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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 09-01-2021 / 09:01
LA PELEA PARA SALVAR A LA POBLACIÓN DE RIESGO

Juntos por el Cambio y la libertad de pasar el semáforo en rojo

Juntos por el Cambio y la libertad de pasar el semáforo en rojo
Esta imagen también es la pandemia. Con la diferencia que la mayoría de la población que pasa con luz roja, maneja un camión mastodonte y se cargará al colectivo más frágil de la población de riesgo. Acusan al gobierno de ser confuso al comunicar sobre la pandemia, y puede ser que tengan razón, pero en vez de intervenir para aclarar, lo hacen aprovechándose de la confusión.
Si el eje de la guerra es quebrar la voluntad de resistir del adversario, la pandemia ya ganó media batalla. Mientras la población de riesgo permanece a la defensiva, la mayoría de la gente abandonó las políticas sanitarias de precaución y sólo quedó la heroica resistencia del personal de salud que se sostiene con la esperanza de la llegada pronta de la vacuna.
 
Tras ver las escenas de apiñamiento en las playas de Pinamar o en balnearios de las sierras cordobesas, el anuncio del gobierno para reinstalar medidas preventivas, sonó a tibio. La contundencia de esas imágenes arrasa con las medidas que se proponen. Incluso los intendentes de esas localidades se niegan a imponer restricciones que eviten esos centros masivos de infección.
 
La población de riesgo es así abandonada a su suerte por la mayoría de la sociedad. Es una actitud antisocial que se puede explicar por distintas causas: el cansancio, la penuria económica o la irresponsabilidad. Pero el hecho definitivo, --la imagen de los argentinos que quedará plasmada de esta época-- será la de un acto sacrificial reflejado en las frases "la vida es corta y hay que vivir la libertad" y "que se mueran los que tengan que morir".
 
El acto de mayor hipocresía quedó plasmado en el documento de Juntos por el Cambio, al decir que no están dispuestos a permitir "que se restrinjan las libertades". Un semáforo rojo restringe la libertad. Obliga a frenar contra los deseos, la libertad, del conductor que quiere seguir su marcha. Pero sabe que si no frena corre el riesgo de matar a otras personas y de ir preso.
 
Todos los ciudadanos serios y "decentes" --como le gusta decir al macrismo-- respetan la luz roja del semáforo y nadie piensa la estupidez de que restringe su libertad. A nadie se le ocurre decir que el semáforo restringe sus libertades, pero es lo que dice Juntos por el Cambio cuando el semáforo de la salud pública se pone rojo. Es oportunismo político que se monta sobre una situación de vida o muerte.
 

 
Esa imagen también es la pandemia. Con la diferencia que la mayoría de la población que pasa con luz roja, maneja un camión mastodonte y se cargará al colectivo más frágil de la población de riesgo. Acusan al gobierno de ser confuso al comunicar sobre la pandemia, y puede ser que tengan razón, pero en vez de intervenir para aclarar, lo hacen aprovechándose de la confusión.
 
Como desde el principio de la epidemia, el gobierno quedó aprisionado entre las medidas de prevención y la necesidad de mantener encendido el motor de la economía. Desde marzo del año pasado, la epidemia se ha cobrado casi 45 mil vidas. Pero si además la economía se derrumba, la cantidad de víctimas sería aún mayor y el costo y el tiempo de recuperación también aumentarían.
 
La encrucijada es la misma, pero la extensión de la enfermedad en el tiempo redujo los márgenes al máximo. El gobierno no podría declarar la cuarentena estricta de aquellos primeros días que salvó numerosas vidas. En este momento, con picos de contagios que llegan a los trece mil por día, semejantes a los peores de la primera oleada, el gobierno está presionado por gobernadores e intendentes, presionados a su vez por la necesidad de la industria y el comercio y de los mismos trabajadores.
 
El médico sanitarista José Carlos Escudero sigue las estadísticas que publica el Washington Post sobre la pandemia y las publica en su muro de FB. El 6 de enero indicaba que la tasa de mortalidad en Argentina a lo largo de toda la pandemia había pasado del puesto número once, al 22.
 
Con el relajamiento de la cuarentena, las convocatorias de la oposición a las calles, las fiestas clandestinas y demás transgresiones sanitarias, en octubre el país ocupó el puesto número once en cuanto al índice de mortalidad. El 9 octubre se verificó el pico más alto con 515 víctimas de Covid y en la semana previa se había producido un promedio de 370 decesos diarios.
 
Escudero comentó también los índices que publicó The New York Times pero correspondientes a la última semana, en los que Argentina figura en el puesto número 52.
 
Los índices demuestran que, de números muy bajos durante los meses que se cumplió la cuarentena, se pasó a picos muy altos a medida que ésta se fue relajando. En este momento, los contagios son tan altos como en aquellos meses, pero disminuyó el índice de mortalidad.
 
Esta diferencia puede obedecer a múltiples razones, pero la lógica indicaría que mientras el grueso de la población dejó de cuidarse en forma sistemática y aumenta los contagios, en contrapartida la población de riesgo mantuvo y profundizó los cuidados, lo cual bajó el índice de mortalidad.
 
La mayoría de los países ha impuesto toque de queda, algunos más estrictos que otros. En Europa empezó la tercera ola de contagios. Todo el mundo pensó que la epidemia duraría tres o cuatro meses, pero a partir de su velocidad y facilidad de contagio, el virus logró mantenerse infeccioso a lo largo de todo el año pasado.
 
Nueva York y Londres reconocieron que el virus está fuera de control y que los servicios de salud están al borde del colapso. En las dos ciudades comenzó la campaña de vacunación. Es una carrera entre la vacuna y la tercera ola. En Argentina ya se vacunaron 107.542 personas con lo que es el país que más ha vacunado en América Latina.
 
Pero la vacuna es preventiva, no cura la enfermedad, sino que evita el contagio. Y además llega en forma espaciada, o sea que hasta que se termine de vacunar al personal de salud y a los esenciales, es difícil que la población de riesgo empiece a vacunarse antes de fines de febrero y a partir de allí el resto de la población.
 
Tras la primera ola de contagios, cuando empezó a bajar la intensidad de la epidemia, las escenas en las playas europeas fueron similares a las que se ven hoy en Argentina. Pero la furia de la segunda ola de contagios que desataron con esos amontonamientos disciplinó a las sociedades europeas que, ahora, en la tercera ola de contagios, acepta sin protestar las rígidas medidas sanitarias que están adoptando los gobiernos.
 
Los anuncios que hizo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quedaron bastante relativizados con la aclaración de que se trataba de sugerencias a gobernadores e intendentes y que cada uno aplicará esas medidas según los requerimientos de cada localidad.
 
Dicho así, daría la impresión de que el gobierno apuesta a mantener los índices como los que se muestran en estos días: mantener la tasa de mortalidad lo más baja posible con la población de riesgo encuarentenada de hecho, aunque aumenten los contagios en el resto de la población.
 
Se trataría de sostener esa ecuación hasta que se lance de lleno la campaña de vacunación. Es una carrera contra el tiempo, porque en algún momento, el aumento de los contagios puede llegar también a la población de riesgo.
 
Una hipótesis de la biología dice que cuanto más se reproduce y se extiende una especie, se hace también más vulnerable a sufrir por catástrofes climáticas o sanitarias. En 1947, el científico W.M. Stanley publicó en la Chemical and Engineering News que "Si hoy apareciera por mutación un nuevo virus mortal... nuestros rápidos transportes podrían llevarlo a los más alejados rincones de la tierra y morirían millones de seres humanos".
 
Es evidente que el mundo estaba prevenido, pero no preparado. "Los hombres van y vienen, pero la Tierra permanece", dice la Biblia.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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