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Nacionales - 21-01-2021 / 08:01
CUANDO SE ULTIMAN LOS DETALLES PARA LA LLEGADA DE 5 MILLONES DE DOSIS

La Anmat habilita la Sputnik V para vacunar a mayores de 60 años

La Anmat habilita la Sputnik V para vacunar a mayores de 60 años
Con nueva evidencia aportada por el Instituto Gamaleya, que muestra “resultados muy alentadores de la fase III”, la Anmat recomendó el uso de la vacuna Sputnik para los mayores de 60 años, un paso indispensable para empezar con la inmunización de más de siete millones de personas consideradas en riesgo por su edad.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica avaló la posibilidad de que los adultos mayores se vacunen, luego de estudiar de forma muy minuciosa las investigaciones y el informe técnico elaborado por el Centro Gamaleya. En ese trabajo se exhibe la eficacia y la seguridad de la sustancia activa y la posibilidad, sin daños colaterales, de inyectarla en este grupo de riesgo.
 
Así, la Anmat recomendó al Ministerio de Salud el uso de la vacuna Sputnik V para mayores de 60 años. Según los ensayos clínicos descritos en el informe técnico entregado por el Centro Gamaleya a la cartera sanitaria doméstica, a cuatro semanas de inoculadas ambas dosis, su eficacia es del 91.8% y genera anticuerpos en el 98.1% de los casos.
 
Se trata de una de las noticias más esperadas porque las personas que se hallan en esa franja etaria son los más vulnerables y que más riesgos han transitado -con altos índices de mortalidad- desde que se inició la pandemia.
 
La habilitación llega en momentos en que el Gobierno argentino ultima detalles acerca de la logística de recepción, almacenamiento y distribución de las 4.7 millones de dosis de la vacuna rusa. El presidente Alberto Fernández confirmó que se vacunará apenas llegue la primera partida de este envío, luego de la habilitación de vacunar a los mayores de 60.
 

 
Vale destacar que los adultos mayores en Rusia se vacunan desde hace varios días y no se ha reportado ningún efecto adverso. No hay mejor prueba -que refuerce las que se desprenden de los ensayos clínicos realizados- que la experiencia de la población rusa con su propia tecnología. A diferencia de lo reportado con otras plataformas vacunales, con la Sputnik V no se identificaron daños colaterales de ninguna índole.
 
Tras este paso fundamental y la recomendación de Anmat, los mayores de 60 años comenzarán a ser inmunizados en los próximos días y se sumarán a buena parte del personal sanitario y miembros de las fuerzas de seguridad que ya fueron inoculados con la primera dosis y están recibiendo la segunda.
 
 
LA HABILITACIÓN LLEGA CUANDO SE ULTIMAN LOS DETALLES PARA LA LLEGADA DE CASI 5 MILLONES DE DOSIS
 
Anmat abrió la puerta a la Sputnik V para vacunar a mayores de 60 años
 
La Anmat recomendó al Ministerio de Salud el uso de la vacuna Sputnik V para mayores de 60 años. Según los ensayos clínicos descritos en el informe técnico entregado por el Centro Gamaleya a la cartera sanitaria doméstica, a cuatro semanas de inoculadas ambas dosis, su eficacia es del 91.8% y genera anticuerpos en el 98.1% de los casos.
 
Se trata de una de las noticias más esperadas porque las personas que se hallan en esa franja etaria son los más vulnerables y que más riesgos han transitado -con altos índices de mortalidad- desde que se inició la pandemia.
 
La habilitación llega en momentos en que el Gobierno argentino ultima detalles acerca de la logística de recepción, almacenamiento y distribución de las 4.7 millones de dosis de la vacuna rusa. El presidente Alberto Fernández confirmó que se vacunará apenas llegue la primera partida de este envío, luego de la habilitación de vacunar a los mayores de 60.
 
"Luego de analizada la nueva información aportada para la vacuna VacunaGam-COVID-Vac (Sputnik V), se estableció, por medio del informe de ampliación, que la misma se encuentra en un margen aceptable la seguridad, inmunogenicidad y eficacia para el grupo etario de mayores de 60 años", remarcó Anmat en su informe. Luego, indicó que en el segundo análisis interino compartido por el Centro ruso se incluyeron a 19.866 sujetos (de los cuales 2144 eran mayores de 60) que recibieron las dos dosis. "Ninguno registró alergias severas ni tampoco se reportaron muertes relacionadas a la vacuna. Los eventos adversos (EA) más frecuentes fueron síndrome pseudogripal y reacciones locales en el sitio de la inyección, eventos esperados con este tipo de producto", detalló el ente.
 
"Lo que evaluó Anmat son resultados muy alentadores de la fase clínica III, evidencia que se sumó a la ya existente. En el corte preliminar (en diciembre) que había realizado el Centro Gamaleya, los resultados de seguridad y eficacia eran adecuados para la población en general, pero la cantidad de adultos mayores de 60 años que habían participado todavía era baja", advierte Mario Lozano, virólogo del Conicet en la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en vacunas. Después sostiene: "Ahora ello se saldó con la entrega de este informe técnico. Con los resultados de pruebas en las que se incorporaron a más personas de este grupo etario, pudieron chequear la eficacia y la seguridad en este grupo. Ello nos trae una tranquilidad adicional".
 
Vale destacar que los adultos mayores en Rusia se vacunan desde hace varios días y no se ha reportado ningún efecto adverso. No hay mejor prueba -que refuerce las que se desprenden de los ensayos clínicos realizados- que la experiencia de la población rusa con su propia tecnología. Lozano precisa al respecto: "En Rusia la autorización para la distribución en mayores de 60 años llegó hace unas semanas. Del total de la población inoculada en aquel país, alrededor del 46% corresponde a este grupo etario. Por lo tanto, representa una muestra palpable de que la Sputnik V es segura y eficaz".
 
A diferencia de lo reportado con otras plataformas vacunales, con la Sputnik V no se identificaron daños colaterales de ninguna índole. Tras este paso fundamental y la recomendación de Anmat, los mayores de 60 años comenzarán a ser inmunizados en los próximos días y se sumarán a buena parte del personal sanitario y miembros de las fuerzas de seguridad que ya fueron inoculados con la primera dosis y están recibiendo la segunda.
 
De acuerdo a las cifras que maneja el Gobierno, los adultos que tienen más de 60 son, aproximadamente, 7.375.000; con lo cual, para que la inoculación a escala llegué a buen puerto se requerirá de una coordinación muy aceitada.
 
A mediados de diciembre, desde los medios opositores, se alimentó una falsa controversia alrededor de los dichos de Vladimir Putin. Por aquella época, el mandatario había asegurado en conferencia de prensa que se vacunaría "sin falta apenas sea posible", porque al tener más de 60 años aún no lo tenía permitido. "Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré apenas sea posible", había expresado Putin. Y luego dejó en claro que la variante diseñada por los equipos de expertos y expertas de su país "era segura y eficaz". No obstante, algunas voces que procuran desacreditar el prestigio científico y tecnológico ruso aprovecharon ese vacío discursivo y promovieron la idea de que el propio presidente desconfiaba de la variante fabricada en su territorio. En rigor de verdad, aún no se había inoculado porque al tener 68 años no se hallaba en la franja de edad de aquellos ciudadanos a quienes sí se les aplica. Nada más lógico y comprensible.
 
La Anmat, garantía de confianza
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica avaló la posibilidad de que los adultos mayores se vacunen, luego de estudiar de forma muy minuciosa las investigaciones y el informe técnico elaborado por el Centro Gamaleya. En ese trabajo (que debió ser traducido, de ahí uno de los principales obstáculos iniciales) se exhibe la eficacia y la seguridad de la sustancia activa y la posibilidad, sin daños colaterales, de inyectarla en este grupo de riesgo.
 
El organismo tomó la decisión de recomendar su aplicación porque la información aportada por el Centro "reportó un rango de eficacia del 91,8 % de la vacuna para mayores de 60 años; la inmunización de los voluntarios condujo a la formación de anticuerpos en el 98,1% el día 28 después de la vacunación y la variable de seguridad mostró un perfil que no difiere del observado en el resto de la población". Ello quiere decir que, según el ente regulador detalla, no hay diferencias sustantivas entre los resultados de los ensayos clínicos para personas de 18 a 59, respecto de lo reportado para mayores de 60. Mientras que en los grupos etarios menores de 60 años los efectos adversos alcanzaron 0,01%, en el caso de los mayores de 60 fue de 0,02%. La vacuna es segura y eficaz. Desde aquí, plantea Lozano: "La recomendación de Anmat es una garantía: es un organismo de control sanitario muy prestigioso que suele analizar muy bien los datos que le presentan y que trabaja con parámetros de calidad adecuados. De hecho, es referencia en la región, muchos entes reguladores de países latinoamericanos miran a Anmat para saber cómo actuar. Si Anmat aprueba, ellos aprueban".
 
A partir de la recomendación realizada y con el arribo de 4.7 millones de dosis de la Sputnik V, el proceso de vacunación masiva que lleva adelante Argentina ingresará en otra fase. En los próximos días, las jurisdicciones recibirán un número mayor de dosis y aquellos centros vacunatorios que estaban a la espera para poder actuar, iniciarán su trabajo a un ritmo acelerado. "En el presente están vacunando solo algunos hospitales asociados con terapias intensivas, pero cuando esto se ponga en marcha pronto, el ritmo requerido implicará nuevos desafíos logísticos. Próximamente comenzarán su trabajo cientos de centros de vacunación con sus especialistas y asistentes. Será otro el flujo", dice Lozano.
 
La vacunación seguirá en etapas, voluntaria e independiente del antecedente de haber padecido la enfermedad. Según prevén desde la cartera que conduce Ginés González García, aproximadamente 14 millones son las personas a vacunar en los grupos priorizados: a los 821.394 trabajadores de la salud, se suman los 7.375.000 mayores de 60 años, 493.727 miembros del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, 4.063.968 personas entre 18 y 59 años con comorbilidades, 1.417.310 personal educativo y 266.034 personal esencial del Estado y docentes universitarios. Para ello, dispusieron la participación de 36 mil vacunadores y 80 mil miembros del personal de apoyo, repartidos en 7.749 establecimientos de salud acondicionados a tales efectos.
 
Argentina como referencia
 
El mundo atraviesa un contexto crítico en que las naciones más poderosas controlan la mayor cantidad de las vacunas: según los datos consignados por la OMS, se han administrado 39 millones de dosis y solo 45 países (por supuesto, los de ingresos más altos) han acaparado buena parte de la oferta. Solo a modo de ejemplo, a partir de la información relevada por el Global Health Innovation Center de la Universidad de Duke, Canadá adquirió un número de vacunas que multiplica por siete el de su población; Reino Unido y EEUU casi sextuplican su cantidad de habitantes; y la UE y Nueva Zelanda algo más de cuatro.
 
"De los países periféricos somos de los que más estamos vacunando. En cambio, aquellos que más apostaron a otras como la de Pfizer enfrentan muchos problemas de abastecimiento. En Chile, por ejemplo, acaban de recibir 44 mil dosis luego de muchas protestas de su mandatario para apurar el envío y frente a los retrasos de la farmacéutica", relata. Y continúa: "Está bien, tiene la mitad de la población que nosotros, pero también es verdad que nosotros recibimos 600 mil y entre esta semana y la que viene llegarán 5 millones. Es una diferencia significativa". En evidencia, las compañías tienen un límite de producción y han prometido más de lo que estaban en condiciones de cumplir. Bajo esta premisa, el hecho de que un país periférico como Argentina pueda iniciar la inmunización de su población en riesgo según lo estipulado, en tiempo y en forma, no deja de ser una excelente noticia.
 
Por Pablo Esteban
 
Fuente: Página12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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