23:34 | Martes 09 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 14-01-2021 / 11:01

POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE POSEEN LAS REDES SOCIALES

Jorge Busti reflexiona sobre el cierre de las cuentas de Donald Trump

Jorge Pedro Busti, ex gobernador de Entre Ríos.

Académicos, analistas y dirigentes políticos, entre otros, quizás excesivamente influenciados (con motivos valederos de sobra) por la antipatía que les genera el cuadragésimo quinto presidente estadounidense, Donald Trump, celebraron el cierre de su cuenta de Twitter luego de los patéticos hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero.

Subidos a esa ola anti Trump, lo que seguramente muchos no alcanzaron a sopesar es la gravedad del hecho de censura que se cometió: Mark Zuckerberg, pope de una corporación que maneja las redes sociales, se auto-atribuye la potestad de juzgar y acallar por "procedimiento sumarísimo" al presidente de la nación más poderosa del mundo, que además acaba de ser votado por setenta millones de personas.

Es preciso abstraerse por un instante de Trump y cabe preguntarse: ¿dónde está el poder realmente?, ¿quiénes son los subalternos?

Andrés Manuel López Obrador, un líder político que poco o nada tiene en común desde lo ideológico con Donald Trump, fue acaso el primer presidente que advirtió sobre los riesgos de que las plataformas decidan quién debe y quién no debe tener voz.

"No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura, como la santa inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales, eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir, porque eso va en contra con la libertad", expresó AMLO, plenamente consciente de que el afectado de hoy es Trump, pero el día de mañana puede ser cualquier otro que moleste o irrite a estas corporaciones que regulan la palabra.

La canciller alemana, Angela Merkel, tal vez una de las dirigentes políticas de mayor envergadura mundial en las últimas décadas, también puso las "barbas en remojo" y, a través de su vocero, manifestó lo problemático de esta situación: "Es posible interferir en las libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa".

El cierre de la cuenta de un presidente democrático y en ejercicio, que evidentemente marcará un antes y después, nos tiene que llevar a la cuestión de fondo, que sin duda deberá ser objeto de debate, y que es cuánto de la regulación de estas redes sociales le compete al Estado y cuánto a estas corporaciones globales. Los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión siempre tendrían que considerarse como un faro que guíe esta controversia, teniendo en cuenta que las normas de una empresa jamás pueden estar por encima de las leyes de un país.

Por lo pronto, soy un convencido que la única manera de evitar el ascenso al poder de personajes misóginos, xenófobos y chauvinistas como Trump es a través de las urnas y de ningún modo por medio de la censura.

Por Jorge Pedro Busti, ex gobernador de Entre Ríos.

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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