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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 18-01-2021 / 19:01

PARITARIAS 2021

Con eje en lo salarial y sanitario, UPCN presentó listado de demandas al gobierno provincial

La Unión del Personal Civil de la Nación, seccional Entre Ríos, dio a conocer los 19 puntos que la entidad sindical quiere abordar en la negociación con el gobernador Bordet.

La Unión del Personal Civil de la Nación, seccional Entre Ríos, dio a conocer los puntos que la entidad sindical quiere abordar en la negociación con el gobernador Gustavo Bordet. "El gremio plantea una paritaria integral que no se agota en lo salarial", afirmaron al presentar una propuesta que tiene como tema principal ese aspecto, además de alternativas con reclamos que tienen que ver con lo sectorial. Los 19 puntos son:

1. Actualización de los montos de los contratos de obra.

2. Continuar con el pago de la suma fija hasta determinar la recomposición salarial.

3. Regularización del personal: que se regularice a los trabajadores con estabilidad con las vacantes. Ocupar las vacantes remanentes de planta permanente con los contratados de servicio, según criterio de antigüedad. En el mismo sentido, hacer el corrimiento de contrato de obra a contrato de servicio, conforme a los cupos liberados.

4. Otorgamiento del adicional por traslado para el personal de salud comprometido en la paritaria 2019. Nunca se concluyó la normativa para igualar la situación a trabajadores de educación y comedores escolares, teniendo en cuenta el criterio de necesidad de transporte para el cumplimiento del servicio.

5. Continuidad de bonos Covid-19 para áreas críticas. La situación sanitaria no solo que no se ha modificado, sino que se ha agravado en las últimas semanas, por lo cual es necesario mantener este reconocimiento.

6. Inclusión de ordenanzas de educación en los bonos Covid-19.

7. Actualización del monto de guardias para el Registro Civil y escuelas agrotécnicas

8. Mejora económica para el sector salud en el código de riesgo y en la coparticipación arancelaria. Los trabajadores de salud han recibido un reconocimiento económico inferior al de otros ámbitos de la administración pública, a pesar de encontrarse en la primera línea de lucha contra el Coronavirus.

9. Solicitar que todas las jefaturas se lleven a la categoría 4 (como categoría inicial), independientemente de su antigüedad hasta acordar recategorizaciones.

10. Reorganizar el sistema de horas extras cuando representan adicionales encubiertos analizando el sector y reasignando el presupuesto con este fin.

11. Efectivizar las recategorizaciones de los últimos pases a estabilidad y planta permanente, con retroactivo, ya que esto es una deuda de la paritaria 2019.

12. Inclusión de los gremios estatales en la paritaria de infraestructura de establecimientos educativos.

13. Reglamentación del régimen jurídico básico en lo que respecta a jefaturas, licencias y nuevo escalafón.

14. Conformar una comisión para avanzar en un convenio colectivo de trabajo.

15. Solicitar recategorizaciones para trabajadores con discapacidad, de acuerdo a la normativa y su perspectiva de carrera, buscando un sistema similar al que se aplicó en salud mental en el último instructivo. Este punto se discutió en la mesa de negociación pero no se avanzó en su instrumentación.

16. Solicitar pago de horario atípico para los trabajadores de salud que se encuentran en el grupo de riesgo, ya que actualmente le descuentan sobre ese código. En la Justicia se dio un fallo favorable para los trabajadores en esta situación, por lo cual habría que evitar innecesarios gastos derivados de las acciones legales.

17. Acordar los alcances del proyecto de ley de enfermería para la discusión en la Legislatura.

18. Establecer un reconocimiento económico o categoría para el personal de salud que falleció por la pandemia del Coronavirus.

19. Constituir un órgano paritario que aborde exclusivamente la temática sobre violencia y acoso en el ámbito de la administración pública provincial.

Para la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, "la paritaria de este año se presenta en un escenario conflictivo, con necesidades concretas de los trabajadores y exigencias de respuestas por parte del gobierno", anticipó.

"Nos preocupa que se sigan postergando algunas decisiones amparadas en la situación de emergencia sanitaria y que todavía queden cuestiones pendientes de 2019", agregaron como cuestionamiento.

Fuente: Prensa UPCN Entre Ríos

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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