06:23 | Viernes 27 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 02-01-2021 / 08:01

MEGA CORRUPCIÓN MACRISTA

¿En qué estado se encuentran las causas que involucran a Macri?

En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran Macri y sus funcionarios. Se esperan importantes novedades en esos expedientes en este nuevo año que comienza. De los casos de espionaje ilegal a los de la Mesa Judicial y el hotel de Vandenbroele. También hay expectativa en torno a lo que pueda pasar en los procesos que analizan el affaire Correo y Parques Eólicos, entre otros.

En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran al ex presidente Mauricio Macri y a varios de sus ex funcionarios. Como era de esperar con el cambio de Gobierno y la revisión de lo hecho por Cambiemos surgieron expedientes que -se estima- en el 2021 tendrán importantes novedades.

Algunos de los casos paradigmáticos desnudan los mecanismos del Lawfare, que sigue activo aún en estos días. La investigación en torno a la Mesa Judicial PRO revela las presiones a los jueces para perseguir opositores. El espionaje ilegal que se analiza en tribunales de distintas jurisdicciones -que incluye escuchas ilegales a presos políticos- explica el armado de causas en la Justicia.

La entrega de fondos millonarios al arrepentido clave del caso Boudou no hace más que confirmar la manipulación que hizo el macrismo de distintos instrumentos judiciales. A este cuadro de situación se suma la expectativa en torno a lo que pueda pasar este año que comienza con los procesos que se abrieron antes de la llegada de Alberto Fernández al gobierno y preocupan -y mucho- a Macri como el affaire Correo y el de los Parques Eólicos, entre otros.

Así las cosas, la agenda judicial con foco en las irregularidades y hechos de corrupción que cometieron Macri y el macrismo prometen mucho movimiento durante el 2021.

La Mesa Judicial PRO

El caso de la Mesa Judicial PRO se inició en mayo de este año y tramita en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado que está a cargo de María Eugenia Capuchetti, designada por Macri. El fiscal que tiene delegada la investigación es Franco Picardi.

De acuerdo a los diputados denunciantes, la "Mesa Judicial" constituyó "una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política". Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés sostienen que "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros organismos públicos, fueron utilizados para estas acciones ajenas a sus funciones institucionales".

¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial? Macri, el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el asesor y abogadod e Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura y actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de "la mesa" que no tenía cargo formal en el gobierno macrista, entre otros.

La causa puede dividirse en dos etapas. La que se constituye con la declaración de los jueces presionados, por un lado, que cuenta con varios testimonios como el de la jueza Ana Figueroa o el del magistrado Luis Raffaghelli. Y por otro, con las razones por las que eran presionados esos jueces. En ese sentido, sumaron ejemplos de dirigentes que sufrieron algún tipo de armado judicial. En este marco es que en los últimos días, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano pidieron ser tenidos por querellantes en este expediente.

Es que el punto central del caso es que se apunta a la Mesa Judicial como un centro de operaciones desde el cual se desató la persecución judicial de opositores. Para eso -se denuncia-, se buscó disciplinar a los magistrados y magistradas que no fallaban de acuerdo a los deseos del macrismo.

Una de las particularidades del 2020 en materia judicial fue el surgimiento y avance de diversas causas por espionaje ilegal contra el macrismo. El exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Mjadalani, fueron procesados en distintas causas y jurisdicciones por ser quienes ordenaron las acciones de inteligencia ilegal. Los hechos se investigan actualmente en los tribunales federales de Lomas de Zamora, Dolores, Mar del Plata y Comodoro Py.

En total, la cantidad de imputados por este tipo de tareas supera las 50 personas. Incluye a exdirectivos de la agencia, a espías de calle e inorgánicos, a policías y a la excúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aparece incluso un exempleado del juzgado de Claudio Bonadìo devenido en agente de inteligencia. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores), sociales, eclesiásticos, sindicales, empresarios y periodistas. Hasta los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron espiados durante el gobierno de Macri tras el hundimiento del submarino. Las denuncias alcanzan al expresidente. Por lo que el próximo año habrá mucha expectativa sobre el devenir de estas pesquisas.

Los principales casos son: el que investiga el rol de los Super Mario Bros, que incluye hasta un capítulo penitenciario y la circulación de escuchas ilegales; el espionaje a CFK y el Instituto Patria, por el que Arribas y Majdalani recibieron la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de La Plata; el caso de las bases AMBA por el que los jefes de la exSIDE también fueron procesados, en este caso, por hacer espionaje político en la provincia de Buenos Aires desde 2016.

A todas estas causas se suman el caso D'Alessio (en el que el fiscal Stornelli recibió la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de Mar del Plata) y la investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y por ahora tramita en los tribunales de Mar del Plata.

El hotel del arrepentido

A principios del 2020, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación, motorizada por una denuncia del juez federal Ariel Lijo, para saber si el gobierno de Mauricio Macri le financió a Alejandro Vandenbroele la construcción de un hotel boutique en Mendoza como forma de pago por su testimonio como arrepentido en causa Ciccone, que involucra a Amado Boudou. El caso se abrió a partir de una investigación de El Destape.

Tal como publicó este medio, el 24 de 2018, Carlos Linsalata, operador de Vandenbroele en el Programa de Testigos Protegidos e Imputados, envió una nota a sus superiores pidiendo $1.500.000 para su custodiado. Da en la nota una información clave: "Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou".

Según la documentación de su legajo, revelada por El Destape, Vandenbroele recibió más fondos. El Programa dependiente del ministerio de Justicia, comandado por Germán Garavano, le fue otorgando diferentes partidas de dinero. Las cifras alcanzan, al menos, los 4,4 millones de pesos.

Con esa plata, puso en pie el hotel boutique La Masía, ubicado "en una exclusiva zona de Chacras de Coria y rodeada de viñedos y bodegas, La Masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para que sus huéspedes vivan una experiencia diferente", según la descripción de su página web.

En el marco de este proceso, la querella de Boudou y otros condenados en ese juicio pidieron una serie de medidas de prueba para reconstruir cómo fue el proceso de negociación entre Vandenbroele y el gobierno de Macri para acordar su testimonio, en base a nuevos elementos que se incorporaron en el expediente provenientes de su legajo como Testigo Protegido. Aparecen viajes y reuniones de Vandenbroele justo antes de su declaración.

El testimonio como arrepentido de Vandenbroele fue clave para avanzar contra Boudou, quien terminó condenado. Esa condena quedó firme este año luego de que la Corte Suprema decidiera no analizar el caso.

La persecución de la AFIP a CFK

Otra investigación que se inició en el 2020 fue la de la utilización de la AFIP por parte de Macri para perseguir vía un "hostigamiento fiscal" a Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente de la oposición en aquel entonces.

En los últimos días de diciembre, el fiscal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba e impulsó la pesquisa para determinar si el ente recaudador ejerció "hostigamiento fiscal" contra la exsenadora y actual vicepresidenta y sus hijos durante el gobierno cambiemita.

Se trata de un expediente que se inició por una denuncia de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien fue a la Justicia luego de que CFK hiciera una presentación denunciando las irregularidades en los procesos en su contra.

Tal como informó Télam, a través de un dictamen de una docena de páginas, Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la AFIP y a distintos organismos del Poder Judicial.

El requerimiento coincidió con la entrega de una serie de auditorías internas de la AFIP en las que se detectó "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".

El Gobierno encontró que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK, Máximo y Florencia; que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento; que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías; y que se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.

A estos casos que se abrieron en el 2020 se suman los procesos que se iniciaron con anterioridad pero que no por eso preocupan menos a Macri.

El Correogate

El juez federal Ariel Lijo investiga, y a paso muy lento, si el expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito penal en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo aprobó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.

A la pata penal se suma la investigación en el fuero Comercial donde la fiscal general, Gabriela Boquin, juega un rol clave. Se trata de la funcionaria judicial que evitó que Macri se condonase la deuda millonaria cuando estaba en la Casa Rosada. Por este motivo, desde el Grupo Macri buscan correrla del caso por todas las vías posibles. En el 2020 no escatimaron esfuerzos para ello pero no lograron su cometido.

La denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa

Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK.

Según indicaron fuentes con acceso al expediente, "para marzo está prevista la indagatoria de abad y 3 funcionarios más de AFIP". Macri es uno de los imputados en este expediente pero aún los investigadores no profundizaron en su rol. También se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial PRO como Fabián "Pepin" Rodríguez Simón.

Parques Eólicos

Otra causa que incomoda al expresidente es la de los Parques Eólicos, cuya denuncia se remonta a enero de 2018. Entonces se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos.

Por esa operatoria, Macri y distintos funcionarios nacionales fueron acusados de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la famiglia en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. Uno de los apuntados en la investigación es el hermano Gianfranco.

Peajes

Antes de jubilarse, en julio del 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los exministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, respectivamente, en el marco de la "causa Peajes", donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste. Canicoba Corral procesó en el mismo expediente al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Todos fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña, que con los votos de Martín "Doctrina" Irurzun y Leopoldo "puesto a dedo" Bruglia, decretó la nulidad de los procesamientos. El caso investiga el pago irregular de más de 500 millones de dólares.

Tras la decisión de la cámara, CFK escribió en Twitter: "Se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios".

La nulidad que decretaron Irurzun y Brulgia está siendo analizada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por lo que el expediente quedó en una especie de impasse a la espera de que se resuelva la situación procesal.

Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad

Fuente: El Destape

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 13:03

El negacionismo de Milei como combustible del ajuste y la impunidad

A medio siglo del golpe que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta un escenario inédito: un gobierno que no solo reivindica la metodología represiva, sino que utiliza el negacionismo como pantalla para aplicar el mismo programa económico que Martínez de Hoz. La batalla hoy es por la memoria, pero también por el futuro.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no encuentra a la Argentina en un momento de reflexión institucional, sino en una trinchera. El gobierno de Javier Milei, escoltado por una Victoria Villarruel que ha hecho de la apología de la dictadura su plataforma política, ha decidido romper el pacto democrático de 1983. Ya no se trata de "matices" históricos; estamos ante una ofensiva sistemática para demoler la base ética sobre la cual se reconstruyó la nación.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

Recordando a las Primeras Víctimas del Golpe Militar

Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.

Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.

La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.

Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

A 50 años del Golpe Cívico-Militar Genocida que estableció el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.

Carlos Morales para La Opinión Popular

23-03-2026 / 10:03

Se desploma la imagen de Javier Milei y la desaprobación trepa al 60%

La "luna de miel" que el gobierno de Javier Milei logró estirar artificialmente tras el respiro de las legislativas de 2025 parece haber llegado a un final abrupto y doloroso. Los datos no mienten: la realidad económica y los escándalos éticos han perforado el blindaje mediático del libertario, dejando al descubierto una gestión que hoy cosecha el rechazo de la mayoría de los argentinos.

Según el último informe de la consultora Zuban Córdoba, la desaprobación a la gestión presidencial se disparó en marzo al 58,7%, marcando un punto de quiebre que pulveriza el "empate técnico" de finales del año pasado.