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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 15-01-2021 / 11:01
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Salarios, consumo, inversión y empleo, las incógnitas que vienen

Salarios, consumo, inversión y empleo, las incógnitas que vienen
Se viene el tramo final de la negociación con el Fondo Monetario. Lo problemático son las condiciones que empieza a exigir. Una de ellas es que el déficit de 2021 no sea financiado en un 60% con emisión monetaria, como establece el Presupuesto, sino en menos del 40%, y que el resto sea deuda en pesos.
Se viene el tramo final de la negociación con el Fondo Monetario. Lo problemático son las condiciones que empieza a exigir. Una de ellas es que el déficit de 2021 no sea financiado en un 60% con emisión monetaria, como establece el Presupuesto, sino en menos del 40%, y que el resto sea deuda en pesos.
 
El ministro Martín Guzmán también quiere que el Banco Central reduzca su pauta de emisión y repite hacia adentro que hay un "estrecho desfiladero" fuera del cual todos los pesos se van al dólar paralelo y empujan primero la brecha, después la cotización oficial y finalmente los precios. "Lo peor que puede pasarnos en el año electoral es una devaluación", insiste.
 
En eso coinciden todos los economistas del oficialismo. Pero ahí se agota el consenso. Tanto en el Banco Central como entre los consultores en los que más confía Cristina arrecian las dudas sobre las locomotoras que imagina Guzmán para la "reconstrucción" de 2021.
 
¿Cómo revivirá el consumo si el salario real formal medido por el Ministerio de Trabajo (RIPTE) volvió a caer en noviembre y se ubicó en el segundo nivel más bajo de los últimos 11 años después del de diciembre de 2019? ¿Le ganarán los sueldos a la inflación récord del 4% que cantó ayer el INDEC para diciembre?
 
¿Cuánto empuja que recuperen en promedio 4 puntos porcentuales durante 2021, como prevé el Presupuesto, después de haber sacrificado 25% en tres años? ¿Acaso puede aspirarse a que gasten más quienes consiguen trabajo después del retroceso que detectó el SIPA para octubre? ¿No siguen siendo casi 500 mil empleados menos en relación de dependencia que los que había en octubre de 2017?
 

Financistas se buscan para la reconstrucción  

 
Dos meses atrás, apenas supo que la venta de Edenor iba en serio, Alberto Fernández citó a Marcelo Mindlin a la Casa Rosada. El zar de la energía fue solo.
 
-¿Por qué vendés? -le preguntó.
 
-Hice una apuesta grande por el Plan Gas y necesito la plata. No tenemos crédito afuera y quiero concentrar el negocio ahí. Y además estoy cansado de ver mi foto en los diarios cada vez que hay un corte de luz.
 
-Mirá que yo no tengo ningún interés en que vendas, eh. Ni yo ni nadie del gobierno. Si alguien te dijo eso, te mintió.
 
El Presidente no se inquietó tanto por el impacto negativo que podía generar en el mundo de los negocios una desinversión millonaria por parte del dueño de Pampa, la mayor compañía del sector, como por el nombre del interesado en comprarle Edenor.
 
Supuso que falsos influyentes podían haber convencido a Mindlin de que el exministro del Interior menemista José Luis Manzano podía aprovechar su predicamento sobre el peronismo -especialmente sobre Sergio Massa- para obtener del Ejecutivo aumentos de tarifas más jugosos que él.
 
O una refinanciación provechosa de la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) estatal. También temió por las inversiones que necesita Edenor para mantener su red. A Manzano lo preceden su fama y su gestión de Edemsa, la distribuidora de su Mendoza natal.
 
El deterioro estructural que arrastra el sistema eléctrico de la época de los congelamientos tarifarios de Julio De Vido y que no revirtió pese al tarifazo inédito de Juanjo Aranguren es también la razón por la cual Fernández descarta de plano estatizar, como propone para Edenor el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación.
 
Si no hay plata para sostener una nueva cuarentena aunque la segunda ola de COVID-19 sea peor que la primera, menos la hay para enterrar cables de baja tensión. Aunque vuelvan a reclamarlo por Twitter los intendentes de Zona Sur, tampoco intervendrá Edesur porque se lo prometió un año atrás al premier italiano Giuseppe Conte. Mientras no haya cortes masivos, la cosa fluye: todos cruzan los dedos para que enero siga templado.
 
A Manzano y al industrial químico que sumaron a la aventura, Mauricio Filiberti, el también mendocino Daniel Vila les aseguró esta semana que la compra ya cuenta con la bendición de Cristina Fernández de Kirchner. Es un dato clave por el control político que ejerce la vicepresidenta sobre toda el área energética, tanto a través del secretario Darío Martínez como de los jefes de los entes reguladores del gas y la electricidad.
 
La arquitectura de las privatizaciones que idearon en los 90 el propio Manzano y su amigo Roberto Dromi, a la postre asesor legal de De Vido, exige la venia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para el traspaso de cualquier concesionaria de servicios públicos.
 
Si ese aval no llega, Mindlin ya avisó que esperará sin patalear que aparezca otro candidato. Procura cuidar la relación con el Gobierno y hasta quisiera volver a hablar con Cristina, quien le retiró el saludo después de una carta que él le mandó en 2012 para reclamarle que descongelara las tarifas y que llegó en simultáneo a un diario.
 
Donde el kirchnerismo vio una operación mediática él asegura que hubo una traición de un gerente. Todavía recuerda los años felices de la relación, cuando su propia familia lo cargaba porque la entonces mandataria lo trataba con tanta cordialidad como para destacarle su "bronceadito" en una inauguración.
 
Filiberti, dueño de Transclor y proveedor monopólico del cloro que usa AySA para potabilizar agua, es el mejor cliente de Edenor. Su factura de luz del mes pasado sumó 27 millones de pesos. Sus amigos en el establishment dicen que su interés por el negocio eléctrico no es nuevo y que ya pulseó sin éxito por un parque eólico con Vestas y por una central de ciclo combinado con el propio Mindlin.
 
También se desvive por desmentir que Mauricio Macri haya pasado varios días en su yate Attila, como publicó días atrás el portal LaPoliticaOnline. Jura y perjura que el magnate belga Bruno Barbier, padre de la hija mayor de Juliana Awada, le dijo que iría a almorzar "con un amigo importante" y le cayó de sorpresa con Macri y familia. "Se fue después del almuerzo y encima estuvo casi todo el tiempo con el celular porque se había muerto (el CEO de Vicentin, Sergio) Nardelli", repitió esta semana ante quien quisiera oírlo.
 
 
Afortunados
 
Antes que termine enero, según aseguraron a BAE Negocios inmejorables fuentes oficiales, se publicará el decreto reglamentario del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas impulsado en el Congreso por Máximo Kirchner y Carlos Heller.
 
Después de eso habrá que esperar la resolución general de la AFIP para terminar de conocer los plazos y metodología de pago. El vencimiento será entre marzo y abril porque la ley fija un plazo de 60 días para quienes quieran repatriar parte de los patrimonios radicados en el extranjero y tributar una alícuota menor.
 
La fecha es importante porque coincide con el tramo final que imaginan para la negociación con el Fondo Monetario los encargados de pilotearla. Sergio Chodos mantuvo esta semana las primeras reuniones del año, todavía por videoconferencia desde Buenos Aires, y no descarta que el programa incluya fondos frescos adicionales a los 44.000 millones de deuda que tomó Macri y que hay que refinanciar. Martín Guzmán le puso un tope: ese capital impago y los intereses acumulados hasta ahora.
 
Lo problemático no es eso sino las condiciones que empieza a exigir el Fondo. Una de ellas es que el déficit de 2021 no sea financiado en un 60% con emisión monetaria, como establece el Presupuesto, sino en menos del 40%, y que el resto sea deuda en pesos.
 
Guzmán también quiere que el Banco Central reduzca su pauta de emisión y repite hacia adentro que hay un "estrecho desfiladero" fuera del cual todos los pesos se van al dólar paralelo y empujan primero la brecha, después la cotización oficial y finalmente los precios. "Lo peor que puede pasarnos en el año electoral es una devaluación", insiste.
 
En eso coinciden todos los economistas del oficialismo. Pero ahí se agota el consenso. Tanto en el Banco Central como entre los consultores en los que más confía Cristina arrecian las dudas sobre las locomotoras que imagina Guzmán para la "reconstrucción" de 2021.
 
¿Cómo revivirá el consumo si el salario real formal medido por el Ministerio de Trabajo (RIPTE) volvió a caer en noviembre y se ubicó en el segundo nivel más bajo de los últimos 11 años después del de diciembre de 2019? ¿Le ganarán los sueldos a la inflación récord del 4% que cantó ayer el INDEC para diciembre? ¿Cuánto empuja que recuperen en promedio 4 puntos porcentuales durante 2021, como prevé el Presupuesto, después de haber sacrificado 25% en tres años? ¿Acaso puede aspirarse a que gasten más quienes consiguen trabajo después del retroceso que detectó el SIPA para octubre? ¿No siguen siendo casi 500 mil empleados menos en relación de dependencia que los que había en octubre de 2017?
 
 
Detrás de Kristalina
  
Los signos de interrogación no terminan ahí. Aunque esté descartada cualquier forma de nueva cuarentena por la falta de fondos ¿cuánto más habrá que sumar a los $13.000 millones que asignó Guzmán a la partida de vacunas contra el COVID-19? ¿No hace falta apuntalar de nuevo la actividad tras el rebrote, así como se reabrieron muchas salas de terapia intensiva?
 
¿Por qué el estrecho desfiladero no puede ensancharse un poco hacia el lado de la heterodoxia, si todavía la emisión monetaria de 2020 no compensó en términos reales la aspiradora inédita que puso en marcha Guido Sandleris con su política de "emisión cero" en plena corrida cambiaria con disparada inflacionaria?
 
Si la inflación no es un fenómeno monetario sino multicausal y en esa teoría coinciden el Central y Economía ¿no puede el Estado reorientar la demanda efectiva de tal modo que suba la demanda de pesos en vez de los precios? ¿No gasta inmediatamente todo lo que recibe del Estado una familia bajo la línea de pobreza?
 
¿Es indefectible que en la segunda o tercera ronda los pesos que cobra el beneficiario de un IFE vayan al dólar financiero o incluso al blue, como argumentan desde Economía? ¿No se les podría ofrecer a los supermercadistas o al oligopolio de la alimentación un bono en pesos atractivo para evitar que se dolaricen y que "el crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos", como dijo la vicepresidenta en la ciudad natal del ministro?
 
Guzmán reivindica su cautela y mantiene firme el timón, empoderado aún más por el recambio de segundas líneas que le habilitó el Presidente. Sostiene puertas adentro que la locomotora va a ser la inversión pública y que el Fondo no va a imponer ningún ajuste del gasto.
 
Le juega a favor el boom de los cereales y granos, que prometen acarrear más dólares al país y más recaudación al fisco. Por eso evitó reponer las retenciones que pagaba el maíz en 2015 (20% frente al 12% actual) y avaló la estrategia de Luis Basterra de cerrar las exportaciones para sentarse a negociar. Por ahora, pese a la sobreactuación de la dirigencia ruralista, hay más zanahoria que garrote.
 
Lo que sigue abierto, además de la renegociación de la deuda con el Fondo, es la discusión del oficialismo con el establishment por el tamaño que cada uno imagina para el Estado. La primera de esas partidas simultáneas se dirime en clave geopolítica y conviene más seguir la mano que mueve las piezas (la de la próxima jefa del Tesoro, Janet Yellen) que las piruetas que hagan la reina Kristalina o el alfil Cubeddu.
 
La segunda es más compleja y cada vez más aguerrida, como se vio con Paolo Rocca en el escenario de ProPymes en diciembre y con los maiceros en las rutas esta semana. Y con tablas no alcanza, porque un empate es estancamiento y deriva anodina para el resto del mandato.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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