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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 01-02-2021 / 16:02
LOS PAÍSES CENTRALES SE DISPUTAN LA LLAVE SANITARIA QUE LES PERMITA REACTIVAR SUS ECONOMÍAS

El gobierno de Alberto Fernández busca asegurar sus dosis en una guerra global por las vacunas

El gobierno de Alberto Fernández busca asegurar sus dosis en una guerra global por las vacunas
La demora en las entregas de Sputnik V retrata el actual cuello de botella tecnólogico y geopolítico en el que los países centrales se disputan la llave sanitaria que les permita reactivar sus economías. La presión de la Unión Europea sobre los laboratorios y sus dificultades para satisfacer una demanda que se multiplica.
País periférico, endeudado, arrastrando la recesión de los últimos años; la Argentina es, con todo, el país de Sudamérica que más ha vacunado. Se enfrenta, sin embargo, a un complejo cuello de botella global, donde se mezclan las promesas incumplidas de los laboratorios trasnacionales y una cruenta lucha geopolítica en la carrera contrarreloj que disputan las naciones más poderosas del planeta, que saben que inmunizar y reactivar sus economías son la misma cosa.
 
A esta altura del año, el país debía contar con cinco millones de dosis de Sputnik V. Recibió solo 820 mil, y espera el llamado desde Rusia para ir a buscar otras 220 mil esta semana. La incertidumbre de aquí no es una excepción, sino la regla para casi todos los países, y el gobierno de Alberto Fernández busca que, aunque se dilaten los plazos, el plan de vacunación esté garantizado.
 
A comienzos de semana, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya advirtieron que la demora en las entregas se debe a que están ampliando la capacidad para producir más dosis, por la alta demanda de la vacuna rusa en América Latina. Se verá, aseguraron, un "aumento significativo" en el segundo semestre, pero hasta entonces habrá retrasos de hasta tres semanas. "Sin embargo, la Argentina, que ha sido uno de los primeros países en aprobar Sputnik V y con quien hemos establecido una sólida alianza, seguirá recibiendo la vacuna", aclararon.
 
En el país ya se aplicaron (hasta el viernes 29) 344.034 vacunas. De ese total, 65.583 personas ya recibieron también la segunda dosis. Pero las certezas no abundan. "Es complicado porque está sucediendo en todo el mundo, no es un tema nuestro. Pero desde Rusia nos dijeron que tenemos prioridad por haber sido los primeros en confiar en ellos", confiaron desde el gobierno.
 
En efecto, el escenario es planetario: una lucha encarnizada de los países centrales por asegurarse las vacunas, con reclamos a fabricantes desbordados. Primero fue Pfizer-BioNtech, cuyos problemas de entrega comenzaron en Europa, en diciembre. El miércoles, Madrid y Cataluña debieron suspender "al menos durante esta semana y la siguiente" las primeras dosis de Pfizer y Moderna por la falta de suministro.
 
Italia estudia demandar a Pfizer por los retrasos, y en Alemania reprogramaron diez semanas su operativo de inmunización. El gobierno francés, a las puertas de la tercera ola con la cepa británica que ya representa el 11% de los casos nuevos, diseñó una campaña para vacunar a 7 millones de personas. Los laboratorios apenas entregaron 1,5 millones de dosis. Y ahora en Europa las miradas apuntan a la otra gran proveedora: AstraZeneca.
 

 
La tensión escaló cuando diez días atrás la farmacéutica anglo-sueca, anunció que no podrá entregar la cantidad acordada con la Unión Europea. De las 300 millones de dosis acordadas en agosto, podrían recibir un 40% este trimestre, según Reuters. La empresa adujo problemas de producción en las plantas europeas, pero en la UE dicen que nadie les dijo "cuál es el problema real", con otro detalle: Reino Unido e Israel las están recibiendo en tiempo y forma.
 
Los británicos avanzan en su plan de vacunación, con 11,6 cada 100 personas vacunadas, seis veces más que Alemania, aunque se centran en aplicar a la mayor cantidad de gente posible la primera dosis, y ya tienen retrasos en la segunda. Desde AstraZeneca sostienen que el reparto normal a los británicos se debe a que se abastecen de dos plantas propias, y que Inglaterra firmó el contrato tres meses antes que Europa. Ahora, la UE exige recibir parte de las dosis de la isla, allanó una planta de AstraZeneca en Bélgica y amenaza con bloquear la exportación de vacunas si no recibe las dosis comprometidas.
 
En principio, la debacle europea de AstraZeneca no afectaría a la Argentina, salvo que, contrariando los acuerdos previos, los europeos terminen recibiendo parte de las vacunas cuyo principio activo se produjo en la planta local de mAbxience (en breve parte la segunda tanda de 6 millones de dosis para ser envasadas en México). Stella Kyriakides, la comisaria de Sanidad de la UE, reclamó: "El principio de que quien primero llega, primero se lo queda, puede servir para la carnicería de barrio, pero no en un contrato".
 
 
Molde para galletas
 
Un documento publicado esta semana por la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de la Salud (RAIIS) subraya que la respuesta colectiva y solidaria ante la pandemia sucumbió antes de comenzar. Lejos de los primeros anuncios en 2020 de declarar la vacuna un bien público global, prima la lógica del mercado.
 
"Los países adoptan salidas individuales, aisladas, y en definitiva dejan a la mayoría en un 'sálvese quien pueda'", remarca Belén Herrero, investigadora del Conicet en el Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina, e integrante de RAIIS. "Las vacunas son un bien escaso y con límites de producción. Cuando quedan en manos del mercado, llegan a los países con más recursos, pero aun muchos de ellos no las están recibiendo en los términos acordados. Hay denuncias de países que pagaron mucho más por las vacunas y fueron redireccionadas sin respetar acuerdos previos".
 
La OMS calcula que en 2021 se necesitarán 2 mil millones de vacunas. Y las naciones ricas, que concentran sólo el 14% de la población mundial, ya pre-adquirieron más de la mitad del primer suministro. El 95% del total están destinadas a solo diez países. Mientras Latinoamérica adquirió poco menos de una dosis por persona (y casi todas las vacunas constan de dos dosis), EE UU y el Reino Unido tienen 4 por persona, y Canadá se aseguró casi 9, aunque también padece las demoras de Pfizer.
 
"No me importa lo que estén construyendo, cumplan con las obligaciones del contrato porque hay vidas en peligro", exigió el primer ministro de Ontario, Doug Ford. En el otro extremo, Oxfam señaló que nueve de cada diez países de bajos recursos no tendrán acceso a la vacuna este año.
 
Mientras crece una suerte de "nacionalismo inmunológico" y cada cual quiere asegurarse sus dosis, la canciller Angela Merkel declaró en el Foro de Davos que para lograr un reparto justo "hay que optar por la vía multilateral".
 
Un inmunólogo comparó el tiempo de producción para el desarrollo de una vacuna con "un molde para galletas": lo que cuesta trabajo es el diseño; una vez listo, la producción en masa es mucho más rápida. El problema es que la demanda supera largamente a la oferta. Por ejemplo, la irrupción de los Emiratos Árabes, potencia petrolera, como comprador de Sputnik V (sumándola a la china Sinopharm y a la de Pfizer), y la de países europeos como Hungría, sumó presión a la capacidad de producción de los rusos.
 
"En ese contexto, el escenario de Argentina no deja de ser alentador. Es de los pocos países que comenzó a vacunar, y en un continente de los más desiguales y golpeados por la pandemia", agrega Herrero. "Fue acertado ir a buscar rápidamente todas las opciones disponibles, y de fabricantes como Gamaleya, a los que no estaba mirando el Norte global".
 
Además de las compras, hay que tener en cuenta las dificultades logísticas que presentan muchas vacunas. La de Pfizer, que aún no respondió una oferta del gobierno para comprar 5 millones, necesita temperaturas de almacenamiento ultra frías de -70 C°. En el caso de la vacuna de Moderna, son -20 C°, pero su costo es el más elevado: 50-60 dólares. La vacuna de AstraZeneca, la más apropiada para nuestra región por precio y facilidad de almacenar, habló de U$S 3-4 por dosis.
 
El laboratorio que trabaja con Oxford se comprometió a proporcionar el 64% de sus dosis a países en desarrollo. Y fue uno de los pocos productores (junto con Novavax) que también suscribió un acuerdo con la iniciativa global COVAX, comandada por la ONU, de la que dependerán todos los países de ingresos bajos y medianos. Argentina, de hecho, tiene 9 millones vacunas comprometidas con COVAX.
 
En el medio, crece la demanda para que se liberen las patentes. Un centenar de países miembros de la OMC adhirieron a la propuesta de India y Sudáfrica, para aprobar una exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia. En América Latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo. El único país de la región que se manifestó en contra fue Brasil. La OMC pospuso la discusión hasta marzo.
 
La ONG Médicos Sin Fronteras  denuncia que los acuerdos sobre licencias permanecen en secreto, a pesar de niveles sin precedentes de financiación pública. Las principales farmacéuticas recibieron 12.000 millones de dólares en fondos públicos para producir las vacunas, convertidas en el insumo principal que esperan las potencias para reactivar sus economías, en medio de confinamientos y récords de casos.
 
"Uno ve que los laboratorios están bajo una fuerte tensión. Respecto de la Sputnik V, hay una confirmación por parte del Fondo Ruso de Inversión de que se van a cumplir los compromisos y de que hay una demora de unas semanas, pero se van a entregar", aseguró el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, y confió en la llegada de las de AstraZeneca: "Esperamos que estén para marzo porque la producción viene muy bien".
 
Hasta hoy, la Argentina es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de vacunas aplicadas (0,65 cada 100 habitantes), casi el doble que Brasil y Chile, que este lunes comenzará su plan de vacunación masiva, con dos millones de dosis de la china Sinovac. Precisamente, China aumentó su producción para el mercado interno, ante nuevos contagios.
 
 Todo forma parte de un rompecabezas mundial de imposible resolución a corto plazo, donde la Argentina trata de mantenerse en pie mientras afronta un virus que muta y que, según una investigación publicada esta semana por la Universidad de Hurlingham, contagia al menos cuatro veces más de lo que marcan los índices oficiales de positividad.
 
Por Gustavo Sarmiento
 
Fuente: Tiempo Argentino  
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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