 por ciento, Como señala David Cufré, integrantes del Gobierno confían en una escalada del 6,7 o hasta 8 por ciento del PBI. El presidente Alberto Fernández está enrolado en el bando de los optimistas. La dificultad, en este aspecto, es sostener el crecimiento, No será igual 4,5 que 6 ni una suba que se sostenga desde el verano, que otra que remolonee unos meses.
 
Se volverá, con cuidado y escalonadamente, a las clases presenciales. Lo anhelan las familias, los docentes, las autoridades de la abrumadora mayoría de las provincias. La dificultad, simplificando, estriba en hacerlo de modo gradual, atendiendo a los riesgos y a las características de cada terruño y cada escuela. Minimizar la posibilidad de regresiones, que las habrá de todos modos.
 
El Consejo Federal de Educación (CFE) se reúne el 12 de febrero, presidido por el ministro nacional Nicolás Trotta para acordar coordenadas, criterios, principios. Luego se irá resolviendo en cada provincia y hasta en cada escuela.
 
El Consejo Federal de Educación es una institución arraigada con reglas e integrantes determinados por ley. En cambio el cónclave que tendrá como misión buscar un Acuerdo de precios y salarios ("el Acuerdo", en adelante) hace su camino al andar. Falta determinar qué representaciones sindicales y empresarias lo integran, como será su funcionamiento, Incluso si participan las organizaciones populares ("lo estamos estudiando" comentan dos ministros, dejando final abierto). También el rol que jugará el Gobierno.
 
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Quiénes son los que estarían
 
Los representantes de los trabajadores formales son un conjunto sencillo para describir. Un ministro bromea; "tres o cuatro tribus", que se reseñan mejor en la nota de Felipe Yapur a la que remitimos. Sinopsis extrema de este cronista: la más poderosa la encabeza Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), entornado por Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), entre los más renombrados. El sector con mayor peso institucional, el más negociador acaso. Otros son más combativos. La entente entre SMATA y Camioneros, con un largo camino recorrido. Alberto Fernández les prodiga gestos simbólicos, en especial a Hugo Moyano, ya en el ocaso de su carrera.
 
El bancario Sergio Palazzo de la Corriente Federal recibió un espaldarazo visible del presidente tras un cierre dichoso de la paritaria.
 
La CTA, la cuarta pata, mantiene la demanda de un frente social a reconstruir, aquel que vertebró el FRENAPO durante la crisis de 2001. Protagonismo y ayuda a las Pymes, claman, y rezongan por lo bajo cuando Guzmán las alude poco o no las menciona. Las Pyme capacitan para aliarse al Gobierno, si sabe convocarlas y darles espacio
 
De todas maneras, CGT y CTA se autodefinen como aliadas del Gobierno, atadas a su suerte.
 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en espejo, se acomodan en la vereda de enfrente. Fungen de opositores, cotidianamente. Gritaban "Venezuela" ante cada medida de control mientras con similar fervor remarcaban sin cesar.
 
Ahora enfilan cual cruzados contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Defienden a menos de 20.000 recontra millonarios, con desparpajo. Grandes estudios anuncian viaje a Tierra Santa, los tribunales corpo-friendly. Hay confiscatoriedad, rugen; deberán probarlo, visibilizar sus patrimonios, Suelen ser reacios a dejarse contar las costillas o los patrimonios.
 
Contarían con pocas chances ante jueces imparciales. Numerosos artículos difunden data de estudios jurídicos VIP, sus argumentos o tácticas, Algunos informan, varios parecen propaganda disfrazada, lo que en jerga se llama "publi notas". Llegan a la mesa del Acuerdo con cara de perro y llorando miseria, aun los que acamalaron fortunas con esta crisis.
 
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Planes hubo siempre
 
Menos que un plan económico o una concertación cabal, el Acuerdo autoriza la mirada retrospectiva, a condición de entender que todo tiempo pasado (mejor o peor) es irrepetible,
 
Como sesgo, los planes de congelamiento de variables "tiran a derecha" en el mediano plazo. El Plan Austral del presidente Alfonsín le dio resuello los primeros años. Contó con apoyo ciudadano en el control de precios: recuperación democrática, ganas de movilizarse y apoyar las medidas.
 
Conforme pasó el tiempo, la ecuación se diluyó, quedó patente el perjuicio para los trabajadores, La evolución contribuye a explicar el éxito de Alfonsín en las elecciones de medio término de 1985 y su debacle en las de 1987. También el ascenso sostenido del secretario cegetista Saúl Ubaldini como referencia de la clase trabajadora.
 
La Convertibilidad constituyó un ejemplo extremo. Valorada durante demasiado tiempo por haber bajado la hiperinflación con una sola bala. Estabilidad de precios, inflación cero durante años a costa de renunciar a la política monetaria, un suicidio en cuotas. La gente común acompañaba; la híper aterra, desquicia la vida cotidiana, promueve ruptura de todos los contratos.
 
La flexibilización de hecho favoreció a las grandes patronales, funcionó como caldo de cultivo de la política laboral regresiva. La gente común acompañaba, aunque comenzaba a hundirse. No es sencillo explicar por qué. El italiano Leonardo Sciascia, refiriendo a otras comarcas, inquirió: "¿dejan acaso los hechos de serlo porque no se les ve una razón plausible?".
 
Los hechos ocurrieron: "la gente" acompañó hasta el despeñadero de 2001, una hecatombe exclusivamente argentina, fatta in casa. La reelección del expresidente Carlos Menem reconoce ese dato como referencia. La blandura de sus opositores más votados y la continuidad absoluta que decidió el presidente Fernando de la Rúa contribuyeron al desenlace.
 
El Pacto Social de 1973, en el último mandato del presidente Juan Domingo Perón, es útil solo para conversar, resaltar cambios tremendos.
 
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La clase trabajadora, antaño y ahorita
 
En 1974, cifras oficiales aproximativas, el 82 por ciento de los trabajadores del Gran Buenos Aires tenía empleo registrado. En la actualidad son alrededor de un tercio del total. El clivaje impresionante pinta otro país. Debe acotarse que el valor adquisitivo de los sueldos era muuuy superior al actual, filo incomparable, y que la participación en el PBI rayaba más arriba.
 
Movimiento obrero y clase trabajadora, sin ser lo mismo, abarcaban zonas comunes, En el siglo XXI se reconoce que son trabajadores los formales, los informales, los desocupados, los que mudan de categoría.
 
Volvamos al presente. La reconfiguración de la clase, empobrecimiento y diversificación mediante, fertiliza la necesidad de integrar organizaciones sociales a la mesa del virtual Acuerdo. Expresan a colectivos numerosos, tienen rodaje en la protesta, cooperaron bien en la crisis sanitaria. Pueden amortiguar el peso hegemónico de los formadores de precios.
 
La economía social y nuevas formas de producción no capacitan para abastecer a todo el mercado aunque sí para compensar en algo la bulimia del capital concentrado. Asimismo para ir promoviendo un modelo de producción y de consumo menos alocado y destructivo que el imperante, coautor de la crisis sanitaria que azota al planeta.
 
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Una fruición de la derecha
 
Una regla de oro de cualquier negociación, incluso de la colectiva: si se pretende así fuera un punto de ventaja sobre la inflación, hay que arrancar pidiendo más. Para regatear y bajar hay tiempo. Los jefes sindicales lo saben, los docentes en especial.
 
La Paritaria Nacional no dará espacio para revisiones en agosto o septiembre como la Bancaria. Además, primero y principal: el personal merece especialmente mejorar sus retribuciones, Porque los sueldos están deprimidos, porque trabajaron duro en la crisis y tendrán que seguir bancando en el nuevo escenario.
 
Vituperar a los sindicatos es deporte predilecto de la derecha. La exprimera ministra británica Margaret Thatcher decretó "la sociedad no existe" y embistió contra los gremios. Menem fue impiadoso con los trabajadores del Estado. Su ministro de Economía Roque Fernández llamaba "empleados públicos" a los maestros de la Carpa Blanca, para despreciarlos.
 
Las representaciones docentes protagonizaron protestas memorables desde la recuperación democrática. La Marcha Blanca en tiempos de Alfonsín, la citada Carpa Blanca, la Carpa itinerante bajo el mandato de Macri. Movidas pacíficas, creativas, atentas a la opinión pública,
 
Sus figuras destacaron por coraje cívico y coherencia: Alfredo Bravo, Marta Maffei, Hugo Yasky, Sonia Alesso entre muches. No extraña que la ministra de Educación porteña Soledad Acuña los elija como enemigo: los detesta por motivos ideológicos. Ni la gente de PRO puede acusar a esos referentes de ser empresarios, de haberse enriquecido, de comportarse como ricos. Baste ver cómo y dónde viven, cómo empilchan, cómo conservan adhesión de las bases.
 
El odio de las derechas enaltece a los líderes. También les genera una cantidad de deberes que vienen cumpliendo, alquimistas de sucesivas crisis. Ponerse firme en defensa del ingreso, de las condiciones laborales, de la mejora de la infraestructura (en muchos casos obsoleta en 2019, inviable en 2021) serán banderas y tareas. El reconocimiento social de las funciones de la escuela late en los deseos de las familias, en la nostalgia de pibes y pibas. Por algo será.
 
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Final abierto
 
La convocatoria temprana al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (para abril, quizá) impactará un cachito en los salarios reales. Funge como referencia, es piso para calcular ciertos mínimos de convenio,
 
No obstante, lo fundamental se juega en el incipiente marco del Acuerdo. El Gobierno lo promueve, estipula objetivos mínimos, redistributivos. Para concretarlos deberá vencer resistencias atávicas, intratables. Se discute con frecuencia, dentro del Frente de Todos (FdT) si Alberto Fernández ha sido demasiado consensualista o concesivo. Polémica válida a condición de evitar el rupturismo o el sectarismo funcional al adversario político.
 
Esta iniciativa, las metas que el Gobierno fijó, lo fuerzan a intervenir en la disputa. Es correcto imaginar incentivos para las partes pero la mitológica zanahoria no alcanza. Habrá que apelar a las herramientas democráticas de un gobierno popular, incluyendo la movilización ausente en 2020.
 
Si las tratativas avanzan luce peliagudo que las partes lleguen a un consenso con el Estado actuando apenas como testigo o haciendo de VAR. El Gobierno, coherente con lo que proyectó, debe conducir las negociaciones. Por ahí, imaginamos, tenga que diseñar una hoja de ruta o un eje de propuesta para encauzar a las partes.
 
La inflación de enero será elevada, un primer escollo. El resto queda sujeto a la construcción, la voluntad política. Si el oficialismo se empeña contará con apoyo popular como el que supo granjearse en las urnas. Esta historia y otras insinuadas en esta columna continuarán...
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar 
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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