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Nacionales - 10-01-2021 / 08:01
UN DESASTRE TRAS OTRO PARA EL LAWFARE Y LAS ACUSACIONES MEDIÁTICAS

Las causas contra Cristina van camino al naufragio

Las causas contra Cristina van camino al naufragio
Uno por uno, los procesos contra Cristina y miembros de su gobierno se siguen desarmando ante testimonios y peritajes concluyentes. Lo único que los mantiene en pie es la persistencia de la coalición política, mediática y judicial que maneja las causas, por inconsistentes que sean, y el sistema de comunicación.
Muy lejos de la alharaca de la campaña mediática, este 2021 parece enfilarse otra vez hacia un naufragio sistemático de las causas contra Cristina Fernández y parte de los integrantes de su gobierno.
 
En el juicio crucial sobre la obra pública en Santa Cruz desfilaron los testigos de la fiscalía que, uno por uno, terminaron favoreciendo más a la defensa que a la acusación. Pero ahora vienen los testigos de las defensas, incluyendo a todos los jefes de Gabinete de los gobiernos K, empezando por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y le seguirán Sergio Massa, Aníbal Fernández y otros. Todo indica que no habrá fallo en 2021 porque faltan 100 testigos, algunos que se llevarán una jornada completa.
 
En situación de mayor naufragio aún está la causa de dólar-futuro, que podría caerse rápidamente: una pericia firmada de manera unánime derrumbó la acusación y ahora Casación debe resolver si hay juicio o no. Es posible que no haya juicio.
 
También el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán está diluyéndose: se espera una respuesta de Interpol y, aunque podría empezar el juicio, no terminará en el año que se inició.
 
Es el mismo cuadro de situación que existe en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos: tras un vergonzoso fallo de Casación, habrá que dedicar todo este año a la instrucción suplementaria.
 
Y, sorpresivamente, se viene el estruendoso hundimiento de otra causa que estuvo en la tapa de los diarios opositores: el plan Qunitas. Una pericia aplastó la acusación.
 

 
Obra pública
 
El juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación. En este año y siete meses, desmantelaron las imputaciones principales:
 
*Que se pagaron obras que no se hicieron. La discrepancia, según los testigos, fue de menos del 0,1 por ciento.
 
*Que Lázaro Báez patoteó a las otras empresas constructoras y las compró. Pasaron uno por uno los dueños de las compañías y dijeron todo lo contrario: sus empresas estaban en crisis, las negociaciones fueron normales y Báez demoró un poco en los pagos, pero cumplió.
 
*Que había atrasos en las obras de Báez. Se demostró que eran los atrasos parecidos a los de todo el país y de todas las empresas.
 
*Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Todas las obras se votaron en el Congreso Nacional y los presupuestos fueron armados por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes.
 
*Que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones, algo que no era inusual en otros distritos, donde empresas locales tienen la maquinaria y el personal en la zona y eso les permite ofertar más bajo que otros competidores. Aún mayor lógica tiene en Santa Cruz porque a pocas constructoras les tienta desplazar su maquinaria y personal a 1.800 kilómetros.
 
"Ni en nuestros sueños más optimistas esperábamos que casi toda la acusación se cayera con los propios testigos de la fiscalía", aseguran los defensores de los imputados. Pero al mismo tiempo recuerdan que en este 2021 se vienen los testigos de las defensas.
 
Un momento cumbre lo tendrán los ex jefes de Gabinete, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. También declararán Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. El punto es que todos ellos conocen bien los mecanismos de cómo se decide la obra pública, cómo se hacen los presupuestos y, sobre todo, como se reasignan partidas.
 
Todo indica que esos testigos terminarán con la acusación contra CFK porque el rol de un presidente es reducido: hay 26 instancias que le ponen la firma a licitaciones, precios y reasignaciones. Hasta el momento, a Cristina prácticamente no la nombraron en el juicio. Su abogado, Carlos Alberto Beraldi, prácticamente no tuvo que intervenir para responder a nada.
 
 
Choque
  
El desplome de las acusaciones es tan fuerte, que aparecen maniobras insólitas. El 3 de enero pasado, el diario Clarín publicó que hubo un escándalo por la declaración del auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, en la última audiencia, el 14 de diciembre.
 
O sea, con medio mes de atraso, filtraron que los fiscales cuestionaron a Pastor Romero porque leyó parte de su testimonio. En verdad, falsearon lo ocurrido. Este diario visualizó las seis horas de la audiencia y lo que ocurrió es que el especialista hizo un cálculo, obra por obra, de los costos y destrozó la hipótesis de los sobreprecios. Los defensores de los imputados incluso pidieron que los papeles que tenía Pastor Romero se incorporaran a la causa, cosa que los jueces aceptaron.
 
El ingeniero estableció que el promedio del costo por kilómetro de las rutas construidas en Santa Cruz fue de 550.000 dólares, el mismo que en el resto del país. Cuatro obras de la Ruta Nacional Paraná-Coronda costaron también 554.000 por kilómetro, pero que hubo tramos de la Ruta Nacional 40 en Mendoza que costaron 1.600.000 dólares porque tenían mayores dificultades. Pero, además, Pastor Romero contó y calculó que durante el macrismo hubo tramos que se construyeron a 1.600.000 dólares el kilómetro, pero con la financiación privada del sistema conocido como Participación Pública Privada terminarían costando 5.500.000 dólares.
 
A diferencia de lo señalado por Clarín, el auditor siguió su declaración hasta el final, consultó sus cálculos y los mismos se entregaron después para ser incorporados como documentos del juicio. No hubo nada ni oculto ni oscuro.
 
 
Dólar futuro
  
Como se sabe, la imputación es contra CFK, su ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros exfuncionarios. La causa quedó en la nada a raíz de la pericia, realizada por peritos de la Corte Suprema, en la que se determinó que no hubo perjuicio para el estado, se mantuvieron las reservas, hubo pérdidas para el Banco Central pero se evitó una corrida cambiaria, que ningún funcionario se benefició -en verdad ganaron plata los que después fueron ministros de Mauricio Macri-, y que la operatoria era habitual en la Argentina desde hacía diez años y que también es habitual en otros países.
 
El caso quedó tan liquidado que se hizo una presentación para que todos los imputados fueran sobreseídos y se diera por cerrado el caso. El planteo perdió dos a uno -votó en disidencia el juez Adrián Grünberg- y ahora debe tomar la decisión la Sala I de la Cámara de Casación.
 
Los rumores indican que en esa instancia se podría terminar el caso porque hay pocos interesados en que el juicio se haga: ni siquiera los querellantes, dirigentes del PRO, insisten hoy en la acusación. La Sala I, con la disidencia de Ana María Figueroa, viene de convalidar de manera grotesca a los arrepentidos del caso de las fotocopias de los cuadernos, de manera que podrían inclinarse por una de cal, una de arena.
 
Como es obvio, nada es seguro en Comodoro Py, pero parece imposible que haya condenas en este expediente.
 
 
Memorándum
  
Es otra causa que está quedando en la nada. Como se sabe, la acusación es que CFK, el fallecido canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y dirigentes firmaron el acuerdo con Irán y que eso benefició a los sospechosos iraníes de haber atentado contra la AMIA. El punto central es que contra esos cinco individuos se dictaron órdenes de captura con alertas rojas de Interpol y la imputación consiste en que con el Memorándum se levantaban las capturas con alertas rojas. Nada de eso ocurrió y, de hecho, las alertas rigen hasta hoy.
 
Los dos testigos claves, Ronald Noble y Joel Sollier, titular de Interpol y responsable legal, ya han dicho públicamente que la acusación, originalmente formulada por Alberto Nisman, es falsa y que nunca los funcionarios argentinos hicieron gestiones para levantar las alertas. Con su declaración antes del juicio o durante el juicio, la acusación se caería. Entonces. para evitar que testimonien se lanzó la descabellada acusación de que fueron cómplices del kirchnerismo. Por supuesto, el fallecido juez Claudio Bonadio le dio curso.
 
En ese marco, Interpol está reticente a que sus exfuncionarios declaren y la central mundial de policías tendrá que contestar en forma oficial al requerimiento.
 
Mientras tanto, es posible que se cite a una audiencia para preparar el juicio. Un dato exhibe el delirio de la acusación: las defensas pidieron que declaren todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum -unos 160 legisladores-, porque la hipótesis de la imputación implica que de alguna manera avalaron el supuesto delito que se cometió. Pocos creen que se llegará a semejante instancia.
 
 
Cuadernos
  
El reciente fallo de la Casación convalidando los arrepentidos pese a que no se registraron sus declaraciones y a que la ley es posterior a los hechos abre las puertas a la realización del juicio por las fotocopias de los cuadernos.
 
La lógica indica que los miembros del Tribunal Oral Federal 7, que incluye al juez que Cambiemos colocó a dedo, Germán Castelli, convocarán a una audiencia con las partes para que ofrezcan prueba. Lo más probable es que la realización de esas medidas tarde lo que resta del año. Es decir, que no habrá juicio en 2021.
 
Por supuesto, nada se avanzó en determinar cómo fue que los cuadernos que el chofer Oscar Centeno dijo que quemó aparecieron después intactos. Tampoco se explica por qué Centeno no está acusado -y preso- por falso testimonio agravado ya que mintió en su declaración como arrepentido.
 
 
Plan Qunitas
 
Otro de los casos que podría llegar a juicio es el expediente del Plan Qunitas, que mereció decenas de tapas en los diarios. Los imputados, tras una denuncia de Graciela Ocaña, son Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Ernesto Kreplak -éstos dos últimos, ministro y viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires- entre otros. La denuncia se hizo en junio de 2015, es decir que en este 2021 cumplirá seis años. Como se recordará se trata de kits para madres de recién nacidos y el objetivo era reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables.
 
El Tribunal Oral Federal 1 tiene en su poder una pericia que demuele la acusación. Ocaña presentó un kit, con sus precios, lo que según ella demostraba la existencia de sobreprecios. La pericia evidenció, sin embargo, que al kit presentado por Ocaña le faltaban elementos y que no contemplaba la logística, es decir la distribución y el almacenamiento. Valuado todo lo faltante, la pericia indicó que no se encontraron sobreprecios. Ya antes el TOF 1 ordenó que se distribuyeran los kits lo que también terminó con la acusación de que eran nocivos. El kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
 
Con la pericia de por medio, parece difícil que existan condenas si el juicio empieza y se termina en 2021.
 
 
Hotesur y Los Sauces
  
Aunque no habrá definiciones en los juicios contra CFK en este 2021, el desarrollo de dos juicios impacta en causas de la expresidenta. Están pendientes los expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces, relacionados con alquileres de los Kirchner. Pero la acusación consiste en que hubo maniobras en la obra pública y se benefició a Lázaro Báez y a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, en relación con su petrolera. Supuestamente, a cambio de beneficios ilegales, éstos le alquilaron propiedades a los Kirchner. Por esa razón, las causas Hotesur y Los Sauces son por lavado de dinero y -según la acusación- los delitos precedentes eran la obra pública en Santa Cruz y los beneficios a Oil.
 
La cuestión es que los dos juicios, sobre obra pública en Santa Cruz y el de Oil Combustibles están en desarrollo y en ambos casos no aparecen las pruebas de las irregularidades. En el de Oil Combustibles hay una pericia que indica que el grupo estaba al día en planes de pago de la AFIP y que esos planes fueron otorgados a muchisimas otras empresas. Al mismo tiempo está saltando a la luz la trama de la persecución política armada dentro del ente recaudatorio.
 
Si en esos dos juicios -obra pública y Oil- no hay condenas, quedan averiadas las causas Hotesur y Los Sauces. Más allá de que está probado que los alquileres se pagaron a valores de mercado, se facturaron, los contratos estaban declarados ante la AFIP y todo se hizo de manera bancarizada.
 
 
2021
  
Como se ve, parece imposible que haya alguna condena contra CFK en este 2021, aunque con el aparato político-judicial-mediático de Comodoro Py nunca se sabe. Pueden aparecer los que se quejen de la lentitud, pero la realidad es que la lentitud está dada por las dificultades que plantean acusaciones en su mayoría vacías, sin pruebas, o, mejor dicho, con pruebas en contrario.
 
La oposición necesita ruido para compensar su ostensible desventaja electoral y, como hasta ahora, contará con más ruido mediático que otra cosa.
 
En lo que rige la lentitud, la parsimonia, y la voluntad política de no avanzar es en las causas contra el macrismo: el negociado de los peajes, de los parques eólicos y la venta de Macri Air, por ejemplo. La causa Correo es un emblema: lleva 18 años.
 
Pero lo que exhibe las maniobras en todo su esplendor es la protección a Carlos Stornelli. Con procesamiento confirmado sigue en su puesto de fiscal, amparado por el aparato judicial alineado con el macrismo.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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23-01-2021 / 10:01
El gobierno de CABA no dice nada sobre la vacunación, pero anunció que el comienzo de las clases será a mediados de febrero aunque se mantengan los contagios. Horacio Rodríguez Larreta y todos sus colaboradores se negaron a vacunarse, a diferencia de los funcionarios nacionales y bonaerenses que, además, lo hicieron en público.
 
La diputada del PRO, Graciela Ocaña denunció a la Anmat porque aprobó una vacuna con explicaciones escritas en ruso.  Juntos por el Cambio acusó al gobierno de hacer un uso político de las vacunas, pero todas las denuncias que hizo desde el año pasado, resultaron falsas o incorrectas. Más allá del juego político, las que ganan o pierden son las personas, que en esta pandemia se juegan la vida.
 
Reclamaron información sobre la Sputnik V, cuando, al igual que los demás laboratorios ha publicado sus resultados en la revista científica The Lancet y, con el cargamento envió un dossier de 200 páginas con los resultados de la fase 3, incluidos para los mayores de 60 años. Está escrito en ruso y obviamente fue traducido de la misma forma que cuando las especificaciones vienen en inglés.
 
Juntos por el Cambio exige información, como si no la hubiera, y se niega a explicar cómo será el operativo de vacunación para los millones de habitantes de CABA. Rodríguez Larreta dice que no da esa información porque no saben la cantidad de vacunas que recibirán.
 
La pregunta es si recién comenzará a organizar semejante maniobra el día posterior a que reciba la vacuna, con lo que habrá retrasado considerablemente la vacunación en la ciudad. Millones de porteños observan con preocupación cómo millones de bonaerenses se inscriben en las listas que ordenarán la vacunación en la provincia, sin que en CABA digan ni media palabra.
 
Primero acusaron al gobierno de no acordar con Pfizer y se explayaron sobre las bondades de esa vacuna, pero resulta que ya tuvo efectos adversos en Israel y en Noruega. Después dijeron que los países vecinos habían arreglado la provisión de vacunas, mientras que a la Argentina no iban a llegar antes de fin de año.
 
Pero la Sputnik llegó y se están aplicando 300 mil dosis, mientras que los países vecinos, apenas empezaron a vacunar. La Sputnik V llegó a la Argentina, pero el laboratorio que contraponía Juntos por el Cambio fue denunciado en México y en Italia porque no abasteció las dosis que debía proveer.
 
Una de los voceros de esta campaña inexplicable desde el punto de vista de la emergencia social ha sido la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, que fue removida como ministra de Salud del anterior gobierno peronista por su inoperancia.
 
La otra voz de consulta que muestra Juntos por el Cambio es la del ex secretario de Salud del macrismo, Adolfo Rubinstein, que todavía tiene que responder una denuncia de la Oficina Anticorrupción porque durante su gestión dejaron que vencieran 600 mil dosis de vacunas. La tercera voz cambiemita sobre salud pública fue la del diputado Mario Negri, que es abogado y habló más de política que de salud, pero acusó al gobierno de hacer política con la vacuna.
 

22-01-2021 / 11:01
El Gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.
 
Los portavoces dijeron que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
 
De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente. "La medida va a oficializarse en breve", señalaron fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.
 
Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.
 
La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar" la pandemia de coronavirus.
 
La extensión de esta medida confirma que la pandemia está aún lejos de terminar, y los recursos que deberá destinar el Estado en materia social se encuentran muy por debajo de lo necesario para el nivel de la crisis sanitaria actual.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2021 / 10:01
22-01-2021 / 10:01
La estrategia de los sectores antiderechos para intentar judicializar la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sufrió este jueves su primera derrota. El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la Ley.
 
El magistrado justificó su rechazo al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010, al que utilizó para explicar que la inhabilitación de una norma sancionada por el Poder Legislativo es algo que excede a su competencia, por lo que se amparó en la defensa del principio constitucional de división de poderes.
 
"No ha lugar por improcedente", sentenció el juez y rechazó la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la 27.610. Para fundamentar la "improcedencia", en su fallo Bavio se basó en el antecedente del caso "Thomas", de 2010, en el que la Corte Suprema de la Nación revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza.
 
En ese entonces, el diputado Enrique Thomas había presentado un recurso para suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma 'erga omnes' (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860", se puede leer en aquel fallo del tribunal supremo que ahora Bavio retomó para argumentar su postura.
 
"La misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes", continúa el fallo citado por el magistrado salteño, quien agregó que, la imposición de una cautelar que inhabilitara la Ley de IVE, tendría "una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes", para alterar "gravemente el modelo de control constitucional de las leyes consagrado" por la Constitución Nacional.
 

21-01-2021 / 09:01
La venta de terrenos e inmuebles públicos es uno de los negocios más redituables para el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires, para Horacio Rodríguez Larreta y para los empresarios privados que se benefician. Los fines especulativos e inmobiliarios terminan siendo prioridad mientras que la emergencia habitacional y social que viven millones en una de las ciudades más ricas del América Latina nunca es atendida.
 
Es el modelo Puerto Madero. Las tierras se venden a privados y a su vez la Ciudad invierte ese dinero en infraestructura para el mismo barrio, favoreciendo a los millonarios compradores. Y para colmo, lo hace a través de sus "amigos" y aportantes de campaña.
 
Así, el Gobierno de Larreta pre adjudicó una obra de casi $1.000 millones a la empresa constructora Bricons SAICFI. El presidente de la entidad es Miguel Ángel Raspagliesi, quien aportó en 2015, a título personal, medio millón de pesos para la campaña de Mauricio Macri y otro medio millón desde la firma El Mistol, una empresa de aceite de oliva que su familia tiene en San Juan.
 
La oferta presentada para la Licitación Pública 719/SIGAF/20 fue de $998.000.869. La resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy en el Boletín Oficial porteño pre adjudica la obra consistente de tareas de remediación, demolición e infraestructura en el Parque de la Innovación a dicha empresa.
 
Las obras se realizarán en el Polígono 1 y 2 de la zona C del predio de 13 hectáreas delimitado por la Avenidas Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, en el barrio Núñez. Es en las tierras de lo fue el predio de Tiro Federal.
 

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