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Nacionales - 30-12-2020 / 10:12
AJUSTA JUBILACIONES, PENSIONES Y ASIGNACIONES

Diputados convirtió en ley la nueva fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones

Diputados convirtió en ley la nueva fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones
La iniciativa prevé que en la actualización se aplique un índice combinado entre un 50 por ciento a la evolución de los salarios y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de Anses.
El Congreso modificó por ley el índice de movilidad que impulsaba el Gobierno. A partir de marzo se aplicará de manera trimestral en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Luego de un año donde la movilidad estuvo suspendida, los haberes volverán a actualizarse automáticamente por una fórmula que depende de la evolución de los salarios y la variación de la recaudación.

Así, se asemeja a la que estuvo vigente entre 2009 y 2017, y se diferencia de la que rigió entre 2017 y 2019, que actualizaba por inflación. El proyecto, delineado por el Ministerio de Economía y la Anses, tuvo modificaciones del Senado durante la media sanción.

La única diferencia entre esta ley y la que estuvo vigente bajo la presidencia de Cristina es que la actualización no será semestral (así había sido planteado en el proyecto inicial), sino que habrá aumentos trimestrales, es decir, cuatro en el año. El primero será en marzo 2021 y luego junio, septiembre y diciembre.

Los haberes se actualizarán por una fórmula que estará compuesta en un 50 por ciento por la evolución de los salarios. El indicador que se tomará es el que sea más alto al comparar la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que mide el Ministerio de Trabajo, y el Índice de Salarios que releva el Indec. La presencia de los dos indicadores es más beneficiosa para los jubilados.

La fórmula se actualizará en un 50 por ciento por la recaudación de la Anses. Durante los aumentos que se apliquen en marzo, junio y septiembre se tomará la variación interanual de la recaudación tributaria de Anses, que varía según impuestos como débitos y créditos, el impuesto a los combustibles o cigarrillos, o el IVA. 

 
El empalme entre la fórmula del kirchnerismo y la del macrismo entre 2017 y 2018 implicó una pérdida para los jubilados. El último aumento de la ley del gobierno de Cristina fue semestral, en septiembre de 2017, y el primero con el cambio de fórmula fue trimestral en marzo de 2018. En ese período transcurrieron 6 meses, pero la suba fue trimestral, por eso se "omitió" un trimestre. Por ese motivo hay un fallo de Miguel Fernández Pastor, donde la Corte Suprema podría expedirse en 2021.
 
Desde Anses plantean que ahora eso no sucede porque aunque la movilidad estuvo suspendida un año, las subas por decreto se dieron de manera trimestral, y seguirán del mismo modo. Legisladores de la oposición afirman que la nueva movilidad no considera un trimestre, dado que con la movilidad del macrismo las subas de marzo miraban lo que ocurría en el tercer trimestre del año anterior, y desde ahora se tomará el cuarto trimestre del año anterior.
 
Desde el Gobierno argumentan que esa lógica no debería aplicarse dado que en 2020 la movilidad estuvo suspendida por la aplicación de una ley que aprobó el Congreso, por lo que no tomaron en cuenta esas variables ni esos períodos. "¿Cómo quieren solucionarlo, que en marzo se mide lo que pasó en el tercer trimestre? Eso sólo aportaría más rezago y perjudicaría la fórmula", planteó una fuente oficial.
 
La Opinión Popular
 
 
Diputados sancionó la ley de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria
 
Luego de una extensa jornada de debate, con votos positivos y negativos, la Cámara de Diputados sancionó la ley que pondrá en práctica la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Bajo un esquema trimestral, en marzo los jubilados ya verán sus haberes actualizados ya bajo el cálculo que replica el modelo aplicado entre 2009 y 2017.   Tras 11 horas de sesión, el oficialismo consiguió la sanción definitiva con 132 votos a favor, en tanto que fueron 119 los negativos.
 
 
Qué propone la nueva ley de movilidad jubilatoria
  
La iniciativa prevé que en la actualización de las remuneraciones del sector pasivo se aplique un índice combinado entre un 50 por ciento a la evolución de los salarios, medidos por el índice RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) en función de los trabajadores formales registrados por el Ministerio de Trabajo, y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de Anses.
 
La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y, a sugerencia del Frente de Todos, en el transcurso legislativo se le hicieron algunos cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año. En el proyecto original, los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses.
 
La decisión se tomó para "empalmar" los meses de "enero, febrero y marzo", que estaban "afuera" de la actualización, ya que la fórmula del anterior gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018. Ese desfasaje no fue pagado a los jubilados, algo que quiso evitarse en esta oportunidad.
 
Asimismo, establece que el incremento semestral no podrá ser superior al incremento de los recursos de la ANSES, multiplicado por 1,03 (es decir, hasta un 3% por encima del incremento de dichos recursos).  "En este aspecto, lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema, en el marco de una trayectoria fiscal que permita ganar espacio de política para ir generando más y mejores políticas redistributivas", señalaron desde el Gobierno.
 
El oficialismo informó que "se recupera el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses. Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019)". Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017.
 
Además, se incorpora una cláusula de "legislación constante'" que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad.
 
 
Cómo fue el camino de la ley
  
A mediados de junio, el Gobierno decidió extender hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión de la movilidad jubilatoria, lo que implicó que en septiembre y diciembre los incrementos de los haberes de la seguridad social se realizaron por decreto, como ya había ocurrido en dos oportunidades durante el año.
 
Originalmente, el Gobierno tenía pensado elaborar una nueva fórmula de movilidad para el segundo semestre de este año, pero la pandemia de coronavirus trastocó los tiempos y obligó a replantearlo. Según la ley de Emergencia Social, la comisión conformada para elaborar el nuevo cálculo tenía hasta el 31 de junio para presentar una nueva alternativa.
 
Sin embargo, el Gobierno hizo hincapié en que la inestabilidad macroeconómica impide elaborar un índice que contemple variables a tener en cuenta en el largo plazo. Durante el segundo trimestre del año -producto de la pandemia- los indicadores de referencia sufrieron grandes distorsiones (recaudación, salarios, inflación, entre otros).
 
 
Aumentos por decreto
  
A fines de noviembre, el Gobierno anunció un aumento del 5%, el cual rigió a partir de diciembre. Se trató del cuarto incremento que el Poder Ejecutivo aplicó por decreto en lo que va del año.
 
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, fueron los encargados de informar la última actualización, que elevó el haber mínimo a $ 19.035. Asimismo, también se vieron alcanzadas por esta suba las Pensiones No Contributivas, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y las asignaciones familiares. Pero vayamos en retrospectiva.
 
En diciembre de 2019 y enero de este año se pagaron dos bonos de $ 5.000. Ya en marzo, las jubilaciones recibieron un aumento fijo del 2,3% más un bono de $ 1.500, mientras que en abril hubo otro bono de $ 3.000. Luego, en junio, se decretó una actualización del  6,12% para todas las jubilaciones, mientras que en septiembre fue del 7,5%.
 
De esta manera, la jubilación mínima acumuló un incremento del 35,5% en todo el año. Desde Anses estiman que el 78% de los beneficiarios totales del organismo vieron incrementar sus ingresos bajo esta cifra.
 
Por Rodrigo Núñez
 
Fuente: El Destape
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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