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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-01-2021 / 09:01
INTERÉS EGOÍSTA SECTORIAL VS. INTERÉS NACIONAL

Habrá medidas de fuerza de las grandes patronales del campo a partir del lunes

Habrá medidas de fuerza de las grandes patronales del campo a partir del lunes
A pesar de la pandemia, y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la Mesa de Enlace sigue de espaldas al país. Anunció un lockout de 72 horas en protesta por la suspensión por dos meses de las exportaciones de maíz. La medida es tan extemporánea que Coninagro no se sumó. Otros sectores empresarios buscan una salida negociada. Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA).
A pesar de la pandemia, y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la Mesa de Enlace sigue de espaldas al país. La decisión del gobierno nacional de suspender transitoriamente las exportaciones de maíz despertó la furia de las entidades que representan al sector del agro más concentrado. Esas organizaciones decidieron una medida de fuerza que incluye un cese en las ventas, aunque los más exaltados, en donde hay simpatía política por el PRO, impulsan tractorazos y concentraciones en las rutas.
 
Los que fogonean este enfrentamiento son, como siempre, los grandes medios de confusión porteños. Con titulares catástrofe no paran de instigar a los dirigentes más confrontativos y con ello poner el gobierno a la defensiva. Nada dicen del propósito de la medida gubernamental que es asegurar el abastecimiento de maíz a muchas de las cadenas productivas del complejo agroalimentario.
 
Este cereal es básico en la industria avícola para carne y producción de huevos, para el engorde de ganado vacuno en los feed-lots, para la industria porcina, para la actividad tambera, para la industria aceitera y los biocombustibles. Si estas actividades se quedan sin maíz porque se exporta el cien por ciento de la cosecha deberán importarlo pagando el precio internacional, lo que constituye un verdadero contrasentido en un país con tan altos niveles de producción, con una consecuencia directa en el precio de los productos finales. Otra derivación que es silenciada por las entidades que se quejan y por el periodismo de guerra que las apaña.
 
Lo que no se menciona en los airados reclamos de la dirigencia ruralista es que ya se exportó casi el 90 por ciento de la cosecha del año pasado: 34,2 millones de toneladas sobre un total de 38,5 millones. Es decir, el enojo contra el gobierno y las acusaciones de "intervencionismo" y hasta "comunismo" -a la hora de elegir adjetivos la incontinencia verbal parece no tener límites- es por el 10 por ciento del total exportable, pues el resto ya se vendió. 
 

 
Pero también hay otro dato que se prefiere esconder, y es que la medida se adoptó por 60 días, entre el 30 de diciembre pasado y el 1 de marzo próximo. Lo que se presenta como una expropiación masiva contra "el campo" es, apenas, una medida temporal de economía política tendiente a resguardar los intereses nacionales y la producción de alimentos para los argentinos.
 
Algunas cámaras representantes de los sectores demandantes de maíz expresaron su adhesión a la medida del gobierno aunque, desde luego, no tuvieron la repercusión mediática de las organizaciones rurales que defienden sus egoístas intereses con una visión puramente sectorial desentendiéndose de la situación general de la economía del país.
 
No es la primera vez, ni será la última, que estas poderosas corporaciones pretendan torcerle el brazo a un gobierno que no se allana a sus exigencias. Es el mismo sector que rechaza las retenciones a las exportaciones -que en nuestro país y en todo el mundo tienen como objetivo regular los precios internos de los alimentos- o los controles del Estado a las fumigaciones de cultivos con agrotóxicos que tanto daño provocan a la salud humana y al ambiente.
 
La Opinión Popular
 
 
TRES ENTIDADES DE LA MESA DE ENLACE CONVOCAN A UN LOCKOUT DE COMERCIALIZACIÓN. CONINAGRO NO SE SUMA A LA PROTESTA
 
Otro paro político de las patronales del campo
 
El cierre de las exportaciones de maíz en enero y febrero sigue moviendo las fichas en el tablero de la política del agro. La dirigencia de la Mesa de Enlace sin Coninagro anunció un cese de comercialización de todos los granos desde el lunes 11 al miércoles 13 de enero. El gobierno advirtió que ante el paro "no moverá un pelo" la decisión de suspender exportaciones.
 
De todas formas, previo al lockout, las empresas que componen la cadena del maíz, incluyendo productores e industrias que lo demandan como insumo en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino, mantendrán una reunión este miércoles para poder consensuar y acercar alguna propuesta al gobierno, que puertas para adentro de muestras de estar dispuesto a rever la medida siempre que la salida sea negociada y no impuesta.
 
Como sea, se transita un delicado camino. En el interior bonaerense y en la provincia de Córdoba está en marcha la agenda de asambleas de productores "autoconvocados" en donde hay simpatía política por el PRO.
 
 
Una pata menos
  
La decisión de la Mesa de Enlace contó con el apoyo del titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina; de Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas, y de Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, pero no de Coninagro. El lockout es un guiño a las bases más duras en contra del Gobierno y un poco de pirotecnia ante el supuesto riesgo de que la medida del maíz sea el comienzo de mayor "intervencionismo estatal".
 
"No es momento para un paro, pero sí para reclamar que las medidas tomadas por el Gobierno de intervención y regulación de los mercados no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno. Hay un marco social muy complejo y queremos a través del diálogo poder solucionar la competitividad del sector agropecuario. No rompemos con la Mesa de Enlace", dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, al explicar los motivos que llevaron a la entidad a no adherir a la medida de fuerza.
 
"Como hemos trabajado sobre los consensos, también hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido", dijeron los dirigentes de la Mesa de Enlace en un comunicado.
 
Las tres entidades que llevarán a cabo la protesta insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país", en el marco de una reunión celebrada a través de la plataforma Zoom.
 
 
Respuesta oficial
  
Horas antes de la reunión de la dirigencia rural, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había advertido que "si hacen un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro". "Que aquellos que pueden hacer el esfuerzo lo hagan. No solo con el aporte extraordinario sino también cumpliendo su responsabilidad en las decisiones que están marcadas por el interés colectivo y no solo por el interés sectorial. Al campo le ha ido muy bien y por una vez debe pensar en el bien de los argentinos. Tuvieron ganancias por encima de la media de los argentinos. El esfuerzo lo tienen que hacer aquellos que puedan hacerlo. Los empresarios pymes, los comerciantes y los laburantes ya han hecho un gran esfuerzo durante el año y no pueden más, necesitan que el Estado los acompañe y los apuntale", indicó el ministro.
 
En paralelo, van a haber negociaciones en estos días entre los actores de la cadena del maíz y el gobierno. La idea del Ejecutivo es que entre privados puedan llegar a acuerdos de abastecimiento del maíz, para evitar faltantes y sobreprecios en las industrias que lo utilizan como insumo.
 
Por lo pronto, las entidades que reúnen a la cadena de producción de los cuatro cultivos (AcSoja, Maizar, ArgenTrigo y Asagir) criticaron la medida del gobierno al plantear que "erosiona fuertemente la confianza y conduce a que inmediatamente se retraigan las inversiones, tanto las de corto plazo, como puede ser el plan de siembra y paquete tecnológico a aplicar, como también en las inversiones de largo plazo, como la decisión de comenzar un programa de Investigación y desarrollo, o la construcción de una planta industrial. Al mismo tiempo, necesitamos demostrarles a nuestros clientes del exterior que pueden contar un proveedor confiable".
 
 
Suspensión temporaria
 
La reacción del agro responde a la decisión del Gobierno de suspender temporariamente la exportación de maíz hasta el primero de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña de venta 2020/21 del cereal. El argumento oficial consiste en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot.
 
Empresarios de la industria aviar, principal demandante de maíz, tuvieron reuniones en las últimas semanas con autoridades del Ejecutivo para explicar las dificultad en el acceso al grano a buenos precios, en un contexto de fuerte aumento a nivel internacional. Por eso, presionaban para su salida del programa de Precios Máximos.
 
Los números oficiales marcan que a la fecha se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la presente campaña 2019/20 sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que ya se vendió al exterior casi el 90 por ciento de lo que se preveía. Ahora se calcula que a la oferta interna teóricamente disponible de unas 4 millones de toneladas se suman las 4 millones que iban a la exportación.
 
Los llamados productores autoconvocados tienen armado un cronograma de asambleas confirmadas para calentar motores en contra del Gobierno. Ayer hubo una concentración en Río Cuarto y le seguirán en los próximos días encuentros en Bell Ville, Pergamino, Cruce de A012 y ruta 34, cruce ruta 9 y 178, Jesús María, Pampa del Pocho y Crespo.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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