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Nacionales - 06-01-2021 / 09:01
INTERÉS EGOÍSTA SECTORIAL VS. INTERÉS NACIONAL

Habrá medidas de fuerza de las grandes patronales del campo a partir del lunes

Habrá medidas de fuerza de las grandes patronales del campo a partir del lunes
A pesar de la pandemia, y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la Mesa de Enlace sigue de espaldas al país. Anunció un lockout de 72 horas en protesta por la suspensión por dos meses de las exportaciones de maíz. La medida es tan extemporánea que Coninagro no se sumó. Otros sectores empresarios buscan una salida negociada. Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA).
A pesar de la pandemia, y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la Mesa de Enlace sigue de espaldas al país. La decisión del gobierno nacional de suspender transitoriamente las exportaciones de maíz despertó la furia de las entidades que representan al sector del agro más concentrado. Esas organizaciones decidieron una medida de fuerza que incluye un cese en las ventas, aunque los más exaltados, en donde hay simpatía política por el PRO, impulsan tractorazos y concentraciones en las rutas.
 
Los que fogonean este enfrentamiento son, como siempre, los grandes medios de confusión porteños. Con titulares catástrofe no paran de instigar a los dirigentes más confrontativos y con ello poner el gobierno a la defensiva. Nada dicen del propósito de la medida gubernamental que es asegurar el abastecimiento de maíz a muchas de las cadenas productivas del complejo agroalimentario.
 
Este cereal es básico en la industria avícola para carne y producción de huevos, para el engorde de ganado vacuno en los feed-lots, para la industria porcina, para la actividad tambera, para la industria aceitera y los biocombustibles. Si estas actividades se quedan sin maíz porque se exporta el cien por ciento de la cosecha deberán importarlo pagando el precio internacional, lo que constituye un verdadero contrasentido en un país con tan altos niveles de producción, con una consecuencia directa en el precio de los productos finales. Otra derivación que es silenciada por las entidades que se quejan y por el periodismo de guerra que las apaña.
 
Lo que no se menciona en los airados reclamos de la dirigencia ruralista es que ya se exportó casi el 90 por ciento de la cosecha del año pasado: 34,2 millones de toneladas sobre un total de 38,5 millones. Es decir, el enojo contra el gobierno y las acusaciones de "intervencionismo" y hasta "comunismo" -a la hora de elegir adjetivos la incontinencia verbal parece no tener límites- es por el 10 por ciento del total exportable, pues el resto ya se vendió. 
 

 
Pero también hay otro dato que se prefiere esconder, y es que la medida se adoptó por 60 días, entre el 30 de diciembre pasado y el 1 de marzo próximo. Lo que se presenta como una expropiación masiva contra "el campo" es, apenas, una medida temporal de economía política tendiente a resguardar los intereses nacionales y la producción de alimentos para los argentinos.
 
Algunas cámaras representantes de los sectores demandantes de maíz expresaron su adhesión a la medida del gobierno aunque, desde luego, no tuvieron la repercusión mediática de las organizaciones rurales que defienden sus egoístas intereses con una visión puramente sectorial desentendiéndose de la situación general de la economía del país.
 
No es la primera vez, ni será la última, que estas poderosas corporaciones pretendan torcerle el brazo a un gobierno que no se allana a sus exigencias. Es el mismo sector que rechaza las retenciones a las exportaciones -que en nuestro país y en todo el mundo tienen como objetivo regular los precios internos de los alimentos- o los controles del Estado a las fumigaciones de cultivos con agrotóxicos que tanto daño provocan a la salud humana y al ambiente.
 
La Opinión Popular
 
 
TRES ENTIDADES DE LA MESA DE ENLACE CONVOCAN A UN LOCKOUT DE COMERCIALIZACIÓN. CONINAGRO NO SE SUMA A LA PROTESTA
 
Otro paro político de las patronales del campo
 
El cierre de las exportaciones de maíz en enero y febrero sigue moviendo las fichas en el tablero de la política del agro. La dirigencia de la Mesa de Enlace sin Coninagro anunció un cese de comercialización de todos los granos desde el lunes 11 al miércoles 13 de enero. El gobierno advirtió que ante el paro "no moverá un pelo" la decisión de suspender exportaciones.
 
De todas formas, previo al lockout, las empresas que componen la cadena del maíz, incluyendo productores e industrias que lo demandan como insumo en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino, mantendrán una reunión este miércoles para poder consensuar y acercar alguna propuesta al gobierno, que puertas para adentro de muestras de estar dispuesto a rever la medida siempre que la salida sea negociada y no impuesta.
 
Como sea, se transita un delicado camino. En el interior bonaerense y en la provincia de Córdoba está en marcha la agenda de asambleas de productores "autoconvocados" en donde hay simpatía política por el PRO.
 
 
Una pata menos
  
La decisión de la Mesa de Enlace contó con el apoyo del titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina; de Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas, y de Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, pero no de Coninagro. El lockout es un guiño a las bases más duras en contra del Gobierno y un poco de pirotecnia ante el supuesto riesgo de que la medida del maíz sea el comienzo de mayor "intervencionismo estatal".
 
"No es momento para un paro, pero sí para reclamar que las medidas tomadas por el Gobierno de intervención y regulación de los mercados no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno. Hay un marco social muy complejo y queremos a través del diálogo poder solucionar la competitividad del sector agropecuario. No rompemos con la Mesa de Enlace", dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, al explicar los motivos que llevaron a la entidad a no adherir a la medida de fuerza.
 
"Como hemos trabajado sobre los consensos, también hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido", dijeron los dirigentes de la Mesa de Enlace en un comunicado.
 
Las tres entidades que llevarán a cabo la protesta insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país", en el marco de una reunión celebrada a través de la plataforma Zoom.
 
 
Respuesta oficial
  
Horas antes de la reunión de la dirigencia rural, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había advertido que "si hacen un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro". "Que aquellos que pueden hacer el esfuerzo lo hagan. No solo con el aporte extraordinario sino también cumpliendo su responsabilidad en las decisiones que están marcadas por el interés colectivo y no solo por el interés sectorial. Al campo le ha ido muy bien y por una vez debe pensar en el bien de los argentinos. Tuvieron ganancias por encima de la media de los argentinos. El esfuerzo lo tienen que hacer aquellos que puedan hacerlo. Los empresarios pymes, los comerciantes y los laburantes ya han hecho un gran esfuerzo durante el año y no pueden más, necesitan que el Estado los acompañe y los apuntale", indicó el ministro.
 
En paralelo, van a haber negociaciones en estos días entre los actores de la cadena del maíz y el gobierno. La idea del Ejecutivo es que entre privados puedan llegar a acuerdos de abastecimiento del maíz, para evitar faltantes y sobreprecios en las industrias que lo utilizan como insumo.
 
Por lo pronto, las entidades que reúnen a la cadena de producción de los cuatro cultivos (AcSoja, Maizar, ArgenTrigo y Asagir) criticaron la medida del gobierno al plantear que "erosiona fuertemente la confianza y conduce a que inmediatamente se retraigan las inversiones, tanto las de corto plazo, como puede ser el plan de siembra y paquete tecnológico a aplicar, como también en las inversiones de largo plazo, como la decisión de comenzar un programa de Investigación y desarrollo, o la construcción de una planta industrial. Al mismo tiempo, necesitamos demostrarles a nuestros clientes del exterior que pueden contar un proveedor confiable".
 
 
Suspensión temporaria
 
La reacción del agro responde a la decisión del Gobierno de suspender temporariamente la exportación de maíz hasta el primero de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña de venta 2020/21 del cereal. El argumento oficial consiste en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot.
 
Empresarios de la industria aviar, principal demandante de maíz, tuvieron reuniones en las últimas semanas con autoridades del Ejecutivo para explicar las dificultad en el acceso al grano a buenos precios, en un contexto de fuerte aumento a nivel internacional. Por eso, presionaban para su salida del programa de Precios Máximos.
 
Los números oficiales marcan que a la fecha se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la presente campaña 2019/20 sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que ya se vendió al exterior casi el 90 por ciento de lo que se preveía. Ahora se calcula que a la oferta interna teóricamente disponible de unas 4 millones de toneladas se suman las 4 millones que iban a la exportación.
 
Los llamados productores autoconvocados tienen armado un cronograma de asambleas confirmadas para calentar motores en contra del Gobierno. Ayer hubo una concentración en Río Cuarto y le seguirán en los próximos días encuentros en Bell Ville, Pergamino, Cruce de A012 y ruta 34, cruce ruta 9 y 178, Jesús María, Pampa del Pocho y Crespo.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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22-01-2021 / 11:01
El Gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.
 
Los portavoces dijeron que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
 
De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente. "La medida va a oficializarse en breve", señalaron fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.
 
Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.
 
La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar" la pandemia de coronavirus.
 
La extensión de esta medida confirma que la pandemia está aún lejos de terminar, y los recursos que deberá destinar el Estado en materia social se encuentran muy por debajo de lo necesario para el nivel de la crisis sanitaria actual.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2021 / 10:01
22-01-2021 / 10:01
La estrategia de los sectores antiderechos para intentar judicializar la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sufrió este jueves su primera derrota. El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la Ley.
 
El magistrado justificó su rechazo al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010, al que utilizó para explicar que la inhabilitación de una norma sancionada por el Poder Legislativo es algo que excede a su competencia, por lo que se amparó en la defensa del principio constitucional de división de poderes.
 
"No ha lugar por improcedente", sentenció el juez y rechazó la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la 27.610. Para fundamentar la "improcedencia", en su fallo Bavio se basó en el antecedente del caso "Thomas", de 2010, en el que la Corte Suprema de la Nación revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza.
 
En ese entonces, el diputado Enrique Thomas había presentado un recurso para suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma 'erga omnes' (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860", se puede leer en aquel fallo del tribunal supremo que ahora Bavio retomó para argumentar su postura.
 
"La misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes", continúa el fallo citado por el magistrado salteño, quien agregó que, la imposición de una cautelar que inhabilitara la Ley de IVE, tendría "una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes", para alterar "gravemente el modelo de control constitucional de las leyes consagrado" por la Constitución Nacional.
 

21-01-2021 / 09:01
La venta de terrenos e inmuebles públicos es uno de los negocios más redituables para el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires, para Horacio Rodríguez Larreta y para los empresarios privados que se benefician. Los fines especulativos e inmobiliarios terminan siendo prioridad mientras que la emergencia habitacional y social que viven millones en una de las ciudades más ricas del América Latina nunca es atendida.
 
Es el modelo Puerto Madero. Las tierras se venden a privados y a su vez la Ciudad invierte ese dinero en infraestructura para el mismo barrio, favoreciendo a los millonarios compradores. Y para colmo, lo hace a través de sus "amigos" y aportantes de campaña.
 
Así, el Gobierno de Larreta pre adjudicó una obra de casi $1.000 millones a la empresa constructora Bricons SAICFI. El presidente de la entidad es Miguel Ángel Raspagliesi, quien aportó en 2015, a título personal, medio millón de pesos para la campaña de Mauricio Macri y otro medio millón desde la firma El Mistol, una empresa de aceite de oliva que su familia tiene en San Juan.
 
La oferta presentada para la Licitación Pública 719/SIGAF/20 fue de $998.000.869. La resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy en el Boletín Oficial porteño pre adjudica la obra consistente de tareas de remediación, demolición e infraestructura en el Parque de la Innovación a dicha empresa.
 
Las obras se realizarán en el Polígono 1 y 2 de la zona C del predio de 13 hectáreas delimitado por la Avenidas Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, en el barrio Núñez. Es en las tierras de lo fue el predio de Tiro Federal.
 

21-01-2021 / 08:01
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