22:58 | Viernes 19 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Entre Ríos - 18-01-2021 / 12:01
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
El año electoral está en marcha
La política comenzó a moverse en este enero atípico de un año de comicios que no escapa a la pndemia, con un segundo rebrote alto de contagios confirmado. El 2021 electoral está en marcha, oteando la "madre de todas las batallas": la gobernación en 2023, y se palpita en el seno de la dirigencia a través de las redes sociales, por ahora el único terreno donde se hace política. En la imagen: Stefanía Cora votando.
La política comenzó a moverse en este enero atípico de un año de comicios que no escapa a la pandemia, con un segundo rebrote alto de contagios confirmado. El 2021 electoral está en marcha, oteando la "madre de todas las batallas": la gobernación en 2023, y se palpita en el seno de la dirigencia a través de las redes sociales, por ahora el único terreno donde se hace política.
La zozobra sanitaria persiste en la Casa Gris, pero ya emerge el año electoral entrerriano. En el Partido Justicialista dicen estar más unidos que nunca, dispuestos a enfrentar los comicios que vienen como dignos interpretadores del texto de la popular marcha; todos, compañeros y compañeras, encolumnados desde la cabeza dirigente.
El gobierno de Alberto Fernández quiere ganar las elecciones en Entre Ríos y hace números a partir del fuerte aumento del precio de los commodities. Con la soja a 500 dólares, piensan dar vuelta la historia en las provincias más ricas del país, las de la Región Centro. Por su parte, Gustavo Bordet reafirmó hace poco que el Frente de Todos está más sólido que nunca y que su sociedad con la dirigencia está sellada para el tiempo electoral. Mensaje cargado de intencionalidad tanto para los propios como para los adversarios.
La oposición, en cambio, muestra otra imagen: de división. La dinámica de esa compleja relación es la de la desconfianza mutua y la pulseada permanente. Sin embargo, se preocupan por precisar que son un espacio consolidado como alternativa de poder en la provincia. Otro mensaje cargado de intención, pero más que nada dirigido a los propios que integran esa franja opositora dispersa.
En el Gobierno la cuestión teórica está resuelta, resta que las palabras se verifiquen en hechos concretos, lo que no puede ocurrir más que a través del alumbramiento de una lista de unidad integrada por dirigentes consensuados por el titular del Poder Ejecutivo provincial, con alguna postulación por encargo del gobierno nacional y/o Cristina.
Y en la práctica, también tiene que producirse un hecho que interesa sobremanera al oficialismo: que la oposición tropiece en sus intentos por sellar acuerdos políticos de cara a la votación intermedia -con pretensiones de que eso se mantenga a largo plazo-, para que no germine una fuerza competitiva en 2023. Lo óptimo para el PJ sería que Macri impusiera a dedo un mal candidato en la provincia.
Todo hace prever que habrá puja interna en la oposición entre radicales y macristas. El riesgo de este escenario es perder fuerzas frente a un oficialismo que cerró filas con vistas a los comicios de octubre y que solo espera sugerencias e instrucciones puntuales de la Casa Rosada para definir su lista de candidatos.
Lo único seguro, en cuanto a efectos prácticos, más allá de las especulaciones teóricas, es que tanto radicales como macristas pescan en la misma piscina opositora, por lo tanto compiten entre sí para ver quien critica más al Gobierno provincial. Sólo una elección interna en las PASO, con ambos enfrentados, dirá cuál es el peso político de cada uno; si es que llegan divididos a estos comicios o a los próximos. Si no hay alianza opositora se le facilitan las cosas al peronismo. En la terrible época del covid asoma la ansiedad electoral, con sus crispaciones.
La Opinión Popular
La zozobra sanitaria persiste en la Casa Gris, pero ya emerge el año electoral entrerriano. En el Partido Justicialista dicen estar más unidos que nunca, dispuestos a enfrentar los comicios que vienen como dignos interpretadores del texto de la popular marcha; todos, compañeros y compañeras, encolumnados desde la cabeza dirigente.
El gobierno de Alberto Fernández quiere ganar las elecciones en Entre Ríos y hace números a partir del fuerte aumento del precio de los commodities. Con la soja a 500 dólares, piensan dar vuelta la historia en las provincias más ricas del país, las de la Región Centro. Por su parte, Gustavo Bordet reafirmó hace poco que el Frente de Todos está más sólido que nunca y que su sociedad con la dirigencia está sellada para el tiempo electoral. Mensaje cargado de intencionalidad tanto para los propios como para los adversarios.
La oposición, en cambio, muestra otra imagen: de división. La dinámica de esa compleja relación es la de la desconfianza mutua y la pulseada permanente. Sin embargo, se preocupan por precisar que son un espacio consolidado como alternativa de poder en la provincia. Otro mensaje cargado de intención, pero más que nada dirigido a los propios que integran esa franja opositora dispersa.
En el Gobierno la cuestión teórica está resuelta, resta que las palabras se verifiquen en hechos concretos, lo que no puede ocurrir más que a través del alumbramiento de una lista de unidad integrada por dirigentes consensuados por el titular del Poder Ejecutivo provincial, con alguna postulación por encargo del gobierno nacional y/o Cristina.
Y en la práctica, también tiene que producirse un hecho que interesa sobremanera al oficialismo: que la oposición tropiece en sus intentos por sellar acuerdos políticos de cara a la votación intermedia -con pretensiones de que eso se mantenga a largo plazo-, para que no germine una fuerza competitiva en 2023. Lo óptimo para el PJ sería que Macri impusiera a dedo un mal candidato en la provincia.
Todo hace prever que habrá puja interna en la oposición entre radicales y macristas. El riesgo de este escenario es perder fuerzas frente a un oficialismo que cerró filas con vistas a los comicios de octubre y que solo espera sugerencias e instrucciones puntuales de la Casa Rosada para definir su lista de candidatos.
Lo único seguro, en cuanto a efectos prácticos, más allá de las especulaciones teóricas, es que tanto radicales como macristas pescan en la misma piscina opositora, por lo tanto compiten entre sí para ver quien critica más al Gobierno provincial. Sólo una elección interna en las PASO, con ambos enfrentados, dirá cuál es el peso político de cada uno; si es que llegan divididos a estos comicios o a los próximos. Si no hay alianza opositora se le facilitan las cosas al peronismo. En la terrible época del covid asoma la ansiedad electoral, con sus crispaciones.
La Opinión Popular
La política comenzó a moverse en este enero atípico de un año electoral y no escapa a la pandemia, con un segundo rebrote alto de contagios confirmado. La continuidad de la vacunación y la vuelta a las clases presenciales marcaron agenda, y muchas controversias, además del avance reformista del Gobierno sobre la salud y la Justicia, que puso en guardia a los actores de esos sectores, motorizados por la oposición. También las idas y vueltas con el campo, en medio del viento a favor que sopla desde el exterior para los granos y la carne.
Vuelta a clases en medio de la pandemia
Mauricio Macri quiere que "ya se abran las aulas", aun siendo el mes de enero. Salió a reclamar la reanudación de las clases presenciales y con ello logró instalar en la agenda un tema picante para el Gobierno nacional. Su alumno más aplicado, Horacio Rodríguez Larreta, recogió rápidamente el guante y salió a anunciar la vuelta a las aulas tan temprano como el 17 de febrero en Ciudad de Buenos Aires.
Los gremios docentes, bastante más cercanos al peronismo que al macrismo, pusieron el grito en el cielo y acusaron al jefe de gobierno porteño de pretender exponer a docentes y alumnos a un riesgo sanitario innecesario en pleno auge de contagios, solo para presionar y complicar al Gobierno nacional.
Los gremios aparecieron para condicionar, o directamente a oponerse, al dictado de clases en las escuelas, ya que argumentan que no están preparadas en cuanto a infraestructura sanitaria. El reclamo vino acompañado por una definición de la sindicalista de CTERA, Alejandra Bonato: "La circulación del coronavirus en una escuela, con muchos maestros, es tan alto como el de una fiesta privada".
Con el tema escalando posiciones en la agenda, el presidente Alberto Fernández se vio en la obligación de salir a aclarar que consideraba "prioritario" el dictado de clases presenciales y propuso iniciarlas en marzo, cuando -según estiman en el Gobierno- todos los docentes estarían vacunados, no así sus alumnos. Una vez más, la discusión en torno a un asunto relevante terminó dominada por la lógica antagónica de la grieta bajo la cual el cálculo político-electoral impera sobre cualquier otra razón.
Los informes de Unicef y de las demás organizaciones que se ocuparon de la cuestión coinciden en que el cierre de las escuelas tuvo una profunda incidencia negativa en la educación, especialmente de los niños y adolescentes de los sectores más humildes que tienen acceso limitado a la conectividad y a los dispositivos necesarios para acceder a las clases virtuales. Por otra parte, es innegable que el Gobierno nacional, apurado por una emergencia económica casi tan grave como la sanitaria, priorizó la rehabilitación de las actividades económicas antes que la vuelta de las clases presenciales.
Los números difieren en las distintas provincias y de acuerdo a los criterios de relevamiento, pero las estimaciones menos pesimistas revelan que más de un millón de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de todo el país tuvieron problemas severos para acceder a la educación desde en situaciones definidas como "de baja intensidad educativa" hasta la interrupción total del vínculo de los alumnos con los docentes.
Aun así, no queda claro cuál sería la urgencia de Larreta de volver a las aulas dos o tres semanas antes de la fecha que proyecta el Gobierno nacional. Por otra parte, tampoco parece muy fundamentado el pronóstico de Alberto de retorno a la presencialidad en marzo, especialmente teniendo en cuenta que la curva de contagios viene en aumento desde mediados de diciembre y que el operativo de vacunación todavía está lejos del nivel de masividad necesario para pensar en la inmunidad colectiva.
Si no hubo aulas abiertas en mayo, con menos de 500 nuevos casos por día en todo el país, ni en junio, con menos de 1.000 ¿por qué abrirían ahora con más de 12.000 contagios diarios? La aparición de nuevas variantes del virus, los rebrotes multiplicándose en distintos países y la desesperante situación que atraviesa Manaos, en Brasil, son recordatorios de que el virus está más activo que nunca.
La decisión es por demás compleja. El déficit que produjo el coronavirus en la educación de niños y jóvenes es gigantesco y seguir demorando la vuelta a las aulas solo lo hará mayor. Por otra parte, retornar a las clases presenciales si el cuadro sanitario lo desaconseja, podría terminar atentando contra un bien mayor que la educación: la vida misma.
¿Y lo económico-social?
La situación social de muchos es angustiante gracias al huracán que significó la covid-19 en cada uno de los rubros, llevándoselos puestos a varios. Desde el Gobierno nacional, así como también se fue replicando en el provincial, se dispusieron medidas de ayuda para diferentes y determinados sectores afectados. Todo lo que se haya podido hacer ayuda y sirve pero es muy probable que no alcance a cubrir todos los daños que provocó el virus en 2020.
Dentro de esas circunstancias, la economía trae más señales de preocupación que de alivio, cuando está a la vuelta de la esquina una negociación clave con el Fondo Monetario Internacional, en un año electoral donde el gasto público estará en la mira de todos.
En ese sentido, el ministro Martín Guzmán tendrá que hacer malabares entre la política y la economía. Por ejemplo, la continuidad de los subsidios en los servicios públicos para no ajustar las tarifas -Cristina habría pedido un solo aumento en el año, en marzo, del 9 por ciento-, que seguramente no le caerá bien a la misión del FMI que vendrá al país en febrero, y que ya reclamó un plan austero para enfrentar la emergencia.
Ayer volvieron a subir los combustibles y se sabe que, tarde o temprano, ese aumento se traslada a los productos elaborados en distintas zonas del país por el flete. Pero lo que es poco comprensivo es que las naftas esta vez -y luego por lo menos cada 3 meses- se encarezcan no por el producto o por una disparada del precio internacional del crudo sino por impuestos internos. Así, no hay carga impositiva que muchos sectores puedan seguir aguantando.
Las buenas noticias para la economía vienen de afuera y de la mano de la producción agropecuaria, con el aporte más significativo en dólares que tanto necesita el país. Los precios de los productos primarios, especialmente el de los granos, marcaban una tendencia ascendente. Un alivio a las reservas del Banco Central. El inicio de la liquidación de la cosecha gruesa (especialmente la soja) se muestra como un salvavidas para un año electoral sin necesidad de acudir al impopular recurso de una devaluación.
Casi como un déja vu, el precio de la soja y el maíz vuela en Chicago y llega amortiguado por retenciones y un tipo de cambio desdoblado, al productor argentino. Aun sin llegar al récord que se marcó luego de la salida de la crisis financiera mundial de 2008, los valores son suficientes para hacer tendencia: los commodities siguen creciendo y eso beneficia a los grandes exportadores.
Sin embargo, el Gobierno aún no hace pie en la relación con las patronales del campo. Tuvo que dar marcha atrás con el cepo a las exportaciones de maíz tras la protesta. Los grandes productores y exportadores no aceptan limitación temporal. Ellos quieren exportar lo que quieran y cuando quieran, y sobre todo, que los dólares de esas ventas queden en su poder, dentro o fuera del país, el tiempo que deseen.
Si esas operaciones producen falta de oferta al mercado interno y hay suba de precios en alimentos, no sería asunto suyo. Que se arreglen los políticos, dicen, cuando gobiernan los que no son de su mismo palo, como ahora. Aun así, los grandes productores, conducidos por el macrismo, siguen con la guardia alta; y creen que el Ejecutivo no va desistir de una intervención en el mercado.
El Gobierno piensa que le juega a favor el boom de los cereales y granos, que prometen acarrear más dólares al país y más recaudación al fisco. Por eso evitó reponer las retenciones que pagaba el maíz en 2015 (20% frente al 12% actual) y avaló la estrategia de Luis Basterra de cerrar las exportaciones para sentarse a negociar. Por ahora, pese a la sobreactuación de la dirigencia ruralista macrista, hay más zanahoria que garrote.
Atados con alambre
La nacionalización de los comicios parlamentarios 2021 implica mantener el poder de decisión en las fuerzas mayoritarias que tratarán de alcanzar la mayor cantidad de bancas posibles en el turno electoral de octubre. La nómina de postulantes contendrá nombres repetidos lo que significa "solucionar" el problema con parches, sin ir a la cuestión de fondo.
Los frentes que competirán, no obstante, pueden llegar a aglutinar políticos que no necesariamente responderán a la Casa Rosada o a la dirigencia opositora tradicional. En ambas veredas, los objetivos son similares y hasta el derrotero: las alianzas están atadas con alambre y que, pasado los comicios, se romperán y cada cual intentará posicionarse para 2023.
Por el lado del oficialismo, el gobernador no da grandes indicios acerca de lo que hará más allá de 2023. Es verdad, aún falta mucho tiempo para la renovación de autoridades provinciales en las elecciones generales.
Mirando a lo que puede llegar a pasar dentro de poco más de dos años, quedarán varias "viudas" políticas en el camino. En esta figura, los más preocupados son algunos intendentes, que no tienen la posibilidad de repetir el mandato, o no tendrán la previa aprobación de la sociedad a través del voto, en cada una de sus jurisdicciones.
Ya estarán pensando qué hará en el futuro para continuar al calor del poder y no caer en el llano. Habrá algunos que intentarán que la sucesión quede en familia; otros buscarán posicionarse en cargos que los mantengan en la vidriera y muy pocos serán tenidos en cuenta para el armado de las nóminas a parlamentarios provinciales. Naturalmente que muchos de ellos aspirarán a ocupar una banca en la Legislatura. Así ha sido la carrera que algunos dirigentes han seguido.
Bordet se habría puesto como meta contener a esos jefes municipales. Habrá promesas. Muchas. Habrá contención, pero con fecha de vencimiento. Necesita de los intendentes que pueden llegar a garantizarle a la Casa Gris una buena elección dentro de nueve meses. Nadie dará puntada sin hilo.
En la oposición, a su vez, también están atados con alambre. El 80% de la dirigencia de Juntos por el Cambio está encolumnada tras las figuras de Mauricio Macri o de Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sólo viene sosteniendo encuentros en zoom con los referentes provinciales, sino que habla en privado con varios de ellos.
Rodríguez Larreta explora el terreno; sabe que la unidad es una palabra esquiva para una coalición con intereses particulares en varios de sus dirigentes. La misma estrategia adopta Macri, quien busca aglutinar a lo más gurka de su movimiento electoral para medir fuerzas contra el Frente de Todos en octubre.
¿De quién es el 20% restante que aún no está con los pies en el plato de Cambiemos? Una primera interpretación puede conducir a dirigentes como el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, que hasta ahora ha venido esquivando reuniones con algunos interesados en consolidar espacios.
Según trascendió, la dirigencia macrista desplegará desde marzo su estrategia territorial, con el fin de obtener el mejor resultado posible durante este año. Como se observa, la renovación es una palabra que estará ausente en la política entrerriana. La proyección de la nueva dirigencia es difícil en una provincia acostumbrada a constituir bastiones en todos los ámbitos.
¿Habrá renovación o serán los conocidos de siempre?
Una parte importante de la ciudadanía demanda caras nuevas en los próximos comicios, quiere ver nuevas ofertas electorales; ambiciona un recambio generacional. Lo revelan algunos sondeos. Pero la sociedad reclama más: que esos debutantes en la lid política sean moderados. Están hartos de la grieta, reniegan de los extremistas que disfrutan de su condición de enemigo del que opina distinto.
Los que vienen transitando hace tiempo la actividad política, veteranos de batallas electorales se convertirían en obstáculos a sortear por los que asoman desde atrás, tratando de filtrarse a los codazos o aprovechando la proximidad de algún padrino político influyente, y poderoso.
La gente puede pedir, pero la política no le dará con el gusto, menos en los comicios de medio término que se aproximan. Imposible. No se verificará una renovación dirigencial en las boletas de diputados nacionales en razón de dos premisas políticas: la instalación del candidato y el nivel de conocimiento sobre el postulante. Ambas, directamente proporcionales entre sí.
Más conocido el primero de la boleta, más fácil de instalar esa alternativa electoral convertida en voto. Menos esfuerzo proselitista a realizar, menos recursos a invertir. Por lo tanto, mejor un político conocido de mil batallas -perdidas y ganadas, no importa- en el primer puesto, que un ignoto novato por el que hay que desarrollar un esfuerzo de campaña descomunal para que se lo conozca.
Si se trata de una elección de distrito, como lo es, por ejemplo, la de diputados que se avecinan, con más razón el referente tiene que ser alguien conocido en toda la extensión del territorio provincial, más allá de las fronteras municipales. Es un activo imprescindible que sirve para hacer diferencia.
Por eso es fundamental saber el nivel de conocimiento que alcanza el elegido que cada espacio piensa proponer, es un dato infaltable en las encuestas por encargo. Tal relevamiento puede costar entre $ 200.000 y $ 500.000. Imaginar entonces el posible costo del trabajo para instalar a un ilustre desconocido. Mejor un viejo gladiador.
Entonces, a no esperar sorpresas en los primeros puestos de las listas de diputados. Serán ocupados por dirigentes archiconocidos en sus respectivos espacios. Condición necesaria.
Los ejemplos sobran: Stefanía Cora, Carolina Galliard, Mayda Cresto, Atilio Benedetti, Fabián Rogel... Más se es conocido, más fácil de pelearla. Es válido hasta sin considerar la vasta carrera política de todos ellos. Es precisamente esa carrera política la que los convierte en imprescindibles en términos electorales para pelear en una votación. Son reconocidos, en sus espacios y fuera de ellos.
En la votación que se viene se eligen cinco diputados nacionales, pero a los fines de la instalación y del nivel de conocimiento -como premisas- cada fuerza con aspiraciones de conquistar bancas deberá ubicar al frente por lo menos -y como condición necesaria- a dos políticos ampliamente conocidos en el territorio provincial para que atraigan sufragios. El resto de los cargos será para cerrar pactos que satisfagan intereses internos y que fortalezcan al espacio.
¿Quiénes pueden ser esos dos de cada alternativa electoral? Cuando se pregunta quiénes son los que tienen un nivel de conocimiento elevado en la sociedad es cuando se aclara el panorama o se reduce el espectro de posibilidades a considerar. Los que tengan aspiraciones a una de las bancas ya deberían estar solicitando estos sondeos - porque les pueden sumar puntos a la hora de exigir lugares.
Aunque circulan, o se hacen circular muestreos interesados, los más conocidos distritalmente, además de Bordet, son la vice gobernadora Laura Stratta y los intendentes de las ciudades más importantes, muy detrás, en nivel de conocimiento provincial, aparecen muchos otros.
La mayoría son intendentes de localidades menores, que también quieren "instalarse" aunque más no sea en segundos puestos, para una mejor batalla en el 2023; por ejemplo para legislador provincial. Las ambiciones personales también juegan, claro. Alguno querrá instalarse para ser vicegobernador, por ejemplo.
Al oficialismo le puede resultar más sencillo el armado de la lista porque cuenta con el aparato del Estado para sostener su lista. Puede darse el lujo de llevar a algún legislador, intendente o ministro como candidato a diputado. La estructura institucional puede soportar cierto nivel de desconocimiento territorial de sus postulantes. Pero mínimo.
¿Y la oposición? Los conocidos territorialmente ya están instalados políticamente, y básicamente son: Rogelio Frigerio, Atilio Benedetti y el regalón de Macri: Luis Miguel Etchevehere. Allí hay potenciales candidatos. Y dificultades para confluir en acuerdos políticos.
Veamos un caso puntual, ¿puede Frigerio ser candidato a diputado en Entre Ríos atendiendo al concepto electoral referido al nivel de conocimiento territorial? La respuesta es quizás. Por lo tanto desde esa perspectiva resultaría un candidato inconveniente. Habría que hacer un esfuerzo extra para instalarlo en todos los rincones del territorio, al margen de que le sobran condiciones para ser representante de la derecha en el Congreso.
Además, su eventual candidatura podría fracturar aún más el frente con los radicales, ya de por sí dividido, lo que no le debe agradar, ni interesar según su intención de unir a la oposición y convertirla en una alternativa política seria en 2023. Hasta puede ser un futuro puente entre los intendentes radicales con los dirigentes políticos macristas que no gobiernan ningún territorio.
Buena estrategia para pedir espacios y no provocar incomodidades en las filas del radicalismo tradicional, o de los viejos políticos. El mensaje debe ser claro: queremos estar y jugamos al "vamos por todo" en 2023.
Este proceso se enmarca necesariamente en la antigua pelea política por la renovación dirigencial, o generacional, que exigen y justifican, pero que no se verifica, o que se desarrolla muy lentamente, principalmente por la desmovilización de los partidos políticos.
Si los partidos no tienen vida interna, si no funcionan sus estructuras, si los manejan grupos minoritarios o si se impone el burocratismo, difícilmente surjan nuevos dirigentes, todo aquello conspira contra ese recambio que, precisamente, demanda la sociedad. Unos pocos frenan, o ralentizan el surgimiento de nuevas figuras. Que alguien recuerde alguna interna reciente con sectores potentes enfrentados, disputándose el partido.
¿Las internas favorecen la renovación de cuadros políticos y de cambio dirigencial? En teoría sí, por la cantidad de organizaciones, se postulan cientos de nuevos aspirantes a un puesto político, pero sólo llegan aquellos que cuentan con un buen nivel de conocimiento en el espacio territorial que se mueven y, por supuesto, con los suficientes recursos.
Aquí los "veteranos" de estas batallas son los que le sacan ventaja a los "nuevitos". Estos pueden colarse en una lista oficial, al estilo sábana, que tenga muchas posibilidades de imponer a varios postulantes.
En síntesis, no esperemos sorpresas a nivel de nuevas caras en las listas de agosto o de octubre, y tampoco en las del 2023. La evolución política también es darwiniana, pero más lenta aún porque los partidos no promueven mecanismos internos para la aparición de nuevas figuras. Las internas casi han desaparecido, como esas especies extintas.
La Opinión Popular
El Consejo General de Educación trabaja en un documento de orientación para la organización administrativa, pedagógica, institucional y curricular complementarias a las ya establecidas en el Plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales aprobado el año pasado y a través del cual se volvió a las aulas de manera gradual desde octubre.
De las 7.900 dosis de la vacuna contra Covid-19 distribuidas en los distintos establecimientos entrerrianos, ya se han aplicado 4.643 al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención de pacientes con coronavirus.
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