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Nacionales - 02-01-2021 / 08:01
MEGA CORRUPCIÓN MACRISTA

¿En qué estado se encuentran las causas que involucran a Macri?

¿En qué estado se encuentran las causas que involucran a Macri?
En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran Macri y sus funcionarios. Se esperan importantes novedades en esos expedientes en este nuevo año que comienza. De los casos de espionaje ilegal a los de la Mesa Judicial y el hotel de Vandenbroele. También hay expectativa en torno a lo que pueda pasar en los procesos que analizan el affaire Correo y Parques Eólicos, entre otros.
En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran al ex presidente Mauricio Macri y a varios de sus ex funcionarios. Como era de esperar con el cambio de Gobierno y la revisión de lo hecho por Cambiemos surgieron expedientes que -se estima- en el 2021 tendrán importantes novedades.
 
Algunos de los casos paradigmáticos desnudan los mecanismos del Lawfare, que sigue activo aún en estos días. La investigación en torno a la Mesa Judicial PRO revela las presiones a los jueces para perseguir opositores. El espionaje ilegal que se analiza en tribunales de distintas jurisdicciones -que incluye escuchas ilegales a presos políticos- explica el armado de causas en la Justicia.
 
La entrega de fondos millonarios al arrepentido clave del caso Boudou no hace más que confirmar la manipulación que hizo el macrismo de distintos instrumentos judiciales. A este cuadro de situación se suma la expectativa en torno a lo que pueda pasar este año que comienza con los procesos que se abrieron antes de la llegada de Alberto Fernández al gobierno y preocupan -y mucho- a Macri como el affaire Correo y el de los Parques Eólicos, entre otros. 
 
Así las cosas, la agenda judicial con foco en las irregularidades y hechos de corrupción que cometieron Macri y el macrismo prometen mucho movimiento durante el 2021.
 

 
La Mesa Judicial PRO
  
El caso de la Mesa Judicial PRO se inició en mayo de este año y tramita en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado que está a cargo de María Eugenia Capuchetti, designada por Macri. El fiscal que tiene delegada la investigación es Franco Picardi.
 
De acuerdo a los diputados denunciantes, la "Mesa Judicial" constituyó "una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política". Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés sostienen que "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros organismos públicos, fueron utilizados para estas acciones ajenas a sus funciones institucionales".
 
¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial? Macri, el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la exministra de Seguridad,  Patricia Bullrich; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el asesor y abogadod e Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura y actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de "la mesa" que no tenía cargo formal en el gobierno macrista, entre otros.
 
La causa puede dividirse en dos etapas. La que se constituye con la declaración de los jueces presionados, por un lado, que cuenta con varios testimonios como el de la jueza Ana Figueroa o el del magistrado Luis Raffaghelli. Y por otro, con las razones por las que eran presionados esos jueces. En ese sentido, sumaron ejemplos de dirigentes que sufrieron algún tipo de armado judicial. En este marco es que en los últimos días, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano pidieron ser tenidos por querellantes en este expediente.
 
Es que el punto central del caso es que se apunta a la Mesa Judicial como un centro de operaciones desde el cual se desató la persecución judicial de opositores. Para eso -se denuncia-, se buscó disciplinar a los magistrados y magistradas que no fallaban de acuerdo a los deseos del macrismo.
 
Una de las particularidades del 2020 en materia judicial fue el surgimiento y avance de diversas causas por espionaje ilegal contra el macrismo. El exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Mjadalani, fueron procesados en distintas causas y jurisdicciones por ser quienes ordenaron las acciones de inteligencia ilegal. Los hechos se investigan actualmente en los tribunales federales de Lomas de Zamora, Dolores, Mar del Plata y Comodoro Py.
 
En total, la cantidad de imputados por este tipo de tareas supera las 50 personas. Incluye a exdirectivos de la agencia, a espías de calle e inorgánicos, a policías y a la excúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aparece incluso un exempleado del juzgado de Claudio Bonadìo devenido en agente de inteligencia. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores), sociales, eclesiásticos, sindicales, empresarios y periodistas. Hasta los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron espiados durante el gobierno de Macri tras el hundimiento del submarino. Las denuncias alcanzan al expresidente. Por lo que el próximo año habrá mucha expectativa sobre el devenir de estas pesquisas.
 
Los principales casos son: el que investiga el rol de los Super Mario Bros, que incluye hasta un capítulo penitenciario y la circulación de escuchas ilegales; el espionaje a CFK y el Instituto Patria, por el que Arribas y Majdalani recibieron la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de La Plata; el caso de las bases AMBA por el que los jefes de la exSIDE también fueron procesados, en este caso, por hacer espionaje político en la provincia de Buenos Aires desde 2016.
 
A todas estas causas se suman el caso D'Alessio (en el que el fiscal Stornelli recibió la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de Mar del Plata) y la investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y por ahora tramita en los tribunales de Mar del Plata.
 
 
El hotel del arrepentido
  
A principios del 2020, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación, motorizada por una denuncia del juez federal Ariel Lijo, para saber si el gobierno de Mauricio Macri le financió a Alejandro Vandenbroele la construcción de un hotel boutique en Mendoza como forma de pago por su testimonio como arrepentido en causa Ciccone, que involucra a Amado Boudou. El caso se abrió a partir de una investigación de El Destape.
 
Tal como publicó este medio, el 24 de 2018, Carlos Linsalata, operador de Vandenbroele en el Programa de Testigos Protegidos e Imputados, envió una nota a sus superiores pidiendo $1.500.000 para su custodiado. Da en la nota una información clave: "Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou".
 
Según la documentación de su legajo, revelada por El Destape, Vandenbroele recibió más fondos. El Programa dependiente del ministerio de Justicia, comandado por Germán Garavano, le fue otorgando diferentes partidas de dinero. Las cifras alcanzan, al menos, los 4,4 millones de pesos.
 
Con esa plata, puso en pie el hotel boutique La Masía, ubicado "en una exclusiva zona de Chacras de Coria y rodeada de viñedos y bodegas, La Masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para que sus huéspedes vivan una experiencia diferente", según la descripción de su página web.
 
En el marco de este proceso, la querella de Boudou y otros condenados en ese juicio pidieron una serie de medidas de prueba para reconstruir cómo fue el proceso de negociación entre Vandenbroele y el gobierno de Macri para acordar su testimonio, en base a nuevos elementos que se incorporaron en el expediente provenientes de su legajo como Testigo Protegido. Aparecen viajes y reuniones de Vandenbroele justo antes de su declaración.
 
El testimonio como arrepentido de Vandenbroele fue clave para avanzar contra Boudou, quien terminó condenado. Esa condena quedó firme este año luego de que la Corte Suprema decidiera no analizar el caso.
 
 
La persecución de la AFIP a CFK
  
Otra investigación que se inició en el 2020 fue la de la utilización de la AFIP por parte de Macri para perseguir vía un "hostigamiento fiscal" a Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente de la oposición en aquel entonces.
 
En los últimos días de diciembre, el fiscal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba e impulsó la pesquisa para determinar si el ente recaudador ejerció "hostigamiento fiscal" contra la exsenadora y actual vicepresidenta y sus hijos durante el gobierno cambiemita.
 
Se trata de un expediente que se inició por una denuncia de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien fue a la Justicia luego de que CFK hiciera una presentación denunciando las irregularidades en los procesos en su contra.
 
Tal como informó Télam, a través de un dictamen de una docena de páginas, Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la AFIP y a distintos organismos del Poder Judicial.
 
El requerimiento coincidió con la entrega de una serie de auditorías internas de la AFIP en las que se detectó "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".
 
El Gobierno encontró que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK, Máximo y Florencia; que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento; que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías; y que se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.
 
A estos casos que se abrieron en el 2020 se suman los procesos que se iniciaron con anterioridad pero que no por eso preocupan menos a Macri.
 
 
El Correogate
  
El juez federal Ariel Lijo investiga, y a paso muy lento, si el expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito penal en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo aprobó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.
 
A la pata penal se suma la investigación en el fuero Comercial donde la fiscal general, Gabriela Boquin, juega un rol clave. Se trata de la funcionaria judicial que evitó que Macri se condonase la deuda millonaria cuando estaba en la Casa Rosada. Por este motivo, desde el Grupo Macri buscan correrla del caso por todas las vías posibles. En el 2020 no escatimaron esfuerzos para ello pero no lograron su cometido.
 
 
La denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa
  
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK.
 
Según indicaron fuentes con acceso al expediente, "para marzo está prevista la indagatoria de abad y 3 funcionarios más de AFIP". Macri es uno de los imputados en este expediente pero aún los investigadores no profundizaron en su rol. También se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial PRO como Fabián "Pepin" Rodríguez Simón.
 
 
Parques Eólicos
  
Otra causa que incomoda al expresidente es la de los Parques Eólicos, cuya denuncia se remonta a enero de 2018. Entonces se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos.
 
Por esa operatoria, Macri y distintos funcionarios nacionales fueron acusados de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la famiglia en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. Uno de los apuntados en la investigación es el hermano Gianfranco.
 
 
Peajes
  
Antes de jubilarse, en julio del 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los exministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, respectivamente, en el marco de la "causa Peajes", donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste. Canicoba Corral procesó en el mismo expediente al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
 
Todos fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña, que con los votos de Martín "Doctrina" Irurzun y Leopoldo "puesto a dedo" Bruglia, decretó la nulidad de los procesamientos. El caso investiga el pago irregular de más de 500 millones de dólares.
 
Tras la decisión de la cámara, CFK escribió en Twitter: "Se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios".
 
La nulidad que decretaron Irurzun y Brulgia está siendo analizada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por lo que el expediente quedó en una especie de impasse a la espera de que se resuelva la situación procesal.
 
Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad
 
Fuente: El Destape
 

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06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

02-02-2026 / 11:02
El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.
 
Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.
 
Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.
 
A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."
 
Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.
 
Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar.  Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."
 
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.
 
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