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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Entre Ríos - 11-01-2021 / 10:01
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL

El covid-19 y la guerra del cerdo

El covid-19 y la guerra del cerdo
Con los números de contagios por las nubes y la conciencia social por el subsuelo, el Gobierno se enfrentó a la necesidad de extremar el distanciamiento social. Los análisis de nexos epidemiológicos de los nuevos casos apuntan a las fiestas clandestinas como principal caldo de contagio, lo que hizo madurar la idea de imponer en el territorio nacional un toque de queda similar al que dispusieron países como Francia, Reino Unido y España.
"Diario de la guerra del cerdo" es una novela de Adolfo Bioy Casares, que cuenta el conflicto de los jóvenes con los viejos. Su protagonista es Isidoro Vidal, un jubilado que un día descubre que los jóvenes han decidido eliminar a los viejos. Bioy Casares retrata a los jóvenes como violentos y descerebrados que realizan sus actos sin pensar qué motivos los guían pero, dentro de la irracionalidad de la situación inserta frases de explicación, como: "En esta guerra los chicos matan por odio contra el viejo que van a ser", "a través de esta guerra (los jóvenes) entendieron de una manera íntima, dolorosa, que todo viejo es el futuro de algún joven. ¡De ellos mismos, tal vez! ... matar a un viejo equivale a suicidarse".

Esto viene al caso al ver las escenas de apiñamiento de jóvenes, y no tan jóvenes, en fiestas clandestinas, en las playas de la costa o en balnearios de las sierras cordobesas, y porque el anuncio del gobierno para reinstalar medidas preventivas, obtiene resistencias. Incluso los intendentes de localidades veraniegas se niegan a imponer restricciones que eviten esos centros masivos de infección. Las imágenes, con tantos jóvenes burlando el aislamiento social y el uso de barbijos, sin preocuparse por la suerte de los adultos, parecen una remake de "la guerra del cerdo".

Es que, entre las consecuencias más alarmantes de la pandemia está la cuestión que los más propensos a contagiarse son los jóvenes, mientras que los que corren más peligro de muerte son los adultos mayores. Ahí hay una inequidad que es habitual en muchas enfermedades, pero en estas circunstancias, con las exigencias sanitarias de aislamiento personal y la resistencia social a cumplirlas, termina por desnudar una considerable desaprensión generacional.
 
¿La población de riesgo ha quedado abandonada a su suerte por la mayoría de la sociedad? Sería una actitud antisocial que se podría explicar por distintas causas: el cansancio, las penurias económicas, el egoísmo, la anomia o falta de percepción de la obligatoriedad de las leyes y la irresponsabilidad. Pero el hecho definitivo, la imagen que quedará plasmada de esta época aciaga, será la de un acto sacrificial reflejado en las frases "la vida es corta y hay que vivirla en libertad" y "que se mueran los que tengan que morir".

Para aumentar la confusión, los sectores más gurkas de la oposición, sin conocer el contenido del decreto que impondría restricciones a raíz del aumento de casos, igual salieron a oponerse y llamaron a la población a no respetarlo. Se rebelaron por las dudas, ya que consideran que cualquier medida "restringe las libertades individuales" y no aportaron el consenso necesario ante una "segunda ola" que se avizora con explosión de casos. Es desobediencia por oportunismo político, fundada en ignorancias y negaciones que nutren sus argumentos.

Frente a ese panorama, de extravío social en fiestas clandestinas y juntadas de adolescentes y jóvenes, desentendidos de cualquier medida de protección y la irresponsabilidad política de la oposición más talibán, el gobierno de Alberto Fernández se encontró en un dilema: necesita imponer restricciones a la movilidad, como se hace en distintas partes del mundo, pero a la vez habían sucedido una serie de acontecimientos -la muerte de Maradona y las movilizaciones al Congreso cuando se trató el aborto- que socavaron la legitimidad de un llamado a que las personas se cuiden. La decisión de transformar el toque de queda en una recomendación y que los gobernadores sean los responsables de instrumentarlo, expresa las dudas de la Casa Rosada sobre la viabilidad de un cierre más categórico. En todo caso, parece ser la más viable de las alternativas disponible.
 
En diálogo con los distintos sectores económicos e intendentes, que ven con preocupación un posible rebrote de contagios en la provincia, el gobierno de Gustavo Bordet dispuso restringir la circulación entre la una y las seis. Será del 9 al 24 de enero. Después de ponerse al hombro la medida, Bordet enfrenta otro desafío: lograr que los intendentes hagan cumplir el toque de queda que eviten nuevas escenas de violaciones masivas a los protocolos, en fiestas clandestinas y amontonamientos de personas. Y que la presencia de las fuerzas de seguridad y los operativos de control logren ordenar la temporada estival hasta que se generalice la vacunación.
 
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El covid y la guerra del cerdo  

Algo está podrido en yanquilandia
 
"Something is rotten in the state of Denmark". La frase aparece en Hamlet, el drama trágico de William Shakespeare en 1601, referido a la política del Estado de Dinamarca y a la actitud de sus políticos. Hoy la frase se usa coloquialmente para decir que algo raro está pasando.
 
La meca de la democracia mundial mostró al mundo que sus estrictos defensores de la libertad y los derechos individuales no se bancan que el niño rico, de rubia cabellera, deje el mando. No era una serie de Netflix ni una película distópica al estilo Mad Max, era una desquiciada turba irrumpiendo en el Capitolio de Estados Unidos con la intención de impedir la certificación del triunfo del presidente electo de ese país, el demócrata Joe Biden.
 
Alentada desde las redes sociales por el extravagante Donald Trump, la multitud provocó escenas de caos que fueron reproducidas en todo el mundo. La asonada fue reprimida con un saldo de cinco muertos y si bien no consiguió evitar que el Congreso consagrara a Biden como presidente electo, sirvió para que buena parte del mundo conociera a algunos de los grupos extremistas ultra conservadores que están ganando espacio en EE.UU.
 
Las imágenes mostraron a un horda militarizada enarbolando emblemas del racismo y de supremacía blanca, como la bandera confederada (la que decoraba el techo del General Lee de los Dukes de Hazard) o la verde de la inexistente república de Kekistán; íconos del anarco capitalismo como la bandera de Gadgsen (amarilla con una serpiente); consignas antisemitas como la sigla 6MWE (6 millones no fueron suficientes) y un lunático disfrazado de búfalo, representante del movimiento QAnon, impulsor de cuanta teoría conspirativa descabellada pueda alguien imaginar.
 
El cuadro podría resultar pintoresco de no ser por el detalle de que semejante grupo era respaldado nada menos que por el Presidente de la mayor potencia económica y militar del mundo, que no demostraba demasiados pruritos en alentar un golpe de estado parlamentario contra las instituciones que él mismo representa.
 
En una decisión que parece bastante razonable, las principales redes sociales censuraron a Trump. El episodio sirvió para poner mayor atención en el necesario debate acerca del enorme poder de las empresas que dominan el universo digital, que en base a regulaciones que ellas mismas definen y de manera unilateral, se dieron el lujo de cerrarle la boca al presidente de Estados Unidos.
 

El covid y la guerra del cerdo
 
El repunte económico depende del éxito de la vacunación
 
El gobierno de Alberto Fernández considera que para que la economía deje de ser una sábana corta tironeada por todos y todas a la vez depende de un solo factor: el éxito del plan de vacunación. Lo repite puertas adentro el corresponsal vaticano Eduardo Valdés: "Hoy, en el mundo, el que tiene la vacuna tiene el poder".
 
Es así de lineal: con más de la mitad de la población inmunizada (con la vacuna que sea) antes del invierno, la economía no puede ir en otra dirección que hacia arriba. Y si la reactivación empieza a sentirse en la calle hacia agosto, octubre no solo le regalará al espacio oficialista una victoria sino también un presagio reeleccionista, aun cuando decida cambiar de líder.
 
Mauricio Macri también lo intuye desde hace tiempo y por eso presionó a Horacio Rodríguez Larreta en septiembre para que atacase políticamente a los Fernández cuando un efecto adverso obligó a extender los estudios de fase 3 de la vacuna de AstraZeneca, la única que se produce en Argentina.
 
El jefe de gobierno porteño se negó, aún iracundo por el quite de coparticipación de ese mismo mes. Los únicos opositores dispuestos a meter las vacunas en la grieta -por ahora- son los macristas que no gobiernan ningún distrito. Como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo.
 
Sin el pinchazo masivo de la vacunación, con la economía real famélica y las arcas exhaustas, el desplome argentino no tiene piso. Y en ese claroscuro, diría Antonio Gramsci, puede nacer cualquier monstruo. O resucitar monstruos recientes.
 

El covid y la guerra del cerdo
 
A dormir temprano
 
El viernes 9 se conocieron las estadísticas del Covid-19. Hasta el día anterior Argentina contabilizaba 1.7 millón de contagiados y más de 44.000 muertos. Eso confirmaba que la pandemia está muy lejos de haber concluido, aún con el dato favorable de que comenzara la vacunación el 29 de diciembre a una parte del personal de salud.
 
Hace semanas que esos números se incrementan en 13.000 contagios diarios y más de 150 muertos. Y como al principio de esta peste mundial, la provincia de Buenos Aires lleva la delantera de casos, relacionado con el número y el aglomeramiento de sus núcleos urbanos. La CABA, cuyas autoridades macristas habían cantado victoria antes de gloria, está entre los de peor performance.
 
Así las cosas era inevitable dar pasos atrás y ajustar medidas de cuidado, que serían pasos adelante. El presidente habló con los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño para adelantarles su idea de imponer un toque de queda, sin darle ese nombre antipático. Prohibiría la circulación de personas entre la medianoche y las 6 de la mañana.
 
Aunque una gran parte de la sociedad ya no lo tema y mucho menos lo respete, el coronavirus sigue haciendo más estragos que nunca en todo el territorio nacional. La irresponsabilidad fue moneda corriente en las celebraciones de Navidad y fin de año y la tan temida segunda ola es una realidad inevitable.
 
El colapso que atraviesan los sistemas sanitarios de los países más desarrollados de Europa pareciera no ser ejemplo suficiente para desalentar la imperiosa tendencia a la festiva aglomeración que domina a buena parte de los jóvenes y los no tan jóvenes, especialmente cuando las vacaciones los liberan de sus responsabilidades habituales.
 
Con los números de contagios por las nubes y la conciencia social por el subsuelo, el Gobierno se enfrentó a la necesidad de extremar el distanciamiento social. Los análisis de nexos epidemiológicos de los nuevos casos apuntan a las fiestas clandestinas como principal caldo de contagio, lo que hizo madurar la idea de imponer en el territorio nacional un toque de queda similar al que dispusieron países como Francia, Reino Unido y España.
 
Desde el Gobierno nacional se comenzó entonces a barajar la posibilidad de restringir la circulación de personas y la realización de actividades durante la noche. El presidente buscó consenso de los gobernadores para impulsar una medida que sabía iba a generar no solo descontento social sino un impacto económico negativo considerable en sectores como la gastronomía, bares y el turismo.
 
El consenso no llegó, pero sí estableció dos parámetros que deberán usar las provincias para evaluar el riesgo de contagio. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, fue la encargada de explicar los dos parámetros de riesgo que deberán atender las administraciones provinciales: razón e incidencia.
 
El criterio denominado razón se activa cuando los casos aumentan un 20% desde un período de 14 días hasta el siguiente lapso de la misma extensión, el segundo criterio denominado incidencia se cumple cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días sea superior a 150 por cada 100 mil habitantes.
 

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Incremento de casos en Entre Ríos
 
En Entre Ríos se registraron este sábado 706 nuevos casos de coronavirus; y como consecuencia el acumulado es de 34.930 personas con resultados positivos para Covid-19. Los cuatro Departamentos con mayores casos de Covid-19 registrados son Concordia (192), Paraná (123), Uruguay (78) y Gualeguaychú (72).
 
Con el incremento de casos que viene mostrando en los últimos meses, Entre Ríos cumple actualmente con creces el criterio de razón (en las últimas dos semanas la cantidad de casos más que duplicó a los confirmados en los 14 días anteriores) y el de incidencia. En poco tiempo pasó a cumplir ambos.
 
A escala provincial, el gobierno trabaja con cada municipio de manera conjunta a efectos de analizar la situación de cada uno de ellos y determinar si resulta necesario adoptar alguna restricción. Municipios que vienen registrando un franco aumento de casos, como Concordia, ya determinaron restricciones nocturnas bastante duras. En otros se adoptó una hora el cierre de las actividades nocturnas, medida similar a la que adoptó Paraná, mientras que municipios como Federación, optaron por no tomar medidas.
 
Desde el ministerio de Salud reconocen que la cantidad de contagios seguirá en aumento en la provincia, pero valoran que la curva de contagios se haya podido mantener controlada hasta prácticamente el comienzo del verano porque eso dará la posibilidad de enfrentar su pico de contagios en la época del año en que su sistema de salud está menos demandado por otras patologías.
 
En paralelo avanza el operativo de vacunación. El jueves llegó la segunda tanda de vacunas y se está intensificando la aplicación en todos los grupos de riesgo y el personal de salud de la provincia. Hasta ahora ninguno de los inoculados habría presentado efectos adversos de ningún tipo.
 
Esta fuerte estrategia de ataque al virus se complementa con el trabajo en la economía que llevó a ser una de las provincias con incremento en su recaudación propia y a cerrar el año con sectores funcionando a pleno como el comercio, la ganadería, la industria y el turismo interno.
 
En  marzo comienza el ciclo lectivo 2021. Pero nadie se atreve a asegurar que la modalidad presencial esté disponible, una demanda sobre la que la sociedad volverá a ejercer presión en poco más de un mes, justo cuando se espera la espiral de casos. En AGMER hay cautela. La posición rígida y pública del gremio de oponerse al regreso a las aulas que se impuso el año pasado ya no sería la misma.
 
El discurso oficial se alinea con el que llega desde Nación. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo esta semana que habrá presencialidad. Es un giro respecto de la postura de meses atrás. Sin escuelas bajo su órbita, el Gobierno nacional entendió que este sensible tema también es mejor transferírselo a los gobernadores.
 

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Con pocos meses para mejorar
 
El Gobierno provincial sólo tiene el primer semestre para trabajar en una mejora de la gestión, adecuada para plebiscitarse en los comicios de octubre, siempre y cuando no haya PASO en agosto. En virtud de los problemas a encarar, y para brindar una respuesta que satisfaga a los entrerrianos que votarán, no tiene mucho margen de acción ni de tiempo para mejorar el cuadro de situación.
 
El combo es grande. Debe intentar reducir los niveles de pobreza (más del 40% en la provincia) y de indigencia (que bordea el 8%), enfrentar las negociaciones paritarias con los estatales y docentes y salir airoso de las discusiones salariales (la familia docente y estatal es grande, y vota, más allá de que alguna dirigencia gremial pueda mostrar simpatía por el gobierno peronista).
 
También debe preocuparse por mejorar la calidad institucional, porque si bien no es un bien de primera necesidad en la lista de las urgencias ciudadanas, existe una franja social atenta y que objeta el usufructo indebido de las instituciones por parte quienes las conducen. No es un aspecto que vaya a saciar los estómagos, pero calma los espíritus de quienes se preocupan, sobre todo, por el buen funcionamiento de los organismos republicanos.
 
Porque la oposición ha hecho de esta materia una bandera de lucha, y el tiempo electoral le añadirá un condimento especial a la forma en la que se actúe. Algunos partidos han trabajado agrandando políticamente esta demanda ciudadana.
 
Pero hay mucho más todavía. El peronismo, además, debe apostar a la obra pública como generadora de mano de obra -para mitigar el desempleo creciente- y para sostener la reactivación de la economía. La relación de Bordet con el Presidente facilita la apertura de la puerta para obtener recursos nacionales.
 
Y no acaba allí el listado de cuestiones que tendrá que atender, y no sólo por la gobernabilidad o por una expresión favorable de las urnas. También está la salud de los entrerrianos, lo que tiene que ver con la pelea contra la pandemia y el tema de la vacunación, y si finalmente termina siendo exitosa o no. Por este aspecto sanitario será evaluado hasta el Gobierno nacional.
 
Como quien dice, nada sencillito de encarar para el oficialismo si es que aspira, desde la gestión, a obtener una respuesta beneficiosa en las urnas.
 
Vaya un detalle: todo aspecto positivo tendría que repercutir en el primer semestre, después de julio será políticamente más complicado. El listado expone la dimensión de las dificultades que tendrá el Gobierno este año electoral por la cantidad de variables a manejar; todo un desafío. Eso sin tener en cuenta la pelea por las candidaturas.
 
Todo al margen, además, de los imponderables políticos que pueden ser determinantes: los propios de la provincia que hacen a la gobernabilidad o los derivados de los coletazos de la acciones del poder central.
 

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Bordet se apoyará en Alberto para fortalecer la campaña
 
Así, Bordet irá delineando lo que será, políticamente, este 2021 electoral. El gobernador aspira a convertir a Entre Ríos en uno de los epicentros electorales de la campaña proselitista del Frente de Todos. Y arrancó en Gualeguaychú con la visita virtual de quien tiene afinidad y contacto: Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación.
 
Alberto Fernández le habría prometido al gobernador visitar Entre Ríos apenas el operativo de vacunación masivo y las restricciones por el incremento de los contagios le permitan. El presidente de la Nación tendría previsto volver al territorio entrerriano en el primer trimestre de este año. 
 
Antes, es probable que llegue su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien el jefe del Ejecutivo provincial tiene diálogos telefónicos periódicos. El objetivo de Bordet es que en el primer semestre, parte del gabinete llegue a Entre Ríos, ya sea por la Casa Gris o por la capital alterna elegida en la Provincia: Concordia. 
 
En un año electoral, el peor escenario que se plantea cualquier gobernador es recibir recursos de acuerdo con lo presupuestado, mientras varios de ellos apuestan a ser los beneficiarios de las transferencias discrecionales, esas que se reparten de acuerdo con la cara del cliente. No es un dato menor en un año electoral. Bordet se incluiría en el listado.
 
El Gobernador intentará nacionalizar la elección de medio término. Esa estrategia tiene múltiples lecturas. Con esa idea, podrá aspirar a lograr un resultado mejor en las urnas, si al Gobierno nacional le va bien con el operativo de vacunación. Se subirá así al Sputnik V o a cualquier vacuna que sea distribuida en el territorio nacional.
 
Bordet ha dejado de hablar de la suspensión de las PASO. Casi resignado, sugiere que no es un tema que hoy esté en la agenda de los gobernadores. Tampoco sacar a colación la conformación de las nóminas de postulantes a las bancas que se renovarán en Diputados. Todo eso está en proceso de negociación.
 
El test electoral, en ese aspecto, se enmarcará en un plebiscito integral, más que focalizarlo en los casi seis años de administración que cumplirá, precisamente, con la convocatoria a las urnas. En cierta medida, la centralidad de las acciones gubernamentales en la crisis sanitaria, ha sacado de foco a otras cuestiones.
 
Pero la nacionalización, a su vez, le permitirá lograr otros objetivos. Por ejemplo, captar la mayor cantidad de obra pública posible, con financiamiento federal o internacional, para mostrar una diferente cara de gestión.
 
En esa orientación, el gobernador habría reunido a su equipo de Obras Públicas para que aceleren la presentación de los proyectos ejecutivos. Esa faceta de la gestión es estructural en la campaña que el oficialismo provincial pretende montar con vistas a las elecciones de medio turno, de octubre próximo.
 
Todo sin descuidar los eventuales cruces de poder, naturales en esta tierra, con los aliados partidarios (para mantener la tropa propia unida en base a planes de trabajos públicos) o con los opositores. Lo que sí, se trazará una línea divisoria con el macrismo más gurka, como round inicial de la contienda electoral que se viene en el país.
 
El escenario económico y político tienen un punto de encuentro: la inflación. El gasto electoral puede llegar a incrementarse exponencialmente por efecto de la actualización de precios, en una provincia que ha cerrado 2020 con déficit. El margen para gastar es poco.
 
Además, esa misma inflación pondría a Bordet entre la espada y la pared: aplicar una política de ahorro forzoso o atender las demandas de aumentos salariales de los gremios estatales y docentes. Marzo marcará el rumbo de la política que se viene.
 
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MENSAJE DE BORDET HACIA LOS JÓVENES. “A las y los jóvenes les pido: enfrentemos la pandemia con empatía. Frenemos los contagios. De nuestras acciones cotidianas depende la salud de mucha gente, entre ellos nuestros padres y abuelos. No somos invulnerables al virus”, expresó el gobernador Gustavo Bordet a través de sus redes sociales.
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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