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Nacionales - 26-12-2020 / 09:12
PARA LAS ARBITRARIEDADES DEL MERCADO, REGULACIONES DEL ESTADO

Límite a los abusos en las comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción

Límite a los abusos en las comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción
La declaración por parte del gobierno de Alberto Fernández respecto a las prestaciones de comunicaciones móviles, internet, telefonía celular y televisión por cable, como servicios básicos ha sacudido el ambiente de la política y de los negocios que se mueve alrededor de esas lucrativas actividades. El nuevo Plan Básico Universal garantiza el acceso de millones de personas a los servicios y el Estado está presente para cuidar los ingresos de las familias argentinas.
La declaración por parte del gobierno de Alberto Fernández respecto a las prestaciones de comunicaciones móviles, internet, telefonía celular y televisión por cable, como servicios básicos ha sacudido el ambiente de la política y de los negocios que se mueve alrededor de esas lucrativas actividades. El nuevo Plan Básico Universal garantiza el acceso de millones de personas a los servicios y el Estado está presente para cuidar los ingresos de las familias argentinas.
 
Además la condición de esenciales que ahora se les otorga fastidia sobremanera a los titulares de empresas quienes, como era de esperar, han apelado a las más intrincadas interpretaciones leguleyas que se podrían aplicar en la materia y han contado con generosos espacios televisivos para hacerse oír. Uno de los aspectos cuestionados que más irritación provocó entre los empresarios es el hecho de que a partir de ahora los aumentos de tarifas en estas actividades deberán ser previamente autorizados por el Estado.
 
La telefonía móvil, según expresiones del propio Alberto, carecía de regulación alguna y esa circunstancia, además de la gran concentración de los prestadores, posibilitaba la imposición de condiciones a los usuarios particulares y al sector público, con riesgo cierto de favorecer maniobras de cartelización en un ámbito que ya desplazó considerablemente a la telefonía fija.
 
La resolución, como era de esperar, afecta poderosos intereses de varias grandes compañías que participan de un denso entramado de actividades tecnológicas, económicas y financieras. Esas corporaciones pusieron el grito en el cielo por lo que consideran un avance del Estado sobre los beneficios de los privados, sin admitir ni considerar que consiguieron ganancias desmesuradas durante los años del macrismo, que no solamente los toleró sino que los defendió a capa y espada en perjuicio de los usuarios. 
 

 
Bajo el pasado gobierno neoliberal se puso en el freezer la Ley Argentina Digital, que declaraba de interés público el desarrollo de las telecomunicaciones y buscaba garantizar el acceso universal a esos servicios. Sorprende la sobreactuación de los prestadores quienes siempre defendieron la "apertura al mundo" de nuestro país, es bien sabido que la condición de servicio público aplicada a las comunicaciones es norma en las naciones europeas y también en algunas de nuestro continente.
 
Pero en esa reacción corporativa se cuidan mucho de hablar de las utilidades exorbitantes que obtuvieron al amparo de un esquema que permitía a las propias compañías fijar los precios de sus prestaciones y, a la vez, irónicamente recomendaba que fueran "justos y razonables".
 
La nueva resolución fue aprobada por el Ente Nacional de Comunicaciones como una prestación básica universal y obligatoria, que apunta a favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, atendiendo especialmente a los sectores de bajos recursos como los jubilados y los trabajadores de la economía informal. Entrará en vigencia a partir del primer día del año entrante y en caso de incumplimientos establece sanciones económicas. Para los abusos del mercado, no hay como las regulaciones del Estado.
 
La Opinión Popular
 
 
BENEFICIO PARA USUARIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y TV POR SUSCRIPCION
 
Anunciaron el Plan Básico Universal
 
A partir del 1º de enero entrará en vigencia un Plan Básico Universal (PBU) obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción con un costo base de 150 pesos. El anuncio fue formulado ayer por el gobierno nacional e incluye la aprobación de incrementos de hasta el 8% para el resto de los usuarios.
 
El objetivo es «favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos», explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante un encuentro del que también participaron la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini.
 
Los planes incluidos en el PBU obligatorio son una «inequívoca señal de política pública dirigida a sostener el acceso a servicios esenciales para millones de argentinos beneficiarios de planes sociales», subrayó Cafiero. Según la Resolución 1467 del Enacom la prestación será «obligatoria» porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados.
 
Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. También comprende a titulares de pensiones no contributivas (remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos), a titulares del Monotributo Social, y monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.
 
Finalmente, serán incluidos también beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, titulares de becas del Programa Progresar, desocupados o trabajadores de la economía informal, y beneficiarios de programas sociales, incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años. La norma también incluye a los clubes de barrio y de pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.
 
 
Suba de tarifas
  
La esencialidad de los servicios de internet y comunicaciones queda demostrada con los más de dos millones de menores residentes en los 4.416 barrios populares del país que no pudieron sostener este año una conexión frecuente y necesaria con sus docentes, informó la Jefatura de Gabinete. La pandemia reveló así una brecha digital y expuso las diferencias de acceso ala educación entre quienes tienen computadora en su casa y quienes dependen de un centro comunitario.
 
«No tener internet implica una situación de inequidad» porque las familias requieren de acceso para inscribirse en la Anses, en planes como el IFE, registrándose como monotributistas o certificando que un empleador hace los aportes mensualmente.
 
Mientras tanto, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, precisó que «la salida del descongelamiento de precios permitirá aumentos de hasta el 5% para todos» los servicios prestados a quienes no requieren del plan básico universal y obligatorio. Y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom, agregó que «las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1º de enero».
 
Los incrementos fueron definidos mediante la Resolución 1466 del Enacom que considera «prudente» reconocer «excepcionalmente» que las empresas cuenten con un plazo de diez días para comunicar los incrementos dentro del tope autorizado.
 
 
«Insuficientes»
  
Sin embargo, desde el sector privado consideraron que los aumentos del 5 y 8% para servicios ajenos al Plan Básico Universal «no son suficientes». Las grandes empresas y las pymes que operan en el rubro de internet fija, advirtieron que «no alcanza» el aumento para «recuperarse de la inflación del 30% de este año». «Todavía no conocemos el alcance de las medidas dispuestas en forma unilateral», señaló el director de Asuntos Regulatorios de Claro, Alejandro Quiroga, quien consideró que estas «medidas de carácter estructural debieron ser resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que contribuirán al beneficio de todos».
 
Desde Movistar subrayaron que el «tope máximo del 5% resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria» y agregaron que «la actualización de precios propuesta por las autoridades va en contra de cualquier atisbo de crecimiento y desarrollo». También la Cámara Argentina de Internet (Cabase) alertó que estos precios ponen en peligro la continuidad de «más de1.200 pymes y cooperativas» que prestan servicios de conectividad en localidades pequeñas del país.
 
No obstante, reconocieron como un «paso en la dirección correcta» a la «regulación asimétrica» establecida por el Enacom, al sostener que «es un buen primer paso hacia una regulación inteligente con un esquema específico para prestadores medianos, pymes y cooperativas, diferenciado de los grandes operadores».
 
Fuente: La Arena
 

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05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

02-02-2026 / 11:02
El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.
 
Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.
 
Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.
 
A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."
 
Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.
 
Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar.  Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."
 
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.
 
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01-02-2026 / 10:02
Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.
 
Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.
 
El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.
 
La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.
 
Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.
 
La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.
 
La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.
 
En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.
 
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