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Nacionales - 26-12-2020 / 09:12
PARA LAS ARBITRARIEDADES DEL MERCADO, REGULACIONES DEL ESTADO
Límite a los abusos en las comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción
La declaración por parte del gobierno de Alberto Fernández respecto a las prestaciones de comunicaciones móviles, internet, telefonía celular y televisión por cable, como servicios básicos ha sacudido el ambiente de la política y de los negocios que se mueve alrededor de esas lucrativas actividades. El nuevo Plan Básico Universal garantiza el acceso de millones de personas a los servicios y el Estado está presente para cuidar los ingresos de las familias argentinas.
La declaración por parte del gobierno de Alberto Fernández respecto a las prestaciones de comunicaciones móviles, internet, telefonía celular y televisión por cable, como servicios básicos ha sacudido el ambiente de la política y de los negocios que se mueve alrededor de esas lucrativas actividades. El nuevo Plan Básico Universal garantiza el acceso de millones de personas a los servicios y el Estado está presente para cuidar los ingresos de las familias argentinas.
Además la condición de esenciales que ahora se les otorga fastidia sobremanera a los titulares de empresas quienes, como era de esperar, han apelado a las más intrincadas interpretaciones leguleyas que se podrían aplicar en la materia y han contado con generosos espacios televisivos para hacerse oír. Uno de los aspectos cuestionados que más irritación provocó entre los empresarios es el hecho de que a partir de ahora los aumentos de tarifas en estas actividades deberán ser previamente autorizados por el Estado.
La telefonía móvil, según expresiones del propio Alberto, carecía de regulación alguna y esa circunstancia, además de la gran concentración de los prestadores, posibilitaba la imposición de condiciones a los usuarios particulares y al sector público, con riesgo cierto de favorecer maniobras de cartelización en un ámbito que ya desplazó considerablemente a la telefonía fija.
La resolución, como era de esperar, afecta poderosos intereses de varias grandes compañías que participan de un denso entramado de actividades tecnológicas, económicas y financieras. Esas corporaciones pusieron el grito en el cielo por lo que consideran un avance del Estado sobre los beneficios de los privados, sin admitir ni considerar que consiguieron ganancias desmesuradas durante los años del macrismo, que no solamente los toleró sino que los defendió a capa y espada en perjuicio de los usuarios.
Además la condición de esenciales que ahora se les otorga fastidia sobremanera a los titulares de empresas quienes, como era de esperar, han apelado a las más intrincadas interpretaciones leguleyas que se podrían aplicar en la materia y han contado con generosos espacios televisivos para hacerse oír. Uno de los aspectos cuestionados que más irritación provocó entre los empresarios es el hecho de que a partir de ahora los aumentos de tarifas en estas actividades deberán ser previamente autorizados por el Estado.
La telefonía móvil, según expresiones del propio Alberto, carecía de regulación alguna y esa circunstancia, además de la gran concentración de los prestadores, posibilitaba la imposición de condiciones a los usuarios particulares y al sector público, con riesgo cierto de favorecer maniobras de cartelización en un ámbito que ya desplazó considerablemente a la telefonía fija.
La resolución, como era de esperar, afecta poderosos intereses de varias grandes compañías que participan de un denso entramado de actividades tecnológicas, económicas y financieras. Esas corporaciones pusieron el grito en el cielo por lo que consideran un avance del Estado sobre los beneficios de los privados, sin admitir ni considerar que consiguieron ganancias desmesuradas durante los años del macrismo, que no solamente los toleró sino que los defendió a capa y espada en perjuicio de los usuarios.
Bajo el pasado gobierno neoliberal se puso en el freezer la Ley Argentina Digital, que declaraba de interés público el desarrollo de las telecomunicaciones y buscaba garantizar el acceso universal a esos servicios. Sorprende la sobreactuación de los prestadores quienes siempre defendieron la "apertura al mundo" de nuestro país, es bien sabido que la condición de servicio público aplicada a las comunicaciones es norma en las naciones europeas y también en algunas de nuestro continente.
Pero en esa reacción corporativa se cuidan mucho de hablar de las utilidades exorbitantes que obtuvieron al amparo de un esquema que permitía a las propias compañías fijar los precios de sus prestaciones y, a la vez, irónicamente recomendaba que fueran "justos y razonables".
La nueva resolución fue aprobada por el Ente Nacional de Comunicaciones como una prestación básica universal y obligatoria, que apunta a favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, atendiendo especialmente a los sectores de bajos recursos como los jubilados y los trabajadores de la economía informal. Entrará en vigencia a partir del primer día del año entrante y en caso de incumplimientos establece sanciones económicas. Para los abusos del mercado, no hay como las regulaciones del Estado.
La Opinión Popular
BENEFICIO PARA USUARIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y TV POR SUSCRIPCION
Anunciaron el Plan Básico Universal
A partir del 1º de enero entrará en vigencia un Plan Básico Universal (PBU) obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción con un costo base de 150 pesos. El anuncio fue formulado ayer por el gobierno nacional e incluye la aprobación de incrementos de hasta el 8% para el resto de los usuarios.
El objetivo es «favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos», explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante un encuentro del que también participaron la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini.
Los planes incluidos en el PBU obligatorio son una «inequívoca señal de política pública dirigida a sostener el acceso a servicios esenciales para millones de argentinos beneficiarios de planes sociales», subrayó Cafiero. Según la Resolución 1467 del Enacom la prestación será «obligatoria» porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados.
Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. También comprende a titulares de pensiones no contributivas (remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos), a titulares del Monotributo Social, y monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.
Finalmente, serán incluidos también beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, titulares de becas del Programa Progresar, desocupados o trabajadores de la economía informal, y beneficiarios de programas sociales, incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años. La norma también incluye a los clubes de barrio y de pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.
Suba de tarifas
La esencialidad de los servicios de internet y comunicaciones queda demostrada con los más de dos millones de menores residentes en los 4.416 barrios populares del país que no pudieron sostener este año una conexión frecuente y necesaria con sus docentes, informó la Jefatura de Gabinete. La pandemia reveló así una brecha digital y expuso las diferencias de acceso ala educación entre quienes tienen computadora en su casa y quienes dependen de un centro comunitario.
«No tener internet implica una situación de inequidad» porque las familias requieren de acceso para inscribirse en la Anses, en planes como el IFE, registrándose como monotributistas o certificando que un empleador hace los aportes mensualmente.
Mientras tanto, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, precisó que «la salida del descongelamiento de precios permitirá aumentos de hasta el 5% para todos» los servicios prestados a quienes no requieren del plan básico universal y obligatorio. Y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom, agregó que «las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1º de enero».
Los incrementos fueron definidos mediante la Resolución 1466 del Enacom que considera «prudente» reconocer «excepcionalmente» que las empresas cuenten con un plazo de diez días para comunicar los incrementos dentro del tope autorizado.
«Insuficientes»
Sin embargo, desde el sector privado consideraron que los aumentos del 5 y 8% para servicios ajenos al Plan Básico Universal «no son suficientes». Las grandes empresas y las pymes que operan en el rubro de internet fija, advirtieron que «no alcanza» el aumento para «recuperarse de la inflación del 30% de este año». «Todavía no conocemos el alcance de las medidas dispuestas en forma unilateral», señaló el director de Asuntos Regulatorios de Claro, Alejandro Quiroga, quien consideró que estas «medidas de carácter estructural debieron ser resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que contribuirán al beneficio de todos».
Desde Movistar subrayaron que el «tope máximo del 5% resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria» y agregaron que «la actualización de precios propuesta por las autoridades va en contra de cualquier atisbo de crecimiento y desarrollo». También la Cámara Argentina de Internet (Cabase) alertó que estos precios ponen en peligro la continuidad de «más de1.200 pymes y cooperativas» que prestan servicios de conectividad en localidades pequeñas del país.
No obstante, reconocieron como un «paso en la dirección correcta» a la «regulación asimétrica» establecida por el Enacom, al sostener que «es un buen primer paso hacia una regulación inteligente con un esquema específico para prestadores medianos, pymes y cooperativas, diferenciado de los grandes operadores».
Fuente: La Arena
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