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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-01-2021 / 11:01
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Salarios, consumo, inversión y empleo, las incógnitas que vienen

Salarios, consumo, inversión y empleo, las incógnitas que vienen
Se viene el tramo final de la negociación con el Fondo Monetario. Lo problemático son las condiciones que empieza a exigir. Una de ellas es que el déficit de 2021 no sea financiado en un 60% con emisión monetaria, como establece el Presupuesto, sino en menos del 40%, y que el resto sea deuda en pesos.
Se viene el tramo final de la negociación con el Fondo Monetario. Lo problemático son las condiciones que empieza a exigir. Una de ellas es que el déficit de 2021 no sea financiado en un 60% con emisión monetaria, como establece el Presupuesto, sino en menos del 40%, y que el resto sea deuda en pesos.
 
El ministro Martín Guzmán también quiere que el Banco Central reduzca su pauta de emisión y repite hacia adentro que hay un "estrecho desfiladero" fuera del cual todos los pesos se van al dólar paralelo y empujan primero la brecha, después la cotización oficial y finalmente los precios. "Lo peor que puede pasarnos en el año electoral es una devaluación", insiste.
 
En eso coinciden todos los economistas del oficialismo. Pero ahí se agota el consenso. Tanto en el Banco Central como entre los consultores en los que más confía Cristina arrecian las dudas sobre las locomotoras que imagina Guzmán para la "reconstrucción" de 2021.
 
¿Cómo revivirá el consumo si el salario real formal medido por el Ministerio de Trabajo (RIPTE) volvió a caer en noviembre y se ubicó en el segundo nivel más bajo de los últimos 11 años después del de diciembre de 2019? ¿Le ganarán los sueldos a la inflación récord del 4% que cantó ayer el INDEC para diciembre?
 
¿Cuánto empuja que recuperen en promedio 4 puntos porcentuales durante 2021, como prevé el Presupuesto, después de haber sacrificado 25% en tres años? ¿Acaso puede aspirarse a que gasten más quienes consiguen trabajo después del retroceso que detectó el SIPA para octubre? ¿No siguen siendo casi 500 mil empleados menos en relación de dependencia que los que había en octubre de 2017?
 

Financistas se buscan para la reconstrucción  

 
Dos meses atrás, apenas supo que la venta de Edenor iba en serio, Alberto Fernández citó a Marcelo Mindlin a la Casa Rosada. El zar de la energía fue solo.
 
-¿Por qué vendés? -le preguntó.
 
-Hice una apuesta grande por el Plan Gas y necesito la plata. No tenemos crédito afuera y quiero concentrar el negocio ahí. Y además estoy cansado de ver mi foto en los diarios cada vez que hay un corte de luz.
 
-Mirá que yo no tengo ningún interés en que vendas, eh. Ni yo ni nadie del gobierno. Si alguien te dijo eso, te mintió.
 
El Presidente no se inquietó tanto por el impacto negativo que podía generar en el mundo de los negocios una desinversión millonaria por parte del dueño de Pampa, la mayor compañía del sector, como por el nombre del interesado en comprarle Edenor.
 
Supuso que falsos influyentes podían haber convencido a Mindlin de que el exministro del Interior menemista José Luis Manzano podía aprovechar su predicamento sobre el peronismo -especialmente sobre Sergio Massa- para obtener del Ejecutivo aumentos de tarifas más jugosos que él.
 
O una refinanciación provechosa de la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) estatal. También temió por las inversiones que necesita Edenor para mantener su red. A Manzano lo preceden su fama y su gestión de Edemsa, la distribuidora de su Mendoza natal.
 
El deterioro estructural que arrastra el sistema eléctrico de la época de los congelamientos tarifarios de Julio De Vido y que no revirtió pese al tarifazo inédito de Juanjo Aranguren es también la razón por la cual Fernández descarta de plano estatizar, como propone para Edenor el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación.
 
Si no hay plata para sostener una nueva cuarentena aunque la segunda ola de COVID-19 sea peor que la primera, menos la hay para enterrar cables de baja tensión. Aunque vuelvan a reclamarlo por Twitter los intendentes de Zona Sur, tampoco intervendrá Edesur porque se lo prometió un año atrás al premier italiano Giuseppe Conte. Mientras no haya cortes masivos, la cosa fluye: todos cruzan los dedos para que enero siga templado.
 
A Manzano y al industrial químico que sumaron a la aventura, Mauricio Filiberti, el también mendocino Daniel Vila les aseguró esta semana que la compra ya cuenta con la bendición de Cristina Fernández de Kirchner. Es un dato clave por el control político que ejerce la vicepresidenta sobre toda el área energética, tanto a través del secretario Darío Martínez como de los jefes de los entes reguladores del gas y la electricidad.
 
La arquitectura de las privatizaciones que idearon en los 90 el propio Manzano y su amigo Roberto Dromi, a la postre asesor legal de De Vido, exige la venia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para el traspaso de cualquier concesionaria de servicios públicos.
 
Si ese aval no llega, Mindlin ya avisó que esperará sin patalear que aparezca otro candidato. Procura cuidar la relación con el Gobierno y hasta quisiera volver a hablar con Cristina, quien le retiró el saludo después de una carta que él le mandó en 2012 para reclamarle que descongelara las tarifas y que llegó en simultáneo a un diario.
 
Donde el kirchnerismo vio una operación mediática él asegura que hubo una traición de un gerente. Todavía recuerda los años felices de la relación, cuando su propia familia lo cargaba porque la entonces mandataria lo trataba con tanta cordialidad como para destacarle su "bronceadito" en una inauguración.
 
Filiberti, dueño de Transclor y proveedor monopólico del cloro que usa AySA para potabilizar agua, es el mejor cliente de Edenor. Su factura de luz del mes pasado sumó 27 millones de pesos. Sus amigos en el establishment dicen que su interés por el negocio eléctrico no es nuevo y que ya pulseó sin éxito por un parque eólico con Vestas y por una central de ciclo combinado con el propio Mindlin.
 
También se desvive por desmentir que Mauricio Macri haya pasado varios días en su yate Attila, como publicó días atrás el portal LaPoliticaOnline. Jura y perjura que el magnate belga Bruno Barbier, padre de la hija mayor de Juliana Awada, le dijo que iría a almorzar "con un amigo importante" y le cayó de sorpresa con Macri y familia. "Se fue después del almuerzo y encima estuvo casi todo el tiempo con el celular porque se había muerto (el CEO de Vicentin, Sergio) Nardelli", repitió esta semana ante quien quisiera oírlo.
 
 
Afortunados
 
Antes que termine enero, según aseguraron a BAE Negocios inmejorables fuentes oficiales, se publicará el decreto reglamentario del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas impulsado en el Congreso por Máximo Kirchner y Carlos Heller.
 
Después de eso habrá que esperar la resolución general de la AFIP para terminar de conocer los plazos y metodología de pago. El vencimiento será entre marzo y abril porque la ley fija un plazo de 60 días para quienes quieran repatriar parte de los patrimonios radicados en el extranjero y tributar una alícuota menor.
 
La fecha es importante porque coincide con el tramo final que imaginan para la negociación con el Fondo Monetario los encargados de pilotearla. Sergio Chodos mantuvo esta semana las primeras reuniones del año, todavía por videoconferencia desde Buenos Aires, y no descarta que el programa incluya fondos frescos adicionales a los 44.000 millones de deuda que tomó Macri y que hay que refinanciar. Martín Guzmán le puso un tope: ese capital impago y los intereses acumulados hasta ahora.
 
Lo problemático no es eso sino las condiciones que empieza a exigir el Fondo. Una de ellas es que el déficit de 2021 no sea financiado en un 60% con emisión monetaria, como establece el Presupuesto, sino en menos del 40%, y que el resto sea deuda en pesos.
 
Guzmán también quiere que el Banco Central reduzca su pauta de emisión y repite hacia adentro que hay un "estrecho desfiladero" fuera del cual todos los pesos se van al dólar paralelo y empujan primero la brecha, después la cotización oficial y finalmente los precios. "Lo peor que puede pasarnos en el año electoral es una devaluación", insiste.
 
En eso coinciden todos los economistas del oficialismo. Pero ahí se agota el consenso. Tanto en el Banco Central como entre los consultores en los que más confía Cristina arrecian las dudas sobre las locomotoras que imagina Guzmán para la "reconstrucción" de 2021.
 
¿Cómo revivirá el consumo si el salario real formal medido por el Ministerio de Trabajo (RIPTE) volvió a caer en noviembre y se ubicó en el segundo nivel más bajo de los últimos 11 años después del de diciembre de 2019? ¿Le ganarán los sueldos a la inflación récord del 4% que cantó ayer el INDEC para diciembre? ¿Cuánto empuja que recuperen en promedio 4 puntos porcentuales durante 2021, como prevé el Presupuesto, después de haber sacrificado 25% en tres años? ¿Acaso puede aspirarse a que gasten más quienes consiguen trabajo después del retroceso que detectó el SIPA para octubre? ¿No siguen siendo casi 500 mil empleados menos en relación de dependencia que los que había en octubre de 2017?
 
 
Detrás de Kristalina
  
Los signos de interrogación no terminan ahí. Aunque esté descartada cualquier forma de nueva cuarentena por la falta de fondos ¿cuánto más habrá que sumar a los $13.000 millones que asignó Guzmán a la partida de vacunas contra el COVID-19? ¿No hace falta apuntalar de nuevo la actividad tras el rebrote, así como se reabrieron muchas salas de terapia intensiva?
 
¿Por qué el estrecho desfiladero no puede ensancharse un poco hacia el lado de la heterodoxia, si todavía la emisión monetaria de 2020 no compensó en términos reales la aspiradora inédita que puso en marcha Guido Sandleris con su política de "emisión cero" en plena corrida cambiaria con disparada inflacionaria?
 
Si la inflación no es un fenómeno monetario sino multicausal y en esa teoría coinciden el Central y Economía ¿no puede el Estado reorientar la demanda efectiva de tal modo que suba la demanda de pesos en vez de los precios? ¿No gasta inmediatamente todo lo que recibe del Estado una familia bajo la línea de pobreza?
 
¿Es indefectible que en la segunda o tercera ronda los pesos que cobra el beneficiario de un IFE vayan al dólar financiero o incluso al blue, como argumentan desde Economía? ¿No se les podría ofrecer a los supermercadistas o al oligopolio de la alimentación un bono en pesos atractivo para evitar que se dolaricen y que "el crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos", como dijo la vicepresidenta en la ciudad natal del ministro?
 
Guzmán reivindica su cautela y mantiene firme el timón, empoderado aún más por el recambio de segundas líneas que le habilitó el Presidente. Sostiene puertas adentro que la locomotora va a ser la inversión pública y que el Fondo no va a imponer ningún ajuste del gasto.
 
Le juega a favor el boom de los cereales y granos, que prometen acarrear más dólares al país y más recaudación al fisco. Por eso evitó reponer las retenciones que pagaba el maíz en 2015 (20% frente al 12% actual) y avaló la estrategia de Luis Basterra de cerrar las exportaciones para sentarse a negociar. Por ahora, pese a la sobreactuación de la dirigencia ruralista, hay más zanahoria que garrote.
 
Lo que sigue abierto, además de la renegociación de la deuda con el Fondo, es la discusión del oficialismo con el establishment por el tamaño que cada uno imagina para el Estado. La primera de esas partidas simultáneas se dirime en clave geopolítica y conviene más seguir la mano que mueve las piezas (la de la próxima jefa del Tesoro, Janet Yellen) que las piruetas que hagan la reina Kristalina o el alfil Cubeddu.
 
La segunda es más compleja y cada vez más aguerrida, como se vio con Paolo Rocca en el escenario de ProPymes en diciembre y con los maiceros en las rutas esta semana. Y con tablas no alcanza, porque un empate es estancamiento y deriva anodina para el resto del mandato.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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