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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-01-2021 / 11:01
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El repunte económico depende del éxito del plan de vacunación

El repunte económico depende del éxito del plan de vacunación
El gobierno de Alberto Fernández considera que para que la economía deje de ser una sábana corta tironeada por todos y todas a la vez depende de un solo factor: el éxito del plan de vacunación. Lo repite puertas adentro el corresponsal vaticano Eduardo Valdés: "Hoy, en el mundo, el que tiene la vacuna tiene el poder".
El gobierno de Alberto Fernández considera que para que la economía deje de ser una sábana corta tironeada por todos y todas a la vez depende de un solo factor: el éxito del plan de vacunación. Lo repite puertas adentro el corresponsal vaticano Eduardo Valdés: "Hoy, en el mundo, el que tiene la vacuna tiene el poder".
 
Es así de lineal: con más de la mitad de la población inmunizada (con la fórmula que sea) antes del invierno, la economía no puede ir en otra dirección que hacia arriba. Y si la reactivación empieza a sentirse en la calle hacia agosto, octubre no solo le regalará al espacio oficialista una victoria sino también un presagio reeleccionista, aun cuando decida cambiar de líder.
 
Mauricio Macri también lo intuye desde hace tiempo y por eso presionó a Horacio Rodríguez Larreta en septiembre para que atacase políticamente a los Fernández cuando un efecto adverso obligó a extender los estudios de fase 3 de la vacuna de AstraZeneca, la única que se produce en Argentina.
 
El jefe de gobierno porteño se negó, aún iracundo por el quite de coparticipación de ese mismo mes. Los únicos opositores dispuestos a meter las vacunas en la grieta -por ahora- son los macristas que no gobiernan. Como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo.
 
Sin el pinchazo masivo de la vacunación, con la economía real famélica y las arcas exhaustas, el desplome argentino no tiene piso. Y en ese claroscuro, diría Antonio Gramsci, puede nacer cualquier monstruo. O resucitar monstruos recientes.
 

 
PANORAMA SEMANAL
 
El rebrote jaquea a una economía famélica
 
Alberto Fernández apuró a los gobernadores a restringir la circulación nocturna en todo el país con un argumento irrebatible: la economía no aguanta un solo mes más de cuarentena.
 
Lo advirtió Martín Guzmán, coinciden los opositores y lo aceptan resignados los infectólogos que asesoran a los distintos niveles de gestión. Aunque algunos propusieron cierres intermitentes como hubo en Europa y en Asia, y aun cuando el gobierno porteño no descarta un bloqueo total de dos semanas en febrero para llegar al inicio de clases con menos casos, el toque de queda cerró la grieta.
 
La idea de dañar lo menos posible el repuntecito que se insinúa en los datos de industria y construcción de noviembre -aunque todavía no en el empleo registrado de octubre- es compartida por el oficialismo y la oposición que gobierna distritos como Corrientes, Jujuy, Mendoza o la Ciudad. Es el reflejo de una economía muy tironeada, sin un centímetro de margen para más emisión monetaria y con la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario todavía pendiente.
 
Se debatió anteayer en la reunión del equipo económico mientras empezaban las escaramuzas en el Capitolio. Aunque la vergonzante transición entre Donald Trump y Joe Biden se prolongue y eso estire a su vez por unos días el desinterés de Washington por todo lo que ocurra fuera de sus límites, la mayoría propia en el Senado que terminó de conquistar el demócrata en Georgia va a acelerar la designación de dos puestos clave para la negociación entre los Fernández y Kristalina Georgieva: el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales y el "assistant" para el Hemisferio Occidental, como llaman allá a América.
 
Sergio Chodos transmite tranquilidad. Sugiere que la refinanciación está encaminada y que resta definir el plazo y las condiciones. La propuesta de que sea a 20 años con pagos que no superen los U$S 3.000 millones anuales todavía no se plasmó por escrito pero crece como punto de consenso entre Olivos y el Instituto Patria.
 
Si lo aceptara el Fondo, sería algo inédito. Igual que el crédito que recibió Mauricio Macri, por orden directa de Trump y contra la opinión de los directores europeos y del staff. Pero claro, falta la venia del nuevo accionista mayoritario.
 
Guzmán aprovechó la modorra de enero para reorganizar sus segundas líneas. Ayer envió al Banco Central a Diego Bastourre, un compañero de estudios platense que ocupaba la Secretaría de Finanzas y que ya no sabía cómo hacer para seguir emitiendo deuda para sacar pesos de circulación.
 
Su aspiradora será empuñada por Mariano Sardi, hasta ahora subsecretario y sin ninguna experiencia política. Lo secundará otro técnico, Ramiro Tosi, a quien Bastourre apodó "el master of the pesos" precisamente por su pericia a la hora de fijar tasas atractivas para los inversores. Tosi se formó en el Merval y Sardi trabajó en el Central durante el macrismo, por lo cual Guzmán debió salirles a ambos como garante ideológico ante Cristina Fernández de Kirchner.
 
La vice avaló esos cambios. También el desplazamiento del directorio del Central del lavagnista Carlos Hourbeigt, quien dejó constancia de su disconformidad en su carta de renuncia.
 
Pero hubo otro que sí hizo algo de ruido en el kirchnerismo y también entre los economistas del Grupo Callao: la eyección del viceministro Haroldo Montagu, que irá a la Siberia criolla del Consejo Económico y Social, y su reemplazo por el también platense Fernando Morra, que ocupaba la Subsecretaría de Programación Macroeconómica pero cuyo marco teórico no le impidió trabajar antes bajo las órdenes de Hernán Lacunza y María Eugenia Vidal.
 
 
Dólares eléctricos
  
La escasez de divisas devolvió al gobierno al menú que enfrentó en su momento a Guzmán con el jefe del Central, Miguel Pesce. Esta vez con aval del jefe del Palacio de Hacienda, Pesce bloqueó totalmente el acceso a dólares oficiales por parte de los importadores de bienes suntuarios como embarcaciones deportivas, aeronaves, autos de alta gama, cigarros y bebidas.
 
También les exigirá a los importadores de otras 80 familias de productos (como microondas, lavavajillas, heladeras, freezers, motos y cosechadoras) que consigan financiamiento por tres meses. Recién 90 días después de que les manden el bien podrán comprar dólares oficiales para pagarlos.
 
La decisión ya se maceraba antes de Navidad y el encargado de confeccionar la lista fue Matías Kulfas. "No nos sobra nada. Nos gustaría que fuera distinto pero todas las semanas estamos juntando dólares. Diciembre fue algo mejor pero seguimos al límite", confesó a BAE Negocios otro integrante del gabinete económico.
 
Todos esos productos, suntuarios o no, aumentarán de precio en lo inmediato. Es algo a lo que la clase media alta debería acostumbrarse, porque lo mismo le espera con los servicios. Como ya se contó en esta columna, la idea de Darío Martínez es descargar sobre esa franja de la población los únicos aumentos de luz y gas que superarán la inflación en 2021.
 
Ese esquema de administración de las tarifas es lo que, según fuentes corporativas y oficiales, terminó de decidir a Marcelo Mindlin a malvender Edenor como lo hizo. La mano derecha del zar de la energía, Ricardo Torres, se lo dijo clarito a Kulfas antes de que Energía pasara de Producción a Economía: "Si ustedes van por un esquema de congelar tarifas, lo único que te pido es que me lo digan ya. Yo les doy la llave".
 
Como nadie le dijo nada pero el Presidente aplazó hasta marzo la revisión tarifaria, Torres y Mindlin le dieron la llave a José Luis Manzano y compañía.
 
Pero una vez consumado el hecho aparecieron preguntas como las que empezó a hacer Claudio Lozano, director del Banco Nación y frustrado impulsor de la estatización de Vicentín. ¿Y si el Estado puede aprovechar las deudas que tanto el comprador como el vendedor mantienen con CAMMESA (la administradora pública del mercado mayorista) y quedarse con la compañía sin poner un peso? ¿Y si la ANSES puede usufructuar su posición como accionista minoritario para pasar a ser controlante? ¿No había ofrecido la llave, al fin y al cabo, el propio vendedor?
 
Hay más. El contrato de concesión original de Edenor de 1992, igual que el de Edesur, marca los términos para que el propietario de las distribuidoras ponga a disposición sus acciones en una licitación pública internacional.
 
Eso fue ratificado por el decreto 1959/2006, publicado el 8 de enero de 2007 en el Boletín Oficial, que en su cláusula vigésima estipula que el período de gestión del concesionario finalizará a los 5 años de la última revisión tarifaria integral (RTI). Es una suerte de cláusula de salida: si alguien ofrece más de lo que el concesionario dice que vale la empresa, se la podría quedar. Incluso el Estado.
 
 
Vacunomics
  
Son negociaciones muy delicadas, quizá demasiado para llevarlas adelante en medio de una emergencia planetaria. El peligro, además, es que los lobbies se cuelan por cualquier rendija y no solo en el maletín de Manzano.
 
Le pasó a la mismísima Cristina: mientras se debatía la ley de etiquetado frontal de los alimentos para evitar el consumo excesivo de azúcar, los senadores tucumanos consiguieron meter por la ventana una prórroga por cuatro años del polémico régimen de promoción de los biocombustibles. Le dieron media sanción en cuestión de minutos. La familia Blaquier les agradeció calurosamente su aporte a la centenaria industria azucarera. Funcionarios que funcionan.
 
En el equipo económico aceptaron conceder el aumento de los biocombustibles (que empujó a su vez la primera suba de naftas del año) pero no quieren prorrogar ese régimen de promoción sectorial. Una vez más, y del mismo lado que Blaquier, el aceitero Roberto Urquía pechea con los ministros del candidato que auspició generosamente en las últimas elecciones.
 
Antes de sentarse a negociar con los ruralistas para que levanten el lock-out anunciado para el lunes, Luis Basterra le acercó los cálculos al Presidente. Sin subsidio estatal, la soja que se hace biodiesel es soja que no se exporta. Y el gasoil que "ahorra" ese corte con biodiesel es más barato que el aceite de soja que podría exportarse.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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