13:13 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 01-02-2021 / 16:02

LOS PAÍSES CENTRALES SE DISPUTAN LA LLAVE SANITARIA QUE LES PERMITA REACTIVAR SUS ECONOMÍAS

El gobierno de Alberto Fernández busca asegurar sus dosis en una guerra global por las vacunas

La demora en las entregas de Sputnik V retrata el actual cuello de botella tecnólogico y geopolítico en el que los países centrales se disputan la llave sanitaria que les permita reactivar sus economías. La presión de la Unión Europea sobre los laboratorios y sus dificultades para satisfacer una demanda que se multiplica.

País periférico, endeudado, arrastrando la recesión de los últimos años; la Argentina es, con todo, el país de Sudamérica que más ha vacunado. Se enfrenta, sin embargo, a un complejo cuello de botella global, donde se mezclan las promesas incumplidas de los laboratorios trasnacionales y una cruenta lucha geopolítica en la carrera contrarreloj que disputan las naciones más poderosas del planeta, que saben que inmunizar y reactivar sus economías son la misma cosa.

A esta altura del año, el país debía contar con cinco millones de dosis de Sputnik V. Recibió solo 820 mil, y espera el llamado desde Rusia para ir a buscar otras 220 mil esta semana. La incertidumbre de aquí no es una excepción, sino la regla para casi todos los países, y el gobierno de Alberto Fernández busca que, aunque se dilaten los plazos, el plan de vacunación esté garantizado.

A comienzos de semana, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya advirtieron que la demora en las entregas se debe a que están ampliando la capacidad para producir más dosis, por la alta demanda de la vacuna rusa en América Latina. Se verá, aseguraron, un "aumento significativo" en el segundo semestre, pero hasta entonces habrá retrasos de hasta tres semanas. "Sin embargo, la Argentina, que ha sido uno de los primeros países en aprobar Sputnik V y con quien hemos establecido una sólida alianza, seguirá recibiendo la vacuna", aclararon.

En el país ya se aplicaron (hasta el viernes 29) 344.034 vacunas. De ese total, 65.583 personas ya recibieron también la segunda dosis. Pero las certezas no abundan. "Es complicado porque está sucediendo en todo el mundo, no es un tema nuestro. Pero desde Rusia nos dijeron que tenemos prioridad por haber sido los primeros en confiar en ellos", confiaron desde el gobierno.

En efecto, el escenario es planetario: una lucha encarnizada de los países centrales por asegurarse las vacunas, con reclamos a fabricantes desbordados. Primero fue Pfizer-BioNtech, cuyos problemas de entrega comenzaron en Europa, en diciembre. El miércoles, Madrid y Cataluña debieron suspender "al menos durante esta semana y la siguiente" las primeras dosis de Pfizer y Moderna por la falta de suministro.

Italia estudia demandar a Pfizer por los retrasos, y en Alemania reprogramaron diez semanas su operativo de inmunización. El gobierno francés, a las puertas de la tercera ola con la cepa británica que ya representa el 11% de los casos nuevos, diseñó una campaña para vacunar a 7 millones de personas. Los laboratorios apenas entregaron 1,5 millones de dosis. Y ahora en Europa las miradas apuntan a la otra gran proveedora: AstraZeneca.

La tensión escaló cuando diez días atrás la farmacéutica anglo-sueca, anunció que no podrá entregar la cantidad acordada con la Unión Europea. De las 300 millones de dosis acordadas en agosto, podrían recibir un 40% este trimestre, según Reuters. La empresa adujo problemas de producción en las plantas europeas, pero en la UE dicen que nadie les dijo "cuál es el problema real", con otro detalle: Reino Unido e Israel las están recibiendo en tiempo y forma.

Los británicos avanzan en su plan de vacunación, con 11,6 cada 100 personas vacunadas, seis veces más que Alemania, aunque se centran en aplicar a la mayor cantidad de gente posible la primera dosis, y ya tienen retrasos en la segunda. Desde AstraZeneca sostienen que el reparto normal a los británicos se debe a que se abastecen de dos plantas propias, y que Inglaterra firmó el contrato tres meses antes que Europa. Ahora, la UE exige recibir parte de las dosis de la isla, allanó una planta de AstraZeneca en Bélgica y amenaza con bloquear la exportación de vacunas si no recibe las dosis comprometidas.

En principio, la debacle europea de AstraZeneca no afectaría a la Argentina, salvo que, contrariando los acuerdos previos, los europeos terminen recibiendo parte de las vacunas cuyo principio activo se produjo en la planta local de mAbxience (en breve parte la segunda tanda de 6 millones de dosis para ser envasadas en México). Stella Kyriakides, la comisaria de Sanidad de la UE, reclamó: "El principio de que quien primero llega, primero se lo queda, puede servir para la carnicería de barrio, pero no en un contrato".

Molde para galletas

Un documento publicado esta semana por la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de la Salud (RAIIS) subraya que la respuesta colectiva y solidaria ante la pandemia sucumbió antes de comenzar. Lejos de los primeros anuncios en 2020 de declarar la vacuna un bien público global, prima la lógica del mercado.

"Los países adoptan salidas individuales, aisladas, y en definitiva dejan a la mayoría en un 'sálvese quien pueda'", remarca Belén Herrero, investigadora del Conicet en el Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina, e integrante de RAIIS. "Las vacunas son un bien escaso y con límites de producción. Cuando quedan en manos del mercado, llegan a los países con más recursos, pero aun muchos de ellos no las están recibiendo en los términos acordados. Hay denuncias de países que pagaron mucho más por las vacunas y fueron redireccionadas sin respetar acuerdos previos".

La OMS calcula que en 2021 se necesitarán 2 mil millones de vacunas. Y las naciones ricas, que concentran sólo el 14% de la población mundial, ya pre-adquirieron más de la mitad del primer suministro. El 95% del total están destinadas a solo diez países. Mientras Latinoamérica adquirió poco menos de una dosis por persona (y casi todas las vacunas constan de dos dosis), EE UU y el Reino Unido tienen 4 por persona, y Canadá se aseguró casi 9, aunque también padece las demoras de Pfizer.

"No me importa lo que estén construyendo, cumplan con las obligaciones del contrato porque hay vidas en peligro", exigió el primer ministro de Ontario, Doug Ford. En el otro extremo, Oxfam señaló que nueve de cada diez países de bajos recursos no tendrán acceso a la vacuna este año.

Mientras crece una suerte de "nacionalismo inmunológico" y cada cual quiere asegurarse sus dosis, la canciller Angela Merkel declaró en el Foro de Davos que para lograr un reparto justo "hay que optar por la vía multilateral".

Un inmunólogo comparó el tiempo de producción para el desarrollo de una vacuna con "un molde para galletas": lo que cuesta trabajo es el diseño; una vez listo, la producción en masa es mucho más rápida. El problema es que la demanda supera largamente a la oferta. Por ejemplo, la irrupción de los Emiratos Árabes, potencia petrolera, como comprador de Sputnik V (sumándola a la china Sinopharm y a la de Pfizer), y la de países europeos como Hungría, sumó presión a la capacidad de producción de los rusos.

"En ese contexto, el escenario de Argentina no deja de ser alentador. Es de los pocos países que comenzó a vacunar, y en un continente de los más desiguales y golpeados por la pandemia", agrega Herrero. "Fue acertado ir a buscar rápidamente todas las opciones disponibles, y de fabricantes como Gamaleya, a los que no estaba mirando el Norte global".

Además de las compras, hay que tener en cuenta las dificultades logísticas que presentan muchas vacunas. La de Pfizer, que aún no respondió una oferta del gobierno para comprar 5 millones, necesita temperaturas de almacenamiento ultra frías de -70 C°. En el caso de la vacuna de Moderna, son -20 C°, pero su costo es el más elevado: 50-60 dólares. La vacuna de AstraZeneca, la más apropiada para nuestra región por precio y facilidad de almacenar, habló de U$S 3-4 por dosis.

El laboratorio que trabaja con Oxford se comprometió a proporcionar el 64% de sus dosis a países en desarrollo. Y fue uno de los pocos productores (junto con Novavax) que también suscribió un acuerdo con la iniciativa global COVAX, comandada por la ONU, de la que dependerán todos los países de ingresos bajos y medianos. Argentina, de hecho, tiene 9 millones vacunas comprometidas con COVAX.

En el medio, crece la demanda para que se liberen las patentes. Un centenar de países miembros de la OMC adhirieron a la propuesta de India y Sudáfrica, para aprobar una exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia. En América Latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo. El único país de la región que se manifestó en contra fue Brasil. La OMC pospuso la discusión hasta marzo.

La ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que los acuerdos sobre licencias permanecen en secreto, a pesar de niveles sin precedentes de financiación pública. Las principales farmacéuticas recibieron 12.000 millones de dólares en fondos públicos para producir las vacunas, convertidas en el insumo principal que esperan las potencias para reactivar sus economías, en medio de confinamientos y récords de casos.

"Uno ve que los laboratorios están bajo una fuerte tensión. Respecto de la Sputnik V, hay una confirmación por parte del Fondo Ruso de Inversión de que se van a cumplir los compromisos y de que hay una demora de unas semanas, pero se van a entregar", aseguró el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, y confió en la llegada de las de AstraZeneca: "Esperamos que estén para marzo porque la producción viene muy bien".

Hasta hoy, la Argentina es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de vacunas aplicadas (0,65 cada 100 habitantes), casi el doble que Brasil y Chile, que este lunes comenzará su plan de vacunación masiva, con dos millones de dosis de la china Sinovac. Precisamente, China aumentó su producción para el mercado interno, ante nuevos contagios.

Todo forma parte de un rompecabezas mundial de imposible resolución a corto plazo, donde la Argentina trata de mantenerse en pie mientras afronta un virus que muta y que, según una investigación publicada esta semana por la Universidad de Hurlingham, contagia al menos cuatro veces más de lo que marcan los índices oficiales de positividad.

Por Gustavo Sarmiento

Fuente: Tiempo Argentino

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".