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Nacionales - 13-01-2021 / 10:01
LEVANTAN RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN DE MAÍZ

Acuerdo entre el Gobierno e integrantes de la cadena agroindustrial del maíz

Acuerdo entre el Gobierno e integrantes de la cadena agroindustrial del maíz
Lo que en el fondo cuestionan las patronales agrarias es la “intervención” del Estado tal como lo expresaron públicamente sus dirigentes. Defienden la absoluta “libertad de mercado” para aumentar los precios y afirman que, si el gobierno espera que baje el costo del maíz, reduzca los impuestos y las retenciones.
El Gobierno buscará alcanzar el objetivo de asegurar el abastecimiento interno de maíz para la industria y la estabilidad de precios de sus derivados a través del compromiso de  un monitoreo y seguimiento constante de las distintas variables, compartido con el sector privado. Este monitoreo "sustituirá el límite de 30 mil toneladas diarias de exportación". Por el sector privado, se comprometieron en la tarea los diferentes integrantes de la cadena agroindustrial, incluso Coninagro, que es parte de la Mesa de Enlace. En cambio, siguen ajenas a toda negociación las tres entidades que, hasta el martes, mantenían en pie la medida de fuerza del cese de comercialización: Sociedad Rural, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas que, en los hechos, conduce políticamente el macrismo.
 
El aumento del precio de la carne vacuna promedió el 74,8 por ciento el año pasado, duplicando con creces la inflación anual que, se estima, rondará el 35 por ciento. Pero lo más llamativo es que en el mismo período el precio internacional se derrumbó un 4,5 por ciento. En síntesis, la carne de los argentinos se pudo despegar simultáneamente de la inflación y de los valores internacionales derrotando a ambos y dejando fuera de carrera a los consumidores.
 
Con las carnes de pollo y cerdo ocurrió algo similar al aumentar sus precios un 58 y un 59 por ciento respectivamente el año pasado. Como consecuencia directa un sueldo promedio pudo comprar un 20 por ciento menos de carnes durante 2020. La pandemia trituró salarios y disparó los precios de los alimentos, con especial énfasis en los productos cárnicos.
 
Esta es la razón por la cual el gobierno nacional intenta poner límites a la exportación de maíz afectando apenas al 10 por ciento de las ventas al exterior. Este cereal es un insumo imprescindible en la producción de aves, porcinos y bovinos, y también de los biocombustibles y la industria del aceite. Pero, aún con la seguridad de exportar el 90 por ciento del maíz producido, la Mesa de Enlace se pintó la cara con un lock out, y después ratificó la medida a pesar de que el gobierno flexibilizó la exigencia inicial y permitió la exportación de un cupo de 30 mil toneladas diarias.
 

 
Entre los datos que se retacean en este debate figura uno que es fundamental. Los principales productores de maíz del mundo, Estados Unidos y Brasil, exportaron la temporada anterior menos del 20 por ciento de su producción. Es decir, la porción mayoritaria de lo obtenido por sus cosechas la destinan a abastecer sus necesidades internas, exactamente lo opuesto a lo que pretenden las entidades rurales argentinas.
 
Lo que en el fondo cuestionan las patronales agrarias es la "intervención" del Estado tal como lo expresaron públicamente sus dirigentes. Defienden la absoluta "libertad de mercado" para aumentar los precios y afirman que, si el gobierno espera que baje el costo del maíz, reduzca los impuestos y las retenciones.
 
El apoyo político de Juntos por el Cambio, tanto a la medida de fuerza como a las exigencias, se explicitó en un Zoom que contó con la participación de la cúpula del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica. La tercera pata de esta mesa la conforman los grandes medios porteños con su apoyo incondicional al establishment agrario, del que también forman parte. La derecha política, mediática y empresaria empezó el año electoral mostrando los colmillos.
 
La Opinión Popular
 
 
Acuerdo gobierno-campo: queda sin efecto límite a la exportación de maíz
 
Lo informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca luego de que el sector asegurara el abastecimiento interno del grano.
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó esta tarde que sustituirá el tope de 30.000 toneladas diarias para el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz por un monitoreo del saldo exportable del cereal, a partir de un acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en el que el sector privado se comprometió a asegurar el abastecimiento interno del grano.
 
De esta manera, la cartera agropecuaria dejará sin efecto el límite fijado el lunes pasado, cuando decidió levantar la suspensión del registro de exportaciones de maíz para los embarques previos al 1 de marzo próximo.
 
El entendimiento se alcanzó en una reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, con los representantes de la mesa intersectorial del maíz conformada en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
 
En un comunicado, se detalló que el acuerdo con el sector privado comprendió cuatro puntos, entre los que sobresale la decisión de "sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado".
 
También acordaron "consensuar" un entendimiento de largo plazo "con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el programa Precios Cuidados, en la que se habló como ejemplo de la constitución de un fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz".
 
Adicionalmente, se comprometieron a "proveer de la herramienta Fogar a los fines de garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma, lo que impactara en el componente riesgo", como así también "proveer y fomentar la herramienta de warrant".
 
Al respecto, el ministro Basterra destacó que "estos encuentros nos permiten continuar avanzando en compatibilizar los intereses privados con la necesidad del estado de garantizar los bienes esenciales en todo el territorio nacional".
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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22-01-2021 / 11:01
El Gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.
 
Los portavoces dijeron que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
 
De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente. "La medida va a oficializarse en breve", señalaron fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.
 
Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.
 
La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar" la pandemia de coronavirus.
 
La extensión de esta medida confirma que la pandemia está aún lejos de terminar, y los recursos que deberá destinar el Estado en materia social se encuentran muy por debajo de lo necesario para el nivel de la crisis sanitaria actual.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2021 / 10:01
22-01-2021 / 10:01
La estrategia de los sectores antiderechos para intentar judicializar la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sufrió este jueves su primera derrota. El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la Ley.
 
El magistrado justificó su rechazo al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010, al que utilizó para explicar que la inhabilitación de una norma sancionada por el Poder Legislativo es algo que excede a su competencia, por lo que se amparó en la defensa del principio constitucional de división de poderes.
 
"No ha lugar por improcedente", sentenció el juez y rechazó la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la 27.610. Para fundamentar la "improcedencia", en su fallo Bavio se basó en el antecedente del caso "Thomas", de 2010, en el que la Corte Suprema de la Nación revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza.
 
En ese entonces, el diputado Enrique Thomas había presentado un recurso para suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma 'erga omnes' (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860", se puede leer en aquel fallo del tribunal supremo que ahora Bavio retomó para argumentar su postura.
 
"La misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes", continúa el fallo citado por el magistrado salteño, quien agregó que, la imposición de una cautelar que inhabilitara la Ley de IVE, tendría "una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes", para alterar "gravemente el modelo de control constitucional de las leyes consagrado" por la Constitución Nacional.
 

21-01-2021 / 09:01
La venta de terrenos e inmuebles públicos es uno de los negocios más redituables para el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires, para Horacio Rodríguez Larreta y para los empresarios privados que se benefician. Los fines especulativos e inmobiliarios terminan siendo prioridad mientras que la emergencia habitacional y social que viven millones en una de las ciudades más ricas del América Latina nunca es atendida.
 
Es el modelo Puerto Madero. Las tierras se venden a privados y a su vez la Ciudad invierte ese dinero en infraestructura para el mismo barrio, favoreciendo a los millonarios compradores. Y para colmo, lo hace a través de sus "amigos" y aportantes de campaña.
 
Así, el Gobierno de Larreta pre adjudicó una obra de casi $1.000 millones a la empresa constructora Bricons SAICFI. El presidente de la entidad es Miguel Ángel Raspagliesi, quien aportó en 2015, a título personal, medio millón de pesos para la campaña de Mauricio Macri y otro medio millón desde la firma El Mistol, una empresa de aceite de oliva que su familia tiene en San Juan.
 
La oferta presentada para la Licitación Pública 719/SIGAF/20 fue de $998.000.869. La resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy en el Boletín Oficial porteño pre adjudica la obra consistente de tareas de remediación, demolición e infraestructura en el Parque de la Innovación a dicha empresa.
 
Las obras se realizarán en el Polígono 1 y 2 de la zona C del predio de 13 hectáreas delimitado por la Avenidas Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, en el barrio Núñez. Es en las tierras de lo fue el predio de Tiro Federal.
 

21-01-2021 / 08:01
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