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Nacionales - 12-01-2021 / 09:01
SERÁ UN CESE DE COMERCIALIZACIÓN POR 72 HORAS

La Mesa de Enlace, copada por el macrismo, sigue con su lockout patronal opositor

La Mesa de Enlace, copada por el macrismo, sigue con su lockout patronal opositor
El Gobierno llegó a un acuerdo con actores fundamentales de la cadena del maíz para garantizar el abastecimiento interno a precios razonables sin cortar la exportación, pero la Mesa de Enlace, copada por Juntos por el Cambio, siguió adelante con su lockout político opositor.
La Mesa de Enlace integrada por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria, sin la presencia de Coninagro, ratificó el lockout por 72 horas en la comercialización de granos a pesar de la señal del Gobierno de levantar parcialmente la suspensión las exportaciones de maíz. "Por ahora el paro sigue", afirmó el titular de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, quien atribuyó al gobierno la intención de "bajar el precio interno" de esa materia prima. Achetoni es un dirigente macrista de Mendoza muy ligado al radical Alfredo Cornejo.
 
Por su parte, Juntos por el Cambio se encolumnó con el lockout patronal como la cuarta pata de la Mesa de Enlace. Con la participación de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, entre otros, los dirigentes de la alianza opositora realizaron un encuentro por teleconferencia y apoyaron la medida de fuerza de las entidades ruralistas, pese a que el Gobierno ya levantó la suspensión de las exportaciones de maíz.
 
Se calcula que a pesar del paro ingresaron a los puertos más de 3 mil camiones cargados con granos destinados a la comercialización, unos 2 mil más que a esta altura del mes pasado, aunque por debajo de la marca del mismo período de 2019. Una de las críticas del agro es que el nuevo sistema de cupo de 30 mil toneladas no está para nada claro, de hecho formalmente las exportaciones no tienen ninguna limitación. Es un criterio que se puso de palabra en el comunicado de prensa difundido el domingo por la noche.
 
En la Mesa de Enlace advierten sobre la vuelta de los registros de exportación (ROE) utilizados por el kirchnerismo para controlar los niveles de exportación frente al abastecimiento en el mercado interno. En cambio, desde el gobierno ratifican que se trata de un puente para llegar a marzo, cuando se comienza a vender la próxima cosecha.
 

 
"Lo que necesitamos es la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención que si hoy son 30 toneladas mañana pueden ser 60, 100, lo que quieran", dijo el macrista Jorge Chemes, presidente de CRA, quien fue protagonista del levantamiento contra la resolución 125 en 2008 y, en 2009, se convirtió en diputado nacional por el radicalismo, cargo que ejerció hasta 2013.
 
En tanto, Daniel Pelegrina, titular de la oligárquica Sociedad Rural y también muy identificado con Juntos por el Cambio, indicó que "el anuncio de la medianoche a la prensa, a la misma hora que comenzaba el cese de comercialización, fue muy desprolijo. Con esa medida no va a cambiar la situación".
 
Lo que decidió la cartera que conduce Luis Basterra es suspender la prohibición de la comercialización de maíz y fijar un tope de 30 mil toneladas diarias para la exportación. La cantidad fue establecida tomando en cuenta un nivel algo inferior a los embarques registrados en diciembre. Fue además acordada con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y anunciada a última hora del domingo luego de reuniones con representantes de las corporaciones agropecuarias, que garantizaron el abastecimiento interno para el mercado local.
 
La Opinión Popular
 
 
 
MESA DE ENLACE
 
Pese a la medida del Gobierno, la Mesa de Enlace comenzó el lockout patronal
 
Será un cese de comercialización por 72 horas. Coninagro no adhirió. Ocurre pese a la apertura de las exportaciones de maíz.
 
Tres de las cuatro entidades que componen la llamada Mesa de Enlace comenzaron un lockout patronal a partir de este lunes, en protesta contra el cierre de comercialización del maíz y la política del Gobierno nacional en general. La comercialización de granos quedó paralizada a partir de esta madrugada, a pesar de que el Ministerio de Agricultura confirmó la reapertura de las ventas al exterior.
 
La Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria ratificaron la medida, durante la cual se paralizó la comercialización de granos, desde el primer minuto de este lunes y hasta la medianoche del próximo miércoles. Coninagro, que nuclea a las pequeñas cooperativas del sector, decidió no adherirse y mostrar la fisura en el intento de mostrar un frente opositor al gobierno en el gremialismo agropecuario.
 
"Apelamos a la responsabilidad y solidaridad de los productores para que la medida sea una llamado de atención", indicó la parte de la Comisión de Enlace que convocó a la protesta, la segunda en poco más de un año contra el gobierno nacional. Además destacó la necesidad de difundir "el malestar que existe en el campo producto de una suma de decisiones del Gobierno que se vienen acumulando desde el año pasado y que deterioran el potencial productivo del campo".
 
"Queremos que se visualice que el cierre de exportaciones del maíz y las otras decisiones desfavorables que afectan la producción del campo argentino, también deterioran el futuro del país", advirtieron.
 
 
Reapertura de las exportaciones de maíz
  
La medida del sector empresario se sostiene a pesar de que el gobierno revirtió lo que era, en teoría, la excusa para salir a protestar y finalmente reabrió las exportaciones de maíz por un tope de hasta 30 mil toneladas diarias.
 
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Agricultura, que comanda Luis Basterra, tras "intensas negociaciones" entre el ministro Luis Basterra y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El funcionario se había reunido con los presidentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras; de Maizar, Alberto Morelli; y del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech, con la intención de destrabar el conflicto impulsado por las patronales agropecuarias, muchas de ellas ligadas a la oposición.
 
"Se alcanzaron acuerdos entre los distintos actores de la cadena agroindustrial de esta materia prima y se verifica el compromiso de los oferentes al abastecimiento del mercado con fluidez hasta el empalme con la campaña 20/21", dijo Agricultura. Y señaló que ese compromiso fue "aceptado" por los sectores demandantes de las cadenas productoras de alimentos de consumo.
 
Fuente: El Destape
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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