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Nacionales - 12-01-2021 / 10:01
FALSA "CURA MILAGROSA": EL DIÓXIDO DE CLORO ES SUMAMENTE NOCIVO Y POTENCIALMENTE MORTAL

Murió el paciente al que un juez ordenó suministrarle dióxido de cloro

Murió el paciente al que un juez ordenó suministrarle dióxido de cloro
Oscar Jorge García Rúa falleció en la tarde del lunes luego de contraer coronavirus. Días atrás, la Justicia Federal había ordenado al Sanatorio Otamendi suministrarle dióxido de cloro intravenoso, luego de la medida cautelar presentada por la familia del enfermo. Aún no se sabe si el paciente recibió la sustancia antes de su muerte.
Oscar Jorge García Rúa falleció en la tarde del lunes luego de contraer coronavirus. Días atrás, la Justicia Federal había ordenado al Sanatorio Otamendi suministrarle dióxido de cloro intravenoso, luego de la medida cautelar presentada por la familia del enfermo.  Aún no se sabe si el paciente recibió la sustancia antes de su muerte.
 
El fallo causó conmoción entre la comunidad médica porque se trata de una sustancia potencialmente tóxica, peligrosa para la salud, que no tiene eficacia demostrada en el tratamiento de covid-19 y que no cuenta con la autorización de la Anmat.
 
El juez federal Javier Pico Terrero determinó que el paciente Oscar Jorge García Rúa debía ser tratado con nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, indicación que había dado el neurocirujano personal del hombre, Dante Convert. Fue el hijastro del paciente quien presentó la medida judicial y pidió una resolución urgente.
 
El magistrado consideró que la cobertura de los tratamientos indicados "no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora" y por lo tanto hizo lugar a la demanda de los familiares del paciente. En este sentido, el fallo indicó que el Otamendí debe "garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante".
 
La ingesta de dióxido de cloro, una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos, ya había sido rechazada por la Asociación Toxicológica Argentina, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Sociedad de Toxicología y Ambiente Córdoba y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, entre otras.
 

 
En un comunicado que emitieron a mediados del año pasado cuando comenzó a difundirse su uso desde las redes sociales y portales pseudocientíficos, recordaron que no existe "ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia" y que además su ingesta puede provocar "cuadros digestivos irritatorios severos" que pueden desencadenar "trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales" o neumonitis química y edema de glotis cuando se aplica a través de nebulizaciones.
 
Desde las sociedades científicas la indicación fue taxativa: "Recomendamos NO consumir dióxido de cloro ni clorito de sodio como tratamiento o profilaxis de la covid-19". También aclararon que las concentraciones permitidas de dióxido de cloro para usos relacionados con agua o bebidas "son miles de veces menores a las recomendadas como terapéuticas o profilácticas de la covid-19". En agosto, un niño de 5 años de Neuquén murió luego de que sus padres se la suministraran.
 
Tras conocerse el fallo, un grupo de personas se concentró en la puerta del Sanatorio Otamendi con pancartas y carteles alusivos a favor del dióxido de cloro. "Dióxido de cloro previene", "Dióxido de cloro, cura para todos", "No es tóxico, aprueben ya", fueron algunos de los mensajes. A veces la sociedad le atribuye factores mágicos a algunas sustancias, cuando toda la evidencia científica dice lo contrario.
 
La Opinión Popular
 
 
La respuesta de un médico al juez que ordenó suministrarle dióxido de cloro a un paciente
 
Un juez a través de un fallo obligó al Sanatorio Otamendi a suministrarle dióxido de cloro a un paciente con coronavirus y a raíz de esta situación se encendieron las alarmas en la comunidad sanitaria.
 
El dióxido de cloro no está autorizado como fármaco sino como desinfectante, no posee la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su comercialización, ni tampoco cuenta con el respaldo científico para tratar la enfermedad causada por el virus, y su ingesta puede acarrear serias consecuencias para la salud.
 
Mientras la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) evalúan qué acciones realizar en repudio a la medida, el cardiólogo y especialista en hipertensión pulmonar y trasplante de pulmón y corazón, Sergio Perrone (M.N. 65.665), realizó un escrito en el que cuestionó la decisión del juez federal subrogante, Javier Pico Terrero, y del neurocirujano personal del paciente, Dante Convert, quien le recetó el dióxido de cloro al hombre.
 
"Será un placer poder asistir médicamente a aquellos que tengan los efectos indeseables del dióxido de cloro, eliminar de la carrera de medicina a aquellos 'neurocirujanos' (que aplican una práctica tan particular, no muy distante de la que le dieron a Maradona) y, por sobre todo, a personas como Terrero que aparentemente se le olvidó el latín en un concepto básico de la medicina: 'primum non nocere' (lo primero es no hacer daño)", afirmó Perrone.
 
En este sentido, puntualizó: "Existen tratamientos con más basamento científico que pueden ser de utilidad en algunos pacientes con COVID-19 que el dióxido de cloro, que no sólo ya ha cobrado sus víctimas sino que también ha provocado daños en órganos vitales". Entre las consecuencias se enumera insuficiencia respiratoria, cardíaca y hepática aguda, arritmias, hemólisis, vómitos y diarrea severa. "Todo depende de la concentración en que el dióxido de cloro se incorpora al organismo", detalló.
 
"No sé si el excelentísimo colega o el juez saben que el dióxido de cloro (CLO2) es un compuesto químico que consta de un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno (supongo que deben haber estudiado algo de química). Además es fácil recordarlo: Di: dos, Oxido: Oxígeno, Cloro: Cloro. Perdonen las ironías, pero desconozco el nivel intelectual de los interlocutores y las uso solamente para amenizarles el relato, aunque sé que algunos, entre ellos el magistrado y el neurocirujano, la tomarán seguramente como una afrenta personal" sentenció el médico.
 
Y agrega: "El ClO2 es un gas verde amarillento por encima de 11°C, un líquido marrón rojizo entre 11°C y -59 ° C, y como cristal de color naranja brillante por debajo de -59°C que se disuelve en agua a temperatura ambiente. Al ser gaseoso y, señor juez, como es difícil de tomar un gas, habría que respirarlo. Pero eso irritaría los alvéolos de los pulmones, que están de por sí bastante complicados en el paciente. Ante eso, se lo suele administrar en solución al 25 o 28% de clorito de sodio en agua destilada para su uso como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, ya que se asemeja a la lejía o el cloro".
 
"Sin embargo, si alguien respira dióxido de cloro, esta sustancia podría ser absorbida a través de los pulmones, lo cual complicaría a un paciente con neumonía por coronavirus. Así que será cuestión de tomar la solución, seguramente preparada en concentraciones 'a ojo de buen cubero' (perdone señor juez, pero acá sí que se me acabó el latín) por Dr. Facebook o por sus colegas Dr. Twitter o Dr. Instagram, y que Dios los ayude", expresó Perrone.
 
Para finalizar, el medido expuso: "Si le produce algún efecto tóxico, llame a Dios, él está disponible a toda hora o a mí, que también atiendo a toda hora, nunca abandonaría a un paciente. Pero si decide llamarme a mí, sepa que después de hacer todo lo posible por salvar la vida del paciente, con todo lo que la ciencia pone a nuestra disposición, iré contra usted, su neurólogo de cabecera y su juez, por una medicina y una justicia mejor. El que avisa, no traiciona", añadió.
 
Por Florencia Orzanco
 
Fuente: viapais.com.ar
 

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23-01-2021 / 10:01
El gobierno de CABA no dice nada sobre la vacunación, pero anunció que el comienzo de las clases será a mediados de febrero aunque se mantengan los contagios. Horacio Rodríguez Larreta y todos sus colaboradores se negaron a vacunarse, a diferencia de los funcionarios nacionales y bonaerenses que, además, lo hicieron en público.
 
La diputada del PRO, Graciela Ocaña denunció a la Anmat porque aprobó una vacuna con explicaciones escritas en ruso.  Juntos por el Cambio acusó al gobierno de hacer un uso político de las vacunas, pero todas las denuncias que hizo desde el año pasado, resultaron falsas o incorrectas. Más allá del juego político, las que ganan o pierden son las personas, que en esta pandemia se juegan la vida.
 
Reclamaron información sobre la Sputnik V, cuando, al igual que los demás laboratorios ha publicado sus resultados en la revista científica The Lancet y, con el cargamento envió un dossier de 200 páginas con los resultados de la fase 3, incluidos para los mayores de 60 años. Está escrito en ruso y obviamente fue traducido de la misma forma que cuando las especificaciones vienen en inglés.
 
Juntos por el Cambio exige información, como si no la hubiera, y se niega a explicar cómo será el operativo de vacunación para los millones de habitantes de CABA. Rodríguez Larreta dice que no da esa información porque no saben la cantidad de vacunas que recibirán.
 
La pregunta es si recién comenzará a organizar semejante maniobra el día posterior a que reciba la vacuna, con lo que habrá retrasado considerablemente la vacunación en la ciudad. Millones de porteños observan con preocupación cómo millones de bonaerenses se inscriben en las listas que ordenarán la vacunación en la provincia, sin que en CABA digan ni media palabra.
 
Primero acusaron al gobierno de no acordar con Pfizer y se explayaron sobre las bondades de esa vacuna, pero resulta que ya tuvo efectos adversos en Israel y en Noruega. Después dijeron que los países vecinos habían arreglado la provisión de vacunas, mientras que a la Argentina no iban a llegar antes de fin de año.
 
Pero la Sputnik llegó y se están aplicando 300 mil dosis, mientras que los países vecinos, apenas empezaron a vacunar. La Sputnik V llegó a la Argentina, pero el laboratorio que contraponía Juntos por el Cambio fue denunciado en México y en Italia porque no abasteció las dosis que debía proveer.
 
Una de los voceros de esta campaña inexplicable desde el punto de vista de la emergencia social ha sido la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, que fue removida como ministra de Salud del anterior gobierno peronista por su inoperancia.
 
La otra voz de consulta que muestra Juntos por el Cambio es la del ex secretario de Salud del macrismo, Adolfo Rubinstein, que todavía tiene que responder una denuncia de la Oficina Anticorrupción porque durante su gestión dejaron que vencieran 600 mil dosis de vacunas. La tercera voz cambiemita sobre salud pública fue la del diputado Mario Negri, que es abogado y habló más de política que de salud, pero acusó al gobierno de hacer política con la vacuna.
 

22-01-2021 / 11:01
El Gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.
 
Los portavoces dijeron que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
 
De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente. "La medida va a oficializarse en breve", señalaron fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.
 
Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.
 
La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar" la pandemia de coronavirus.
 
La extensión de esta medida confirma que la pandemia está aún lejos de terminar, y los recursos que deberá destinar el Estado en materia social se encuentran muy por debajo de lo necesario para el nivel de la crisis sanitaria actual.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2021 / 10:01
22-01-2021 / 10:01
La estrategia de los sectores antiderechos para intentar judicializar la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sufrió este jueves su primera derrota. El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la Ley.
 
El magistrado justificó su rechazo al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010, al que utilizó para explicar que la inhabilitación de una norma sancionada por el Poder Legislativo es algo que excede a su competencia, por lo que se amparó en la defensa del principio constitucional de división de poderes.
 
"No ha lugar por improcedente", sentenció el juez y rechazó la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la 27.610. Para fundamentar la "improcedencia", en su fallo Bavio se basó en el antecedente del caso "Thomas", de 2010, en el que la Corte Suprema de la Nación revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza.
 
En ese entonces, el diputado Enrique Thomas había presentado un recurso para suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma 'erga omnes' (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860", se puede leer en aquel fallo del tribunal supremo que ahora Bavio retomó para argumentar su postura.
 
"La misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes", continúa el fallo citado por el magistrado salteño, quien agregó que, la imposición de una cautelar que inhabilitara la Ley de IVE, tendría "una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes", para alterar "gravemente el modelo de control constitucional de las leyes consagrado" por la Constitución Nacional.
 

21-01-2021 / 09:01
La venta de terrenos e inmuebles públicos es uno de los negocios más redituables para el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires, para Horacio Rodríguez Larreta y para los empresarios privados que se benefician. Los fines especulativos e inmobiliarios terminan siendo prioridad mientras que la emergencia habitacional y social que viven millones en una de las ciudades más ricas del América Latina nunca es atendida.
 
Es el modelo Puerto Madero. Las tierras se venden a privados y a su vez la Ciudad invierte ese dinero en infraestructura para el mismo barrio, favoreciendo a los millonarios compradores. Y para colmo, lo hace a través de sus "amigos" y aportantes de campaña.
 
Así, el Gobierno de Larreta pre adjudicó una obra de casi $1.000 millones a la empresa constructora Bricons SAICFI. El presidente de la entidad es Miguel Ángel Raspagliesi, quien aportó en 2015, a título personal, medio millón de pesos para la campaña de Mauricio Macri y otro medio millón desde la firma El Mistol, una empresa de aceite de oliva que su familia tiene en San Juan.
 
La oferta presentada para la Licitación Pública 719/SIGAF/20 fue de $998.000.869. La resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy en el Boletín Oficial porteño pre adjudica la obra consistente de tareas de remediación, demolición e infraestructura en el Parque de la Innovación a dicha empresa.
 
Las obras se realizarán en el Polígono 1 y 2 de la zona C del predio de 13 hectáreas delimitado por la Avenidas Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, en el barrio Núñez. Es en las tierras de lo fue el predio de Tiro Federal.
 

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