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Nacionales - 15-01-2021 / 10:01
SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS Y SE DISTRIBUYE MISOPROSTOL A TODO EL PAÍS

Alberto promulgó el Aborto y dijo que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa

Alberto promulgó el Aborto y dijo que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa
La ceremonia se realizó en el Museo del Bicentenario y reunió a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional.
El Gobierno promulgó hoy las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Plan de los 1000 días, en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, quien celebró haber "cumplido" su palabra de impulsar estas normas, que garantizan "una sociedad un poco más igualitaria" y "amplía la capacidad de decidir de las mujeres".
 
"Hoy estamos haciendo una mejor sociedad; parece una frase, pero es un paso inmenso y el resultado de una lucha colectiva", reflexionó el Presidente en la ceremonia realizada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes lo precedieron en la palabra.
 
En un salón que tuvo como invitadas a muchas de las referentes de los colectivos que militaron durante décadas la legalización del aborto, el jefe de Estado afirmó: "Cumplí con mi palabra y hoy, en tiempos en que la palabra de la política parece depreciada, es la culminación de un tiempo de lucha para muchas mujeres que lucharon para que el aborto deje de ser un delito".
 
Fernández, acompañado también por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, celebró el hecho de que su Gobierno "amplió la capacidad de decidir de las mujeres" con la sanción de la IVE y consideró que se trata de un "paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igualitaria".
 
Con todo, reconoció que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa en diferentes niveles y que esa paridad requiere leyes y cambios en la mentalidad de mucha gente.
 

 
La ley conocida como Plan de los 1000 días también fue destacada por el Presidente, que evaluó que esa norma permitirá que las embarazadas cuenten "con un Estado detrás de ellas" para garantizarles salud y posibilidades de criar a sus hijos en los primeros años de vida.
 
En el acto, que dejó ver una gran emoción tanto entre las asistentes como en las funcionarias nacionales, Gómez Alcorta resaltó que la sanción de la IVE se logró gracias a la "alquimia imbatible compuesta por lucha y política".
 
Por su parte, Vilma Ibarra reflexionó con la voz quebrada: "Hasta ahora el Estado había respondido con amenazas y cárcel (a las mujeres que deseaban abortar); hoy venimos a reparar esto que hizo que muchas mujeres se sintieran humilladas; cambiamos el paradigma: el Estado recibe a las mujeres en el sistema de salud y las va a tratar con dignidad y respeto".
 
La Opinión Popular
 
 
SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS Y SE DISTRIBUYE MISOPROSTOL A TODO EL PAÍS
 
Qué implica la promulgación de la ley del aborto y cómo fue el paso a paso de esa norma 
  
La norma que hoy promulga el Presidente, se logró luego de un trabajo coordinado de distintas áreas del gobierno. Cómo fue esa tarea.
 
La promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica que el aborto deja de ser ilegal en la Argentina. En lo inmediato deberían pasar dos cosas. La primera: que caigan todas las causas abiertas por prácticas de abortos hasta la semana 14. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 1532 expedientes en curso en 17 jurisdicciones.
 
Si bien eso podría o debería ocurrir de oficio en los propios tribunales, es probable que eso no suceda. Por eso, desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se están preparando para acompañar e impulsar ese proceso. El segundo hecho será la implementación de la ley, garantizar que el derecho que consagra sea efectivo.
 
Como la mayoría de los artículos son de aplicación directa, no es necesario esperar a la reglamentación, sino que a los ocho días desde su publicación la norma entrará en vigencia. La implementación dependerá en su mayoría del ministerio de Salud. La cartera que encabeza Ginés González García ya viene haciendo compras de Misoprostol y las pastillas se distribuirán en todo el país.
 
Este trabajo en conjunto es la continuación de la tarea que se llevó a cabo desde que se decidió impulsar el proyecto hasta su sanción. Para algunos dentro del gobierno, es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer así: de forma coordinada, cuidada y poco ventilada por los medios.
 
A mediados de noviembre de 2019, un mes antes de su asunción, Alberto Fernández aseguró en un reportaje en Página12 que cuando se convirtiera en Presidente, el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de legalización del aborto. El 1 de marzo de 2020, en el inicio de las sesiones ordinarias, anunció que lo haría "en los próximos días".
 
El 9 de marzo la iniciativa estaba lista, solo faltaban definir algunas cuestiones presupuestarias del proyecto de los mil días para que ambos llegaran al Congreso. Pero el 20 de marzo el país entró en cuarentena a causa del coronavirus.
 
A fines de agosto, la pandemia seguía su curso pero el trabajo legislativo estaba encaminado. El tema volvió a ponerse sobre la mesa presidencial. Dentro del Frente de Todos había tres sectores:
 
* Los que se oponían a la ley, ya sea por cercanía a la Iglesia o por convicciones religiosas (el presidente siempre sostuvo que este tema ya lo había hablado con el Papa Francisco)
 
* Los y sobre todo Las, que la apoyaban y batallaban porque se tratara lo antes posible porque sabían que el 2021, al ser año electoral, el proyecto quedaría postergado. Aquí estaban, obviamente, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, autora del proyecto, y la ministra de Mujeres y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que fueron las voceras de la iniciativa. Pero también muchas otras funcionarias y funcionarios. La foto de Ibarra, Gómez Alcorta, la asesora presidencial Dora Barrancos y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, festejando en un palco del Congreso la sanción de la ley fue representativa de este grupo.
 
* El último sector era el de quienes aun estando a favor del proyecto, creían que la pandemia no daba margen para tratarlo.
 
"Si están los votos lo mando", dijo el Presidente. En septiembre, después de que el Senado diera media sanción a la Reforma Judicial ya había consenso para que se presentara el proyecto. La estrategia estaba definida desde marzo. Se acompañaría con la ley de atención de la maternidad y de los primeros 3 años de vida del recién nacido, las presentaciones en las comisiones serían acotadas y se abordaría el tema como una cuestión de salud pública. Las feministas del gobierno cerraron filas.
 
El aborto implicaba también una reivindicación por la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, pero si se sancionaba la ley, el derecho se garantizaría y eso era lo importante. También contaban con el movimiento de mujeres movilizadas que habían conseguido que se llegara a ese momento sosteniendo durante años el reclamo en la calle.
 
A mediados de octubre, una reunión entre Cristina Kirchner con Gómez Alcorta y la senadora Anabel Fernández Sagasti fue clave para que el proyecto avanzara. La preocupación de la vicepresidenta pasaba porque las prácticas de abortos pudieran ocupar camas en los hospitales en un momento en que cada lugar contaba para poder atender a los enfermos de coronavirus.
 
La ministra explicó que era al contrario, que las camas se ocupaban por las consecuencias de los abortos clandestinos, que había cerca de 40 mil internaciones al año por ese motivo. Y que, en cambio, la mayoría de los abortos legales se podían hacer de forma segura con pastillas (el Misoprostol) y de manera ambulatoria o en las casas.
 
El aborto legal implica menos mujeres en los hospitales además de muchísimas menos secuelas y muertes. En esa reunión, Cristina le dijo a la ministra que si se tomaba la decisión de avanzar, había que tener una estrategia definida e ir para adelante.
 
Finalmente se eligió el 17 de noviembre, Día de la Militancia, para presentar el proyecto en Sociedad. Así lo había definido Alberto Fernández en una reunión con Máximo Kirchner.
 
--¿Cómo venimos?
 
--Olvidate
 
--¿Seguro?
 
--Te juego un asado. Olvidate-- aseguraba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando las funcionarias que seguían el tema preguntaban cómo estaban los números. Se suponía que en Diputados iba a ser más sencillo porque en 2018 la ley había sido aprobada en esa Cámara. Sin embargo, el objetivo era conseguir un dictamen que también pasara en el Senado, para que el texto no sufriera modificaciones y tuviera que regresar a la Cámara baja. Para eso, se trabajó en conjunto con legisladoras de la oposición.
 
Carla Carrizo, Brenda Austin, Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, ayudaron a especular qué miembros de su espacio político podían restar apoyo para que el oficialismo supiera cuántos votos de los propios y aliados necesitaba asegurar. La estrategia incluyó una reunión virtual de Ibarra y Gómez Alcorta con legisladores para afinar los números y la letra de la ley.
 
En el gobierno dicen que siempre tuvieron los votos, o siempre creyeron que los tendrían. Pero parte de la estrategia fue no dar nada por sentado y nunca mostrarse victoriosos. Massa, Máximo Kirchner y el ministro de Interior, Wado de Pedro, se involucraron para asegurar la votación en Diputados, donde finalmente se aprobó por 131 a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
 
Para apuntalar el Senado, el Presidente habló con algunos legisladores en persona y mandó emisarios. Dentro del bloque, su vicejefa, Fernández Sagasti fue quien se puso el proyecto al hombro. Cristina Kirchner explícitamente le confirió ese rol. El resultado fue una diferencia en el Senado más amplia que la esperada: 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.
 
En el medio hubo pequeñas modificaciones y algunos pedidos que no fueron atendidos. En Diputados, Gómez Alcorta tuvo que hablar 35 minutos con Fernando Iglesias, quien pedía una modificación sobre el plazo para interrumpir el embarazo en casos de violación, lo que implicaba un retroceso para lo que ya estaba establecido en esos casos. "No hay prácticamente casos de abortos avanzados y con la ley se van a adelantar los plazos porque va a haber menos trabas. No podemos hacer cambios, ya tenemos los consensos", le dijo a grandes rasgos la ministra en una charla amable.
 
El Presidente se comprometió a sacar la palabra "integral" del artículo que establece que más allá de la semana 14 podrán practicarse abortos cuando esté en riego la vida o la salud integral de la persona gestante. Fue un pedido del senador rionegrino Alberto Weretilneck para acompañar el proyecto. "Algunos necesitaron sentirse considerados a último momento, pero no nos preocupa ni es grave, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la salud siempre es integral", sostienen en el Gobierno.
 
El desafío, a partir de ahora, será garantizar la aplicación de la ley. En 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud adquirió 35 mil tratamientos (12 comprimidos cada uno) de Misoprostol, una parte fue comprada al laboratorio proveedor en el país y otra llegó a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Para este año, se prevé comprar el doble. Y se espera que la ANMAT autorice al LIF, el Laboratorio Industrial Farmaceútico público de la provincia de Santa Fe, para que pueda participar en los procesos de licitaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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