La Opinión Popular
                  21:35  |  Viernes 12 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 10-01-2021 / 08:01
UN DESASTRE TRAS OTRO PARA EL LAWFARE Y LAS ACUSACIONES MEDIÁTICAS

Las causas contra Cristina van camino al naufragio

Las causas contra Cristina van camino al naufragio
Uno por uno, los procesos contra Cristina y miembros de su gobierno se siguen desarmando ante testimonios y peritajes concluyentes. Lo único que los mantiene en pie es la persistencia de la coalición política, mediática y judicial que maneja las causas, por inconsistentes que sean, y el sistema de comunicación.
Muy lejos de la alharaca de la campaña mediática, este 2021 parece enfilarse otra vez hacia un naufragio sistemático de las causas contra Cristina Fernández y parte de los integrantes de su gobierno.
 
En el juicio crucial sobre la obra pública en Santa Cruz desfilaron los testigos de la fiscalía que, uno por uno, terminaron favoreciendo más a la defensa que a la acusación. Pero ahora vienen los testigos de las defensas, incluyendo a todos los jefes de Gabinete de los gobiernos K, empezando por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y le seguirán Sergio Massa, Aníbal Fernández y otros. Todo indica que no habrá fallo en 2021 porque faltan 100 testigos, algunos que se llevarán una jornada completa.
 
En situación de mayor naufragio aún está la causa de dólar-futuro, que podría caerse rápidamente: una pericia firmada de manera unánime derrumbó la acusación y ahora Casación debe resolver si hay juicio o no. Es posible que no haya juicio.
 
También el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán está diluyéndose: se espera una respuesta de Interpol y, aunque podría empezar el juicio, no terminará en el año que se inició.
 
Es el mismo cuadro de situación que existe en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos: tras un vergonzoso fallo de Casación, habrá que dedicar todo este año a la instrucción suplementaria.
 
Y, sorpresivamente, se viene el estruendoso hundimiento de otra causa que estuvo en la tapa de los diarios opositores: el plan Qunitas. Una pericia aplastó la acusación.
 

 
Obra pública
 
El juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación. En este año y siete meses, desmantelaron las imputaciones principales:
 
*Que se pagaron obras que no se hicieron. La discrepancia, según los testigos, fue de menos del 0,1 por ciento.
 
*Que Lázaro Báez patoteó a las otras empresas constructoras y las compró. Pasaron uno por uno los dueños de las compañías y dijeron todo lo contrario: sus empresas estaban en crisis, las negociaciones fueron normales y Báez demoró un poco en los pagos, pero cumplió.
 
*Que había atrasos en las obras de Báez. Se demostró que eran los atrasos parecidos a los de todo el país y de todas las empresas.
 
*Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Todas las obras se votaron en el Congreso Nacional y los presupuestos fueron armados por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes.
 
*Que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones, algo que no era inusual en otros distritos, donde empresas locales tienen la maquinaria y el personal en la zona y eso les permite ofertar más bajo que otros competidores. Aún mayor lógica tiene en Santa Cruz porque a pocas constructoras les tienta desplazar su maquinaria y personal a 1.800 kilómetros.
 
"Ni en nuestros sueños más optimistas esperábamos que casi toda la acusación se cayera con los propios testigos de la fiscalía", aseguran los defensores de los imputados. Pero al mismo tiempo recuerdan que en este 2021 se vienen los testigos de las defensas.
 
Un momento cumbre lo tendrán los ex jefes de Gabinete, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. También declararán Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. El punto es que todos ellos conocen bien los mecanismos de cómo se decide la obra pública, cómo se hacen los presupuestos y, sobre todo, como se reasignan partidas.
 
Todo indica que esos testigos terminarán con la acusación contra CFK porque el rol de un presidente es reducido: hay 26 instancias que le ponen la firma a licitaciones, precios y reasignaciones. Hasta el momento, a Cristina prácticamente no la nombraron en el juicio. Su abogado, Carlos Alberto Beraldi, prácticamente no tuvo que intervenir para responder a nada.
 
 
Choque
  
El desplome de las acusaciones es tan fuerte, que aparecen maniobras insólitas. El 3 de enero pasado, el diario Clarín publicó que hubo un escándalo por la declaración del auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, en la última audiencia, el 14 de diciembre.
 
O sea, con medio mes de atraso, filtraron que los fiscales cuestionaron a Pastor Romero porque leyó parte de su testimonio. En verdad, falsearon lo ocurrido. Este diario visualizó las seis horas de la audiencia y lo que ocurrió es que el especialista hizo un cálculo, obra por obra, de los costos y destrozó la hipótesis de los sobreprecios. Los defensores de los imputados incluso pidieron que los papeles que tenía Pastor Romero se incorporaran a la causa, cosa que los jueces aceptaron.
 
El ingeniero estableció que el promedio del costo por kilómetro de las rutas construidas en Santa Cruz fue de 550.000 dólares, el mismo que en el resto del país. Cuatro obras de la Ruta Nacional Paraná-Coronda costaron también 554.000 por kilómetro, pero que hubo tramos de la Ruta Nacional 40 en Mendoza que costaron 1.600.000 dólares porque tenían mayores dificultades. Pero, además, Pastor Romero contó y calculó que durante el macrismo hubo tramos que se construyeron a 1.600.000 dólares el kilómetro, pero con la financiación privada del sistema conocido como Participación Pública Privada terminarían costando 5.500.000 dólares.
 
A diferencia de lo señalado por Clarín, el auditor siguió su declaración hasta el final, consultó sus cálculos y los mismos se entregaron después para ser incorporados como documentos del juicio. No hubo nada ni oculto ni oscuro.
 
 
Dólar futuro
  
Como se sabe, la imputación es contra CFK, su ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros exfuncionarios. La causa quedó en la nada a raíz de la pericia, realizada por peritos de la Corte Suprema, en la que se determinó que no hubo perjuicio para el estado, se mantuvieron las reservas, hubo pérdidas para el Banco Central pero se evitó una corrida cambiaria, que ningún funcionario se benefició -en verdad ganaron plata los que después fueron ministros de Mauricio Macri-, y que la operatoria era habitual en la Argentina desde hacía diez años y que también es habitual en otros países.
 
El caso quedó tan liquidado que se hizo una presentación para que todos los imputados fueran sobreseídos y se diera por cerrado el caso. El planteo perdió dos a uno -votó en disidencia el juez Adrián Grünberg- y ahora debe tomar la decisión la Sala I de la Cámara de Casación.
 
Los rumores indican que en esa instancia se podría terminar el caso porque hay pocos interesados en que el juicio se haga: ni siquiera los querellantes, dirigentes del PRO, insisten hoy en la acusación. La Sala I, con la disidencia de Ana María Figueroa, viene de convalidar de manera grotesca a los arrepentidos del caso de las fotocopias de los cuadernos, de manera que podrían inclinarse por una de cal, una de arena.
 
Como es obvio, nada es seguro en Comodoro Py, pero parece imposible que haya condenas en este expediente.
 
 
Memorándum
  
Es otra causa que está quedando en la nada. Como se sabe, la acusación es que CFK, el fallecido canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y dirigentes firmaron el acuerdo con Irán y que eso benefició a los sospechosos iraníes de haber atentado contra la AMIA. El punto central es que contra esos cinco individuos se dictaron órdenes de captura con alertas rojas de Interpol y la imputación consiste en que con el Memorándum se levantaban las capturas con alertas rojas. Nada de eso ocurrió y, de hecho, las alertas rigen hasta hoy.
 
Los dos testigos claves, Ronald Noble y Joel Sollier, titular de Interpol y responsable legal, ya han dicho públicamente que la acusación, originalmente formulada por Alberto Nisman, es falsa y que nunca los funcionarios argentinos hicieron gestiones para levantar las alertas. Con su declaración antes del juicio o durante el juicio, la acusación se caería. Entonces. para evitar que testimonien se lanzó la descabellada acusación de que fueron cómplices del kirchnerismo. Por supuesto, el fallecido juez Claudio Bonadio le dio curso.
 
En ese marco, Interpol está reticente a que sus exfuncionarios declaren y la central mundial de policías tendrá que contestar en forma oficial al requerimiento.
 
Mientras tanto, es posible que se cite a una audiencia para preparar el juicio. Un dato exhibe el delirio de la acusación: las defensas pidieron que declaren todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum -unos 160 legisladores-, porque la hipótesis de la imputación implica que de alguna manera avalaron el supuesto delito que se cometió. Pocos creen que se llegará a semejante instancia.
 
 
Cuadernos
  
El reciente fallo de la Casación convalidando los arrepentidos pese a que no se registraron sus declaraciones y a que la ley es posterior a los hechos abre las puertas a la realización del juicio por las fotocopias de los cuadernos.
 
La lógica indica que los miembros del Tribunal Oral Federal 7, que incluye al juez que Cambiemos colocó a dedo, Germán Castelli, convocarán a una audiencia con las partes para que ofrezcan prueba. Lo más probable es que la realización de esas medidas tarde lo que resta del año. Es decir, que no habrá juicio en 2021.
 
Por supuesto, nada se avanzó en determinar cómo fue que los cuadernos que el chofer Oscar Centeno dijo que quemó aparecieron después intactos. Tampoco se explica por qué Centeno no está acusado -y preso- por falso testimonio agravado ya que mintió en su declaración como arrepentido.
 
 
Plan Qunitas
 
Otro de los casos que podría llegar a juicio es el expediente del Plan Qunitas, que mereció decenas de tapas en los diarios. Los imputados, tras una denuncia de Graciela Ocaña, son Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Ernesto Kreplak -éstos dos últimos, ministro y viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires- entre otros. La denuncia se hizo en junio de 2015, es decir que en este 2021 cumplirá seis años. Como se recordará se trata de kits para madres de recién nacidos y el objetivo era reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables.
 
El Tribunal Oral Federal 1 tiene en su poder una pericia que demuele la acusación. Ocaña presentó un kit, con sus precios, lo que según ella demostraba la existencia de sobreprecios. La pericia evidenció, sin embargo, que al kit presentado por Ocaña le faltaban elementos y que no contemplaba la logística, es decir la distribución y el almacenamiento. Valuado todo lo faltante, la pericia indicó que no se encontraron sobreprecios. Ya antes el TOF 1 ordenó que se distribuyeran los kits lo que también terminó con la acusación de que eran nocivos. El kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
 
Con la pericia de por medio, parece difícil que existan condenas si el juicio empieza y se termina en 2021.
 
 
Hotesur y Los Sauces
  
Aunque no habrá definiciones en los juicios contra CFK en este 2021, el desarrollo de dos juicios impacta en causas de la expresidenta. Están pendientes los expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces, relacionados con alquileres de los Kirchner. Pero la acusación consiste en que hubo maniobras en la obra pública y se benefició a Lázaro Báez y a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, en relación con su petrolera. Supuestamente, a cambio de beneficios ilegales, éstos le alquilaron propiedades a los Kirchner. Por esa razón, las causas Hotesur y Los Sauces son por lavado de dinero y -según la acusación- los delitos precedentes eran la obra pública en Santa Cruz y los beneficios a Oil.
 
La cuestión es que los dos juicios, sobre obra pública en Santa Cruz y el de Oil Combustibles están en desarrollo y en ambos casos no aparecen las pruebas de las irregularidades. En el de Oil Combustibles hay una pericia que indica que el grupo estaba al día en planes de pago de la AFIP y que esos planes fueron otorgados a muchisimas otras empresas. Al mismo tiempo está saltando a la luz la trama de la persecución política armada dentro del ente recaudatorio.
 
Si en esos dos juicios -obra pública y Oil- no hay condenas, quedan averiadas las causas Hotesur y Los Sauces. Más allá de que está probado que los alquileres se pagaron a valores de mercado, se facturaron, los contratos estaban declarados ante la AFIP y todo se hizo de manera bancarizada.
 
 
2021
  
Como se ve, parece imposible que haya alguna condena contra CFK en este 2021, aunque con el aparato político-judicial-mediático de Comodoro Py nunca se sabe. Pueden aparecer los que se quejen de la lentitud, pero la realidad es que la lentitud está dada por las dificultades que plantean acusaciones en su mayoría vacías, sin pruebas, o, mejor dicho, con pruebas en contrario.
 
La oposición necesita ruido para compensar su ostensible desventaja electoral y, como hasta ahora, contará con más ruido mediático que otra cosa.
 
En lo que rige la lentitud, la parsimonia, y la voluntad política de no avanzar es en las causas contra el macrismo: el negociado de los peajes, de los parques eólicos y la venta de Macri Air, por ejemplo. La causa Correo es un emblema: lleva 18 años.
 
Pero lo que exhibe las maniobras en todo su esplendor es la protección a Carlos Stornelli. Con procesamiento confirmado sigue en su puesto de fiscal, amparado por el aparato judicial alineado con el macrismo.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

09-12-2025 / 08:12
La compra de los 24 aviones F-16 daneses, que entregarán 6 por año, expone el negociado millonario de Javier Milei con los aviones chatarra que no cambian la correlación estratégica ante un eventual conflicto en el Atlántico Sur. Los F-16 son antiguos e inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto. El avión elegido carece de misiles modernos de largo alcance, capacidades SEAD/DEAD, apoyo AWACS y autonomía suficiente para operar a grandes distancias. Y la infraestructura de mantenimiento de la Fuerza Aérea está por debajo de los estándares necesarios. La OTAN jamás lo permitiría.
 
Estados Unidos y el Reino Unido -ambos miembros de la OTAN- mantienen restricciones tecnológicas que limitan cualquier avance argentino en términos de disuasión real. Seguimos igual de indefensos que antes, a pesar de la celebración marketinera del Gobierno libertario. Las críticas a la compra de los aviones F-16 por parte de Argentina son variadas y provienen de diferentes sectores, abarcando aspectos económicos, militares y geopolíticos. Un resumen de los principales puntos de crítica:
 
Alto Costo de Operación: la hora de vuelo de un F-16 es muy cara (rondan entre los $10.000 y $20.000 dólares). En un contexto de ajuste fiscal, esto generaría dudas sobre si el país tendrá los fondos necesarios para mantener los aviones operativos y entrenar adecuadamente a los pilotos.

Prioridades de Gasto: Hay críticas sobre destinar una suma importante del presupuesto de defensa (alrededor de $650 millones de dólares para el paquete completo contra un euro que pagó Rumania) a aviones, en lugar de utilizar esos recursos en áreas con mayores necesidades sociales o productivas. Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones obsoletos y equipos en mal estado.

Inversión en Infraestructura: Además del costo de compra y operación, se requiere una inversión adicional significativa para actualizar y readecuar las bases aéreas, pistas, talleres y sistemas logísticos para poder soportar la operación de estas aeronaves.

Aviones Usados y Desfase Tecnológico: Aunque modernizados, los aviones son de segunda mano (Europa los está reemplazando por F-35 de quinta generación) y tienen 40 años de antigüedad. Esto no representa la "última tecnología" y Argentina queda rezagada frente a los avances en aviación de combate, cuando los drones y los sistemas no tripulados están redefiniendo el combate aéreo.

Insuficiente para la Extensión Territorial: Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Una flota de 24 aviones no es suficiente para cubrir eficazmente todo el territorio nacional y su espacio aéreo.
 
Limitaciones Logísticas y Técnicas: el F-16 tiene un sistema de reabastecimiento en vuelo por pértiga rígida, lo cual es un problema, ya que la Fuerza Aérea Argentina utiliza un sistema de cesta y manguera, lo que obligaría a readecuar la flota de tanqueros o a depender exclusivamente del sistema rígido.
 
La compra de armamento estadounidense fomenta un claro alineamiento cipayo con Estados Unidos y la OTAN. Esto limita la soberanía en política exterior y que todo el control logístico, mantenimiento y la provisión de repuestos queden sujetos al visto bueno de los EEUU (y a las restricciones impuestas por el Reino Unido), como ha ocurrido históricamente con otras ventas militares. La elección del F-16 priorizó el alineamiento internacional por sobre otras opciones, como los aviones chinos JF-17 (más modernos y que incluían armamento), los cuales fueron objetados por Gran Bretaña.
 
La Opinión Popular


08-12-2025 / 08:12
Al anular las convocatorias a proyectos de investigación que ya estaban adjudicadas (de 2022) y cerrar definitivamente las siguientes, la Agencia I+D+i, el organismo encargado del financiamiento científico, terminó de cerrar el círculo de destrucción del conocimiento levantado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. El año que viene, Argentina será el único país de América latina que no invierte un peso en ciencia.
 
Cuando una situación atroz se presenta en reiteradas ocasiones, cada vez tiende a generar un menor impacto. Desde que Milei asumió la Presidencia de la Nación en diciembre de 2023, la comunidad científica advirtió -más de una vez- la desidia a la que se enfrentaba el sector. Organizaron marchas, manifestaciones, feria de investigadores y alzaron la voz en cada oportunidad en la que el Poder Ejecutivo daba otro paso en pos de desmantelar la ciencia del país.
 
Ahora, la Agencia I+D+i, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, anuló las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022 - que ya estaban adjudicados- y cerró definitivamente la convocatoria 2023. Es decir, el próximo año, Argentina será el único país de América Latina que no invierte en ciencia, según explicaron desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).
 
"El jueves 4 de diciembre de 2025 quedará tristemente en la historia como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico de la Argentina", anunciaron desde la organización que agrupa a más de 400 directivos de organismos científicos-tecnológicos con el objetivo de articular medidas para frenar lo que ellos denominan como un "cientificidio". El próximo miércoles, la comunidad científica se concentrará en el Polo Científico de Palermo para rechazar y denunciar los nuevos recortes.
 
La Agencia I+D+i, desde que se creó en 1996, financió las actividades del sistema con convocatorias para que los investigadores reciban fondos para llevar adelante sus investigaciones. Anteriormente dependía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde 2023, el Ministerio desapareció y la agencia pasó a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la órbita de Darío Genua.
 
El cambio de gestión trajo consigo el desmantelamiento de la Agencia I+D+i, según cuentan desde Raicyt. La principal herramienta del organismo era la financiación de los Proyectos de Investigación Científico/Tecnológicos (PICTs). Cada año se convocaban a los PICTs y se financiaban aproximadamente 1500 proyectos. Desde la asunción del gobierno de Milei esta línea de financiamiento desapareció.
 
Para los PICTs, las diferentes entidades científicas debían presentar sus proyectos -que abarcaban todas las áreas del conocimiento-, para luego ser evaluados por la Agencia I+D+i que, en caso de aprobarlos, los ejecutaría aproximadamente dos años después. En 2024, aquellos proyectos aprobados por el Directorio de la agencia en el 2022 no se ejecutaron, cuando ya había cerca de 800 adjudicados.
 
La convocatoria del 2023 -a ejecutarse en 2025- fue prorrogada en 7 ocasiones y ahora, con el anuncio del 4 de diciembre, definitivamente desapareció del mapa. En 2024 y 2025 no hubo nuevas convocatorias.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar