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Nacionales - 06-02-2021 / 08:02
DE LA QUE NOS SALVAMOS

The Lancet y Gamaleya dejaron en ridículo a la oposición macrista

The Lancet y Gamaleya dejaron en ridículo a la oposición macrista
La base de ignorancia e ideologicismo con que el macrismo tiñó hasta ahora su actitud frente a la epidemia demuestra que, si hubiera dependido de ellos, el país ahora estaría al final de la fila de los que esperan alguna vacuna. Y eso hubiera costado miles y miles de vidas.
Son sensaciones. Alguna más fuerte que la otra. Pero The Lancet y Gamaleya dejaron en ridículo a la oposición macrista. La publicación no fue sorpresiva, más bien lo contrario: era esperada y se procesó al ritmo de la epidemia. Es un misterio la forma en que el macrismo armó la trampa y cayó en ella.
 
No se trata de festejar porque alguien tuvo la razón. Es mucho más que eso. Hay muchas vidas en juego. La base de ignorancia e ideologicismo con que el macrismo tiñó hasta ahora su actitud frente a la epidemia demuestra que, si hubiera dependido de ellos, el país ahora estaría al final de la fila de los que esperan alguna vacuna. Y eso hubiera costado miles y miles de vidas.
 
Cuando se declaró la epidemia era claro que los laboratorios con mayor experiencia en estos temas se iban a lanzar de lleno a diseñar vacunas propias. Y entre esos laboratorios estaba Gamaleya, de Rusia, que se dedica exactamente a eso, y es uno de los que tiene mayor experiencia.
 
Con esos antecedentes, la vacuna que iba a producir sería una vacuna buena. Si el laboratorio es ruso, soviético o budista de la segunda ascensión, no tiene ninguna importancia. Solamente un bruto puede objetar los antecedentes científicos con esos argumentos, como hicieron los dirigentes macristas acompañados por el coro ramplón de periodistas y medios hegemónicos.
 
Es claro que el elemento de fondo era la guerra comercial desatada por los laboratorios trasnacionales, pero los argumentos bizarros que usaron fueron de ese calibre. Es difícil de asumir que los amplificadores del sentido común hegemónico, poseedores excluyentes de la inteligencia y la verdad, sean tan brutos.
 
Hubo que digerir la denuncia al Estado por envenenamiento que hizo Elisa Carrió, los comentarios desdeñosos de los cortesanos mediáticos y la cara de reflexivos cuando decían que no había información. "No me vas a decir que no lo hizo por ideología cuando eligió a la vacuna rusa, che", se escuchó decir en Corea de lo incierto.
 
La información de la fase tres de la Sputnik le llegó al Gobierno al mismo tiempo que a The Lancet. La publicación se toma su tiempo, estudia los resultados, repregunta, vuelve a estudiar y después tiene una agenda de publicación. Los técnicos de la Anmat hicieron ese proceso, pero se fueron a Rusia. No esperaron las respuestas sino que las fueron a buscar.
 
Finalmente esa astucia de guiñar el ojo canchero y hablar de afinidad ideológica se demostró una gran estupidez sostenida por prejuicios berretas, anticomunistas de la Guerra Fría o etnicistas. Porque The Lancet, demostró que de todas las vacunas que hay en el planeta, la mejor elección era la de Gamaleya.
 
Es una de las tres que mostraron eficiencia por encima del 90 por ciento, junto con la de Moderna y la de Pfizer. Pero las otras dos cuestan el triple o el doble, respectivamente, y además requieren una lógística muy cara para mantener a la vacuna por debajo de los 80 grados bajo cero.
 

 
La publicación del informe de fase 3 de la vacuna Sputnik V en la revista científica The Lancet dejó la sensación de que la gestión macrista de la epidemia hubiera sido una tragedia. El anuncio de Wado de Pedro de que se formará el ente público que se encargará de licitar las obras del canal Magdalena, en el Río de la Plata, dejó la sensación de que el Estado comprendió que, si quiere desarrollar las exportaciones, tiene que ampliar y controlar las puertas de entrada y de salida.
 
En este momento, Europa se disputa la vacuna rusa, México y Panamá seguirán los pasos del gobierno argentino y Paraguay y Brasil dieron el visto bueno a la vacuna porque se lo dio la Anmat de Argentina. Perú le pidió al presidente Alberto Fernández que le gestione vacunas con el gobierno ruso. Y el gobierno ruso ofreció transferir tecnología para que la vacuna se fabrique en Argentina.
 
El gobierno de CABA quedó inmerso en esa estrategia barbárica del macrismo. Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, y uno de los aspirantes a reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta, dio a entender más de una vez sus recelos con la Sputnik y dijo que no había información cuando el gobierno nacional le había dado toda la que necesitaba.
 
Resulta insólito que en la provincia de Buenos Aires la gente está recibiendo mensajes con la fecha en que deberá presentarse para ser vacunada, y en CABA no haya ninguna información. Porque ahora la excusa es el retraso de una o dos semanas en la provisión de la vacuna.
 
El macrismo y los periodistas y medios que lo respaldan basaron un discurso opositor a la política sanitaria del Gobierno en una serie de prejuicios, lugares comunes burdos y afirmaciones anticientíficas. Hay una diputada macrista que sigue impulsando el consumo de dióxido de cloro y varios de ellos insisten en que no se vacunarán. Si hubieran estado en el gobierno y hubieran montado la estrategia sanitaria sobre esa montaña de basura, Argentina ahora estaría viviendo una tragedia mucho peor de la que atraviesa.
 
The Lancet reafirmó la estrategia impulsada por el gobierno de Alberto Fernández frente a la epidemia, un tema tan estratégico, si se quiere, como ha sido la negociación de la deuda externa. Hay otro tema vertebral que tiene connotaciones con los precios, con la recaudación y en general con el diseño de un proyecto de país.
 
Porque resulta contradictorio que Argentina sea uno de los principales exportadores de alimentos y que la principal vía de salida de esas exportaciones sea una hidrovía abandonada a concesiones a empresas privadas que no tienen fiscalización real del Estado.
 
Paraguay tiene la tercera flota fluvial del planeta. Y el puerto de mayor actividad de esa flota es el uruguayo de Palmira. Las investigaciones sobre Vicentin demuestran que Argentina pierde 1900 millones de dólares al año por el contrabando de soja argentina a Paraguay. Y esa cifra puede ser todavía mayor. Resulta evidente que cualquier proyecto que pretenda incrementar la capacidad exportadora y racionalizarla para que sus beneficios se extiendan a todo el país, necesita un rediseño de la situación anárquica que tiene hoy la principal vía de salida de las exportaciones. La vieja licitación es de la época del menemismo, al igual que era la de los ferrocarriles, por la que el gobierno de Cristina Kirchner debió pagar un altísimo costo al postergar su revisión.
 
Como la vieja concesión está a punto de vencer, el Gobierno llamó a una nueva licitación. El senador Jorge Taiana propuso la creación de una Administradora Federal con representantes del gobierno nacional y de las provincias involucradas en la hidrovía para administrarla.
 
El anuncio de Wado de Pedro se refiere a un tema puntual en ese cuadro más amplio, que es la creación de una Unidad Ejecutora, un ente público que deberá controlar la licitación y el dragado del canal Magdalena en el Río de la Plata, cuyo objetivo es abrir otra puerta de entrada y facilitar la circulación fluvial entre las regiones del país y hacia el exterior. El costo de la obra será de 350 millones de dólares y su finalización está prevista para 2023.
 
La quiebra de Vicentin expuso el cruce de poderosos intereses que confluyen en la hidrovía así como su carácter estratégico. Ningún gobierno puede hacerse ilusiones con la exportación como uno de los pilares principales de la economía si no tiene control sobre la principal vía de salida de esas exportaciones. Hasta ahora la hidrovía funcionaba como si fuera otro país. Así funcionaban los trenes con las concesiones viejas, hasta que estallaron y el Estado tuvo que hacerse cargo con un costo enorme material y político.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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