, y advierte que más allá de si cometió o no delitos lo que se debe evaluar es su actuación como fiscal.
 
A través del vínculo con D'Alessio, advierte, se nutría de "informes" que "le reclamaba", "consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular" y "aceptaba sin ningún cuestionamiento a arrepentidos que eran llevados" por él para declarar luego de hacerlos entrar en pánico para generar maniobras extorsivas. Nada de esto era una colaboración oficial como parte de algún servicio de inteligencia nacional para una causa judicial pero los "aportes" eran utilizados por la fiscalía, advierte el escrito. La Secretaría Disciplinaria intimó ya a Stornelli para que presente un descargo.
 
En la Procuración existe desde 2019 un expediente administrativo contra Stornelli que apunta a evaluar su conducta en función de los delitos que se le atribuyen en la causa a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Pero esa investigación disciplinaria avanza lentamente porque prima el criterio -que hasta ahora operó como protección del fiscal- de esperar a que el caso avance lo más posible en el plano penal.
 
La Cámara de Mar del Plata confirmó el procesamiento de Stornelli por dos hechos de espionaje, pero para el órgano que nuclea a las/los fiscales -al mando del macrista interino Eduardo Casal-no está firme ya que irá a la Cámara de Casación Penal. 

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Nacionales - 04-01-2021 / 11:01
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Nuevo pedido de juicio político al fiscal Stornelli que participó de maniobras ilegales con D'Alessio

Nuevo pedido de juicio político al fiscal Stornelli que participó de maniobras ilegales con D'Alessio
La denuncia se apoya en la relación de Stornellli con el falso abogado y espía inorgánico Marcelo Sebastián D’Alessio, y advierte que más allá de si cometió o no delitos lo que se debe evaluar es su actuación como fiscal.
La Procuración General abrió una nueva investigación contra el fiscal macrista Carlos Stornelli basada en un pedido del juicio político del senador Oscar Parrilli que reclama su remoción por haber incumplido las obligaciones propias de su función. La denuncia se apoya en la relación de Stornellli con el falso abogado y espía inorgánico Marcelo Sebastián D'Alessio, y advierte que más allá de si cometió o no delitos lo que se debe evaluar es su actuación como fiscal.
 
A través del vínculo con D'Alessio, advierte, se nutría de "informes" que "le reclamaba", "consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular" y "aceptaba sin ningún cuestionamiento a arrepentidos que eran llevados" por él para declarar luego de hacerlos entrar en pánico para generar maniobras extorsivas. Nada de esto era una colaboración oficial como parte de algún servicio de inteligencia nacional para una causa judicial pero los "aportes" eran utilizados por la fiscalía, advierte el escrito. La Secretaría Disciplinaria intimó ya a Stornelli para que presente un descargo.
 
En la Procuración existe desde 2019 un expediente administrativo contra Stornelli que apunta a evaluar su conducta en función de los delitos que se le atribuyen en la causa a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Pero esa investigación disciplinaria avanza lentamente porque prima el criterio -que hasta ahora operó como protección del fiscal- de esperar a que el caso avance lo más posible en el plano penal.
 
La Cámara de Mar del Plata confirmó el procesamiento de Stornelli por dos hechos de espionaje, pero para el órgano que nuclea a las/los fiscales -al mando del macrista interino Eduardo Casal-no está firme ya que irá a la Cámara de Casación Penal. 

 
Por todo esto es que Parrilli subraya que más allá de los delitos, lo que importa es la conducta de Stornelli en su cargo y en base a eso promueve una nueva acusación y pedido de juicio político, que después de sus explicaciones será analizado por un consejo evaluador de fiscales.
 
Ese cuerpo había decidido abrirle el jury para aplicar la ley de fueros y que compareciera ante los faltazos a la indagatoria durante casi un año y tras la declaración en rebeldía. Apenas enterado Stornelli se presentó a la indagatoria y aquella conclusión quedó sin sustancia. El sumario por la rebeldía terminó sólo en un apercibimiento.
 
Uno de los puntos del pedido de enjuiciamiento del senador del Frente de Todos señala que el fiscal no podría escudarse en que fue engañado o que no sabía sobre las actividades ilícitas de D'Alessio, como intentó argumentar cierta vez, porque él mismo recibió la denuncia de Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que se veía "amenazado por D'Alessio y Carlos Liñani" que invocaban el nombre del propio Stornelli para ofrecer le posibilidad de evitar quedar detenido, como su padre, en la causa de los cuadernos.
 
Barreiro, de hecho, era ajeno a esa investigación y terminó sentado en la fiscalía por las advertencias que relató que recibía. Su declaración terminó hecha un bollo en un tacho de basura porque no servía para comprometer a nadie, y nunca se investigó lo que denunciaba.
 
Este hecho forma parte de la ampliación del procesamiento de Stornelli que dictó en octubre el juez Ramos Padilla, y sobre la que también tendrá que dar explicaciones ante la Procuración ya que fue un tema incluido en el expediente administrativo que ya está en trámite. El fiscal "no fue sorprendido en su buena fe", "al contrario, sabía que se estaba relacionando con un personaje que transitaba la ilegalidad", dice Parrilli.
 
La nueva denuncia hace hincapié en situaciones que muestran que el fiscal "consentía" irregularidades que le ofrecía D'Alessio, como hacer una cámara oculta con la promesa de presentarla en la fiscalía a través de un "tercero" lo que a la vez implicaba "un claro fórum shopping". Uno de los casos por los que fue confirmado su procesamiento fue la planificación de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, que defendía a Oscar Thomas en la causa de los cuadernos, a quien querían hacer aparecer en alguna transacción irregular.
 
El propio Stornelli le pidió, además, al falso abogado, información sobre Jorge Castañón, ex marido de su actual pareja, y aceptó el ofrecimiento adicional de plantarle droga en su valija. Castañón es piloto y la intención era generarle alguna complicación legal en sus viajes.
 
El pedido de juicio político transcribe algunos de los diálogos entre Stornelli y D'Alessio, para mostrar el tenor de la relación y enfatizar que nunca el fiscal se ocupó de verificar tampoco para quién trabajaba D'Alessio, que se decía vinculado con la DEA, la embajada de Estados Unidos y con la Agencia Federal de Inteligencia también. "¿Qué puedo hacer?" preguntaba Stornelli sobre Castañón. "Algo peor", respondía D'Alessio. "Dame una mano", le dijo otro día Stornelli.
 
"Obvio, yo lo empomo al abogado que te quiso girar (...) Llego y nos vemos afuera. Dejame que haga lo que te imagines sin qué nadie se de cuenta. Las cosas lindas las hago sin que nadie se entere. Contá 100% conmigo...". Luego planifican que se encuentran en Pinamar, como efectivamente quedó demostrado al comienzo de la investigación. "Hola Carlos! El martes a qué hora no te parece invasivo para la familia? Así voy a verte a Pina y organizamos lo del abogado hdp que te quiere girar? Yo me adapto!", y allí fue, con el empresario Pedro Etchebest que luego lo denunció.
 
Sobre el modo en que le llevaba arrepentidos: "Mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA, q sigue operando en el país", anunciaba D'Alessio, y explicaba que primero lo llevaba a una entrevista con el periodista de Clarín Daniel Santoro y "el lunes te lo siento para tu primer testimonial".
 
"El vínculo de Stornelli con D'Alessio no fue circunstancial ni ocasional. Tampoco fue personal o privado. Fue un vínculo a partir de su trabajo como fiscal federal, que se consolidó a partir de un intercambio que incluyó pedidos de información por parte del fiscal, encuentros en la fiscalía y en la playa, mensajes a cualquier hora y diálogos sobre temas diversos que evidencian, cuanto menos, una gravísima irresponsabilidad funcional por parte de Stornelli y, cuanto más, su participación en maniobras extorsivas", plantea la denuncia.
 
El juez Ramos Padilla señaló en una de sus resoluciones que entre Stornelli y D'Alessio había más de 100 páginas de conversaciones por mensajes entre principios de diciembre de 2018 y comienzos de febrero de 2019, cuando el segundo fue detenido. Algunos días los chats se extendían durante horas.
 
La causa penal está casi terminada, sólo falta que revise más procesamientos la Cámara de Mar del Plata, que hasta ahora se movió con notable parsimonia, muy similar a la que aplicó la Procuración y que hasta ahora dio cierta tranquilidad a Stornelli.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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