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Nacionales - 12-01-2021 / 10:01
FALSA "CURA MILAGROSA": EL DIÓXIDO DE CLORO ES SUMAMENTE NOCIVO Y POTENCIALMENTE MORTAL

Murió el paciente al que un juez ordenó suministrarle dióxido de cloro

Murió el paciente al que un juez ordenó suministrarle dióxido de cloro
Oscar Jorge García Rúa falleció en la tarde del lunes luego de contraer coronavirus. Días atrás, la Justicia Federal había ordenado al Sanatorio Otamendi suministrarle dióxido de cloro intravenoso, luego de la medida cautelar presentada por la familia del enfermo. Aún no se sabe si el paciente recibió la sustancia antes de su muerte.
Oscar Jorge García Rúa falleció en la tarde del lunes luego de contraer coronavirus. Días atrás, la Justicia Federal había ordenado al Sanatorio Otamendi suministrarle dióxido de cloro intravenoso, luego de la medida cautelar presentada por la familia del enfermo.  Aún no se sabe si el paciente recibió la sustancia antes de su muerte.
 
El fallo causó conmoción entre la comunidad médica porque se trata de una sustancia potencialmente tóxica, peligrosa para la salud, que no tiene eficacia demostrada en el tratamiento de covid-19 y que no cuenta con la autorización de la Anmat.
 
El juez federal Javier Pico Terrero determinó que el paciente Oscar Jorge García Rúa debía ser tratado con nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, indicación que había dado el neurocirujano personal del hombre, Dante Convert. Fue el hijastro del paciente quien presentó la medida judicial y pidió una resolución urgente.
 
El magistrado consideró que la cobertura de los tratamientos indicados "no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora" y por lo tanto hizo lugar a la demanda de los familiares del paciente. En este sentido, el fallo indicó que el Otamendí debe "garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante".
 
La ingesta de dióxido de cloro, una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos, ya había sido rechazada por la Asociación Toxicológica Argentina, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Sociedad de Toxicología y Ambiente Córdoba y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, entre otras.
 

 
En un comunicado que emitieron a mediados del año pasado cuando comenzó a difundirse su uso desde las redes sociales y portales pseudocientíficos, recordaron que no existe "ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia" y que además su ingesta puede provocar "cuadros digestivos irritatorios severos" que pueden desencadenar "trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales" o neumonitis química y edema de glotis cuando se aplica a través de nebulizaciones.
 
Desde las sociedades científicas la indicación fue taxativa: "Recomendamos NO consumir dióxido de cloro ni clorito de sodio como tratamiento o profilaxis de la covid-19". También aclararon que las concentraciones permitidas de dióxido de cloro para usos relacionados con agua o bebidas "son miles de veces menores a las recomendadas como terapéuticas o profilácticas de la covid-19". En agosto, un niño de 5 años de Neuquén murió luego de que sus padres se la suministraran.
 
Tras conocerse el fallo, un grupo de personas se concentró en la puerta del Sanatorio Otamendi con pancartas y carteles alusivos a favor del dióxido de cloro. "Dióxido de cloro previene", "Dióxido de cloro, cura para todos", "No es tóxico, aprueben ya", fueron algunos de los mensajes. A veces la sociedad le atribuye factores mágicos a algunas sustancias, cuando toda la evidencia científica dice lo contrario.
 
La Opinión Popular
 
 
La respuesta de un médico al juez que ordenó suministrarle dióxido de cloro a un paciente
 
Un juez a través de un fallo obligó al Sanatorio Otamendi a suministrarle dióxido de cloro a un paciente con coronavirus y a raíz de esta situación se encendieron las alarmas en la comunidad sanitaria.
 
El dióxido de cloro no está autorizado como fármaco sino como desinfectante, no posee la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su comercialización, ni tampoco cuenta con el respaldo científico para tratar la enfermedad causada por el virus, y su ingesta puede acarrear serias consecuencias para la salud.
 
Mientras la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) evalúan qué acciones realizar en repudio a la medida, el cardiólogo y especialista en hipertensión pulmonar y trasplante de pulmón y corazón, Sergio Perrone (M.N. 65.665), realizó un escrito en el que cuestionó la decisión del juez federal subrogante, Javier Pico Terrero, y del neurocirujano personal del paciente, Dante Convert, quien le recetó el dióxido de cloro al hombre.
 
"Será un placer poder asistir médicamente a aquellos que tengan los efectos indeseables del dióxido de cloro, eliminar de la carrera de medicina a aquellos 'neurocirujanos' (que aplican una práctica tan particular, no muy distante de la que le dieron a Maradona) y, por sobre todo, a personas como Terrero que aparentemente se le olvidó el latín en un concepto básico de la medicina: 'primum non nocere' (lo primero es no hacer daño)", afirmó Perrone.
 
En este sentido, puntualizó: "Existen tratamientos con más basamento científico que pueden ser de utilidad en algunos pacientes con COVID-19 que el dióxido de cloro, que no sólo ya ha cobrado sus víctimas sino que también ha provocado daños en órganos vitales". Entre las consecuencias se enumera insuficiencia respiratoria, cardíaca y hepática aguda, arritmias, hemólisis, vómitos y diarrea severa. "Todo depende de la concentración en que el dióxido de cloro se incorpora al organismo", detalló.
 
"No sé si el excelentísimo colega o el juez saben que el dióxido de cloro (CLO2) es un compuesto químico que consta de un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno (supongo que deben haber estudiado algo de química). Además es fácil recordarlo: Di: dos, Oxido: Oxígeno, Cloro: Cloro. Perdonen las ironías, pero desconozco el nivel intelectual de los interlocutores y las uso solamente para amenizarles el relato, aunque sé que algunos, entre ellos el magistrado y el neurocirujano, la tomarán seguramente como una afrenta personal" sentenció el médico.
 
Y agrega: "El ClO2 es un gas verde amarillento por encima de 11°C, un líquido marrón rojizo entre 11°C y -59 ° C, y como cristal de color naranja brillante por debajo de -59°C que se disuelve en agua a temperatura ambiente. Al ser gaseoso y, señor juez, como es difícil de tomar un gas, habría que respirarlo. Pero eso irritaría los alvéolos de los pulmones, que están de por sí bastante complicados en el paciente. Ante eso, se lo suele administrar en solución al 25 o 28% de clorito de sodio en agua destilada para su uso como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, ya que se asemeja a la lejía o el cloro".
 
"Sin embargo, si alguien respira dióxido de cloro, esta sustancia podría ser absorbida a través de los pulmones, lo cual complicaría a un paciente con neumonía por coronavirus. Así que será cuestión de tomar la solución, seguramente preparada en concentraciones 'a ojo de buen cubero' (perdone señor juez, pero acá sí que se me acabó el latín) por Dr. Facebook o por sus colegas Dr. Twitter o Dr. Instagram, y que Dios los ayude", expresó Perrone.
 
Para finalizar, el medido expuso: "Si le produce algún efecto tóxico, llame a Dios, él está disponible a toda hora o a mí, que también atiendo a toda hora, nunca abandonaría a un paciente. Pero si decide llamarme a mí, sepa que después de hacer todo lo posible por salvar la vida del paciente, con todo lo que la ciencia pone a nuestra disposición, iré contra usted, su neurólogo de cabecera y su juez, por una medicina y una justicia mejor. El que avisa, no traiciona", añadió.
 
Por Florencia Orzanco
 
Fuente: viapais.com.ar
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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