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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 06-01-2021 / 09:01
INTERÉS EGOÍSTA SECTORIAL VS. INTERÉS NACIONAL

Habrá medidas de fuerza de las grandes patronales del campo a partir del lunes

Habrá medidas de fuerza de las grandes patronales del campo a partir del lunes
A pesar de la pandemia, y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la Mesa de Enlace sigue de espaldas al país. Anunció un lockout de 72 horas en protesta por la suspensión por dos meses de las exportaciones de maíz. La medida es tan extemporánea que Coninagro no se sumó. Otros sectores empresarios buscan una salida negociada. Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA).
A pesar de la pandemia, y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la Mesa de Enlace sigue de espaldas al país. La decisión del gobierno nacional de suspender transitoriamente las exportaciones de maíz despertó la furia de las entidades que representan al sector del agro más concentrado. Esas organizaciones decidieron una medida de fuerza que incluye un cese en las ventas, aunque los más exaltados, en donde hay simpatía política por el PRO, impulsan tractorazos y concentraciones en las rutas.
 
Los que fogonean este enfrentamiento son, como siempre, los grandes medios de confusión porteños. Con titulares catástrofe no paran de instigar a los dirigentes más confrontativos y con ello poner el gobierno a la defensiva. Nada dicen del propósito de la medida gubernamental que es asegurar el abastecimiento de maíz a muchas de las cadenas productivas del complejo agroalimentario.
 
Este cereal es básico en la industria avícola para carne y producción de huevos, para el engorde de ganado vacuno en los feed-lots, para la industria porcina, para la actividad tambera, para la industria aceitera y los biocombustibles. Si estas actividades se quedan sin maíz porque se exporta el cien por ciento de la cosecha deberán importarlo pagando el precio internacional, lo que constituye un verdadero contrasentido en un país con tan altos niveles de producción, con una consecuencia directa en el precio de los productos finales. Otra derivación que es silenciada por las entidades que se quejan y por el periodismo de guerra que las apaña.
 
Lo que no se menciona en los airados reclamos de la dirigencia ruralista es que ya se exportó casi el 90 por ciento de la cosecha del año pasado: 34,2 millones de toneladas sobre un total de 38,5 millones. Es decir, el enojo contra el gobierno y las acusaciones de "intervencionismo" y hasta "comunismo" -a la hora de elegir adjetivos la incontinencia verbal parece no tener límites- es por el 10 por ciento del total exportable, pues el resto ya se vendió. 
 

 
Pero también hay otro dato que se prefiere esconder, y es que la medida se adoptó por 60 días, entre el 30 de diciembre pasado y el 1 de marzo próximo. Lo que se presenta como una expropiación masiva contra "el campo" es, apenas, una medida temporal de economía política tendiente a resguardar los intereses nacionales y la producción de alimentos para los argentinos.
 
Algunas cámaras representantes de los sectores demandantes de maíz expresaron su adhesión a la medida del gobierno aunque, desde luego, no tuvieron la repercusión mediática de las organizaciones rurales que defienden sus egoístas intereses con una visión puramente sectorial desentendiéndose de la situación general de la economía del país.
 
No es la primera vez, ni será la última, que estas poderosas corporaciones pretendan torcerle el brazo a un gobierno que no se allana a sus exigencias. Es el mismo sector que rechaza las retenciones a las exportaciones -que en nuestro país y en todo el mundo tienen como objetivo regular los precios internos de los alimentos- o los controles del Estado a las fumigaciones de cultivos con agrotóxicos que tanto daño provocan a la salud humana y al ambiente.
 
La Opinión Popular
 
 
TRES ENTIDADES DE LA MESA DE ENLACE CONVOCAN A UN LOCKOUT DE COMERCIALIZACIÓN. CONINAGRO NO SE SUMA A LA PROTESTA
 
Otro paro político de las patronales del campo
 
El cierre de las exportaciones de maíz en enero y febrero sigue moviendo las fichas en el tablero de la política del agro. La dirigencia de la Mesa de Enlace sin Coninagro anunció un cese de comercialización de todos los granos desde el lunes 11 al miércoles 13 de enero. El gobierno advirtió que ante el paro "no moverá un pelo" la decisión de suspender exportaciones.
 
De todas formas, previo al lockout, las empresas que componen la cadena del maíz, incluyendo productores e industrias que lo demandan como insumo en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino, mantendrán una reunión este miércoles para poder consensuar y acercar alguna propuesta al gobierno, que puertas para adentro de muestras de estar dispuesto a rever la medida siempre que la salida sea negociada y no impuesta.
 
Como sea, se transita un delicado camino. En el interior bonaerense y en la provincia de Córdoba está en marcha la agenda de asambleas de productores "autoconvocados" en donde hay simpatía política por el PRO.
 
 
Una pata menos
  
La decisión de la Mesa de Enlace contó con el apoyo del titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina; de Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas, y de Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, pero no de Coninagro. El lockout es un guiño a las bases más duras en contra del Gobierno y un poco de pirotecnia ante el supuesto riesgo de que la medida del maíz sea el comienzo de mayor "intervencionismo estatal".
 
"No es momento para un paro, pero sí para reclamar que las medidas tomadas por el Gobierno de intervención y regulación de los mercados no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno. Hay un marco social muy complejo y queremos a través del diálogo poder solucionar la competitividad del sector agropecuario. No rompemos con la Mesa de Enlace", dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, al explicar los motivos que llevaron a la entidad a no adherir a la medida de fuerza.
 
"Como hemos trabajado sobre los consensos, también hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido", dijeron los dirigentes de la Mesa de Enlace en un comunicado.
 
Las tres entidades que llevarán a cabo la protesta insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país", en el marco de una reunión celebrada a través de la plataforma Zoom.
 
 
Respuesta oficial
  
Horas antes de la reunión de la dirigencia rural, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había advertido que "si hacen un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro". "Que aquellos que pueden hacer el esfuerzo lo hagan. No solo con el aporte extraordinario sino también cumpliendo su responsabilidad en las decisiones que están marcadas por el interés colectivo y no solo por el interés sectorial. Al campo le ha ido muy bien y por una vez debe pensar en el bien de los argentinos. Tuvieron ganancias por encima de la media de los argentinos. El esfuerzo lo tienen que hacer aquellos que puedan hacerlo. Los empresarios pymes, los comerciantes y los laburantes ya han hecho un gran esfuerzo durante el año y no pueden más, necesitan que el Estado los acompañe y los apuntale", indicó el ministro.
 
En paralelo, van a haber negociaciones en estos días entre los actores de la cadena del maíz y el gobierno. La idea del Ejecutivo es que entre privados puedan llegar a acuerdos de abastecimiento del maíz, para evitar faltantes y sobreprecios en las industrias que lo utilizan como insumo.
 
Por lo pronto, las entidades que reúnen a la cadena de producción de los cuatro cultivos (AcSoja, Maizar, ArgenTrigo y Asagir) criticaron la medida del gobierno al plantear que "erosiona fuertemente la confianza y conduce a que inmediatamente se retraigan las inversiones, tanto las de corto plazo, como puede ser el plan de siembra y paquete tecnológico a aplicar, como también en las inversiones de largo plazo, como la decisión de comenzar un programa de Investigación y desarrollo, o la construcción de una planta industrial. Al mismo tiempo, necesitamos demostrarles a nuestros clientes del exterior que pueden contar un proveedor confiable".
 
 
Suspensión temporaria
 
La reacción del agro responde a la decisión del Gobierno de suspender temporariamente la exportación de maíz hasta el primero de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña de venta 2020/21 del cereal. El argumento oficial consiste en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot.
 
Empresarios de la industria aviar, principal demandante de maíz, tuvieron reuniones en las últimas semanas con autoridades del Ejecutivo para explicar las dificultad en el acceso al grano a buenos precios, en un contexto de fuerte aumento a nivel internacional. Por eso, presionaban para su salida del programa de Precios Máximos.
 
Los números oficiales marcan que a la fecha se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la presente campaña 2019/20 sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que ya se vendió al exterior casi el 90 por ciento de lo que se preveía. Ahora se calcula que a la oferta interna teóricamente disponible de unas 4 millones de toneladas se suman las 4 millones que iban a la exportación.
 
Los llamados productores autoconvocados tienen armado un cronograma de asambleas confirmadas para calentar motores en contra del Gobierno. Ayer hubo una concentración en Río Cuarto y le seguirán en los próximos días encuentros en Bell Ville, Pergamino, Cruce de A012 y ruta 34, cruce ruta 9 y 178, Jesús María, Pampa del Pocho y Crespo.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

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