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Nacionales - 05-01-2021 / 10:01
ENREDADOS POR EL TESTIMONIO DE LOS POLICÍAS QUE LA ATENDIERON EN LA COMISARÍA 1ª DE LA PLATA

Vómitos, alcohol y de contramano: el testimonio que complica a Carolina Píparo y su marido

Vómitos, alcohol y de contramano: el testimonio que complica a Carolina Píparo y su marido
Mientras se aguardan los resultados de distintas pruebas, entre ellas del test de alcoholemia, la declaración de dos efectivos de la Policía complicó la situación de Carolina Píparo y su marido Juan Ignacio Buzali, quien podría ser imputado por haber embestido a dos motociclistas a los que creyó los ladrones.
Los policías de la Comisaría 1ª de La Plata, a la que concurrieron la legisladora macrista Carolina Píparo y su marido, Juan Ignacio Buzali, después de atropellar a los motociclistas, declararon bajo juramento que la legisladora y su esposo pidieron ir varias veces al baño, que allí vomitaron, que hubo que limpiar los vómitos y que ambos tenían un fuerte olor a alcohol.
 
El testimonio de los uniformados no sólo compromete a Píparo y Bruzali, sino también a los funcionarios del Municipio de La Plata, en especial al secretario de Seguridad, Darío Ganduglia, que no le hizo el test de alcoholemia a la pareja cuando correspondía.
 
La fiscal María Eugenia Di Lorenzo investiga ahora, por un lado, el robo que sufrió Píparo; por otro lado, el atropellamiento posterior a los motociclistas, y ahora también una maniobra de encubrimiento que consistió en no hacerles la alcoholemia a Píparo y Buzzali y luego en concretar una manipulación de los videos.
 
A todo esto debe sumarse que Píparo adujo que después del robo salió a buscar ayuda policial, pero se recuperaron imágenes del vehículo pasando, de contramano, a toda velocidad, frente a la Comisaría 4ª de La Plata, y no paró: siguió de largo.
 
Por otra parte, la justicia penal de La Plata aseguró que está "prácticamente descartado" que los dos motociclistas adolecentes que fueron embestidos y abandonados por la diputada de Juntos por el Cambio y su marido durante la madrugada de Año Nuevo hayan participado del asalto al matrimonio.
 
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Toxicología
  
El estado de ebriedad e incluso un posible consumo de drogas fue denunciado inicialmente por una vecina que increpó a Píparo y a Bruzali tras haber atropellado a Luis Lavalle e Ivan Coronel, dos jóvenes trabajadores. En el video ampliamente difundido, Sara, la vecina, los exhibe en imágenes llamativas: la diputada tomando gaseosa -tal vez para reducir el grado de alcohol- y desencajada, mientras Buzali se mantenía en el vehículo como ido, ausente.
 
Los policías declararon bajo juramento en la causa judicial y contaron que una vez que Píparo y Buzali fueron llevados a la comisaría, después del atropellamiento, pidieron varias veces ir al baño. Se los escuchó vomitar y luego hubo que limpiar el baño, además de que los efectivos percibieron el olor a alcohol de la pareja.
 
Por supuesto que lo que correspondía era que les hicieran el test de alcoholemia cuando se acercaron al operativo en el que estaba el secretario de Seguridad, Ganduglia. En las imágenes tomadas por Sara, también se ve a Ganduglia en actitud de defender a Píparo -sin mucha convicción, es cierto-, pero está claro que hubo decisión de no hacerles el test de alcoholemia.
 
La fiscal estudia ahora si no se trató de una maniobra de encubrimiento. El abogado de la legisladora, Fernando Burlando, admitió: "Sí, no se hizo el test tan rápido como correspondía". Al mediodía, muchas horas después de ocurridos los hechos, se le extrajo sangre a Buzali.
 
 
Intencionalidad
  
A lo largo de la jornada del lunes, Píparo y Burlando fueron cambiando su argumento y trataron de sostener que el atropellamiento no fue intencional, sino un accidente.
 
Sin embargo, el abogado sostuvo a la mañana en Radio Mitre, que Buzali y Píparo se confundieron porque los motociclistas tenían ropa parecida a la de los supuestos ladrones. Eso indica entonces que el atropellamiento fue intencional. Más tarde, intentaron cambiar el argumento y dijeron que fue un accidente.
 
Tampoco la pericia accidentológica parece ayudarles: se estableció que atropellaron a los motociclistas de costado, no de atrás, es decir que fue con toda la intención. Es muy posible que el nivel de alcohol en sangre -o tal vez alguna otra sustancia- le haya hecho perder el control.
 
 
Falsedades
  
El argumento público de Píparo fue que salió a buscar ayuda policial después de sufrir el robo. Sin embargo, aparecieron imágenes que demuestran que la legisladora y su marido pasaron delante de la Comisaria 4ª, de contramano, a toda velocidad, y no se detuvieron.
 
La dependencia policial es histórica, es decir conocida por todos, y además de que tiene banderas y mucha señalización. Aún así, la pareja no paró. Está claro que no fue a buscar asistencia policial.
 
 
Encubrimiento
  
La fiscal Di Lorenzo, con la venia de la jueza Marcela Garmencia, ordenó el allanamiento del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de la Plata. La sospecha es que se ocultaron y manipularon las imágenes, porque resultó curioso que se vio el auto de Píparo y Buzali circulando por toda la ciudad, pero lo asombroso es que no aparecen imágenes de los dos momentos centrales: el robo y el atropellamiento.
 
Por lo tanto, Di Lorenzo dispuso que se secuestren todas las imágenes de las calles, pero también las internas del Centro de Monitoreo, porque quiere ver quiénes trabajaron en el armado en los videos que se entregaron a los medios y a la fiscalía. También se secuestró el libro de guardia y el registro de todos los ingresos y salidas del Centro.
 
Fuente: Página12
 

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23-01-2021 / 10:01
El gobierno de CABA no dice nada sobre la vacunación, pero anunció que el comienzo de las clases será a mediados de febrero aunque se mantengan los contagios. Horacio Rodríguez Larreta y todos sus colaboradores se negaron a vacunarse, a diferencia de los funcionarios nacionales y bonaerenses que, además, lo hicieron en público.
 
La diputada del PRO, Graciela Ocaña denunció a la Anmat porque aprobó una vacuna con explicaciones escritas en ruso.  Juntos por el Cambio acusó al gobierno de hacer un uso político de las vacunas, pero todas las denuncias que hizo desde el año pasado, resultaron falsas o incorrectas. Más allá del juego político, las que ganan o pierden son las personas, que en esta pandemia se juegan la vida.
 
Reclamaron información sobre la Sputnik V, cuando, al igual que los demás laboratorios ha publicado sus resultados en la revista científica The Lancet y, con el cargamento envió un dossier de 200 páginas con los resultados de la fase 3, incluidos para los mayores de 60 años. Está escrito en ruso y obviamente fue traducido de la misma forma que cuando las especificaciones vienen en inglés.
 
Juntos por el Cambio exige información, como si no la hubiera, y se niega a explicar cómo será el operativo de vacunación para los millones de habitantes de CABA. Rodríguez Larreta dice que no da esa información porque no saben la cantidad de vacunas que recibirán.
 
La pregunta es si recién comenzará a organizar semejante maniobra el día posterior a que reciba la vacuna, con lo que habrá retrasado considerablemente la vacunación en la ciudad. Millones de porteños observan con preocupación cómo millones de bonaerenses se inscriben en las listas que ordenarán la vacunación en la provincia, sin que en CABA digan ni media palabra.
 
Primero acusaron al gobierno de no acordar con Pfizer y se explayaron sobre las bondades de esa vacuna, pero resulta que ya tuvo efectos adversos en Israel y en Noruega. Después dijeron que los países vecinos habían arreglado la provisión de vacunas, mientras que a la Argentina no iban a llegar antes de fin de año.
 
Pero la Sputnik llegó y se están aplicando 300 mil dosis, mientras que los países vecinos, apenas empezaron a vacunar. La Sputnik V llegó a la Argentina, pero el laboratorio que contraponía Juntos por el Cambio fue denunciado en México y en Italia porque no abasteció las dosis que debía proveer.
 
Una de los voceros de esta campaña inexplicable desde el punto de vista de la emergencia social ha sido la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, que fue removida como ministra de Salud del anterior gobierno peronista por su inoperancia.
 
La otra voz de consulta que muestra Juntos por el Cambio es la del ex secretario de Salud del macrismo, Adolfo Rubinstein, que todavía tiene que responder una denuncia de la Oficina Anticorrupción porque durante su gestión dejaron que vencieran 600 mil dosis de vacunas. La tercera voz cambiemita sobre salud pública fue la del diputado Mario Negri, que es abogado y habló más de política que de salud, pero acusó al gobierno de hacer política con la vacuna.
 

22-01-2021 / 11:01
El Gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.
 
Los portavoces dijeron que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
 
De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente. "La medida va a oficializarse en breve", señalaron fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.
 
Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.
 
La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar" la pandemia de coronavirus.
 
La extensión de esta medida confirma que la pandemia está aún lejos de terminar, y los recursos que deberá destinar el Estado en materia social se encuentran muy por debajo de lo necesario para el nivel de la crisis sanitaria actual.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2021 / 10:01
22-01-2021 / 10:01
La estrategia de los sectores antiderechos para intentar judicializar la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sufrió este jueves su primera derrota. El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la Ley.
 
El magistrado justificó su rechazo al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010, al que utilizó para explicar que la inhabilitación de una norma sancionada por el Poder Legislativo es algo que excede a su competencia, por lo que se amparó en la defensa del principio constitucional de división de poderes.
 
"No ha lugar por improcedente", sentenció el juez y rechazó la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la 27.610. Para fundamentar la "improcedencia", en su fallo Bavio se basó en el antecedente del caso "Thomas", de 2010, en el que la Corte Suprema de la Nación revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza.
 
En ese entonces, el diputado Enrique Thomas había presentado un recurso para suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma 'erga omnes' (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860", se puede leer en aquel fallo del tribunal supremo que ahora Bavio retomó para argumentar su postura.
 
"La misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes", continúa el fallo citado por el magistrado salteño, quien agregó que, la imposición de una cautelar que inhabilitara la Ley de IVE, tendría "una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes", para alterar "gravemente el modelo de control constitucional de las leyes consagrado" por la Constitución Nacional.
 

21-01-2021 / 09:01
La venta de terrenos e inmuebles públicos es uno de los negocios más redituables para el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires, para Horacio Rodríguez Larreta y para los empresarios privados que se benefician. Los fines especulativos e inmobiliarios terminan siendo prioridad mientras que la emergencia habitacional y social que viven millones en una de las ciudades más ricas del América Latina nunca es atendida.
 
Es el modelo Puerto Madero. Las tierras se venden a privados y a su vez la Ciudad invierte ese dinero en infraestructura para el mismo barrio, favoreciendo a los millonarios compradores. Y para colmo, lo hace a través de sus "amigos" y aportantes de campaña.
 
Así, el Gobierno de Larreta pre adjudicó una obra de casi $1.000 millones a la empresa constructora Bricons SAICFI. El presidente de la entidad es Miguel Ángel Raspagliesi, quien aportó en 2015, a título personal, medio millón de pesos para la campaña de Mauricio Macri y otro medio millón desde la firma El Mistol, una empresa de aceite de oliva que su familia tiene en San Juan.
 
La oferta presentada para la Licitación Pública 719/SIGAF/20 fue de $998.000.869. La resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy en el Boletín Oficial porteño pre adjudica la obra consistente de tareas de remediación, demolición e infraestructura en el Parque de la Innovación a dicha empresa.
 
Las obras se realizarán en el Polígono 1 y 2 de la zona C del predio de 13 hectáreas delimitado por la Avenidas Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, en el barrio Núñez. Es en las tierras de lo fue el predio de Tiro Federal.
 

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