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Nacionales - 15-01-2021 / 10:01
SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS Y SE DISTRIBUYE MISOPROSTOL A TODO EL PAÍS

Alberto promulgó el Aborto y dijo que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa

Alberto promulgó el Aborto y dijo que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa
La ceremonia se realizó en el Museo del Bicentenario y reunió a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional.
El Gobierno promulgó hoy las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Plan de los 1000 días, en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, quien celebró haber "cumplido" su palabra de impulsar estas normas, que garantizan "una sociedad un poco más igualitaria" y "amplía la capacidad de decidir de las mujeres".
 
"Hoy estamos haciendo una mejor sociedad; parece una frase, pero es un paso inmenso y el resultado de una lucha colectiva", reflexionó el Presidente en la ceremonia realizada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes lo precedieron en la palabra.
 
En un salón que tuvo como invitadas a muchas de las referentes de los colectivos que militaron durante décadas la legalización del aborto, el jefe de Estado afirmó: "Cumplí con mi palabra y hoy, en tiempos en que la palabra de la política parece depreciada, es la culminación de un tiempo de lucha para muchas mujeres que lucharon para que el aborto deje de ser un delito".
 
Fernández, acompañado también por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, celebró el hecho de que su Gobierno "amplió la capacidad de decidir de las mujeres" con la sanción de la IVE y consideró que se trata de un "paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igualitaria".
 
Con todo, reconoció que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa en diferentes niveles y que esa paridad requiere leyes y cambios en la mentalidad de mucha gente.
 

 
La ley conocida como Plan de los 1000 días también fue destacada por el Presidente, que evaluó que esa norma permitirá que las embarazadas cuenten "con un Estado detrás de ellas" para garantizarles salud y posibilidades de criar a sus hijos en los primeros años de vida.
 
En el acto, que dejó ver una gran emoción tanto entre las asistentes como en las funcionarias nacionales, Gómez Alcorta resaltó que la sanción de la IVE se logró gracias a la "alquimia imbatible compuesta por lucha y política".
 
Por su parte, Vilma Ibarra reflexionó con la voz quebrada: "Hasta ahora el Estado había respondido con amenazas y cárcel (a las mujeres que deseaban abortar); hoy venimos a reparar esto que hizo que muchas mujeres se sintieran humilladas; cambiamos el paradigma: el Estado recibe a las mujeres en el sistema de salud y las va a tratar con dignidad y respeto".
 
La Opinión Popular
 
 
SE CAEN LAS CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS Y SE DISTRIBUYE MISOPROSTOL A TODO EL PAÍS
 
Qué implica la promulgación de la ley del aborto y cómo fue el paso a paso de esa norma 
  
La norma que hoy promulga el Presidente, se logró luego de un trabajo coordinado de distintas áreas del gobierno. Cómo fue esa tarea.
 
La promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica que el aborto deja de ser ilegal en la Argentina. En lo inmediato deberían pasar dos cosas. La primera: que caigan todas las causas abiertas por prácticas de abortos hasta la semana 14. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 1532 expedientes en curso en 17 jurisdicciones.
 
Si bien eso podría o debería ocurrir de oficio en los propios tribunales, es probable que eso no suceda. Por eso, desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se están preparando para acompañar e impulsar ese proceso. El segundo hecho será la implementación de la ley, garantizar que el derecho que consagra sea efectivo.
 
Como la mayoría de los artículos son de aplicación directa, no es necesario esperar a la reglamentación, sino que a los ocho días desde su publicación la norma entrará en vigencia. La implementación dependerá en su mayoría del ministerio de Salud. La cartera que encabeza Ginés González García ya viene haciendo compras de Misoprostol y las pastillas se distribuirán en todo el país.
 
Este trabajo en conjunto es la continuación de la tarea que se llevó a cabo desde que se decidió impulsar el proyecto hasta su sanción. Para algunos dentro del gobierno, es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer así: de forma coordinada, cuidada y poco ventilada por los medios.
 
A mediados de noviembre de 2019, un mes antes de su asunción, Alberto Fernández aseguró en un reportaje en Página12 que cuando se convirtiera en Presidente, el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de legalización del aborto. El 1 de marzo de 2020, en el inicio de las sesiones ordinarias, anunció que lo haría "en los próximos días".
 
El 9 de marzo la iniciativa estaba lista, solo faltaban definir algunas cuestiones presupuestarias del proyecto de los mil días para que ambos llegaran al Congreso. Pero el 20 de marzo el país entró en cuarentena a causa del coronavirus.
 
A fines de agosto, la pandemia seguía su curso pero el trabajo legislativo estaba encaminado. El tema volvió a ponerse sobre la mesa presidencial. Dentro del Frente de Todos había tres sectores:
 
* Los que se oponían a la ley, ya sea por cercanía a la Iglesia o por convicciones religiosas (el presidente siempre sostuvo que este tema ya lo había hablado con el Papa Francisco)
 
* Los y sobre todo Las, que la apoyaban y batallaban porque se tratara lo antes posible porque sabían que el 2021, al ser año electoral, el proyecto quedaría postergado. Aquí estaban, obviamente, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, autora del proyecto, y la ministra de Mujeres y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que fueron las voceras de la iniciativa. Pero también muchas otras funcionarias y funcionarios. La foto de Ibarra, Gómez Alcorta, la asesora presidencial Dora Barrancos y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, festejando en un palco del Congreso la sanción de la ley fue representativa de este grupo.
 
* El último sector era el de quienes aun estando a favor del proyecto, creían que la pandemia no daba margen para tratarlo.
 
"Si están los votos lo mando", dijo el Presidente. En septiembre, después de que el Senado diera media sanción a la Reforma Judicial ya había consenso para que se presentara el proyecto. La estrategia estaba definida desde marzo. Se acompañaría con la ley de atención de la maternidad y de los primeros 3 años de vida del recién nacido, las presentaciones en las comisiones serían acotadas y se abordaría el tema como una cuestión de salud pública. Las feministas del gobierno cerraron filas.
 
El aborto implicaba también una reivindicación por la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, pero si se sancionaba la ley, el derecho se garantizaría y eso era lo importante. También contaban con el movimiento de mujeres movilizadas que habían conseguido que se llegara a ese momento sosteniendo durante años el reclamo en la calle.
 
A mediados de octubre, una reunión entre Cristina Kirchner con Gómez Alcorta y la senadora Anabel Fernández Sagasti fue clave para que el proyecto avanzara. La preocupación de la vicepresidenta pasaba porque las prácticas de abortos pudieran ocupar camas en los hospitales en un momento en que cada lugar contaba para poder atender a los enfermos de coronavirus.
 
La ministra explicó que era al contrario, que las camas se ocupaban por las consecuencias de los abortos clandestinos, que había cerca de 40 mil internaciones al año por ese motivo. Y que, en cambio, la mayoría de los abortos legales se podían hacer de forma segura con pastillas (el Misoprostol) y de manera ambulatoria o en las casas.
 
El aborto legal implica menos mujeres en los hospitales además de muchísimas menos secuelas y muertes. En esa reunión, Cristina le dijo a la ministra que si se tomaba la decisión de avanzar, había que tener una estrategia definida e ir para adelante.
 
Finalmente se eligió el 17 de noviembre, Día de la Militancia, para presentar el proyecto en Sociedad. Así lo había definido Alberto Fernández en una reunión con Máximo Kirchner.
 
--¿Cómo venimos?
 
--Olvidate
 
--¿Seguro?
 
--Te juego un asado. Olvidate-- aseguraba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando las funcionarias que seguían el tema preguntaban cómo estaban los números. Se suponía que en Diputados iba a ser más sencillo porque en 2018 la ley había sido aprobada en esa Cámara. Sin embargo, el objetivo era conseguir un dictamen que también pasara en el Senado, para que el texto no sufriera modificaciones y tuviera que regresar a la Cámara baja. Para eso, se trabajó en conjunto con legisladoras de la oposición.
 
Carla Carrizo, Brenda Austin, Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, ayudaron a especular qué miembros de su espacio político podían restar apoyo para que el oficialismo supiera cuántos votos de los propios y aliados necesitaba asegurar. La estrategia incluyó una reunión virtual de Ibarra y Gómez Alcorta con legisladores para afinar los números y la letra de la ley.
 
En el gobierno dicen que siempre tuvieron los votos, o siempre creyeron que los tendrían. Pero parte de la estrategia fue no dar nada por sentado y nunca mostrarse victoriosos. Massa, Máximo Kirchner y el ministro de Interior, Wado de Pedro, se involucraron para asegurar la votación en Diputados, donde finalmente se aprobó por 131 a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
 
Para apuntalar el Senado, el Presidente habló con algunos legisladores en persona y mandó emisarios. Dentro del bloque, su vicejefa, Fernández Sagasti fue quien se puso el proyecto al hombro. Cristina Kirchner explícitamente le confirió ese rol. El resultado fue una diferencia en el Senado más amplia que la esperada: 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.
 
En el medio hubo pequeñas modificaciones y algunos pedidos que no fueron atendidos. En Diputados, Gómez Alcorta tuvo que hablar 35 minutos con Fernando Iglesias, quien pedía una modificación sobre el plazo para interrumpir el embarazo en casos de violación, lo que implicaba un retroceso para lo que ya estaba establecido en esos casos. "No hay prácticamente casos de abortos avanzados y con la ley se van a adelantar los plazos porque va a haber menos trabas. No podemos hacer cambios, ya tenemos los consensos", le dijo a grandes rasgos la ministra en una charla amable.
 
El Presidente se comprometió a sacar la palabra "integral" del artículo que establece que más allá de la semana 14 podrán practicarse abortos cuando esté en riego la vida o la salud integral de la persona gestante. Fue un pedido del senador rionegrino Alberto Weretilneck para acompañar el proyecto. "Algunos necesitaron sentirse considerados a último momento, pero no nos preocupa ni es grave, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la salud siempre es integral", sostienen en el Gobierno.
 
El desafío, a partir de ahora, será garantizar la aplicación de la ley. En 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud adquirió 35 mil tratamientos (12 comprimidos cada uno) de Misoprostol, una parte fue comprada al laboratorio proveedor en el país y otra llegó a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Para este año, se prevé comprar el doble. Y se espera que la ANMAT autorice al LIF, el Laboratorio Industrial Farmaceútico público de la provincia de Santa Fe, para que pueda participar en los procesos de licitaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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