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Nacionales - 15-01-2021 / 10:01
SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS Y SE DISTRIBUYE MISOPROSTOL A TODO EL PAÍS

Alberto promulgó el Aborto y dijo que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa

Alberto promulgó el Aborto y dijo que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa
La ceremonia se realizó en el Museo del Bicentenario y reunió a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional.
El Gobierno promulgó hoy las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Plan de los 1000 días, en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, quien celebró haber "cumplido" su palabra de impulsar estas normas, que garantizan "una sociedad un poco más igualitaria" y "amplía la capacidad de decidir de las mujeres".
 
"Hoy estamos haciendo una mejor sociedad; parece una frase, pero es un paso inmenso y el resultado de una lucha colectiva", reflexionó el Presidente en la ceremonia realizada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes lo precedieron en la palabra.
 
En un salón que tuvo como invitadas a muchas de las referentes de los colectivos que militaron durante décadas la legalización del aborto, el jefe de Estado afirmó: "Cumplí con mi palabra y hoy, en tiempos en que la palabra de la política parece depreciada, es la culminación de un tiempo de lucha para muchas mujeres que lucharon para que el aborto deje de ser un delito".
 
Fernández, acompañado también por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, celebró el hecho de que su Gobierno "amplió la capacidad de decidir de las mujeres" con la sanción de la IVE y consideró que se trata de un "paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igualitaria".
 
Con todo, reconoció que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa en diferentes niveles y que esa paridad requiere leyes y cambios en la mentalidad de mucha gente.
 

 
La ley conocida como Plan de los 1000 días también fue destacada por el Presidente, que evaluó que esa norma permitirá que las embarazadas cuenten "con un Estado detrás de ellas" para garantizarles salud y posibilidades de criar a sus hijos en los primeros años de vida.
 
En el acto, que dejó ver una gran emoción tanto entre las asistentes como en las funcionarias nacionales, Gómez Alcorta resaltó que la sanción de la IVE se logró gracias a la "alquimia imbatible compuesta por lucha y política".
 
Por su parte, Vilma Ibarra reflexionó con la voz quebrada: "Hasta ahora el Estado había respondido con amenazas y cárcel (a las mujeres que deseaban abortar); hoy venimos a reparar esto que hizo que muchas mujeres se sintieran humilladas; cambiamos el paradigma: el Estado recibe a las mujeres en el sistema de salud y las va a tratar con dignidad y respeto".
 
La Opinión Popular
 
 
SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS Y SE DISTRIBUYE MISOPROSTOL A TODO EL PAÍS
 
Qué implica la promulgación de la ley del aborto y cómo fue el paso a paso de esa norma 
  
La norma que hoy promulga el Presidente, se logró luego de un trabajo coordinado de distintas áreas del gobierno. Cómo fue esa tarea.
 
La promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica que el aborto deja de ser ilegal en la Argentina. En lo inmediato deberían pasar dos cosas. La primera: que caigan todas las causas abiertas por prácticas de abortos hasta la semana 14. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 1532 expedientes en curso en 17 jurisdicciones.
 
Si bien eso podría o debería ocurrir de oficio en los propios tribunales, es probable que eso no suceda. Por eso, desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se están preparando para acompañar e impulsar ese proceso. El segundo hecho será la implementación de la ley, garantizar que el derecho que consagra sea efectivo.
 
Como la mayoría de los artículos son de aplicación directa, no es necesario esperar a la reglamentación, sino que a los ocho días desde su publicación la norma entrará en vigencia. La implementación dependerá en su mayoría del ministerio de Salud. La cartera que encabeza Ginés González García ya viene haciendo compras de Misoprostol y las pastillas se distribuirán en todo el país.
 
Este trabajo en conjunto es la continuación de la tarea que se llevó a cabo desde que se decidió impulsar el proyecto hasta su sanción. Para algunos dentro del gobierno, es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer así: de forma coordinada, cuidada y poco ventilada por los medios.
 
A mediados de noviembre de 2019, un mes antes de su asunción, Alberto Fernández aseguró en un reportaje en Página12 que cuando se convirtiera en Presidente, el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de legalización del aborto. El 1 de marzo de 2020, en el inicio de las sesiones ordinarias, anunció que lo haría "en los próximos días".
 
El 9 de marzo la iniciativa estaba lista, solo faltaban definir algunas cuestiones presupuestarias del proyecto de los mil días para que ambos llegaran al Congreso. Pero el 20 de marzo el país entró en cuarentena a causa del coronavirus.
 
A fines de agosto, la pandemia seguía su curso pero el trabajo legislativo estaba encaminado. El tema volvió a ponerse sobre la mesa presidencial. Dentro del Frente de Todos había tres sectores:
 
* Los que se oponían a la ley, ya sea por cercanía a la Iglesia o por convicciones religiosas (el presidente siempre sostuvo que este tema ya lo había hablado con el Papa Francisco)
 
* Los y sobre todo Las, que la apoyaban y batallaban porque se tratara lo antes posible porque sabían que el 2021, al ser año electoral, el proyecto quedaría postergado. Aquí estaban, obviamente, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, autora del proyecto, y la ministra de Mujeres y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que fueron las voceras de la iniciativa. Pero también muchas otras funcionarias y funcionarios. La foto de Ibarra, Gómez Alcorta, la asesora presidencial Dora Barrancos y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, festejando en un palco del Congreso la sanción de la ley fue representativa de este grupo.
 
* El último sector era el de quienes aun estando a favor del proyecto, creían que la pandemia no daba margen para tratarlo.
 
"Si están los votos lo mando", dijo el Presidente. En septiembre, después de que el Senado diera media sanción a la Reforma Judicial ya había consenso para que se presentara el proyecto. La estrategia estaba definida desde marzo. Se acompañaría con la ley de atención de la maternidad y de los primeros 3 años de vida del recién nacido, las presentaciones en las comisiones serían acotadas y se abordaría el tema como una cuestión de salud pública. Las feministas del gobierno cerraron filas.
 
El aborto implicaba también una reivindicación por la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, pero si se sancionaba la ley, el derecho se garantizaría y eso era lo importante. También contaban con el movimiento de mujeres movilizadas que habían conseguido que se llegara a ese momento sosteniendo durante años el reclamo en la calle.
 
A mediados de octubre, una reunión entre Cristina Kirchner con Gómez Alcorta y la senadora Anabel Fernández Sagasti fue clave para que el proyecto avanzara. La preocupación de la vicepresidenta pasaba porque las prácticas de abortos pudieran ocupar camas en los hospitales en un momento en que cada lugar contaba para poder atender a los enfermos de coronavirus.
 
La ministra explicó que era al contrario, que las camas se ocupaban por las consecuencias de los abortos clandestinos, que había cerca de 40 mil internaciones al año por ese motivo. Y que, en cambio, la mayoría de los abortos legales se podían hacer de forma segura con pastillas (el Misoprostol) y de manera ambulatoria o en las casas.
 
El aborto legal implica menos mujeres en los hospitales además de muchísimas menos secuelas y muertes. En esa reunión, Cristina le dijo a la ministra que si se tomaba la decisión de avanzar, había que tener una estrategia definida e ir para adelante.
 
Finalmente se eligió el 17 de noviembre, Día de la Militancia, para presentar el proyecto en Sociedad. Así lo había definido Alberto Fernández en una reunión con Máximo Kirchner.
 
--¿Cómo venimos?
 
--Olvidate
 
--¿Seguro?
 
--Te juego un asado. Olvidate-- aseguraba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando las funcionarias que seguían el tema preguntaban cómo estaban los números. Se suponía que en Diputados iba a ser más sencillo porque en 2018 la ley había sido aprobada en esa Cámara. Sin embargo, el objetivo era conseguir un dictamen que también pasara en el Senado, para que el texto no sufriera modificaciones y tuviera que regresar a la Cámara baja. Para eso, se trabajó en conjunto con legisladoras de la oposición.
 
Carla Carrizo, Brenda Austin, Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, ayudaron a especular qué miembros de su espacio político podían restar apoyo para que el oficialismo supiera cuántos votos de los propios y aliados necesitaba asegurar. La estrategia incluyó una reunión virtual de Ibarra y Gómez Alcorta con legisladores para afinar los números y la letra de la ley.
 
En el gobierno dicen que siempre tuvieron los votos, o siempre creyeron que los tendrían. Pero parte de la estrategia fue no dar nada por sentado y nunca mostrarse victoriosos. Massa, Máximo Kirchner y el ministro de Interior, Wado de Pedro, se involucraron para asegurar la votación en Diputados, donde finalmente se aprobó por 131 a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
 
Para apuntalar el Senado, el Presidente habló con algunos legisladores en persona y mandó emisarios. Dentro del bloque, su vicejefa, Fernández Sagasti fue quien se puso el proyecto al hombro. Cristina Kirchner explícitamente le confirió ese rol. El resultado fue una diferencia en el Senado más amplia que la esperada: 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.
 
En el medio hubo pequeñas modificaciones y algunos pedidos que no fueron atendidos. En Diputados, Gómez Alcorta tuvo que hablar 35 minutos con Fernando Iglesias, quien pedía una modificación sobre el plazo para interrumpir el embarazo en casos de violación, lo que implicaba un retroceso para lo que ya estaba establecido en esos casos. "No hay prácticamente casos de abortos avanzados y con la ley se van a adelantar los plazos porque va a haber menos trabas. No podemos hacer cambios, ya tenemos los consensos", le dijo a grandes rasgos la ministra en una charla amable.
 
El Presidente se comprometió a sacar la palabra "integral" del artículo que establece que más allá de la semana 14 podrán practicarse abortos cuando esté en riego la vida o la salud integral de la persona gestante. Fue un pedido del senador rionegrino Alberto Weretilneck para acompañar el proyecto. "Algunos necesitaron sentirse considerados a último momento, pero no nos preocupa ni es grave, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la salud siempre es integral", sostienen en el Gobierno.
 
El desafío, a partir de ahora, será garantizar la aplicación de la ley. En 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud adquirió 35 mil tratamientos (12 comprimidos cada uno) de Misoprostol, una parte fue comprada al laboratorio proveedor en el país y otra llegó a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Para este año, se prevé comprar el doble. Y se espera que la ANMAT autorice al LIF, el Laboratorio Industrial Farmaceútico público de la provincia de Santa Fe, para que pueda participar en los procesos de licitaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

La Opinión Popular


12-11-2025 / 10:11
Las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acerca de la intervención del gobierno de Donald Trump en favor de Javier Milei para apuntalar el rendimiento electoral de los libertarios abren un nuevo abanico de sospechas y dudas acerca de las condiciones financieras de la operación y los favores prometidos a la potencia del Norte. Es más, fue Bessent quien habló de un swap activado, lo cual implica una operación de deuda de la que nadie en el gobierno argentino aporta un dato.
 
En medio del estruendoso silencio oficial, el secretario Bessent hizo público que Argentina activó el swap para devolverle inmediatamente a Estados Unidos su intervención para rescatar a Milei antes de las elecciones. Toto Caputo igual sigue sin decir palabra sobre los intereses que pagará el país por esa nueva deuda. Bessent confirmó que se activó el swap. Es decir, que Estados Unidos se garantizó una ganancia financiera contra el aumento de la deuda argentina. Ganancias de los yanquis y silencio del gobierno libertario.
 
En medio de la total falta de transparencia en torno a la operación, fuentes del mercado hablan de unos 2 mil millones de dólares por el rescate de octubre, a lo que se sumarían casi 800 millones que se pagaron al FMI en concepto de cancelación de vencimientos de deuda, lo cual acercaría la cifra a la banda de los 2700-3000 millones de dólares.
 
Cuestionado por la prensa norteamericana por el despilfarro de recursos que para muchos votantes de ese país supuso la ayuda a la Argentina, Bessent confirmó que Estados Unidos "hizo dinero" con la operación, es decir que "entró y salió" del mercado cambiario local y sugirió que, de no haber favorecido a Milei, el otro camino era derribar lanchas de narcotraficantes.
 
La operación Trump-Milei deja mucha tela para cortar. Por un lado, expuso como nunca la fragilidad de la economía argentina bajo la conducción libertaria y deja establecida una suerte de amenaza, bastante explícita, acerca de que, si se llegara a dar un cambio de signo político, el apoyo se esfuma y, por lo tanto, se desataría una crisis cambiaria fulminante.
 
En segundo lugar, hay un fuerte componente de opacidad respecto de en qué consiste la operación. ¿Cuáles fueron las condiciones financieras acordadas? ¿y cuáles las no financieras, asociadas a por ejemplo la reducción de la presencia de China en el país, algo que Bessent dijo con todas las letras?
 
El diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, lo aclaró: "1) Bessent trajo dólares. 2) Los cambió por pesos con una ¿tasa privilegiada del Gobierno? 3) Esos pesos los volvió a cambiar a dólares (después de las elecciones) que el país había pedido prestados (el swap). Resultado: Bessent no prestó plata, sólo hizo un cambio que nos dejó con más deuda en dólares", y le pidió al ministro Caputo que explique públicamente la operación.
 

11-11-2025 / 10:11
Los salarios, muy lejos de su nivel pre Javier Milei. Consultoras de diferente perfil político y hasta la UBA reflejan que los ingresos siguen por debajo del 2023. El salario mínimo, además, está peor que en 2001. Aunque el Gobierno de LLA no lo oculta, el ancla inflacionaria del programa económico siguen siendo las mismas medidas del ajuste inicial: dólar intervenido y artificialmente barato, e ingresos a la baja o estancados.
 
El problema, ya muy visible, empezó a ser reflejado por consultoras de diferente tendencia política, que advierten que los sueldos siguen por debajo de noviembre del 2023. Inclusive, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que el Salario Mínimo tiene menor poder de compra que el del año 2001, la peor crisis de la historia.
 
Esta situación, que mantiene un Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin grandes movimientos, es el mismo factor que garantiza el camino de una recesión sostenida y, además, expone niveles de consumo masivo históricamente bajos. El costo de tener los precios a raya es un panorama de familias que no llegan a fin de mes, aún con una inflación que es hasta 4 veces menor a la que había en noviembre del 2023. Todo este contexto lo reflejan firmas muy disímiles, lo que enriquece las herramientas para el análisis del problema.
 
Empiria, la consultora de Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del PRO), precisó que el Ingreso Disponible -en base 100- estaba muy por encima del 100, más cerca del 105, en noviembre del 2023. Y hoy está por debajo del 99. En esa consultora, además, hicieron un trabajo en el que muestran cómo el aumento de los servicios y tarifas golpearon seriamente a las familias.
 
En esa misma línea, Vectorial, la consultora de Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán, precisó que "la quietud relativa en los ingresos de los trabajadores no solo termina siendo un ancla a los precios sino también a las cantidades. Así, los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7 por ciento por debajo de noviembre de 2023". La firma asegura que "esta caída sería del 10,8 por ciento si se deflacta por la inflación actualizada por la ENGHO más reciente".
 
¿Qué pasó con los sueldos estatales? "Los trabajadores públicos son quienes se llevan la peor parte del retraso salarial, con un 13,2 por ciento de pérdida y con un ascenso excesivamente lento. Tampoco se observa una mejora para el caso de los trabajadores registrados privados, que recién en agosto vuelven a tener niveles similares a los de noviembre de 2023, mientras que lo que va del 2025 se encuentran orbitando en un 1 por ciento por debajo de estos valores".
 
En esa línea, la consultora Equilibra, que comanda Martín Rapetti, publicó que, en los primeros dos años del gobierno de Milei, el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 19 por ciento en relación al promedio enero a septiembre del 2023. La firma ejemplificó la crisis salarial con un número demoledor: si se mira en términos acumulados, los empleados y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en los primeros 20 meses del gobierno libertario.
 
Todo el contexto antes mencionado es lo que los comerciantes apuntan como el principal causante de la crisis de consumo. Los grandes supermercadistas aducen que los salarios planchados son un golpe letal para las ventas, sobre todo porque se montan en un esquema de costos fijos de las familias que crecieron mucho en los últimos dos años. En paralelo, en el caso de los jubilados, la afectación es aún mayor dado que la pérdida de ingresos no contempla cuál es el margen de consumo que perdieron por el aumento del precio de los medicamentos. 
 

10-11-2025 / 11:11
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a cargo del expediente dictó una cautelar con la orden de no innovar para empezar a trazar la ruta del dinero. Se trata de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por Javier "el Estafador" Milei a través de su cuenta de X. La causa $LIBRA empieza a moverse. El juez ordenó este fin de semana el congelamiento de todos los bienes muebles e inmuebles del empresario cripto norteamericano Hayden Davis, quien ofició como el socio principal de la estafa de la que participó Javier Milei.
 
El juez dictó una medida de "no innovar" también sobre los activos financieros de Davis y de otros dos criptochantas vinculados al caso, uno colombiano (Favio Camilo Rodríguez Blanco) y otro argentino (Orlando Rodolfo Mellino), ambos presuntos titulares de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por el Presidente a través de su cuenta de X.
 
La medida del juez se basa en un informe del Ministerio Público Fiscal en el que se establece que, en los activos financieros de Davis, Rodríguez Blanco y Melino podría esconderse parte del botín estimado entre los 100 y 120 millones de dólares con que estafaron a través de $LIBRA a centenares de inversores cripto desprevenidos.
 
En ese marco, Davis es señalado como la figura central en la ruta del dinero del fraude: ya está en la mira de la justicia norteamericana, donde afronta una denuncia por estafa, al tiempo que se pudo reconstruir, tanto dentro de la causa como a través de la investigación de distintos especialistas del mundo cripto y de la Comisión de Diputados, que movilizó fondos a través de distintas billeteras para sus socios, intentando borrar la huella de las transferencias, algo que no pudo lograr. Rodríguez Blanco y Melino, en tanto, son señalados como posibles "intermediarios" en $LIBRA y otros negocios similares.
 
La misma medida que alcanzó a los bienes de Davis y los "intermediarios" Rodríguez Blanco y Melino ya había sido tomada por el juez para el caso de los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos socios en el Tech Forum de octubre de 2024 de la que participó Milei y que registran varias visitas a Olivos y a la Casa Rosada en las semanas previas al lanzamiento de $LIBRA. 
 

10-11-2025 / 10:11
Un oficialismo ordenado, una oposición sumida en internas. El Gobierno de Javier "el Cipayo" Milei avanzará con sus reformas regresivas, mientras el principal partido de oposición sigue sin salir del shock que fue el resultado sorpresa de octubre para propios y extraños. Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado.
 
A apenas dos semanas de haber ido a votar, la sensación es de un escenario político planchado, sin novedades y a espera de algún acontecimiento que sacuda esa relativa tranquilidad otorgada al Gobierno libertario tras las elecciones. Semeja, cada vez con mayor intensidad, que las responsabilidades están en el campo opositor.
 
Habrá otra ofensiva profundizada contra los trabajadores, a través de los proyectos de reforma laboral que persiguen achicar más todavía a la clase media (¿cuánto más puede apretarse hacia abajo?). Tal vez no sea inminente, porque voces en off del Gobierno indican que son más bien "bombas de humo" para medir el humor social. Como fuere, el momento llegará y cabe seguir preguntándose si la dirigencia sindical mayoritaria persistirá en sus nubes de Úbeda.
 
El interrogante, por supuesto, se extiende al conjunto de referentes políticos opositores. Podría considerarse lógico que, al cabo de un resultado electoral que no esperaba ni el propio oficialismo, la oposición se encuentre en estado de shock. Sin embargo, hay el reparo de que, en esa franja, las dificultades e indecisiones vienen de antes. De bastante antes. El dictamen de las urnas sólo acentuó que la tierra barrida debajo de la alfombra volviera a exponerse.
 
Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado. Será más temprano que tarde cuando el peronismo, como única fuerza no testimonial en condiciones de disputar poder, o gobierno, deba resolver su situación indefinida. Y si no es mediante un consenso que pueda abroquelar de forma convincente, sería la oportunidad de hacerlo con elecciones internas.
 
¿Alguien tiene una fórmula más apta, si no se arriba a acuerdos básicos? De paso, o en primer término, reiteremos ciertas incógnitas.
 
¿Hablamos de diferencias programáticas y, luego, acerca de tácticas de alianzas que permitan un arco lo más amplio posible, como para enfrentar con éxito a un bloque dominante envalentonado? ¿Hablamos de disidencias respecto de las administraciones territoriales, que pudieran significar divisiones insalvables entre la gobernación bonaerense y La Cámpora? ¿O estamos hablando de disputas de figuración, por más antipático que resuene?
 
No pareciera que fuesen las dos primeras variantes, salvo habernos perdido algún aspecto sustancial. ¿Cuáles serían los enfrentamientos ideológicos marcados, e incluso secundarios, entre los idearios de Cristina y Kicillof o entre aquellos que responden a una y otro?
 
Si no los hay; si la respuesta es efectivamente negativa; si no rige algún cisma político profundo susceptible de ser arreglado entre cuatro paredes y como debería corresponder a gente grande, entonces resta la opción de que lo irresoluto pasa por razones de contienda individual. Y en esa alternativa, no cabría más que la ruptura.
 
Es decir: justo lo esperado por los libertaristas y sus socios para seguir comiendo pochoclo mientras Washington no les suelte la mano. Sería tristísimo y peligroso. Por eso es dable esperar que haya freno, si es que se llega al borde del abismo.  
 

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