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Nacionales - 02-01-2021 / 08:01
MEGA CORRUPCIÓN MACRISTA

¿En qué estado se encuentran las causas que involucran a Macri?

¿En qué estado se encuentran las causas que involucran a Macri?
En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran Macri y sus funcionarios. Se esperan importantes novedades en esos expedientes en este nuevo año que comienza. De los casos de espionaje ilegal a los de la Mesa Judicial y el hotel de Vandenbroele. También hay expectativa en torno a lo que pueda pasar en los procesos que analizan el affaire Correo y Parques Eólicos, entre otros.
En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran al ex presidente Mauricio Macri y a varios de sus ex funcionarios. Como era de esperar con el cambio de Gobierno y la revisión de lo hecho por Cambiemos surgieron expedientes que -se estima- en el 2021 tendrán importantes novedades.
 
Algunos de los casos paradigmáticos desnudan los mecanismos del Lawfare, que sigue activo aún en estos días. La investigación en torno a la Mesa Judicial PRO revela las presiones a los jueces para perseguir opositores. El espionaje ilegal que se analiza en tribunales de distintas jurisdicciones -que incluye escuchas ilegales a presos políticos- explica el armado de causas en la Justicia.
 
La entrega de fondos millonarios al arrepentido clave del caso Boudou no hace más que confirmar la manipulación que hizo el macrismo de distintos instrumentos judiciales. A este cuadro de situación se suma la expectativa en torno a lo que pueda pasar este año que comienza con los procesos que se abrieron antes de la llegada de Alberto Fernández al gobierno y preocupan -y mucho- a Macri como el affaire Correo y el de los Parques Eólicos, entre otros. 
 
Así las cosas, la agenda judicial con foco en las irregularidades y hechos de corrupción que cometieron Macri y el macrismo prometen mucho movimiento durante el 2021.
 

 
La Mesa Judicial PRO
  
El caso de la Mesa Judicial PRO se inició en mayo de este año y tramita en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado que está a cargo de María Eugenia Capuchetti, designada por Macri. El fiscal que tiene delegada la investigación es Franco Picardi.
 
De acuerdo a los diputados denunciantes, la "Mesa Judicial" constituyó "una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política". Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés sostienen que "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros organismos públicos, fueron utilizados para estas acciones ajenas a sus funciones institucionales".
 
¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial? Macri, el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la exministra de Seguridad,  Patricia Bullrich; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el asesor y abogadod e Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura y actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de "la mesa" que no tenía cargo formal en el gobierno macrista, entre otros.
 
La causa puede dividirse en dos etapas. La que se constituye con la declaración de los jueces presionados, por un lado, que cuenta con varios testimonios como el de la jueza Ana Figueroa o el del magistrado Luis Raffaghelli. Y por otro, con las razones por las que eran presionados esos jueces. En ese sentido, sumaron ejemplos de dirigentes que sufrieron algún tipo de armado judicial. En este marco es que en los últimos días, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano pidieron ser tenidos por querellantes en este expediente.
 
Es que el punto central del caso es que se apunta a la Mesa Judicial como un centro de operaciones desde el cual se desató la persecución judicial de opositores. Para eso -se denuncia-, se buscó disciplinar a los magistrados y magistradas que no fallaban de acuerdo a los deseos del macrismo.
 
Una de las particularidades del 2020 en materia judicial fue el surgimiento y avance de diversas causas por espionaje ilegal contra el macrismo. El exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Mjadalani, fueron procesados en distintas causas y jurisdicciones por ser quienes ordenaron las acciones de inteligencia ilegal. Los hechos se investigan actualmente en los tribunales federales de Lomas de Zamora, Dolores, Mar del Plata y Comodoro Py.
 
En total, la cantidad de imputados por este tipo de tareas supera las 50 personas. Incluye a exdirectivos de la agencia, a espías de calle e inorgánicos, a policías y a la excúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aparece incluso un exempleado del juzgado de Claudio Bonadìo devenido en agente de inteligencia. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores), sociales, eclesiásticos, sindicales, empresarios y periodistas. Hasta los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron espiados durante el gobierno de Macri tras el hundimiento del submarino. Las denuncias alcanzan al expresidente. Por lo que el próximo año habrá mucha expectativa sobre el devenir de estas pesquisas.
 
Los principales casos son: el que investiga el rol de los Super Mario Bros, que incluye hasta un capítulo penitenciario y la circulación de escuchas ilegales; el espionaje a CFK y el Instituto Patria, por el que Arribas y Majdalani recibieron la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de La Plata; el caso de las bases AMBA por el que los jefes de la exSIDE también fueron procesados, en este caso, por hacer espionaje político en la provincia de Buenos Aires desde 2016.
 
A todas estas causas se suman el caso D'Alessio (en el que el fiscal Stornelli recibió la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de Mar del Plata) y la investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y por ahora tramita en los tribunales de Mar del Plata.
 
 
El hotel del arrepentido
  
A principios del 2020, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación, motorizada por una denuncia del juez federal Ariel Lijo, para saber si el gobierno de Mauricio Macri le financió a Alejandro Vandenbroele la construcción de un hotel boutique en Mendoza como forma de pago por su testimonio como arrepentido en causa Ciccone, que involucra a Amado Boudou. El caso se abrió a partir de una investigación de El Destape.
 
Tal como publicó este medio, el 24 de 2018, Carlos Linsalata, operador de Vandenbroele en el Programa de Testigos Protegidos e Imputados, envió una nota a sus superiores pidiendo $1.500.000 para su custodiado. Da en la nota una información clave: "Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou".
 
Según la documentación de su legajo, revelada por El Destape, Vandenbroele recibió más fondos. El Programa dependiente del ministerio de Justicia, comandado por Germán Garavano, le fue otorgando diferentes partidas de dinero. Las cifras alcanzan, al menos, los 4,4 millones de pesos.
 
Con esa plata, puso en pie el hotel boutique La Masía, ubicado "en una exclusiva zona de Chacras de Coria y rodeada de viñedos y bodegas, La Masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para que sus huéspedes vivan una experiencia diferente", según la descripción de su página web.
 
En el marco de este proceso, la querella de Boudou y otros condenados en ese juicio pidieron una serie de medidas de prueba para reconstruir cómo fue el proceso de negociación entre Vandenbroele y el gobierno de Macri para acordar su testimonio, en base a nuevos elementos que se incorporaron en el expediente provenientes de su legajo como Testigo Protegido. Aparecen viajes y reuniones de Vandenbroele justo antes de su declaración.
 
El testimonio como arrepentido de Vandenbroele fue clave para avanzar contra Boudou, quien terminó condenado. Esa condena quedó firme este año luego de que la Corte Suprema decidiera no analizar el caso.
 
 
La persecución de la AFIP a CFK
  
Otra investigación que se inició en el 2020 fue la de la utilización de la AFIP por parte de Macri para perseguir vía un "hostigamiento fiscal" a Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente de la oposición en aquel entonces.
 
En los últimos días de diciembre, el fiscal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba e impulsó la pesquisa para determinar si el ente recaudador ejerció "hostigamiento fiscal" contra la exsenadora y actual vicepresidenta y sus hijos durante el gobierno cambiemita.
 
Se trata de un expediente que se inició por una denuncia de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien fue a la Justicia luego de que CFK hiciera una presentación denunciando las irregularidades en los procesos en su contra.
 
Tal como informó Télam, a través de un dictamen de una docena de páginas, Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la AFIP y a distintos organismos del Poder Judicial.
 
El requerimiento coincidió con la entrega de una serie de auditorías internas de la AFIP en las que se detectó "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".
 
El Gobierno encontró que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK, Máximo y Florencia; que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento; que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías; y que se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.
 
A estos casos que se abrieron en el 2020 se suman los procesos que se iniciaron con anterioridad pero que no por eso preocupan menos a Macri.
 
 
El Correogate
  
El juez federal Ariel Lijo investiga, y a paso muy lento, si el expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito penal en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo aprobó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.
 
A la pata penal se suma la investigación en el fuero Comercial donde la fiscal general, Gabriela Boquin, juega un rol clave. Se trata de la funcionaria judicial que evitó que Macri se condonase la deuda millonaria cuando estaba en la Casa Rosada. Por este motivo, desde el Grupo Macri buscan correrla del caso por todas las vías posibles. En el 2020 no escatimaron esfuerzos para ello pero no lograron su cometido.
 
 
La denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa
  
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK.
 
Según indicaron fuentes con acceso al expediente, "para marzo está prevista la indagatoria de abad y 3 funcionarios más de AFIP". Macri es uno de los imputados en este expediente pero aún los investigadores no profundizaron en su rol. También se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial PRO como Fabián "Pepin" Rodríguez Simón.
 
 
Parques Eólicos
  
Otra causa que incomoda al expresidente es la de los Parques Eólicos, cuya denuncia se remonta a enero de 2018. Entonces se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos.
 
Por esa operatoria, Macri y distintos funcionarios nacionales fueron acusados de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la famiglia en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. Uno de los apuntados en la investigación es el hermano Gianfranco.
 
 
Peajes
  
Antes de jubilarse, en julio del 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los exministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, respectivamente, en el marco de la "causa Peajes", donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste. Canicoba Corral procesó en el mismo expediente al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
 
Todos fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña, que con los votos de Martín "Doctrina" Irurzun y Leopoldo "puesto a dedo" Bruglia, decretó la nulidad de los procesamientos. El caso investiga el pago irregular de más de 500 millones de dólares.
 
Tras la decisión de la cámara, CFK escribió en Twitter: "Se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios".
 
La nulidad que decretaron Irurzun y Brulgia está siendo analizada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por lo que el expediente quedó en una especie de impasse a la espera de que se resuelva la situación procesal.
 
Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad
 
Fuente: El Destape
 

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13-02-2026 / 10:02
Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.
 
La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.
 
Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.
 
"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.
 
Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.
 
El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.
 
Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.
 
Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.
 
La Opinión Popular
 

12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

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