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"Me acusaron de envenenador serial y ahora me piden que consiga veneno para todos los argentinos". Alberto Fernández
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Nacionales - 15-01-2021 / 10:01
SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS Y SE DISTRIBUYE MISOPROSTOL A TODO EL PAÍS

Alberto promulgó el Aborto y dijo que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa

Alberto promulgó el Aborto y dijo que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa
La ceremonia se realizó en el Museo del Bicentenario y reunió a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional.
El Gobierno promulgó hoy las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Plan de los 1000 días, en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, quien celebró haber "cumplido" su palabra de impulsar estas normas, que garantizan "una sociedad un poco más igualitaria" y "amplía la capacidad de decidir de las mujeres".
 
"Hoy estamos haciendo una mejor sociedad; parece una frase, pero es un paso inmenso y el resultado de una lucha colectiva", reflexionó el Presidente en la ceremonia realizada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes lo precedieron en la palabra.
 
En un salón que tuvo como invitadas a muchas de las referentes de los colectivos que militaron durante décadas la legalización del aborto, el jefe de Estado afirmó: "Cumplí con mi palabra y hoy, en tiempos en que la palabra de la política parece depreciada, es la culminación de un tiempo de lucha para muchas mujeres que lucharon para que el aborto deje de ser un delito".
 
Fernández, acompañado también por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, celebró el hecho de que su Gobierno "amplió la capacidad de decidir de las mujeres" con la sanción de la IVE y consideró que se trata de un "paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igualitaria".
 
Con todo, reconoció que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa en diferentes niveles y que esa paridad requiere leyes y cambios en la mentalidad de mucha gente.
 

 
La ley conocida como Plan de los 1000 días también fue destacada por el Presidente, que evaluó que esa norma permitirá que las embarazadas cuenten "con un Estado detrás de ellas" para garantizarles salud y posibilidades de criar a sus hijos en los primeros años de vida.
 
En el acto, que dejó ver una gran emoción tanto entre las asistentes como en las funcionarias nacionales, Gómez Alcorta resaltó que la sanción de la IVE se logró gracias a la "alquimia imbatible compuesta por lucha y política".
 
Por su parte, Vilma Ibarra reflexionó con la voz quebrada: "Hasta ahora el Estado había respondido con amenazas y cárcel (a las mujeres que deseaban abortar); hoy venimos a reparar esto que hizo que muchas mujeres se sintieran humilladas; cambiamos el paradigma: el Estado recibe a las mujeres en el sistema de salud y las va a tratar con dignidad y respeto".
 
La Opinión Popular
 
 
SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS Y SE DISTRIBUYE MISOPROSTOL A TODO EL PAÍS
 
Qué implica la promulgación de la ley del aborto y cómo fue el paso a paso de esa norma 
  
La norma que hoy promulga el Presidente, se logró luego de un trabajo coordinado de distintas áreas del gobierno. Cómo fue esa tarea.
 
La promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica que el aborto deja de ser ilegal en la Argentina. En lo inmediato deberían pasar dos cosas. La primera: que caigan todas las causas abiertas por prácticas de abortos hasta la semana 14. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 1532 expedientes en curso en 17 jurisdicciones.
 
Si bien eso podría o debería ocurrir de oficio en los propios tribunales, es probable que eso no suceda. Por eso, desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se están preparando para acompañar e impulsar ese proceso. El segundo hecho será la implementación de la ley, garantizar que el derecho que consagra sea efectivo.
 
Como la mayoría de los artículos son de aplicación directa, no es necesario esperar a la reglamentación, sino que a los ocho días desde su publicación la norma entrará en vigencia. La implementación dependerá en su mayoría del ministerio de Salud. La cartera que encabeza Ginés González García ya viene haciendo compras de Misoprostol y las pastillas se distribuirán en todo el país.
 
Este trabajo en conjunto es la continuación de la tarea que se llevó a cabo desde que se decidió impulsar el proyecto hasta su sanción. Para algunos dentro del gobierno, es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer así: de forma coordinada, cuidada y poco ventilada por los medios.
 
A mediados de noviembre de 2019, un mes antes de su asunción, Alberto Fernández aseguró en un reportaje en Página12 que cuando se convirtiera en Presidente, el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de legalización del aborto. El 1 de marzo de 2020, en el inicio de las sesiones ordinarias, anunció que lo haría "en los próximos días".
 
El 9 de marzo la iniciativa estaba lista, solo faltaban definir algunas cuestiones presupuestarias del proyecto de los mil días para que ambos llegaran al Congreso. Pero el 20 de marzo el país entró en cuarentena a causa del coronavirus.
 
A fines de agosto, la pandemia seguía su curso pero el trabajo legislativo estaba encaminado. El tema volvió a ponerse sobre la mesa presidencial. Dentro del Frente de Todos había tres sectores:
 
* Los que se oponían a la ley, ya sea por cercanía a la Iglesia o por convicciones religiosas (el presidente siempre sostuvo que este tema ya lo había hablado con el Papa Francisco)
 
* Los y sobre todo Las, que la apoyaban y batallaban porque se tratara lo antes posible porque sabían que el 2021, al ser año electoral, el proyecto quedaría postergado. Aquí estaban, obviamente, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, autora del proyecto, y la ministra de Mujeres y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que fueron las voceras de la iniciativa. Pero también muchas otras funcionarias y funcionarios. La foto de Ibarra, Gómez Alcorta, la asesora presidencial Dora Barrancos y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, festejando en un palco del Congreso la sanción de la ley fue representativa de este grupo.
 
* El último sector era el de quienes aun estando a favor del proyecto, creían que la pandemia no daba margen para tratarlo.
 
"Si están los votos lo mando", dijo el Presidente. En septiembre, después de que el Senado diera media sanción a la Reforma Judicial ya había consenso para que se presentara el proyecto. La estrategia estaba definida desde marzo. Se acompañaría con la ley de atención de la maternidad y de los primeros 3 años de vida del recién nacido, las presentaciones en las comisiones serían acotadas y se abordaría el tema como una cuestión de salud pública. Las feministas del gobierno cerraron filas.
 
El aborto implicaba también una reivindicación por la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, pero si se sancionaba la ley, el derecho se garantizaría y eso era lo importante. También contaban con el movimiento de mujeres movilizadas que habían conseguido que se llegara a ese momento sosteniendo durante años el reclamo en la calle.
 
A mediados de octubre, una reunión entre Cristina Kirchner con Gómez Alcorta y la senadora Anabel Fernández Sagasti fue clave para que el proyecto avanzara. La preocupación de la vicepresidenta pasaba porque las prácticas de abortos pudieran ocupar camas en los hospitales en un momento en que cada lugar contaba para poder atender a los enfermos de coronavirus.
 
La ministra explicó que era al contrario, que las camas se ocupaban por las consecuencias de los abortos clandestinos, que había cerca de 40 mil internaciones al año por ese motivo. Y que, en cambio, la mayoría de los abortos legales se podían hacer de forma segura con pastillas (el Misoprostol) y de manera ambulatoria o en las casas.
 
El aborto legal implica menos mujeres en los hospitales además de muchísimas menos secuelas y muertes. En esa reunión, Cristina le dijo a la ministra que si se tomaba la decisión de avanzar, había que tener una estrategia definida e ir para adelante.
 
Finalmente se eligió el 17 de noviembre, Día de la Militancia, para presentar el proyecto en Sociedad. Así lo había definido Alberto Fernández en una reunión con Máximo Kirchner.
 
--¿Cómo venimos?
 
--Olvidate
 
--¿Seguro?
 
--Te juego un asado. Olvidate-- aseguraba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando las funcionarias que seguían el tema preguntaban cómo estaban los números. Se suponía que en Diputados iba a ser más sencillo porque en 2018 la ley había sido aprobada en esa Cámara. Sin embargo, el objetivo era conseguir un dictamen que también pasara en el Senado, para que el texto no sufriera modificaciones y tuviera que regresar a la Cámara baja. Para eso, se trabajó en conjunto con legisladoras de la oposición.
 
Carla Carrizo, Brenda Austin, Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, ayudaron a especular qué miembros de su espacio político podían restar apoyo para que el oficialismo supiera cuántos votos de los propios y aliados necesitaba asegurar. La estrategia incluyó una reunión virtual de Ibarra y Gómez Alcorta con legisladores para afinar los números y la letra de la ley.
 
En el gobierno dicen que siempre tuvieron los votos, o siempre creyeron que los tendrían. Pero parte de la estrategia fue no dar nada por sentado y nunca mostrarse victoriosos. Massa, Máximo Kirchner y el ministro de Interior, Wado de Pedro, se involucraron para asegurar la votación en Diputados, donde finalmente se aprobó por 131 a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
 
Para apuntalar el Senado, el Presidente habló con algunos legisladores en persona y mandó emisarios. Dentro del bloque, su vicejefa, Fernández Sagasti fue quien se puso el proyecto al hombro. Cristina Kirchner explícitamente le confirió ese rol. El resultado fue una diferencia en el Senado más amplia que la esperada: 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.
 
En el medio hubo pequeñas modificaciones y algunos pedidos que no fueron atendidos. En Diputados, Gómez Alcorta tuvo que hablar 35 minutos con Fernando Iglesias, quien pedía una modificación sobre el plazo para interrumpir el embarazo en casos de violación, lo que implicaba un retroceso para lo que ya estaba establecido en esos casos. "No hay prácticamente casos de abortos avanzados y con la ley se van a adelantar los plazos porque va a haber menos trabas. No podemos hacer cambios, ya tenemos los consensos", le dijo a grandes rasgos la ministra en una charla amable.
 
El Presidente se comprometió a sacar la palabra "integral" del artículo que establece que más allá de la semana 14 podrán practicarse abortos cuando esté en riego la vida o la salud integral de la persona gestante. Fue un pedido del senador rionegrino Alberto Weretilneck para acompañar el proyecto. "Algunos necesitaron sentirse considerados a último momento, pero no nos preocupa ni es grave, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la salud siempre es integral", sostienen en el Gobierno.
 
El desafío, a partir de ahora, será garantizar la aplicación de la ley. En 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud adquirió 35 mil tratamientos (12 comprimidos cada uno) de Misoprostol, una parte fue comprada al laboratorio proveedor en el país y otra llegó a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Para este año, se prevé comprar el doble. Y se espera que la ANMAT autorice al LIF, el Laboratorio Industrial Farmaceútico público de la provincia de Santa Fe, para que pueda participar en los procesos de licitaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

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26-02-2021 / 10:02
El Laboratorio Richmond de la Argentina informó hoy que, en Moscú, se suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (DRIF) para que se fabrique en la Argentina la vacuna Sputnik V. La producción la hará el Laboratorio Richmond en asociación con Hetero Labs Limited de India.
 
El desarrollo debería garantizar, a mediano plazo, una provisión fluida de la vacuna creada por el Instituto Gamaleya. En el corto plazo, el Gobierno está esperando la señal de largada para la llegada al país de un enorme cargamento de Sputnik V. Se mencionan más de 1.500.000 dosis. La expectativa es que las vacunas arriben al país a principios de la próxima semana.
 
El anuncio hecho por el Laboratorio Richmond redondea las negociaciones que se vienen llevando adelante en Moscú desde hace meses. Nadie sabe todavía si la vacuna contra la covid-19 deberá repetirse cada año porque todavía no está claro cuándo dejan de ser efectivos los anticuerpos creados por las dosis.
 
Sucede que el virus es muy nuevo y, obviamente, nadie pudo nunca experimentar si los anticuerpos siguen siendo efectivos un año o dos después de aplicadas las dosis. De manera que la provisión de vacunas sigue siendo un desafío.
 
La Argentina ya recibió 2.704.000 dosis de tres vacunas, Sputnik V, Oxford/AstraZéneca y Sinopharm. Pero las necesidades son mucho mayores y por eso hay expectativa con la llegada de una nueva partida, de gran envergadura, desde Rusia o India. Los últimos detalles los está cerrando la asesora presidencial Cecilia Nicolini en Moscú, pero se espera el anuncio para hoy mismo. Si la cantidad que viene es la que se señala -más de 1.500.000 dosis- podría empezarse con la vacunación de mayores de 70 en muchísimos otros distritos, y habrá vacunas suficientes para que se avance con los mayores de 60.
 
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26-02-2021 / 10:02
El fiscal ultra macrista Carlos Stornelli tuvo su "renunciamiento histórico" o su día de acting. Se presentó para decir que ya no quiere ser el fiscal de (parte de) la megacausa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora y que aún está por verse si no se muda a los tribunales de Comodoro Py. El planteo de Stornelli tiene ribetes absurdos porque la causa en la que se excusa ni siquiera está en Comodoro Py.
 
Stornelli dijo que no puede actuar por razones de "decoro" en el legajo vinculado al espionaje penitenciario porque él es querellante en la causa conocida como "Operativo Puf", que es básicamente un armado trucho en base a las escuchas ilegales a los presos K para torpedear desde los inicios la investigación del espionaje macrista en el juzgado federal de Dolores.
 
El polémico fiscal se presentó sin que nadie se lo pidiera para decir que no va a poder intervenir en el legajo 9 de la causa de Lomas, que involucra el espionaje penitenciario. Lo hizo ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que, a priori, debería tramitar la causa si pasara a Comodoro Py.
 
La jueza le mandó el planteo de Stornelli al presidente de la Sala IV de la Casación Federal, Mariano Borinsky, que le contestó que lo tramitara en el juzgado. Todo era desconcierto en Comodoro Py frente al escrito de cuatro páginas del fiscal.  El argumento es que él es querellante en la causa del "Operativo Puf", pero no dice nada de su calidad de procesado en Dolores y de que todo el año pasado pujó por traer la causa de Lomas a Comodoro Py.
 
El cuestionado Stornelli se ataja con este planteo a lo que era una recusación segura --y en su propio bastión de Comodoro Py-- por múltiples actores. A su situación endeble, se le suma también que uno de sus hijos trabajó en la AFI en 2016. 
 

25-02-2021 / 10:02
25-02-2021 / 09:02
El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de dinero. La condena no solo lo alcanzó a él sino a sus hijos y a otros implicados. El fallo -dictado de manera dividida por el Tribunal Oral Federal N° 4- halló culpable al empresario de Santa Cruz de lavar millones de dólares provenientes de la comisión de delitos. Se trata, según la sentencia, de USD 55 millones que circularon por diversos paraísos fiscales.
 
Báez, cercano desde siempre a Néstor Kirchner, en algunos años se convirtió en un importante empresario de la construcción que terminó ligado a múltiples acuerdos por la obra pública con el Estado nacional y el Gobierno provincial de Santa Cruz. Los negociados con la obra pública son una constante en la política nacional desde hace décadas. La llamada "patria contratista" existió bajo todos los Gobiernos, más allá del signo político. En el listado de apellidos se pueden marcar algunos como Macri, Calcaterra, Bulgheroni y hasta Rocca, entre otros.
 
La derecha macrista aprovecha el tema de la corrupción para construir su agenda política. Mientras critica los supuestos negociados ocurridos en los años K, guarda un potente silencio sobre las causas de corrupción que alcanzan al macrismo y a quienes fueron parte de la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019. Y apenas conocida la sentencia, la derecha macrista, mediática y política, se lanzó a un furioso festejo y a una -aún más furiosa- campaña por ligar esta condena a Cristina, cuando ella ni siquiera figuró en el juicio.
 

24-02-2021 / 10:02
Un informe de The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) expuso las fuertes exigencias que el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer les impuso a países de América Latina. Según se desprende de la investigación, la empresa les ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos, como edificios de embajadas, bases militares y reservas del Banco Central, como garantía contra el costo de futuros casos legales.
 
El trabajo da cuenta de un retraso de tres meses en el acuerdo de la compra de esta vacuna en algunos países de la región, mientras que en el caso de Argentina y Brasil no se llegó a ningún acuerdo. En el caso de Perú, Pfizer solicitó incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos durante el proceso de negociación.
 
El ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ya había advertido esta situación en reiteradas oportunidades. A fines de diciembre llegó a declarar: "No entendemos por qué Pfizer tiene tantas exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la vacuna". A pesar de los constantes intentos del gobierno de Alberto Fernández, la empresa no quiso aceptar los planteos de la administración argentina y no se logró llegar a un acuerdo.
 
"Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal", confesó un funcionario argentino a The Bureau.
 
El informe publicado revela que funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, detallaron que los representantes de la empresa exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados. En el caso de Argentina y Brasil, se pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.
 
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