04:15 | Jueves 26 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 10-01-2021 / 08:01

UN DESASTRE TRAS OTRO PARA EL LAWFARE Y LAS ACUSACIONES MEDIÁTICAS

Las causas contra Cristina van camino al naufragio

Uno por uno, los procesos contra Cristina y miembros de su gobierno se siguen desarmando ante testimonios y peritajes concluyentes. Lo único que los mantiene en pie es la persistencia de la coalición política, mediática y judicial que maneja las causas, por inconsistentes que sean, y el sistema de comunicación.

Muy lejos de la alharaca de la campaña mediática, este 2021 parece enfilarse otra vez hacia un naufragio sistemático de las causas contra Cristina Fernández y parte de los integrantes de su gobierno.

En el juicio crucial sobre la obra pública en Santa Cruz desfilaron los testigos de la fiscalía que, uno por uno, terminaron favoreciendo más a la defensa que a la acusación. Pero ahora vienen los testigos de las defensas, incluyendo a todos los jefes de Gabinete de los gobiernos K, empezando por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y le seguirán Sergio Massa, Aníbal Fernández y otros. Todo indica que no habrá fallo en 2021 porque faltan 100 testigos, algunos que se llevarán una jornada completa.

En situación de mayor naufragio aún está la causa de dólar-futuro, que podría caerse rápidamente: una pericia firmada de manera unánime derrumbó la acusación y ahora Casación debe resolver si hay juicio o no. Es posible que no haya juicio.

También el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán está diluyéndose: se espera una respuesta de Interpol y, aunque podría empezar el juicio, no terminará en el año que se inició.

Es el mismo cuadro de situación que existe en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos: tras un vergonzoso fallo de Casación, habrá que dedicar todo este año a la instrucción suplementaria.

Y, sorpresivamente, se viene el estruendoso hundimiento de otra causa que estuvo en la tapa de los diarios opositores: el plan Qunitas. Una pericia aplastó la acusación.

Obra pública

El juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación. En este año y siete meses, desmantelaron las imputaciones principales:

*Que se pagaron obras que no se hicieron. La discrepancia, según los testigos, fue de menos del 0,1 por ciento.

*Que Lázaro Báez patoteó a las otras empresas constructoras y las compró. Pasaron uno por uno los dueños de las compañías y dijeron todo lo contrario: sus empresas estaban en crisis, las negociaciones fueron normales y Báez demoró un poco en los pagos, pero cumplió.

*Que había atrasos en las obras de Báez. Se demostró que eran los atrasos parecidos a los de todo el país y de todas las empresas.

*Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Todas las obras se votaron en el Congreso Nacional y los presupuestos fueron armados por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes.

*Que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones, algo que no era inusual en otros distritos, donde empresas locales tienen la maquinaria y el personal en la zona y eso les permite ofertar más bajo que otros competidores. Aún mayor lógica tiene en Santa Cruz porque a pocas constructoras les tienta desplazar su maquinaria y personal a 1.800 kilómetros.

"Ni en nuestros sueños más optimistas esperábamos que casi toda la acusación se cayera con los propios testigos de la fiscalía", aseguran los defensores de los imputados. Pero al mismo tiempo recuerdan que en este 2021 se vienen los testigos de las defensas.

Un momento cumbre lo tendrán los ex jefes de Gabinete, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. También declararán Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. El punto es que todos ellos conocen bien los mecanismos de cómo se decide la obra pública, cómo se hacen los presupuestos y, sobre todo, como se reasignan partidas.

Todo indica que esos testigos terminarán con la acusación contra CFK porque el rol de un presidente es reducido: hay 26 instancias que le ponen la firma a licitaciones, precios y reasignaciones. Hasta el momento, a Cristina prácticamente no la nombraron en el juicio. Su abogado, Carlos Alberto Beraldi, prácticamente no tuvo que intervenir para responder a nada.

Choque

El desplome de las acusaciones es tan fuerte, que aparecen maniobras insólitas. El 3 de enero pasado, el diario Clarín publicó que hubo un escándalo por la declaración del auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, en la última audiencia, el 14 de diciembre.

O sea, con medio mes de atraso, filtraron que los fiscales cuestionaron a Pastor Romero porque leyó parte de su testimonio. En verdad, falsearon lo ocurrido. Este diario visualizó las seis horas de la audiencia y lo que ocurrió es que el especialista hizo un cálculo, obra por obra, de los costos y destrozó la hipótesis de los sobreprecios. Los defensores de los imputados incluso pidieron que los papeles que tenía Pastor Romero se incorporaran a la causa, cosa que los jueces aceptaron.

El ingeniero estableció que el promedio del costo por kilómetro de las rutas construidas en Santa Cruz fue de 550.000 dólares, el mismo que en el resto del país. Cuatro obras de la Ruta Nacional Paraná-Coronda costaron también 554.000 por kilómetro, pero que hubo tramos de la Ruta Nacional 40 en Mendoza que costaron 1.600.000 dólares porque tenían mayores dificultades. Pero, además, Pastor Romero contó y calculó que durante el macrismo hubo tramos que se construyeron a 1.600.000 dólares el kilómetro, pero con la financiación privada del sistema conocido como Participación Pública Privada terminarían costando 5.500.000 dólares.

A diferencia de lo señalado por Clarín, el auditor siguió su declaración hasta el final, consultó sus cálculos y los mismos se entregaron después para ser incorporados como documentos del juicio. No hubo nada ni oculto ni oscuro.

Dólar futuro

Como se sabe, la imputación es contra CFK, su ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros exfuncionarios. La causa quedó en la nada a raíz de la pericia, realizada por peritos de la Corte Suprema, en la que se determinó que no hubo perjuicio para el estado, se mantuvieron las reservas, hubo pérdidas para el Banco Central pero se evitó una corrida cambiaria, que ningún funcionario se benefició -en verdad ganaron plata los que después fueron ministros de Mauricio Macri-, y que la operatoria era habitual en la Argentina desde hacía diez años y que también es habitual en otros países.

El caso quedó tan liquidado que se hizo una presentación para que todos los imputados fueran sobreseídos y se diera por cerrado el caso. El planteo perdió dos a uno -votó en disidencia el juez Adrián Grünberg- y ahora debe tomar la decisión la Sala I de la Cámara de Casación.

Los rumores indican que en esa instancia se podría terminar el caso porque hay pocos interesados en que el juicio se haga: ni siquiera los querellantes, dirigentes del PRO, insisten hoy en la acusación. La Sala I, con la disidencia de Ana María Figueroa, viene de convalidar de manera grotesca a los arrepentidos del caso de las fotocopias de los cuadernos, de manera que podrían inclinarse por una de cal, una de arena.

Como es obvio, nada es seguro en Comodoro Py, pero parece imposible que haya condenas en este expediente.

Memorándum

Es otra causa que está quedando en la nada. Como se sabe, la acusación es que CFK, el fallecido canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y dirigentes firmaron el acuerdo con Irán y que eso benefició a los sospechosos iraníes de haber atentado contra la AMIA. El punto central es que contra esos cinco individuos se dictaron órdenes de captura con alertas rojas de Interpol y la imputación consiste en que con el Memorándum se levantaban las capturas con alertas rojas. Nada de eso ocurrió y, de hecho, las alertas rigen hasta hoy.

Los dos testigos claves, Ronald Noble y Joel Sollier, titular de Interpol y responsable legal, ya han dicho públicamente que la acusación, originalmente formulada por Alberto Nisman, es falsa y que nunca los funcionarios argentinos hicieron gestiones para levantar las alertas. Con su declaración antes del juicio o durante el juicio, la acusación se caería. Entonces. para evitar que testimonien se lanzó la descabellada acusación de que fueron cómplices del kirchnerismo. Por supuesto, el fallecido juez Claudio Bonadio le dio curso.

En ese marco, Interpol está reticente a que sus exfuncionarios declaren y la central mundial de policías tendrá que contestar en forma oficial al requerimiento.

Mientras tanto, es posible que se cite a una audiencia para preparar el juicio. Un dato exhibe el delirio de la acusación: las defensas pidieron que declaren todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum -unos 160 legisladores-, porque la hipótesis de la imputación implica que de alguna manera avalaron el supuesto delito que se cometió. Pocos creen que se llegará a semejante instancia.

Cuadernos

El reciente fallo de la Casación convalidando los arrepentidos pese a que no se registraron sus declaraciones y a que la ley es posterior a los hechos abre las puertas a la realización del juicio por las fotocopias de los cuadernos.

La lógica indica que los miembros del Tribunal Oral Federal 7, que incluye al juez que Cambiemos colocó a dedo, Germán Castelli, convocarán a una audiencia con las partes para que ofrezcan prueba. Lo más probable es que la realización de esas medidas tarde lo que resta del año. Es decir, que no habrá juicio en 2021.

Por supuesto, nada se avanzó en determinar cómo fue que los cuadernos que el chofer Oscar Centeno dijo que quemó aparecieron después intactos. Tampoco se explica por qué Centeno no está acusado -y preso- por falso testimonio agravado ya que mintió en su declaración como arrepentido.

Plan Qunitas

Otro de los casos que podría llegar a juicio es el expediente del Plan Qunitas, que mereció decenas de tapas en los diarios. Los imputados, tras una denuncia de Graciela Ocaña, son Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Ernesto Kreplak -éstos dos últimos, ministro y viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires- entre otros. La denuncia se hizo en junio de 2015, es decir que en este 2021 cumplirá seis años. Como se recordará se trata de kits para madres de recién nacidos y el objetivo era reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables.

El Tribunal Oral Federal 1 tiene en su poder una pericia que demuele la acusación. Ocaña presentó un kit, con sus precios, lo que según ella demostraba la existencia de sobreprecios. La pericia evidenció, sin embargo, que al kit presentado por Ocaña le faltaban elementos y que no contemplaba la logística, es decir la distribución y el almacenamiento. Valuado todo lo faltante, la pericia indicó que no se encontraron sobreprecios. Ya antes el TOF 1 ordenó que se distribuyeran los kits lo que también terminó con la acusación de que eran nocivos. El kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

Con la pericia de por medio, parece difícil que existan condenas si el juicio empieza y se termina en 2021.

Hotesur y Los Sauces

Aunque no habrá definiciones en los juicios contra CFK en este 2021, el desarrollo de dos juicios impacta en causas de la expresidenta. Están pendientes los expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces, relacionados con alquileres de los Kirchner. Pero la acusación consiste en que hubo maniobras en la obra pública y se benefició a Lázaro Báez y a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, en relación con su petrolera. Supuestamente, a cambio de beneficios ilegales, éstos le alquilaron propiedades a los Kirchner. Por esa razón, las causas Hotesur y Los Sauces son por lavado de dinero y -según la acusación- los delitos precedentes eran la obra pública en Santa Cruz y los beneficios a Oil.

La cuestión es que los dos juicios, sobre obra pública en Santa Cruz y el de Oil Combustibles están en desarrollo y en ambos casos no aparecen las pruebas de las irregularidades. En el de Oil Combustibles hay una pericia que indica que el grupo estaba al día en planes de pago de la AFIP y que esos planes fueron otorgados a muchisimas otras empresas. Al mismo tiempo está saltando a la luz la trama de la persecución política armada dentro del ente recaudatorio.

Si en esos dos juicios -obra pública y Oil- no hay condenas, quedan averiadas las causas Hotesur y Los Sauces. Más allá de que está probado que los alquileres se pagaron a valores de mercado, se facturaron, los contratos estaban declarados ante la AFIP y todo se hizo de manera bancarizada.

2021

Como se ve, parece imposible que haya alguna condena contra CFK en este 2021, aunque con el aparato político-judicial-mediático de Comodoro Py nunca se sabe. Pueden aparecer los que se quejen de la lentitud, pero la realidad es que la lentitud está dada por las dificultades que plantean acusaciones en su mayoría vacías, sin pruebas, o, mejor dicho, con pruebas en contrario.

La oposición necesita ruido para compensar su ostensible desventaja electoral y, como hasta ahora, contará con más ruido mediático que otra cosa.

En lo que rige la lentitud, la parsimonia, y la voluntad política de no avanzar es en las causas contra el macrismo: el negociado de los peajes, de los parques eólicos y la venta de Macri Air, por ejemplo. La causa Correo es un emblema: lleva 18 años.

Pero lo que exhibe las maniobras en todo su esplendor es la protección a Carlos Stornelli. Con procesamiento confirmado sigue en su puesto de fiscal, amparado por el aparato judicial alineado con el macrismo.

Por Raúl Kollmann

Fuente: Página12

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 13:03

El negacionismo de Milei como combustible del ajuste y la impunidad

A medio siglo del golpe que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta un escenario inédito: un gobierno que no solo reivindica la metodología represiva, sino que utiliza el negacionismo como pantalla para aplicar el mismo programa económico que Martínez de Hoz. La batalla hoy es por la memoria, pero también por el futuro.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no encuentra a la Argentina en un momento de reflexión institucional, sino en una trinchera. El gobierno de Javier Milei, escoltado por una Victoria Villarruel que ha hecho de la apología de la dictadura su plataforma política, ha decidido romper el pacto democrático de 1983. Ya no se trata de "matices" históricos; estamos ante una ofensiva sistemática para demoler la base ética sobre la cual se reconstruyó la nación.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

Recordando a las Primeras Víctimas del Golpe Militar

Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.

Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.

La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.

Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

A 50 años del Golpe Cívico-Militar Genocida que estableció el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.

Carlos Morales para La Opinión Popular

23-03-2026 / 10:03

Se desploma la imagen de Javier Milei y la desaprobación trepa al 60%

La "luna de miel" que el gobierno de Javier Milei logró estirar artificialmente tras el respiro de las legislativas de 2025 parece haber llegado a un final abrupto y doloroso. Los datos no mienten: la realidad económica y los escándalos éticos han perforado el blindaje mediático del libertario, dejando al descubierto una gestión que hoy cosecha el rechazo de la mayoría de los argentinos.

Según el último informe de la consultora Zuban Córdoba, la desaprobación a la gestión presidencial se disparó en marzo al 58,7%, marcando un punto de quiebre que pulveriza el "empate técnico" de finales del año pasado.