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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 01-02-2021 / 16:02
LOS PAÍSES CENTRALES SE DISPUTAN LA LLAVE SANITARIA QUE LES PERMITA REACTIVAR SUS ECONOMÍAS

El gobierno de Alberto Fernández busca asegurar sus dosis en una guerra global por las vacunas

El gobierno de Alberto Fernández busca asegurar sus dosis en una guerra global por las vacunas
La demora en las entregas de Sputnik V retrata el actual cuello de botella tecnólogico y geopolítico en el que los países centrales se disputan la llave sanitaria que les permita reactivar sus economías. La presión de la Unión Europea sobre los laboratorios y sus dificultades para satisfacer una demanda que se multiplica.
País periférico, endeudado, arrastrando la recesión de los últimos años; la Argentina es, con todo, el país de Sudamérica que más ha vacunado. Se enfrenta, sin embargo, a un complejo cuello de botella global, donde se mezclan las promesas incumplidas de los laboratorios trasnacionales y una cruenta lucha geopolítica en la carrera contrarreloj que disputan las naciones más poderosas del planeta, que saben que inmunizar y reactivar sus economías son la misma cosa.
 
A esta altura del año, el país debía contar con cinco millones de dosis de Sputnik V. Recibió solo 820 mil, y espera el llamado desde Rusia para ir a buscar otras 220 mil esta semana. La incertidumbre de aquí no es una excepción, sino la regla para casi todos los países, y el gobierno de Alberto Fernández busca que, aunque se dilaten los plazos, el plan de vacunación esté garantizado.
 
A comienzos de semana, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya advirtieron que la demora en las entregas se debe a que están ampliando la capacidad para producir más dosis, por la alta demanda de la vacuna rusa en América Latina. Se verá, aseguraron, un "aumento significativo" en el segundo semestre, pero hasta entonces habrá retrasos de hasta tres semanas. "Sin embargo, la Argentina, que ha sido uno de los primeros países en aprobar Sputnik V y con quien hemos establecido una sólida alianza, seguirá recibiendo la vacuna", aclararon.
 
En el país ya se aplicaron (hasta el viernes 29) 344.034 vacunas. De ese total, 65.583 personas ya recibieron también la segunda dosis. Pero las certezas no abundan. "Es complicado porque está sucediendo en todo el mundo, no es un tema nuestro. Pero desde Rusia nos dijeron que tenemos prioridad por haber sido los primeros en confiar en ellos", confiaron desde el gobierno.
 
En efecto, el escenario es planetario: una lucha encarnizada de los países centrales por asegurarse las vacunas, con reclamos a fabricantes desbordados. Primero fue Pfizer-BioNtech, cuyos problemas de entrega comenzaron en Europa, en diciembre. El miércoles, Madrid y Cataluña debieron suspender "al menos durante esta semana y la siguiente" las primeras dosis de Pfizer y Moderna por la falta de suministro.
 
Italia estudia demandar a Pfizer por los retrasos, y en Alemania reprogramaron diez semanas su operativo de inmunización. El gobierno francés, a las puertas de la tercera ola con la cepa británica que ya representa el 11% de los casos nuevos, diseñó una campaña para vacunar a 7 millones de personas. Los laboratorios apenas entregaron 1,5 millones de dosis. Y ahora en Europa las miradas apuntan a la otra gran proveedora: AstraZeneca.
 

 
La tensión escaló cuando diez días atrás la farmacéutica anglo-sueca, anunció que no podrá entregar la cantidad acordada con la Unión Europea. De las 300 millones de dosis acordadas en agosto, podrían recibir un 40% este trimestre, según Reuters. La empresa adujo problemas de producción en las plantas europeas, pero en la UE dicen que nadie les dijo "cuál es el problema real", con otro detalle: Reino Unido e Israel las están recibiendo en tiempo y forma.
 
Los británicos avanzan en su plan de vacunación, con 11,6 cada 100 personas vacunadas, seis veces más que Alemania, aunque se centran en aplicar a la mayor cantidad de gente posible la primera dosis, y ya tienen retrasos en la segunda. Desde AstraZeneca sostienen que el reparto normal a los británicos se debe a que se abastecen de dos plantas propias, y que Inglaterra firmó el contrato tres meses antes que Europa. Ahora, la UE exige recibir parte de las dosis de la isla, allanó una planta de AstraZeneca en Bélgica y amenaza con bloquear la exportación de vacunas si no recibe las dosis comprometidas.
 
En principio, la debacle europea de AstraZeneca no afectaría a la Argentina, salvo que, contrariando los acuerdos previos, los europeos terminen recibiendo parte de las vacunas cuyo principio activo se produjo en la planta local de mAbxience (en breve parte la segunda tanda de 6 millones de dosis para ser envasadas en México). Stella Kyriakides, la comisaria de Sanidad de la UE, reclamó: "El principio de que quien primero llega, primero se lo queda, puede servir para la carnicería de barrio, pero no en un contrato".
 
 
Molde para galletas
 
Un documento publicado esta semana por la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de la Salud (RAIIS) subraya que la respuesta colectiva y solidaria ante la pandemia sucumbió antes de comenzar. Lejos de los primeros anuncios en 2020 de declarar la vacuna un bien público global, prima la lógica del mercado.
 
"Los países adoptan salidas individuales, aisladas, y en definitiva dejan a la mayoría en un 'sálvese quien pueda'", remarca Belén Herrero, investigadora del Conicet en el Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina, e integrante de RAIIS. "Las vacunas son un bien escaso y con límites de producción. Cuando quedan en manos del mercado, llegan a los países con más recursos, pero aun muchos de ellos no las están recibiendo en los términos acordados. Hay denuncias de países que pagaron mucho más por las vacunas y fueron redireccionadas sin respetar acuerdos previos".
 
La OMS calcula que en 2021 se necesitarán 2 mil millones de vacunas. Y las naciones ricas, que concentran sólo el 14% de la población mundial, ya pre-adquirieron más de la mitad del primer suministro. El 95% del total están destinadas a solo diez países. Mientras Latinoamérica adquirió poco menos de una dosis por persona (y casi todas las vacunas constan de dos dosis), EE UU y el Reino Unido tienen 4 por persona, y Canadá se aseguró casi 9, aunque también padece las demoras de Pfizer.
 
"No me importa lo que estén construyendo, cumplan con las obligaciones del contrato porque hay vidas en peligro", exigió el primer ministro de Ontario, Doug Ford. En el otro extremo, Oxfam señaló que nueve de cada diez países de bajos recursos no tendrán acceso a la vacuna este año.
 
Mientras crece una suerte de "nacionalismo inmunológico" y cada cual quiere asegurarse sus dosis, la canciller Angela Merkel declaró en el Foro de Davos que para lograr un reparto justo "hay que optar por la vía multilateral".
 
Un inmunólogo comparó el tiempo de producción para el desarrollo de una vacuna con "un molde para galletas": lo que cuesta trabajo es el diseño; una vez listo, la producción en masa es mucho más rápida. El problema es que la demanda supera largamente a la oferta. Por ejemplo, la irrupción de los Emiratos Árabes, potencia petrolera, como comprador de Sputnik V (sumándola a la china Sinopharm y a la de Pfizer), y la de países europeos como Hungría, sumó presión a la capacidad de producción de los rusos.
 
"En ese contexto, el escenario de Argentina no deja de ser alentador. Es de los pocos países que comenzó a vacunar, y en un continente de los más desiguales y golpeados por la pandemia", agrega Herrero. "Fue acertado ir a buscar rápidamente todas las opciones disponibles, y de fabricantes como Gamaleya, a los que no estaba mirando el Norte global".
 
Además de las compras, hay que tener en cuenta las dificultades logísticas que presentan muchas vacunas. La de Pfizer, que aún no respondió una oferta del gobierno para comprar 5 millones, necesita temperaturas de almacenamiento ultra frías de -70 C°. En el caso de la vacuna de Moderna, son -20 C°, pero su costo es el más elevado: 50-60 dólares. La vacuna de AstraZeneca, la más apropiada para nuestra región por precio y facilidad de almacenar, habló de U$S 3-4 por dosis.
 
El laboratorio que trabaja con Oxford se comprometió a proporcionar el 64% de sus dosis a países en desarrollo. Y fue uno de los pocos productores (junto con Novavax) que también suscribió un acuerdo con la iniciativa global COVAX, comandada por la ONU, de la que dependerán todos los países de ingresos bajos y medianos. Argentina, de hecho, tiene 9 millones vacunas comprometidas con COVAX.
 
En el medio, crece la demanda para que se liberen las patentes. Un centenar de países miembros de la OMC adhirieron a la propuesta de India y Sudáfrica, para aprobar una exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia. En América Latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo. El único país de la región que se manifestó en contra fue Brasil. La OMC pospuso la discusión hasta marzo.
 
La ONG Médicos Sin Fronteras  denuncia que los acuerdos sobre licencias permanecen en secreto, a pesar de niveles sin precedentes de financiación pública. Las principales farmacéuticas recibieron 12.000 millones de dólares en fondos públicos para producir las vacunas, convertidas en el insumo principal que esperan las potencias para reactivar sus economías, en medio de confinamientos y récords de casos.
 
"Uno ve que los laboratorios están bajo una fuerte tensión. Respecto de la Sputnik V, hay una confirmación por parte del Fondo Ruso de Inversión de que se van a cumplir los compromisos y de que hay una demora de unas semanas, pero se van a entregar", aseguró el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, y confió en la llegada de las de AstraZeneca: "Esperamos que estén para marzo porque la producción viene muy bien".
 
Hasta hoy, la Argentina es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de vacunas aplicadas (0,65 cada 100 habitantes), casi el doble que Brasil y Chile, que este lunes comenzará su plan de vacunación masiva, con dos millones de dosis de la china Sinovac. Precisamente, China aumentó su producción para el mercado interno, ante nuevos contagios.
 
 Todo forma parte de un rompecabezas mundial de imposible resolución a corto plazo, donde la Argentina trata de mantenerse en pie mientras afronta un virus que muta y que, según una investigación publicada esta semana por la Universidad de Hurlingham, contagia al menos cuatro veces más de lo que marcan los índices oficiales de positividad.
 
Por Gustavo Sarmiento
 
Fuente: Tiempo Argentino  
 

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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

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