, y advierte que más allá de si cometió o no delitos lo que se debe evaluar es su actuación como fiscal.
 
A través del vínculo con D'Alessio, advierte, se nutría de "informes" que "le reclamaba", "consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular" y "aceptaba sin ningún cuestionamiento a arrepentidos que eran llevados" por él para declarar luego de hacerlos entrar en pánico para generar maniobras extorsivas. Nada de esto era una colaboración oficial como parte de algún servicio de inteligencia nacional para una causa judicial pero los "aportes" eran utilizados por la fiscalía, advierte el escrito. La Secretaría Disciplinaria intimó ya a Stornelli para que presente un descargo.
 
En la Procuración existe desde 2019 un expediente administrativo contra Stornelli que apunta a evaluar su conducta en función de los delitos que se le atribuyen en la causa a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Pero esa investigación disciplinaria avanza lentamente porque prima el criterio -que hasta ahora operó como protección del fiscal- de esperar a que el caso avance lo más posible en el plano penal.
 
La Cámara de Mar del Plata confirmó el procesamiento de Stornelli por dos hechos de espionaje, pero para el órgano que nuclea a las/los fiscales -al mando del macrista interino Eduardo Casal-no está firme ya que irá a la Cámara de Casación Penal. 

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Nacionales - 04-01-2021 / 11:01
UN MACRISTA CADA VEZ MÁS CHAMUSCADO

Nuevo pedido de juicio político al fiscal Stornelli que participó de maniobras ilegales con D'Alessio

Nuevo pedido de juicio político al fiscal Stornelli que participó de maniobras ilegales con D'Alessio
La denuncia se apoya en la relación de Stornellli con el falso abogado y espía inorgánico Marcelo Sebastián D’Alessio, y advierte que más allá de si cometió o no delitos lo que se debe evaluar es su actuación como fiscal.
La Procuración General abrió una nueva investigación contra el fiscal macrista Carlos Stornelli basada en un pedido del juicio político del senador Oscar Parrilli que reclama su remoción por haber incumplido las obligaciones propias de su función. La denuncia se apoya en la relación de Stornellli con el falso abogado y espía inorgánico Marcelo Sebastián D'Alessio, y advierte que más allá de si cometió o no delitos lo que se debe evaluar es su actuación como fiscal.
 
A través del vínculo con D'Alessio, advierte, se nutría de "informes" que "le reclamaba", "consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular" y "aceptaba sin ningún cuestionamiento a arrepentidos que eran llevados" por él para declarar luego de hacerlos entrar en pánico para generar maniobras extorsivas. Nada de esto era una colaboración oficial como parte de algún servicio de inteligencia nacional para una causa judicial pero los "aportes" eran utilizados por la fiscalía, advierte el escrito. La Secretaría Disciplinaria intimó ya a Stornelli para que presente un descargo.
 
En la Procuración existe desde 2019 un expediente administrativo contra Stornelli que apunta a evaluar su conducta en función de los delitos que se le atribuyen en la causa a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Pero esa investigación disciplinaria avanza lentamente porque prima el criterio -que hasta ahora operó como protección del fiscal- de esperar a que el caso avance lo más posible en el plano penal.
 
La Cámara de Mar del Plata confirmó el procesamiento de Stornelli por dos hechos de espionaje, pero para el órgano que nuclea a las/los fiscales -al mando del macrista interino Eduardo Casal-no está firme ya que irá a la Cámara de Casación Penal. 

 
Por todo esto es que Parrilli subraya que más allá de los delitos, lo que importa es la conducta de Stornelli en su cargo y en base a eso promueve una nueva acusación y pedido de juicio político, que después de sus explicaciones será analizado por un consejo evaluador de fiscales.
 
Ese cuerpo había decidido abrirle el jury para aplicar la ley de fueros y que compareciera ante los faltazos a la indagatoria durante casi un año y tras la declaración en rebeldía. Apenas enterado Stornelli se presentó a la indagatoria y aquella conclusión quedó sin sustancia. El sumario por la rebeldía terminó sólo en un apercibimiento.
 
Uno de los puntos del pedido de enjuiciamiento del senador del Frente de Todos señala que el fiscal no podría escudarse en que fue engañado o que no sabía sobre las actividades ilícitas de D'Alessio, como intentó argumentar cierta vez, porque él mismo recibió la denuncia de Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que se veía "amenazado por D'Alessio y Carlos Liñani" que invocaban el nombre del propio Stornelli para ofrecer le posibilidad de evitar quedar detenido, como su padre, en la causa de los cuadernos.
 
Barreiro, de hecho, era ajeno a esa investigación y terminó sentado en la fiscalía por las advertencias que relató que recibía. Su declaración terminó hecha un bollo en un tacho de basura porque no servía para comprometer a nadie, y nunca se investigó lo que denunciaba.
 
Este hecho forma parte de la ampliación del procesamiento de Stornelli que dictó en octubre el juez Ramos Padilla, y sobre la que también tendrá que dar explicaciones ante la Procuración ya que fue un tema incluido en el expediente administrativo que ya está en trámite. El fiscal "no fue sorprendido en su buena fe", "al contrario, sabía que se estaba relacionando con un personaje que transitaba la ilegalidad", dice Parrilli.
 
La nueva denuncia hace hincapié en situaciones que muestran que el fiscal "consentía" irregularidades que le ofrecía D'Alessio, como hacer una cámara oculta con la promesa de presentarla en la fiscalía a través de un "tercero" lo que a la vez implicaba "un claro fórum shopping". Uno de los casos por los que fue confirmado su procesamiento fue la planificación de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, que defendía a Oscar Thomas en la causa de los cuadernos, a quien querían hacer aparecer en alguna transacción irregular.
 
El propio Stornelli le pidió, además, al falso abogado, información sobre Jorge Castañón, ex marido de su actual pareja, y aceptó el ofrecimiento adicional de plantarle droga en su valija. Castañón es piloto y la intención era generarle alguna complicación legal en sus viajes.
 
El pedido de juicio político transcribe algunos de los diálogos entre Stornelli y D'Alessio, para mostrar el tenor de la relación y enfatizar que nunca el fiscal se ocupó de verificar tampoco para quién trabajaba D'Alessio, que se decía vinculado con la DEA, la embajada de Estados Unidos y con la Agencia Federal de Inteligencia también. "¿Qué puedo hacer?" preguntaba Stornelli sobre Castañón. "Algo peor", respondía D'Alessio. "Dame una mano", le dijo otro día Stornelli.
 
"Obvio, yo lo empomo al abogado que te quiso girar (...) Llego y nos vemos afuera. Dejame que haga lo que te imagines sin qué nadie se de cuenta. Las cosas lindas las hago sin que nadie se entere. Contá 100% conmigo...". Luego planifican que se encuentran en Pinamar, como efectivamente quedó demostrado al comienzo de la investigación. "Hola Carlos! El martes a qué hora no te parece invasivo para la familia? Así voy a verte a Pina y organizamos lo del abogado hdp que te quiere girar? Yo me adapto!", y allí fue, con el empresario Pedro Etchebest que luego lo denunció.
 
Sobre el modo en que le llevaba arrepentidos: "Mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA, q sigue operando en el país", anunciaba D'Alessio, y explicaba que primero lo llevaba a una entrevista con el periodista de Clarín Daniel Santoro y "el lunes te lo siento para tu primer testimonial".
 
"El vínculo de Stornelli con D'Alessio no fue circunstancial ni ocasional. Tampoco fue personal o privado. Fue un vínculo a partir de su trabajo como fiscal federal, que se consolidó a partir de un intercambio que incluyó pedidos de información por parte del fiscal, encuentros en la fiscalía y en la playa, mensajes a cualquier hora y diálogos sobre temas diversos que evidencian, cuanto menos, una gravísima irresponsabilidad funcional por parte de Stornelli y, cuanto más, su participación en maniobras extorsivas", plantea la denuncia.
 
El juez Ramos Padilla señaló en una de sus resoluciones que entre Stornelli y D'Alessio había más de 100 páginas de conversaciones por mensajes entre principios de diciembre de 2018 y comienzos de febrero de 2019, cuando el segundo fue detenido. Algunos días los chats se extendían durante horas.
 
La causa penal está casi terminada, sólo falta que revise más procesamientos la Cámara de Mar del Plata, que hasta ahora se movió con notable parsimonia, muy similar a la que aplicó la Procuración y que hasta ahora dio cierta tranquilidad a Stornelli.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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23-01-2021 / 10:01
El gobierno de CABA no dice nada sobre la vacunación, pero anunció que el comienzo de las clases será a mediados de febrero aunque se mantengan los contagios. Horacio Rodríguez Larreta y todos sus colaboradores se negaron a vacunarse, a diferencia de los funcionarios nacionales y bonaerenses que, además, lo hicieron en público.
 
La diputada del PRO, Graciela Ocaña denunció a la Anmat porque aprobó una vacuna con explicaciones escritas en ruso.  Juntos por el Cambio acusó al gobierno de hacer un uso político de las vacunas, pero todas las denuncias que hizo desde el año pasado, resultaron falsas o incorrectas. Más allá del juego político, las que ganan o pierden son las personas, que en esta pandemia se juegan la vida.
 
Reclamaron información sobre la Sputnik V, cuando, al igual que los demás laboratorios ha publicado sus resultados en la revista científica The Lancet y, con el cargamento envió un dossier de 200 páginas con los resultados de la fase 3, incluidos para los mayores de 60 años. Está escrito en ruso y obviamente fue traducido de la misma forma que cuando las especificaciones vienen en inglés.
 
Juntos por el Cambio exige información, como si no la hubiera, y se niega a explicar cómo será el operativo de vacunación para los millones de habitantes de CABA. Rodríguez Larreta dice que no da esa información porque no saben la cantidad de vacunas que recibirán.
 
La pregunta es si recién comenzará a organizar semejante maniobra el día posterior a que reciba la vacuna, con lo que habrá retrasado considerablemente la vacunación en la ciudad. Millones de porteños observan con preocupación cómo millones de bonaerenses se inscriben en las listas que ordenarán la vacunación en la provincia, sin que en CABA digan ni media palabra.
 
Primero acusaron al gobierno de no acordar con Pfizer y se explayaron sobre las bondades de esa vacuna, pero resulta que ya tuvo efectos adversos en Israel y en Noruega. Después dijeron que los países vecinos habían arreglado la provisión de vacunas, mientras que a la Argentina no iban a llegar antes de fin de año.
 
Pero la Sputnik llegó y se están aplicando 300 mil dosis, mientras que los países vecinos, apenas empezaron a vacunar. La Sputnik V llegó a la Argentina, pero el laboratorio que contraponía Juntos por el Cambio fue denunciado en México y en Italia porque no abasteció las dosis que debía proveer.
 
Una de los voceros de esta campaña inexplicable desde el punto de vista de la emergencia social ha sido la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, que fue removida como ministra de Salud del anterior gobierno peronista por su inoperancia.
 
La otra voz de consulta que muestra Juntos por el Cambio es la del ex secretario de Salud del macrismo, Adolfo Rubinstein, que todavía tiene que responder una denuncia de la Oficina Anticorrupción porque durante su gestión dejaron que vencieran 600 mil dosis de vacunas. La tercera voz cambiemita sobre salud pública fue la del diputado Mario Negri, que es abogado y habló más de política que de salud, pero acusó al gobierno de hacer política con la vacuna.
 

22-01-2021 / 11:01
El Gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.
 
Los portavoces dijeron que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
 
De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente. "La medida va a oficializarse en breve", señalaron fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.
 
Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.
 
La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar" la pandemia de coronavirus.
 
La extensión de esta medida confirma que la pandemia está aún lejos de terminar, y los recursos que deberá destinar el Estado en materia social se encuentran muy por debajo de lo necesario para el nivel de la crisis sanitaria actual.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2021 / 10:01
22-01-2021 / 10:01
La estrategia de los sectores antiderechos para intentar judicializar la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sufrió este jueves su primera derrota. El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la Ley.
 
El magistrado justificó su rechazo al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010, al que utilizó para explicar que la inhabilitación de una norma sancionada por el Poder Legislativo es algo que excede a su competencia, por lo que se amparó en la defensa del principio constitucional de división de poderes.
 
"No ha lugar por improcedente", sentenció el juez y rechazó la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la 27.610. Para fundamentar la "improcedencia", en su fallo Bavio se basó en el antecedente del caso "Thomas", de 2010, en el que la Corte Suprema de la Nación revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza.
 
En ese entonces, el diputado Enrique Thomas había presentado un recurso para suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma 'erga omnes' (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860", se puede leer en aquel fallo del tribunal supremo que ahora Bavio retomó para argumentar su postura.
 
"La misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes", continúa el fallo citado por el magistrado salteño, quien agregó que, la imposición de una cautelar que inhabilitara la Ley de IVE, tendría "una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes", para alterar "gravemente el modelo de control constitucional de las leyes consagrado" por la Constitución Nacional.
 

21-01-2021 / 09:01
La venta de terrenos e inmuebles públicos es uno de los negocios más redituables para el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires, para Horacio Rodríguez Larreta y para los empresarios privados que se benefician. Los fines especulativos e inmobiliarios terminan siendo prioridad mientras que la emergencia habitacional y social que viven millones en una de las ciudades más ricas del América Latina nunca es atendida.
 
Es el modelo Puerto Madero. Las tierras se venden a privados y a su vez la Ciudad invierte ese dinero en infraestructura para el mismo barrio, favoreciendo a los millonarios compradores. Y para colmo, lo hace a través de sus "amigos" y aportantes de campaña.
 
Así, el Gobierno de Larreta pre adjudicó una obra de casi $1.000 millones a la empresa constructora Bricons SAICFI. El presidente de la entidad es Miguel Ángel Raspagliesi, quien aportó en 2015, a título personal, medio millón de pesos para la campaña de Mauricio Macri y otro medio millón desde la firma El Mistol, una empresa de aceite de oliva que su familia tiene en San Juan.
 
La oferta presentada para la Licitación Pública 719/SIGAF/20 fue de $998.000.869. La resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy en el Boletín Oficial porteño pre adjudica la obra consistente de tareas de remediación, demolición e infraestructura en el Parque de la Innovación a dicha empresa.
 
Las obras se realizarán en el Polígono 1 y 2 de la zona C del predio de 13 hectáreas delimitado por la Avenidas Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, en el barrio Núñez. Es en las tierras de lo fue el predio de Tiro Federal.
 

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