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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 10-01-2021 / 08:01

UN DESASTRE TRAS OTRO PARA EL LAWFARE Y LAS ACUSACIONES MEDIÁTICAS

Las causas contra Cristina van camino al naufragio

Uno por uno, los procesos contra Cristina y miembros de su gobierno se siguen desarmando ante testimonios y peritajes concluyentes. Lo único que los mantiene en pie es la persistencia de la coalición política, mediática y judicial que maneja las causas, por inconsistentes que sean, y el sistema de comunicación.

Muy lejos de la alharaca de la campaña mediática, este 2021 parece enfilarse otra vez hacia un naufragio sistemático de las causas contra Cristina Fernández y parte de los integrantes de su gobierno.

En el juicio crucial sobre la obra pública en Santa Cruz desfilaron los testigos de la fiscalía que, uno por uno, terminaron favoreciendo más a la defensa que a la acusación. Pero ahora vienen los testigos de las defensas, incluyendo a todos los jefes de Gabinete de los gobiernos K, empezando por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y le seguirán Sergio Massa, Aníbal Fernández y otros. Todo indica que no habrá fallo en 2021 porque faltan 100 testigos, algunos que se llevarán una jornada completa.

En situación de mayor naufragio aún está la causa de dólar-futuro, que podría caerse rápidamente: una pericia firmada de manera unánime derrumbó la acusación y ahora Casación debe resolver si hay juicio o no. Es posible que no haya juicio.

También el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán está diluyéndose: se espera una respuesta de Interpol y, aunque podría empezar el juicio, no terminará en el año que se inició.

Es el mismo cuadro de situación que existe en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos: tras un vergonzoso fallo de Casación, habrá que dedicar todo este año a la instrucción suplementaria.

Y, sorpresivamente, se viene el estruendoso hundimiento de otra causa que estuvo en la tapa de los diarios opositores: el plan Qunitas. Una pericia aplastó la acusación.

Obra pública

El juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación. En este año y siete meses, desmantelaron las imputaciones principales:

*Que se pagaron obras que no se hicieron. La discrepancia, según los testigos, fue de menos del 0,1 por ciento.

*Que Lázaro Báez patoteó a las otras empresas constructoras y las compró. Pasaron uno por uno los dueños de las compañías y dijeron todo lo contrario: sus empresas estaban en crisis, las negociaciones fueron normales y Báez demoró un poco en los pagos, pero cumplió.

*Que había atrasos en las obras de Báez. Se demostró que eran los atrasos parecidos a los de todo el país y de todas las empresas.

*Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Todas las obras se votaron en el Congreso Nacional y los presupuestos fueron armados por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes.

*Que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones, algo que no era inusual en otros distritos, donde empresas locales tienen la maquinaria y el personal en la zona y eso les permite ofertar más bajo que otros competidores. Aún mayor lógica tiene en Santa Cruz porque a pocas constructoras les tienta desplazar su maquinaria y personal a 1.800 kilómetros.

"Ni en nuestros sueños más optimistas esperábamos que casi toda la acusación se cayera con los propios testigos de la fiscalía", aseguran los defensores de los imputados. Pero al mismo tiempo recuerdan que en este 2021 se vienen los testigos de las defensas.

Un momento cumbre lo tendrán los ex jefes de Gabinete, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. También declararán Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. El punto es que todos ellos conocen bien los mecanismos de cómo se decide la obra pública, cómo se hacen los presupuestos y, sobre todo, como se reasignan partidas.

Todo indica que esos testigos terminarán con la acusación contra CFK porque el rol de un presidente es reducido: hay 26 instancias que le ponen la firma a licitaciones, precios y reasignaciones. Hasta el momento, a Cristina prácticamente no la nombraron en el juicio. Su abogado, Carlos Alberto Beraldi, prácticamente no tuvo que intervenir para responder a nada.

Choque

El desplome de las acusaciones es tan fuerte, que aparecen maniobras insólitas. El 3 de enero pasado, el diario Clarín publicó que hubo un escándalo por la declaración del auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, en la última audiencia, el 14 de diciembre.

O sea, con medio mes de atraso, filtraron que los fiscales cuestionaron a Pastor Romero porque leyó parte de su testimonio. En verdad, falsearon lo ocurrido. Este diario visualizó las seis horas de la audiencia y lo que ocurrió es que el especialista hizo un cálculo, obra por obra, de los costos y destrozó la hipótesis de los sobreprecios. Los defensores de los imputados incluso pidieron que los papeles que tenía Pastor Romero se incorporaran a la causa, cosa que los jueces aceptaron.

El ingeniero estableció que el promedio del costo por kilómetro de las rutas construidas en Santa Cruz fue de 550.000 dólares, el mismo que en el resto del país. Cuatro obras de la Ruta Nacional Paraná-Coronda costaron también 554.000 por kilómetro, pero que hubo tramos de la Ruta Nacional 40 en Mendoza que costaron 1.600.000 dólares porque tenían mayores dificultades. Pero, además, Pastor Romero contó y calculó que durante el macrismo hubo tramos que se construyeron a 1.600.000 dólares el kilómetro, pero con la financiación privada del sistema conocido como Participación Pública Privada terminarían costando 5.500.000 dólares.

A diferencia de lo señalado por Clarín, el auditor siguió su declaración hasta el final, consultó sus cálculos y los mismos se entregaron después para ser incorporados como documentos del juicio. No hubo nada ni oculto ni oscuro.

Dólar futuro

Como se sabe, la imputación es contra CFK, su ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros exfuncionarios. La causa quedó en la nada a raíz de la pericia, realizada por peritos de la Corte Suprema, en la que se determinó que no hubo perjuicio para el estado, se mantuvieron las reservas, hubo pérdidas para el Banco Central pero se evitó una corrida cambiaria, que ningún funcionario se benefició -en verdad ganaron plata los que después fueron ministros de Mauricio Macri-, y que la operatoria era habitual en la Argentina desde hacía diez años y que también es habitual en otros países.

El caso quedó tan liquidado que se hizo una presentación para que todos los imputados fueran sobreseídos y se diera por cerrado el caso. El planteo perdió dos a uno -votó en disidencia el juez Adrián Grünberg- y ahora debe tomar la decisión la Sala I de la Cámara de Casación.

Los rumores indican que en esa instancia se podría terminar el caso porque hay pocos interesados en que el juicio se haga: ni siquiera los querellantes, dirigentes del PRO, insisten hoy en la acusación. La Sala I, con la disidencia de Ana María Figueroa, viene de convalidar de manera grotesca a los arrepentidos del caso de las fotocopias de los cuadernos, de manera que podrían inclinarse por una de cal, una de arena.

Como es obvio, nada es seguro en Comodoro Py, pero parece imposible que haya condenas en este expediente.

Memorándum

Es otra causa que está quedando en la nada. Como se sabe, la acusación es que CFK, el fallecido canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y dirigentes firmaron el acuerdo con Irán y que eso benefició a los sospechosos iraníes de haber atentado contra la AMIA. El punto central es que contra esos cinco individuos se dictaron órdenes de captura con alertas rojas de Interpol y la imputación consiste en que con el Memorándum se levantaban las capturas con alertas rojas. Nada de eso ocurrió y, de hecho, las alertas rigen hasta hoy.

Los dos testigos claves, Ronald Noble y Joel Sollier, titular de Interpol y responsable legal, ya han dicho públicamente que la acusación, originalmente formulada por Alberto Nisman, es falsa y que nunca los funcionarios argentinos hicieron gestiones para levantar las alertas. Con su declaración antes del juicio o durante el juicio, la acusación se caería. Entonces. para evitar que testimonien se lanzó la descabellada acusación de que fueron cómplices del kirchnerismo. Por supuesto, el fallecido juez Claudio Bonadio le dio curso.

En ese marco, Interpol está reticente a que sus exfuncionarios declaren y la central mundial de policías tendrá que contestar en forma oficial al requerimiento.

Mientras tanto, es posible que se cite a una audiencia para preparar el juicio. Un dato exhibe el delirio de la acusación: las defensas pidieron que declaren todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum -unos 160 legisladores-, porque la hipótesis de la imputación implica que de alguna manera avalaron el supuesto delito que se cometió. Pocos creen que se llegará a semejante instancia.

Cuadernos

El reciente fallo de la Casación convalidando los arrepentidos pese a que no se registraron sus declaraciones y a que la ley es posterior a los hechos abre las puertas a la realización del juicio por las fotocopias de los cuadernos.

La lógica indica que los miembros del Tribunal Oral Federal 7, que incluye al juez que Cambiemos colocó a dedo, Germán Castelli, convocarán a una audiencia con las partes para que ofrezcan prueba. Lo más probable es que la realización de esas medidas tarde lo que resta del año. Es decir, que no habrá juicio en 2021.

Por supuesto, nada se avanzó en determinar cómo fue que los cuadernos que el chofer Oscar Centeno dijo que quemó aparecieron después intactos. Tampoco se explica por qué Centeno no está acusado -y preso- por falso testimonio agravado ya que mintió en su declaración como arrepentido.

Plan Qunitas

Otro de los casos que podría llegar a juicio es el expediente del Plan Qunitas, que mereció decenas de tapas en los diarios. Los imputados, tras una denuncia de Graciela Ocaña, son Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Ernesto Kreplak -éstos dos últimos, ministro y viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires- entre otros. La denuncia se hizo en junio de 2015, es decir que en este 2021 cumplirá seis años. Como se recordará se trata de kits para madres de recién nacidos y el objetivo era reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables.

El Tribunal Oral Federal 1 tiene en su poder una pericia que demuele la acusación. Ocaña presentó un kit, con sus precios, lo que según ella demostraba la existencia de sobreprecios. La pericia evidenció, sin embargo, que al kit presentado por Ocaña le faltaban elementos y que no contemplaba la logística, es decir la distribución y el almacenamiento. Valuado todo lo faltante, la pericia indicó que no se encontraron sobreprecios. Ya antes el TOF 1 ordenó que se distribuyeran los kits lo que también terminó con la acusación de que eran nocivos. El kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

Con la pericia de por medio, parece difícil que existan condenas si el juicio empieza y se termina en 2021.

Hotesur y Los Sauces

Aunque no habrá definiciones en los juicios contra CFK en este 2021, el desarrollo de dos juicios impacta en causas de la expresidenta. Están pendientes los expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces, relacionados con alquileres de los Kirchner. Pero la acusación consiste en que hubo maniobras en la obra pública y se benefició a Lázaro Báez y a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, en relación con su petrolera. Supuestamente, a cambio de beneficios ilegales, éstos le alquilaron propiedades a los Kirchner. Por esa razón, las causas Hotesur y Los Sauces son por lavado de dinero y -según la acusación- los delitos precedentes eran la obra pública en Santa Cruz y los beneficios a Oil.

La cuestión es que los dos juicios, sobre obra pública en Santa Cruz y el de Oil Combustibles están en desarrollo y en ambos casos no aparecen las pruebas de las irregularidades. En el de Oil Combustibles hay una pericia que indica que el grupo estaba al día en planes de pago de la AFIP y que esos planes fueron otorgados a muchisimas otras empresas. Al mismo tiempo está saltando a la luz la trama de la persecución política armada dentro del ente recaudatorio.

Si en esos dos juicios -obra pública y Oil- no hay condenas, quedan averiadas las causas Hotesur y Los Sauces. Más allá de que está probado que los alquileres se pagaron a valores de mercado, se facturaron, los contratos estaban declarados ante la AFIP y todo se hizo de manera bancarizada.

2021

Como se ve, parece imposible que haya alguna condena contra CFK en este 2021, aunque con el aparato político-judicial-mediático de Comodoro Py nunca se sabe. Pueden aparecer los que se quejen de la lentitud, pero la realidad es que la lentitud está dada por las dificultades que plantean acusaciones en su mayoría vacías, sin pruebas, o, mejor dicho, con pruebas en contrario.

La oposición necesita ruido para compensar su ostensible desventaja electoral y, como hasta ahora, contará con más ruido mediático que otra cosa.

En lo que rige la lentitud, la parsimonia, y la voluntad política de no avanzar es en las causas contra el macrismo: el negociado de los peajes, de los parques eólicos y la venta de Macri Air, por ejemplo. La causa Correo es un emblema: lleva 18 años.

Pero lo que exhibe las maniobras en todo su esplendor es la protección a Carlos Stornelli. Con procesamiento confirmado sigue en su puesto de fiscal, amparado por el aparato judicial alineado con el macrismo.

Por Raúl Kollmann

Fuente: Página12

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular

14-02-2026 / 10:02

$Libra: 20 preguntas tremendas para el estafador Javier Milei (si lo llamaran de Comodoro Py)

Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.

La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.

Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".

2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.

3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.

4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?

5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.

6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?

7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?

8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?