02:40 | Martes 16 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 02-01-2021 / 08:01

MEGA CORRUPCIÓN MACRISTA

¿En qué estado se encuentran las causas que involucran a Macri?

En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran Macri y sus funcionarios. Se esperan importantes novedades en esos expedientes en este nuevo año que comienza. De los casos de espionaje ilegal a los de la Mesa Judicial y el hotel de Vandenbroele. También hay expectativa en torno a lo que pueda pasar en los procesos que analizan el affaire Correo y Parques Eólicos, entre otros.

En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran al ex presidente Mauricio Macri y a varios de sus ex funcionarios. Como era de esperar con el cambio de Gobierno y la revisión de lo hecho por Cambiemos surgieron expedientes que -se estima- en el 2021 tendrán importantes novedades.

Algunos de los casos paradigmáticos desnudan los mecanismos del Lawfare, que sigue activo aún en estos días. La investigación en torno a la Mesa Judicial PRO revela las presiones a los jueces para perseguir opositores. El espionaje ilegal que se analiza en tribunales de distintas jurisdicciones -que incluye escuchas ilegales a presos políticos- explica el armado de causas en la Justicia.

La entrega de fondos millonarios al arrepentido clave del caso Boudou no hace más que confirmar la manipulación que hizo el macrismo de distintos instrumentos judiciales. A este cuadro de situación se suma la expectativa en torno a lo que pueda pasar este año que comienza con los procesos que se abrieron antes de la llegada de Alberto Fernández al gobierno y preocupan -y mucho- a Macri como el affaire Correo y el de los Parques Eólicos, entre otros.

Así las cosas, la agenda judicial con foco en las irregularidades y hechos de corrupción que cometieron Macri y el macrismo prometen mucho movimiento durante el 2021.

La Mesa Judicial PRO

El caso de la Mesa Judicial PRO se inició en mayo de este año y tramita en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado que está a cargo de María Eugenia Capuchetti, designada por Macri. El fiscal que tiene delegada la investigación es Franco Picardi.

De acuerdo a los diputados denunciantes, la "Mesa Judicial" constituyó "una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política". Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés sostienen que "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros organismos públicos, fueron utilizados para estas acciones ajenas a sus funciones institucionales".

¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial? Macri, el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el asesor y abogadod e Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura y actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de "la mesa" que no tenía cargo formal en el gobierno macrista, entre otros.

La causa puede dividirse en dos etapas. La que se constituye con la declaración de los jueces presionados, por un lado, que cuenta con varios testimonios como el de la jueza Ana Figueroa o el del magistrado Luis Raffaghelli. Y por otro, con las razones por las que eran presionados esos jueces. En ese sentido, sumaron ejemplos de dirigentes que sufrieron algún tipo de armado judicial. En este marco es que en los últimos días, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano pidieron ser tenidos por querellantes en este expediente.

Es que el punto central del caso es que se apunta a la Mesa Judicial como un centro de operaciones desde el cual se desató la persecución judicial de opositores. Para eso -se denuncia-, se buscó disciplinar a los magistrados y magistradas que no fallaban de acuerdo a los deseos del macrismo.

Una de las particularidades del 2020 en materia judicial fue el surgimiento y avance de diversas causas por espionaje ilegal contra el macrismo. El exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Mjadalani, fueron procesados en distintas causas y jurisdicciones por ser quienes ordenaron las acciones de inteligencia ilegal. Los hechos se investigan actualmente en los tribunales federales de Lomas de Zamora, Dolores, Mar del Plata y Comodoro Py.

En total, la cantidad de imputados por este tipo de tareas supera las 50 personas. Incluye a exdirectivos de la agencia, a espías de calle e inorgánicos, a policías y a la excúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aparece incluso un exempleado del juzgado de Claudio Bonadìo devenido en agente de inteligencia. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores), sociales, eclesiásticos, sindicales, empresarios y periodistas. Hasta los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron espiados durante el gobierno de Macri tras el hundimiento del submarino. Las denuncias alcanzan al expresidente. Por lo que el próximo año habrá mucha expectativa sobre el devenir de estas pesquisas.

Los principales casos son: el que investiga el rol de los Super Mario Bros, que incluye hasta un capítulo penitenciario y la circulación de escuchas ilegales; el espionaje a CFK y el Instituto Patria, por el que Arribas y Majdalani recibieron la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de La Plata; el caso de las bases AMBA por el que los jefes de la exSIDE también fueron procesados, en este caso, por hacer espionaje político en la provincia de Buenos Aires desde 2016.

A todas estas causas se suman el caso D'Alessio (en el que el fiscal Stornelli recibió la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de Mar del Plata) y la investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y por ahora tramita en los tribunales de Mar del Plata.

El hotel del arrepentido

A principios del 2020, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación, motorizada por una denuncia del juez federal Ariel Lijo, para saber si el gobierno de Mauricio Macri le financió a Alejandro Vandenbroele la construcción de un hotel boutique en Mendoza como forma de pago por su testimonio como arrepentido en causa Ciccone, que involucra a Amado Boudou. El caso se abrió a partir de una investigación de El Destape.

Tal como publicó este medio, el 24 de 2018, Carlos Linsalata, operador de Vandenbroele en el Programa de Testigos Protegidos e Imputados, envió una nota a sus superiores pidiendo $1.500.000 para su custodiado. Da en la nota una información clave: "Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou".

Según la documentación de su legajo, revelada por El Destape, Vandenbroele recibió más fondos. El Programa dependiente del ministerio de Justicia, comandado por Germán Garavano, le fue otorgando diferentes partidas de dinero. Las cifras alcanzan, al menos, los 4,4 millones de pesos.

Con esa plata, puso en pie el hotel boutique La Masía, ubicado "en una exclusiva zona de Chacras de Coria y rodeada de viñedos y bodegas, La Masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para que sus huéspedes vivan una experiencia diferente", según la descripción de su página web.

En el marco de este proceso, la querella de Boudou y otros condenados en ese juicio pidieron una serie de medidas de prueba para reconstruir cómo fue el proceso de negociación entre Vandenbroele y el gobierno de Macri para acordar su testimonio, en base a nuevos elementos que se incorporaron en el expediente provenientes de su legajo como Testigo Protegido. Aparecen viajes y reuniones de Vandenbroele justo antes de su declaración.

El testimonio como arrepentido de Vandenbroele fue clave para avanzar contra Boudou, quien terminó condenado. Esa condena quedó firme este año luego de que la Corte Suprema decidiera no analizar el caso.

La persecución de la AFIP a CFK

Otra investigación que se inició en el 2020 fue la de la utilización de la AFIP por parte de Macri para perseguir vía un "hostigamiento fiscal" a Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente de la oposición en aquel entonces.

En los últimos días de diciembre, el fiscal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba e impulsó la pesquisa para determinar si el ente recaudador ejerció "hostigamiento fiscal" contra la exsenadora y actual vicepresidenta y sus hijos durante el gobierno cambiemita.

Se trata de un expediente que se inició por una denuncia de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien fue a la Justicia luego de que CFK hiciera una presentación denunciando las irregularidades en los procesos en su contra.

Tal como informó Télam, a través de un dictamen de una docena de páginas, Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la AFIP y a distintos organismos del Poder Judicial.

El requerimiento coincidió con la entrega de una serie de auditorías internas de la AFIP en las que se detectó "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".

El Gobierno encontró que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK, Máximo y Florencia; que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento; que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías; y que se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.

A estos casos que se abrieron en el 2020 se suman los procesos que se iniciaron con anterioridad pero que no por eso preocupan menos a Macri.

El Correogate

El juez federal Ariel Lijo investiga, y a paso muy lento, si el expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito penal en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo aprobó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.

A la pata penal se suma la investigación en el fuero Comercial donde la fiscal general, Gabriela Boquin, juega un rol clave. Se trata de la funcionaria judicial que evitó que Macri se condonase la deuda millonaria cuando estaba en la Casa Rosada. Por este motivo, desde el Grupo Macri buscan correrla del caso por todas las vías posibles. En el 2020 no escatimaron esfuerzos para ello pero no lograron su cometido.

La denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa

Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK.

Según indicaron fuentes con acceso al expediente, "para marzo está prevista la indagatoria de abad y 3 funcionarios más de AFIP". Macri es uno de los imputados en este expediente pero aún los investigadores no profundizaron en su rol. También se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial PRO como Fabián "Pepin" Rodríguez Simón.

Parques Eólicos

Otra causa que incomoda al expresidente es la de los Parques Eólicos, cuya denuncia se remonta a enero de 2018. Entonces se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos.

Por esa operatoria, Macri y distintos funcionarios nacionales fueron acusados de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la famiglia en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. Uno de los apuntados en la investigación es el hermano Gianfranco.

Peajes

Antes de jubilarse, en julio del 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los exministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, respectivamente, en el marco de la "causa Peajes", donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste. Canicoba Corral procesó en el mismo expediente al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Todos fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña, que con los votos de Martín "Doctrina" Irurzun y Leopoldo "puesto a dedo" Bruglia, decretó la nulidad de los procesamientos. El caso investiga el pago irregular de más de 500 millones de dólares.

Tras la decisión de la cámara, CFK escribió en Twitter: "Se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios".

La nulidad que decretaron Irurzun y Brulgia está siendo analizada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por lo que el expediente quedó en una especie de impasse a la espera de que se resuelva la situación procesal.

Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad

Fuente: El Destape

14-12-2025 / 09:12

Milei y la reforma laboral para consagrar los objetivos de la dictadura genocida de Videla

Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.

En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.

Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.

Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.

En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.

Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.

Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.

Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.

La Opinión Popular

13-12-2025 / 09:12

Se hizo el ajuste, van por más con una reforma laboral regresiva, pero la inflación sigue y superó a la de Cristina, cuando los sueldos no estaban planchados como ahora

El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.

O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.

En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".

Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.

Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.

No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.

Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.

Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.

12-12-2025 / 10:12

La cruel contra reforma laboral de Javier “el Loco” Milei: Más que trabajadores, quieren esclavos

El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.

El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.

Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.

Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.

La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.

La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular

11-12-2025 / 10:12

Milei fue al pedo a Oslo, no tuvo foto con Corina y Trump que pegaron el faltazo, volvió a las apuradas y ya firmó su reforma laboral esclavista

Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.

El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.

Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.

Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.

Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.

Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.

Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.

La Opinión Popular

10-12-2025 / 09:12

EEUU le vende a Polonia por 1 dólar los tanques que Milei y Petri le compraron a 100 millones de dólares

La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.

Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.

Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.

Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.

Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.

Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.

Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.

Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.

"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.

Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.