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Nacionales - 30-12-2020 / 10:12
AJUSTA JUBILACIONES, PENSIONES Y ASIGNACIONES

Diputados convirtió en ley la nueva fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones

Diputados convirtió en ley la nueva fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones
La iniciativa prevé que en la actualización se aplique un índice combinado entre un 50 por ciento a la evolución de los salarios y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de Anses.
El Congreso modificó por ley el índice de movilidad que impulsaba el Gobierno. A partir de marzo se aplicará de manera trimestral en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Luego de un año donde la movilidad estuvo suspendida, los haberes volverán a actualizarse automáticamente por una fórmula que depende de la evolución de los salarios y la variación de la recaudación.

Así, se asemeja a la que estuvo vigente entre 2009 y 2017, y se diferencia de la que rigió entre 2017 y 2019, que actualizaba por inflación. El proyecto, delineado por el Ministerio de Economía y la Anses, tuvo modificaciones del Senado durante la media sanción.

La única diferencia entre esta ley y la que estuvo vigente bajo la presidencia de Cristina es que la actualización no será semestral (así había sido planteado en el proyecto inicial), sino que habrá aumentos trimestrales, es decir, cuatro en el año. El primero será en marzo 2021 y luego junio, septiembre y diciembre.

Los haberes se actualizarán por una fórmula que estará compuesta en un 50 por ciento por la evolución de los salarios. El indicador que se tomará es el que sea más alto al comparar la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que mide el Ministerio de Trabajo, y el Índice de Salarios que releva el Indec. La presencia de los dos indicadores es más beneficiosa para los jubilados.

La fórmula se actualizará en un 50 por ciento por la recaudación de la Anses. Durante los aumentos que se apliquen en marzo, junio y septiembre se tomará la variación interanual de la recaudación tributaria de Anses, que varía según impuestos como débitos y créditos, el impuesto a los combustibles o cigarrillos, o el IVA. 

 
El empalme entre la fórmula del kirchnerismo y la del macrismo entre 2017 y 2018 implicó una pérdida para los jubilados. El último aumento de la ley del gobierno de Cristina fue semestral, en septiembre de 2017, y el primero con el cambio de fórmula fue trimestral en marzo de 2018. En ese período transcurrieron 6 meses, pero la suba fue trimestral, por eso se "omitió" un trimestre. Por ese motivo hay un fallo de Miguel Fernández Pastor, donde la Corte Suprema podría expedirse en 2021.
 
Desde Anses plantean que ahora eso no sucede porque aunque la movilidad estuvo suspendida un año, las subas por decreto se dieron de manera trimestral, y seguirán del mismo modo. Legisladores de la oposición afirman que la nueva movilidad no considera un trimestre, dado que con la movilidad del macrismo las subas de marzo miraban lo que ocurría en el tercer trimestre del año anterior, y desde ahora se tomará el cuarto trimestre del año anterior.
 
Desde el Gobierno argumentan que esa lógica no debería aplicarse dado que en 2020 la movilidad estuvo suspendida por la aplicación de una ley que aprobó el Congreso, por lo que no tomaron en cuenta esas variables ni esos períodos. "¿Cómo quieren solucionarlo, que en marzo se mide lo que pasó en el tercer trimestre? Eso sólo aportaría más rezago y perjudicaría la fórmula", planteó una fuente oficial.
 
La Opinión Popular
 
 
Diputados sancionó la ley de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria
 
Luego de una extensa jornada de debate, con votos positivos y negativos, la Cámara de Diputados sancionó la ley que pondrá en práctica la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Bajo un esquema trimestral, en marzo los jubilados ya verán sus haberes actualizados ya bajo el cálculo que replica el modelo aplicado entre 2009 y 2017.   Tras 11 horas de sesión, el oficialismo consiguió la sanción definitiva con 132 votos a favor, en tanto que fueron 119 los negativos.
 
 
Qué propone la nueva ley de movilidad jubilatoria
  
La iniciativa prevé que en la actualización de las remuneraciones del sector pasivo se aplique un índice combinado entre un 50 por ciento a la evolución de los salarios, medidos por el índice RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) en función de los trabajadores formales registrados por el Ministerio de Trabajo, y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de Anses.
 
La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y, a sugerencia del Frente de Todos, en el transcurso legislativo se le hicieron algunos cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año. En el proyecto original, los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses.
 
La decisión se tomó para "empalmar" los meses de "enero, febrero y marzo", que estaban "afuera" de la actualización, ya que la fórmula del anterior gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018. Ese desfasaje no fue pagado a los jubilados, algo que quiso evitarse en esta oportunidad.
 
Asimismo, establece que el incremento semestral no podrá ser superior al incremento de los recursos de la ANSES, multiplicado por 1,03 (es decir, hasta un 3% por encima del incremento de dichos recursos).  "En este aspecto, lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema, en el marco de una trayectoria fiscal que permita ganar espacio de política para ir generando más y mejores políticas redistributivas", señalaron desde el Gobierno.
 
El oficialismo informó que "se recupera el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses. Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019)". Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017.
 
Además, se incorpora una cláusula de "legislación constante'" que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad.
 
 
Cómo fue el camino de la ley
  
A mediados de junio, el Gobierno decidió extender hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión de la movilidad jubilatoria, lo que implicó que en septiembre y diciembre los incrementos de los haberes de la seguridad social se realizaron por decreto, como ya había ocurrido en dos oportunidades durante el año.
 
Originalmente, el Gobierno tenía pensado elaborar una nueva fórmula de movilidad para el segundo semestre de este año, pero la pandemia de coronavirus trastocó los tiempos y obligó a replantearlo. Según la ley de Emergencia Social, la comisión conformada para elaborar el nuevo cálculo tenía hasta el 31 de junio para presentar una nueva alternativa.
 
Sin embargo, el Gobierno hizo hincapié en que la inestabilidad macroeconómica impide elaborar un índice que contemple variables a tener en cuenta en el largo plazo. Durante el segundo trimestre del año -producto de la pandemia- los indicadores de referencia sufrieron grandes distorsiones (recaudación, salarios, inflación, entre otros).
 
 
Aumentos por decreto
  
A fines de noviembre, el Gobierno anunció un aumento del 5%, el cual rigió a partir de diciembre. Se trató del cuarto incremento que el Poder Ejecutivo aplicó por decreto en lo que va del año.
 
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, fueron los encargados de informar la última actualización, que elevó el haber mínimo a $ 19.035. Asimismo, también se vieron alcanzadas por esta suba las Pensiones No Contributivas, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y las asignaciones familiares. Pero vayamos en retrospectiva.
 
En diciembre de 2019 y enero de este año se pagaron dos bonos de $ 5.000. Ya en marzo, las jubilaciones recibieron un aumento fijo del 2,3% más un bono de $ 1.500, mientras que en abril hubo otro bono de $ 3.000. Luego, en junio, se decretó una actualización del  6,12% para todas las jubilaciones, mientras que en septiembre fue del 7,5%.
 
De esta manera, la jubilación mínima acumuló un incremento del 35,5% en todo el año. Desde Anses estiman que el 78% de los beneficiarios totales del organismo vieron incrementar sus ingresos bajo esta cifra.
 
Por Rodrigo Núñez
 
Fuente: El Destape
 

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13-01-2026 / 10:01
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que refleja el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre los jubilados. "Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán", señaló el escrito.
 
El centro de estudios calculó que la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023, cuando inició la gestión libertaria. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei.
 
Esto significó un brutal ajuste. Desde MATE alertaron que el Estado "ahorró" 100,8 billones de pesos desde que gobierna Milei, siendo los recortes en jubilaciones junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados.
 
"El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos", detallaron. De esta manera, los adultos mayores se transformaron en "el sector social más castigado por el gobierno".
 
En paralelo, días atrás, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el haber mínimo jubilatorio sería 27% superior si la gestión libertaria no hubiera modificado la fórmula en 2024.
 
En este sentido, en diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 pesos. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279 pesos, un 27,4% más.
 
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13-01-2026 / 08:01
Cinismo libertario al palo. Después de desfinanciar el Plan de Manejo de Fuego en un 80% y rebajar los sueldos del área hasta un 30%, Javier "el Loco" Milei buscó capitalizar el trabajo de los que están controlando los incendios en el sur. Publicó una imagen suya con fuego y brigadistas, creada con IA, y los llamó "héroes". Le respondieron denunciando el destrato que reciben, la pérdida salarial y la precarización creciente.

Luego que su gobierno desfinanciara el Plan de Manejo del Fuego y negara las consecuencias del cambio climático, ni él ni sus funcionarios pisaron la zona de los incendios que llevan arrasadas 21 mil hectáreas en la Patagonia. Pero el presidente Milei se mostró en la red X en una foto trucha con las llamas de fondo y saludando a un brigadista. ¿Nos gobierna un idiota?

En medio de una ola de críticas en las redes sociales, el gobierno libertario esperó a la lluvia que este domingo cayó en la zona de Epuyén y El Hoyo, la más afectada por el desastre de los incendios, para salir a chapear sobre el despliegue de recursos nacionales que supuestamente ayudó a extinguir 22 de los 32 focos.
 
"Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego", escribió un muy formal Milei en X. Pero en Instagram compartió imágenes hechas con IA que lo muestran como un héroe en la zona de los incendios.
 
Pero la realidad es que Milei no viajó a la zona de incendios y ni siquiera llamó por teléfono al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, según contó en declaraciones televisivas. Pero además el gobierno nacional viene recortando sistemáticamente los fondos para combate de los incendios.
 
Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Presupuesto 2026 establece un recorte del 78,5% en términos reales de las partidas para Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, los ambientalistas denunciaron que en 2025 el gobierno dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignado al SNMF y en 2024 apenas había ejecutado el 22%.
 
En ese sentido, este fin de semana los brigadistas de Parques Nacionales denunciaron las condiciones en las que trabajan. "Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", afirman.
 
El brigadista Hernán Mondino explicó que en la Patagonia están cobrando alrededor de 860 mil pesos de sueldo, mientras que en otras zonas del país perciben unos 600 mil pesos. "Empezamos a las 7 de la mañana y, si hay cierta estabilidad en el incendio, trabajamos hasta las 8 de la noche. Si pasa como el otro día, que el fuego estaba descontrolado, estás hasta las 12 o 1 de la mañana. Y no se pagan horas extras, no te devuelven el día", contó en radio Led.
 
Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, apuntó que la pérdida salarial oscila entre un 25 y un 30 por ciento desde 2023: "Nos llaman héroes porque ahora les sirve, pero durante dos años nos castigaron salarialmente y nos tuvieron con contratos trimestrales, con el miedo de no saber si el periodo siguente ibamos o no a tener trabajo".
 
La Opinión Popular
 

12-01-2026 / 10:01
Una denuncia penal presentada en el ámbito de la Justicia Federal volvió a poner en el centro de la escena al presidente Javier "el Loco" Milei, esta vez por presuntas responsabilidades internacionales vinculadas al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. El planteo fue registrado bajo el expediente CFP 58/2026 y lleva la firma de Aldo Sergio Parodi, quien acusa a Milei de ser cómplice y encubridor de un crimen de agresión cometido contra el Estado soberano de Venezuela.
 
Según el escrito, la denuncia se basa en la Ley 25.390, mediante la cual la Argentina aprobó el Estatuto de Roma en 1998, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Parodi sostiene que el 3 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se habría producido un "brutal y terrorista crimen de agresión" atribuido al presidente yanqui Donald Trump, con un saldo de víctimas fatales aún indeterminado.
 
En ese contexto, afirma que el presidente Milei omitió denunciar el hecho ante los organismos internacionales correspondientes, lo que, a su entender, configura un grave encubrimiento. El denunciante argumenta que, al ser la Argentina un Estado parte del Estatuto de Roma, el Poder Ejecutivo no solo puede sino que debe denunciar ante la Corte Penal Internacional cualquier crimen de lesa humanidad, especialmente aquellos tipificados como crimen de agresión en el artículo 8 bis del tratado.
 
En su presentación, Parodi afirma que la supuesta inacción del presidente Milei no sería un hecho menor, sino una violación directa a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. En el escrito se remarca que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal, conforme a lo establecido también por la Ley 26.200.
 
Bajo esa premisa, Parodi solicita que se investigue penalmente al presidente Milei para que explique por qué motivo no promovió una denuncia internacional y por qué, según su interpretación, habría avalado públicamente el accionar atribuido a Trump. La denuncia va más allá del ámbito local y pide que la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional investigue el comportamiento de los jefes de Estado miembros del Estatuto de Roma que, siempre según el planteo, habrían aceptado o tolerado el hecho denunciado.
 
Parodi sostiene que, hasta el momento, la única acción penal internacional concreta estaría radicada ante la Justicia Federal argentina, situación que califica como "preocupante" por el impacto que estos hechos tendrían sobre la paz mundial. En otro tramo del escrito, el denunciante solicita expresamente que sea citado el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que, desde su experiencia en derechos humanos, ilustre al fiscal interviniente sobre la responsabilidad del Estado argentino frente a este tipo de situaciones.
 
También afirma que las expresiones públicas de Milei ante organismos internacionales, lejos de condenar el crimen, lo habrían avalado, lo que encuadra, a su criterio, en el delito de apología del crimen previsto en el Código Penal argentino. La presentación concluye con un pedido formal para que se investigue a Milei por una presunta violación a la Ley 25.390 y por apología de un crimen de agresión en perjuicio de un Estado soberano miembro del Estatuto de Roma.
 
El expediente quedó en manos del fiscal federal interviniente, quien deberá evaluar la viabilidad jurídica de la denuncia y los pasos a seguir. Por el momento, no se conocieron respuestas oficiales de Milei ni pronunciamientos de la Justicia sobre el fondo de la acusación, en torno a la política exterior argentina y a las obligaciones internacionales del Estado.
 
La Opinión Popular
 

10-01-2026 / 09:01
El video con la imagen de un guardia de inmigración norteamericano que asesina a una mujer en Minneapolis, Estados Unidos, tiene muchas similitudes con el del asesinato de Juan Gabriel González, en Villa Lugano, por un efectivo policial. Ambos videos circularon por las redes. En la brutalidad de esas escenas está la esencia de dos proyectos de país que coinciden en su desprecio al prójimo.
 
El presidente norteamericano Donald Trump declaró al New York Times que "mi único límite es mi mente" que es el mismo criterio que siguieron los dos efectivos de seguridad, en Minneapolis y en Buenos Aires, para disparar a quemarropa contra personas desarmadas. Trump lo hizo al secuestrar al presidente de Venezuela.
 
Javier "el Loco" Milei es un admirador de Trump, cuyo gobierno se aleja de la idea de democracia y libertad. El estadounidense creó una fuerza policial de carácter federal para perseguir a inmigrantes. Estos policías tienen la prerrogativa de detener a cualquier persona solamente por el color de su piel.
 
La fuerza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "tienen inmunidad absoluta para hacer su trabajo" respondió el vicepresidente J.D. Vance cuando le preguntaron por el asesino de Renee Nicole-Good, de 37 años y madre de tres hijos.
 
La mujer era una poetiza premiada en su país. Se interpuso con su camioneta a un contingente del ICE que iba a realizar razzias en su barrio. Un agente le ordenó que bajara de automóvil, pero ella dio marcha atrás para alejarse y el tipo le descerrajó tres tiros en la cara. En Estados Unidos, el pueblo bautizó al ICE como la Gestapo.
 
Para no ser menos, el mandatario argentino emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia que le da prerrogativas similares a los servicios de espionaje. Podrán detener personas sin orden judicial, exigir datos personales de ciudadanos a instituciones públicas como la AFIP, así como incorporar al espionaje interno a los servicios de inteligencia militar. Creó una policía política o una policía secreta. Una Gestapo.
 
La diferencia está en que el argentino se llenó la boca para gritar ¡Viva la libertad, carajo! pero creó una policía secreta para controlar a los argentinos. En cambio, el Trump que admira Milei nunca dijo que estaba por la libertad, ni siquiera por el libre comercio, y por eso tiene su Gestapo propia. Lo que dijo fue: "Hagamos grande a América, otra vez", lo que anunció un imperialismo más agresivo, sobre todo donde considera que está su "patio trasero". Y Milei acepta encantado poner a la Argentina como patio trasero de Trump.
 
En Estados Unidos, la justicia aclaró que el Cartel de los Soles que Trump usó como excusa para el secuestro de Nicolás Maduro, no existe. Lo tendrían que haber soltado. Pero ya le agregaron otros cargos sacados de la manga. El Senado, a su vez, busca prohibirle al inquilino de la Casa Blanca otros actos de agresión contra Venezuela.
 
En Argentina, la justicia declaró inconstitucional el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que penalizaba la protesta social, gremial o política. Igual se aplica contra los jubilados, pero no cuando los venezolanos antichavistas hacen manifestaciones para festejar la invasión de su patria y el asesinato de sus compatriotas. Al mismo tiempo, dirigentes de la oposición de distintas corrientes, plantearon recursos en la Justicia contra el decreto que pretende institucionalizar una policía secreta "libertaria".
 
En esta puja está en juego una democracia que va perdiendo por goleada. Tanto Trump como Milei tienen el respaldo de gran parte del capital concentrado, grandes corporaciones y millonarios que consideran que la democracia, más que facilitar, constituye un obstáculo para aumentar sus ganancias. 
 

10-01-2026 / 09:01
Los incendios forestales volvieron a desatar una tragedia ambiental y social en la Patagonia, con especial impacto en la Comarca Andina de Chubut. Miles de hectáreas de bosque nativo ya fueron consumidas por el fuego, decenas de viviendas quedaron reducidas a escombros, se registran animales muertos y el trabajo de bomberos y brigadistas se desarrolla en condiciones límite, con recursos escasos y una logística claramente insuficiente.
 
La brutal política de recortes sistemáticos impulsada por el gobierno de Javier "el Loco" Milei, continúa desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el organismo clave para la prevención y el combate de incendios en áreas naturales. Las emergencias tienen una postal: equipamiento mínimo, personal sobreexigido y un Estado nacional que aparece tarde, mal o directamente no aparece.
 
Mientras Epuyén y El Hoyo atraviesan momentos críticos y otras zonas como El Chaltén también registran focos activos, organizaciones ambientalistas denunciaron que el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego volverá a sufrir un recorte real en 2026, además de una persistente subejecución de partidas.
 
Según detallaron 18 organizaciones, el presupuesto previsto para el próximo año asciende a 20.131 millones de pesos, lo que representa una caída real del 69 por ciento respecto de 2023 y del 78 coma 5 por ciento frente a 2025. El ajuste se profundiza si se observa la ejecución: durante 2024 apenas se utilizó el 22 por ciento del presupuesto asignado, a pesar de haber sido el año con mayor cantidad de incendios desde 2016.
 
La situación no mejoró en 2025. De acuerdo con el mismo informe, quedó sin ejecutar el 25 por ciento de los recursos disponibles, una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejores condiciones laborales para brigadistas y personal operativo.
 
El ajuste también impacta en las capacidades operativas. Las metas físicas del organismo muestran una fuerte reducción en las horas de vuelo para tareas de control y combate aéreo: de 5.100 horas programadas en 2023, solo se ejecutaron 3.058, y para 2026 se proyectan apenas 3.100.
 
A esto se suma un recorte en los sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgo, herramientas fundamentales para anticipar emergencias. Los informes previstos caerían de 2.310 en 2025 a apenas 1.850 en 2026. Como si el desmantelamiento presupuestario no fuera suficiente, el mes pasado el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, anunció que el gobierno avanzará en la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020.
 
Esa norma impide durante un período de entre 30 y 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios, una herramienta clave para frenar la especulación inmobiliaria y productiva sobre territorios arrasados, muchas veces bajo sospecha de incendios intencionales. Milei ya había anticipado su intención de eliminar esa ley apenas asumió, y legisladores libertarios presentaron proyectos para avanzar en ese sentido.
 
Con bosques en llamas, comunidades en riesgo y brigadistas trabajando al límite, el ajuste no aparece como una política abstracta sino como una decisión concreta que se mide en hectáreas quemadas, viviendas perdidas y vidas expuestas. La Patagonia vuelve a pagar el costo de un Estado que se retira cuando más se lo necesita. Es el lucrativo negocio inmobiliario de Milei con el fuego.
 
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