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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 26-12-2020 / 09:12

PARA LAS ARBITRARIEDADES DEL MERCADO, REGULACIONES DEL ESTADO

Límite a los abusos en las comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción

La declaración por parte del gobierno de Alberto Fernández respecto a las prestaciones de comunicaciones móviles, internet, telefonía celular y televisión por cable, como servicios básicos ha sacudido el ambiente de la política y de los negocios que se mueve alrededor de esas lucrativas actividades. El nuevo Plan Básico Universal garantiza el acceso de millones de personas a los servicios y el Estado está presente para cuidar los ingresos de las familias argentinas.

La declaración por parte del gobierno de Alberto Fernández respecto a las prestaciones de comunicaciones móviles, internet, telefonía celular y televisión por cable, como servicios básicos ha sacudido el ambiente de la política y de los negocios que se mueve alrededor de esas lucrativas actividades. El nuevo Plan Básico Universal garantiza el acceso de millones de personas a los servicios y el Estado está presente para cuidar los ingresos de las familias argentinas.

Además la condición de esenciales que ahora se les otorga fastidia sobremanera a los titulares de empresas quienes, como era de esperar, han apelado a las más intrincadas interpretaciones leguleyas que se podrían aplicar en la materia y han contado con generosos espacios televisivos para hacerse oír. Uno de los aspectos cuestionados que más irritación provocó entre los empresarios es el hecho de que a partir de ahora los aumentos de tarifas en estas actividades deberán ser previamente autorizados por el Estado.

La telefonía móvil, según expresiones del propio Alberto, carecía de regulación alguna y esa circunstancia, además de la gran concentración de los prestadores, posibilitaba la imposición de condiciones a los usuarios particulares y al sector público, con riesgo cierto de favorecer maniobras de cartelización en un ámbito que ya desplazó considerablemente a la telefonía fija.

La resolución, como era de esperar, afecta poderosos intereses de varias grandes compañías que participan de un denso entramado de actividades tecnológicas, económicas y financieras. Esas corporaciones pusieron el grito en el cielo por lo que consideran un avance del Estado sobre los beneficios de los privados, sin admitir ni considerar que consiguieron ganancias desmesuradas durante los años del macrismo, que no solamente los toleró sino que los defendió a capa y espada en perjuicio de los usuarios.

Bajo el pasado gobierno neoliberal se puso en el freezer la Ley Argentina Digital, que declaraba de interés público el desarrollo de las telecomunicaciones y buscaba garantizar el acceso universal a esos servicios. Sorprende la sobreactuación de los prestadores quienes siempre defendieron la "apertura al mundo" de nuestro país, es bien sabido que la condición de servicio público aplicada a las comunicaciones es norma en las naciones europeas y también en algunas de nuestro continente.

Pero en esa reacción corporativa se cuidan mucho de hablar de las utilidades exorbitantes que obtuvieron al amparo de un esquema que permitía a las propias compañías fijar los precios de sus prestaciones y, a la vez, irónicamente recomendaba que fueran "justos y razonables".

La nueva resolución fue aprobada por el Ente Nacional de Comunicaciones como una prestación básica universal y obligatoria, que apunta a favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, atendiendo especialmente a los sectores de bajos recursos como los jubilados y los trabajadores de la economía informal. Entrará en vigencia a partir del primer día del año entrante y en caso de incumplimientos establece sanciones económicas. Para los abusos del mercado, no hay como las regulaciones del Estado.

La Opinión Popular

BENEFICIO PARA USUARIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y TV POR SUSCRIPCION

Anunciaron el Plan Básico Universal

A partir del 1º de enero entrará en vigencia un Plan Básico Universal (PBU) obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción con un costo base de 150 pesos. El anuncio fue formulado ayer por el gobierno nacional e incluye la aprobación de incrementos de hasta el 8% para el resto de los usuarios.

El objetivo es «favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos», explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante un encuentro del que también participaron la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini.

Los planes incluidos en el PBU obligatorio son una «inequívoca señal de política pública dirigida a sostener el acceso a servicios esenciales para millones de argentinos beneficiarios de planes sociales», subrayó Cafiero. Según la Resolución 1467 del Enacom la prestación será «obligatoria» porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados.

Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. También comprende a titulares de pensiones no contributivas (remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos), a titulares del Monotributo Social, y monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

Finalmente, serán incluidos también beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, titulares de becas del Programa Progresar, desocupados o trabajadores de la economía informal, y beneficiarios de programas sociales, incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años. La norma también incluye a los clubes de barrio y de pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

Suba de tarifas

La esencialidad de los servicios de internet y comunicaciones queda demostrada con los más de dos millones de menores residentes en los 4.416 barrios populares del país que no pudieron sostener este año una conexión frecuente y necesaria con sus docentes, informó la Jefatura de Gabinete. La pandemia reveló así una brecha digital y expuso las diferencias de acceso ala educación entre quienes tienen computadora en su casa y quienes dependen de un centro comunitario.

«No tener internet implica una situación de inequidad» porque las familias requieren de acceso para inscribirse en la Anses, en planes como el IFE, registrándose como monotributistas o certificando que un empleador hace los aportes mensualmente.

Mientras tanto, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, precisó que «la salida del descongelamiento de precios permitirá aumentos de hasta el 5% para todos» los servicios prestados a quienes no requieren del plan básico universal y obligatorio. Y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom, agregó que «las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1º de enero».

Los incrementos fueron definidos mediante la Resolución 1466 del Enacom que considera «prudente» reconocer «excepcionalmente» que las empresas cuenten con un plazo de diez días para comunicar los incrementos dentro del tope autorizado.

«Insuficientes»

Sin embargo, desde el sector privado consideraron que los aumentos del 5 y 8% para servicios ajenos al Plan Básico Universal «no son suficientes». Las grandes empresas y las pymes que operan en el rubro de internet fija, advirtieron que «no alcanza» el aumento para «recuperarse de la inflación del 30% de este año». «Todavía no conocemos el alcance de las medidas dispuestas en forma unilateral», señaló el director de Asuntos Regulatorios de Claro, Alejandro Quiroga, quien consideró que estas «medidas de carácter estructural debieron ser resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que contribuirán al beneficio de todos».

Desde Movistar subrayaron que el «tope máximo del 5% resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria» y agregaron que «la actualización de precios propuesta por las autoridades va en contra de cualquier atisbo de crecimiento y desarrollo». También la Cámara Argentina de Internet (Cabase) alertó que estos precios ponen en peligro la continuidad de «más de1.200 pymes y cooperativas» que prestan servicios de conectividad en localidades pequeñas del país.

No obstante, reconocieron como un «paso en la dirección correcta» a la «regulación asimétrica» establecida por el Enacom, al sostener que «es un buen primer paso hacia una regulación inteligente con un esquema específico para prestadores medianos, pymes y cooperativas, diferenciado de los grandes operadores».

Fuente: La Arena

27-03-2026 / 19:03

El rechazo a Milei perfora el 60% y expone un modelo que solo fabrica pobreza

Lo que comenzó como una "gesta libertaria" contra la casta se ha transformado, en poco más de dos años, en un drama social que las encuestas ya no pueden disimular. Según el último informe de la consultora Atlas Intel —la misma que, irónicamente, fue la más precisa al predecir su victoria en 2023—, el rechazo a la gestión de Javier Milei ha alcanzado un techo histórico: el 61,6% de los argentinos le da la espalda.

Este número no es solo una estadística fría; es el certificado de defunción del "aguante" social frente a un ajuste que no tiene ni fin ni resultados positivos para el ciudadano de a pie. Mientras el Presidente se encierra en su realidad paralela de redes sociales y viajes internacionales, la aprobación a su figura se desploma al 36,4%, su nivel más bajo desde que llegó a la Casa Rosada.

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 13:03

El negacionismo de Milei como combustible del ajuste y la impunidad

A medio siglo del golpe que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta un escenario inédito: un gobierno que no solo reivindica la metodología represiva, sino que utiliza el negacionismo como pantalla para aplicar el mismo programa económico que Martínez de Hoz. La batalla hoy es por la memoria, pero también por el futuro.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no encuentra a la Argentina en un momento de reflexión institucional, sino en una trinchera. El gobierno de Javier Milei, escoltado por una Victoria Villarruel que ha hecho de la apología de la dictadura su plataforma política, ha decidido romper el pacto democrático de 1983. Ya no se trata de "matices" históricos; estamos ante una ofensiva sistemática para demoler la base ética sobre la cual se reconstruyó la nación.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

Recordando a las Primeras Víctimas del Golpe Militar

Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.

Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.

La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.

Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

A 50 años del Golpe Cívico-Militar Genocida que estableció el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.

Carlos Morales para La Opinión Popular