03:07 | Martes 23 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 14-01-2021 / 11:01

POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE POSEEN LAS REDES SOCIALES

Jorge Busti reflexiona sobre el cierre de las cuentas de Donald Trump

Jorge Pedro Busti, ex gobernador de Entre Ríos.

Académicos, analistas y dirigentes políticos, entre otros, quizás excesivamente influenciados (con motivos valederos de sobra) por la antipatía que les genera el cuadragésimo quinto presidente estadounidense, Donald Trump, celebraron el cierre de su cuenta de Twitter luego de los patéticos hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero.

Subidos a esa ola anti Trump, lo que seguramente muchos no alcanzaron a sopesar es la gravedad del hecho de censura que se cometió: Mark Zuckerberg, pope de una corporación que maneja las redes sociales, se auto-atribuye la potestad de juzgar y acallar por "procedimiento sumarísimo" al presidente de la nación más poderosa del mundo, que además acaba de ser votado por setenta millones de personas.

Es preciso abstraerse por un instante de Trump y cabe preguntarse: ¿dónde está el poder realmente?, ¿quiénes son los subalternos?

Andrés Manuel López Obrador, un líder político que poco o nada tiene en común desde lo ideológico con Donald Trump, fue acaso el primer presidente que advirtió sobre los riesgos de que las plataformas decidan quién debe y quién no debe tener voz.

"No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura, como la santa inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales, eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir, porque eso va en contra con la libertad", expresó AMLO, plenamente consciente de que el afectado de hoy es Trump, pero el día de mañana puede ser cualquier otro que moleste o irrite a estas corporaciones que regulan la palabra.

La canciller alemana, Angela Merkel, tal vez una de las dirigentes políticas de mayor envergadura mundial en las últimas décadas, también puso las "barbas en remojo" y, a través de su vocero, manifestó lo problemático de esta situación: "Es posible interferir en las libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa".

El cierre de la cuenta de un presidente democrático y en ejercicio, que evidentemente marcará un antes y después, nos tiene que llevar a la cuestión de fondo, que sin duda deberá ser objeto de debate, y que es cuánto de la regulación de estas redes sociales le compete al Estado y cuánto a estas corporaciones globales. Los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión siempre tendrían que considerarse como un faro que guíe esta controversia, teniendo en cuenta que las normas de una empresa jamás pueden estar por encima de las leyes de un país.

Por lo pronto, soy un convencido que la única manera de evitar el ascenso al poder de personajes misóginos, xenófobos y chauvinistas como Trump es a través de las urnas y de ningún modo por medio de la censura.

Por Jorge Pedro Busti, ex gobernador de Entre Ríos.

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El silencio cómplice de Frigerio con Milei perjudica a Entre Ríos

Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.

La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).

Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.

Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:

- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.

- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.

- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.

Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias.

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