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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 06-01-2021 / 09:01
INTERÉS EGOÍSTA SECTORIAL VS. INTERÉS NACIONAL

Habrá medidas de fuerza de las grandes patronales del campo a partir del lunes

Habrá medidas de fuerza de las grandes patronales del campo a partir del lunes
A pesar de la pandemia, y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la Mesa de Enlace sigue de espaldas al país. Anunció un lockout de 72 horas en protesta por la suspensión por dos meses de las exportaciones de maíz. La medida es tan extemporánea que Coninagro no se sumó. Otros sectores empresarios buscan una salida negociada. Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA).
A pesar de la pandemia, y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la Mesa de Enlace sigue de espaldas al país. La decisión del gobierno nacional de suspender transitoriamente las exportaciones de maíz despertó la furia de las entidades que representan al sector del agro más concentrado. Esas organizaciones decidieron una medida de fuerza que incluye un cese en las ventas, aunque los más exaltados, en donde hay simpatía política por el PRO, impulsan tractorazos y concentraciones en las rutas.
 
Los que fogonean este enfrentamiento son, como siempre, los grandes medios de confusión porteños. Con titulares catástrofe no paran de instigar a los dirigentes más confrontativos y con ello poner el gobierno a la defensiva. Nada dicen del propósito de la medida gubernamental que es asegurar el abastecimiento de maíz a muchas de las cadenas productivas del complejo agroalimentario.
 
Este cereal es básico en la industria avícola para carne y producción de huevos, para el engorde de ganado vacuno en los feed-lots, para la industria porcina, para la actividad tambera, para la industria aceitera y los biocombustibles. Si estas actividades se quedan sin maíz porque se exporta el cien por ciento de la cosecha deberán importarlo pagando el precio internacional, lo que constituye un verdadero contrasentido en un país con tan altos niveles de producción, con una consecuencia directa en el precio de los productos finales. Otra derivación que es silenciada por las entidades que se quejan y por el periodismo de guerra que las apaña.
 
Lo que no se menciona en los airados reclamos de la dirigencia ruralista es que ya se exportó casi el 90 por ciento de la cosecha del año pasado: 34,2 millones de toneladas sobre un total de 38,5 millones. Es decir, el enojo contra el gobierno y las acusaciones de "intervencionismo" y hasta "comunismo" -a la hora de elegir adjetivos la incontinencia verbal parece no tener límites- es por el 10 por ciento del total exportable, pues el resto ya se vendió. 
 

 
Pero también hay otro dato que se prefiere esconder, y es que la medida se adoptó por 60 días, entre el 30 de diciembre pasado y el 1 de marzo próximo. Lo que se presenta como una expropiación masiva contra "el campo" es, apenas, una medida temporal de economía política tendiente a resguardar los intereses nacionales y la producción de alimentos para los argentinos.
 
Algunas cámaras representantes de los sectores demandantes de maíz expresaron su adhesión a la medida del gobierno aunque, desde luego, no tuvieron la repercusión mediática de las organizaciones rurales que defienden sus egoístas intereses con una visión puramente sectorial desentendiéndose de la situación general de la economía del país.
 
No es la primera vez, ni será la última, que estas poderosas corporaciones pretendan torcerle el brazo a un gobierno que no se allana a sus exigencias. Es el mismo sector que rechaza las retenciones a las exportaciones -que en nuestro país y en todo el mundo tienen como objetivo regular los precios internos de los alimentos- o los controles del Estado a las fumigaciones de cultivos con agrotóxicos que tanto daño provocan a la salud humana y al ambiente.
 
La Opinión Popular
 
 
TRES ENTIDADES DE LA MESA DE ENLACE CONVOCAN A UN LOCKOUT DE COMERCIALIZACIÓN. CONINAGRO NO SE SUMA A LA PROTESTA
 
Otro paro político de las patronales del campo
 
El cierre de las exportaciones de maíz en enero y febrero sigue moviendo las fichas en el tablero de la política del agro. La dirigencia de la Mesa de Enlace sin Coninagro anunció un cese de comercialización de todos los granos desde el lunes 11 al miércoles 13 de enero. El gobierno advirtió que ante el paro "no moverá un pelo" la decisión de suspender exportaciones.
 
De todas formas, previo al lockout, las empresas que componen la cadena del maíz, incluyendo productores e industrias que lo demandan como insumo en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino, mantendrán una reunión este miércoles para poder consensuar y acercar alguna propuesta al gobierno, que puertas para adentro de muestras de estar dispuesto a rever la medida siempre que la salida sea negociada y no impuesta.
 
Como sea, se transita un delicado camino. En el interior bonaerense y en la provincia de Córdoba está en marcha la agenda de asambleas de productores "autoconvocados" en donde hay simpatía política por el PRO.
 
 
Una pata menos
  
La decisión de la Mesa de Enlace contó con el apoyo del titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina; de Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas, y de Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, pero no de Coninagro. El lockout es un guiño a las bases más duras en contra del Gobierno y un poco de pirotecnia ante el supuesto riesgo de que la medida del maíz sea el comienzo de mayor "intervencionismo estatal".
 
"No es momento para un paro, pero sí para reclamar que las medidas tomadas por el Gobierno de intervención y regulación de los mercados no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno. Hay un marco social muy complejo y queremos a través del diálogo poder solucionar la competitividad del sector agropecuario. No rompemos con la Mesa de Enlace", dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, al explicar los motivos que llevaron a la entidad a no adherir a la medida de fuerza.
 
"Como hemos trabajado sobre los consensos, también hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido", dijeron los dirigentes de la Mesa de Enlace en un comunicado.
 
Las tres entidades que llevarán a cabo la protesta insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país", en el marco de una reunión celebrada a través de la plataforma Zoom.
 
 
Respuesta oficial
  
Horas antes de la reunión de la dirigencia rural, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había advertido que "si hacen un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro". "Que aquellos que pueden hacer el esfuerzo lo hagan. No solo con el aporte extraordinario sino también cumpliendo su responsabilidad en las decisiones que están marcadas por el interés colectivo y no solo por el interés sectorial. Al campo le ha ido muy bien y por una vez debe pensar en el bien de los argentinos. Tuvieron ganancias por encima de la media de los argentinos. El esfuerzo lo tienen que hacer aquellos que puedan hacerlo. Los empresarios pymes, los comerciantes y los laburantes ya han hecho un gran esfuerzo durante el año y no pueden más, necesitan que el Estado los acompañe y los apuntale", indicó el ministro.
 
En paralelo, van a haber negociaciones en estos días entre los actores de la cadena del maíz y el gobierno. La idea del Ejecutivo es que entre privados puedan llegar a acuerdos de abastecimiento del maíz, para evitar faltantes y sobreprecios en las industrias que lo utilizan como insumo.
 
Por lo pronto, las entidades que reúnen a la cadena de producción de los cuatro cultivos (AcSoja, Maizar, ArgenTrigo y Asagir) criticaron la medida del gobierno al plantear que "erosiona fuertemente la confianza y conduce a que inmediatamente se retraigan las inversiones, tanto las de corto plazo, como puede ser el plan de siembra y paquete tecnológico a aplicar, como también en las inversiones de largo plazo, como la decisión de comenzar un programa de Investigación y desarrollo, o la construcción de una planta industrial. Al mismo tiempo, necesitamos demostrarles a nuestros clientes del exterior que pueden contar un proveedor confiable".
 
 
Suspensión temporaria
 
La reacción del agro responde a la decisión del Gobierno de suspender temporariamente la exportación de maíz hasta el primero de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña de venta 2020/21 del cereal. El argumento oficial consiste en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot.
 
Empresarios de la industria aviar, principal demandante de maíz, tuvieron reuniones en las últimas semanas con autoridades del Ejecutivo para explicar las dificultad en el acceso al grano a buenos precios, en un contexto de fuerte aumento a nivel internacional. Por eso, presionaban para su salida del programa de Precios Máximos.
 
Los números oficiales marcan que a la fecha se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la presente campaña 2019/20 sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que ya se vendió al exterior casi el 90 por ciento de lo que se preveía. Ahora se calcula que a la oferta interna teóricamente disponible de unas 4 millones de toneladas se suman las 4 millones que iban a la exportación.
 
Los llamados productores autoconvocados tienen armado un cronograma de asambleas confirmadas para calentar motores en contra del Gobierno. Ayer hubo una concentración en Río Cuarto y le seguirán en los próximos días encuentros en Bell Ville, Pergamino, Cruce de A012 y ruta 34, cruce ruta 9 y 178, Jesús María, Pampa del Pocho y Crespo.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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