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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 28-11-2020 / 08:11
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Crujen los puentes de la Argentina fragmentaria

Crujen los puentes de la Argentina fragmentaria
¿Por qué nadie baraja romper? Porque todos saben que sería el pasaporte de vuelta al llano para todos y todas. Y al banquillo de los acusados para muchos y muchas. Pero lo curioso es que los únicos que abren cauces de diálogo con el establishment integran la pata que el propio empresariado considera indigerible: la K.
Con todos los puentes rotos con la oposición, como se advirtió ayer en las facturas cruzadas con Horacio Rodríguez Larreta por la represión en el velatorio de Maradona, el principal desafío del Gobierno es mantener en pie aquellos que coligan a sus islas entre sí y también los que conectan a todo el archipiélago con el continente.
 
¿Por qué nadie baraja romper? Porque todos saben que sería el pasaporte de vuelta al llano para todos y todas. Y al banquillo de los acusados para muchos y muchas. Pero lo curioso es que los únicos que abren cauces de diálogo con el establishment integran la pata que el propio empresariado considera indigerible: la K.
 
Se lo dijo Máximo Kirchner al banquero Brito: "Hablemos. No podemos llevar adelante un país solamente peleando por los medios". Es parecido pero no lo mismo que les dijo Martín Guzmán, a los popes de AEA que recibió virtualmente el viernes pasado, justo después del accidente del banquero.
 
Ante los enviados del FMI, los empresarios se animaron a protestar por el impuesto a las fortunas y a plantear su miedo a que se haga permanente, como acaba de proponer en Bolivia el nuevo gobierno del MAS. El ministro de Economía les juró: "Es por única vez. Si el año que viene vuelve, yo me voy". El tipo de sobreactuación que Caserio define en privado como "déficit de política".
 
Quizás ese ardoroso cortejo market friendly tendría más adherentes dentro de la coalición si obtuviera algún resultado. La realidad es que las zanahorias no están funcionando y los palos sí. 
 

 
Cuarenta y ocho horas antes de morir, Jorge Brito recibió un llamado de Máximo Kirchner. El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas acababa de lograr media sanción en Diputados y todavía resonaba el augurio de una "rebelión fiscal" que el fundador del banco Macro había lanzado, mezcla de arenga y grito de impotencia, desde el portal de noticias de su amigo Daniel Hadad.
 
El banquero, íntimo a su vez de Sergio Massa, sentía que había agotado todas las instancias de diálogo. Al jefe de la Cámara baja le venía acercando desde agosto contrapropuestas y retoques, todos rechazados porque lo desnaturalizaban o recortaban demasiado su recaudación.
 
En junio hasta había ofrecido una cena en su mansión de Acassuso para que figuras del establishment como Marcelo Mindlin, Miguel Acevedo y Marcos Bulgheroni conocieran en persona al jefe de La Cámpora y al ministro del Interior, Wado de Pedro.
 
El llamado del miércoles lo sorprendió gratamente. Parecía reabrirse entre el empresariado y el oficialismo el puente menos pensado. Quedaron en verse esta semana corta. El cable de la tirolesa donde se enredó el helicóptero de Brito frustró la cita para siempre.
 
 
Bustos
  
Fueron otras exequias, las de Diego Armando Maradona, el escenario del reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ayer, tras casi dos meses sin cruzarse.
 
La situación era especialmente incómoda porque la vicepresidenta entró a la Casa Rosada a las 14.30 y la Policía Metropolitana acababa de reprimir a quienes aguardaban para darle el último adiós al astro. Pero la tensión entre ambos viene en aumento desde la carta de los "funcionarios que no funcionan", exactamente un mes atrás.
 
El rumor de la represión en la 9 de Julio corrió rápido y los que estaban adelante en la fila se agolparon para entrar antes que cerraran. Cuando Cristina ingresó a la Rosada, con apenas 5 minutos de preaviso y en simultáneo con el gobernador Axel Kicillof, los efectivos de Casa Militar perdieron el control de la multitud que ya estaba dentro del edificio.
 
El Salón de los Bustos se llenó de gente y un empujón involuntario hizo rodar el de Hipólito Yrigoyen. Fue la señal inequívoca de que mantener ahí al binomio gobernante no era una buena idea.
 
Lo que pasó después, sin embargo, generó el efecto contrario al que procuraba la foto juntos: exhibió lo maltrecho que está el vínculo. No habían pasado ni diez minutos juntos frente a terceros y, ante el caos, cada uno se fue por su lado.
 
Podría explicarse como un asunto de seguridad nacional -que se haya procurado evitar mantenerlos en el mismo lugar- pero el refugio y la compañía de cada uno en ese momento de zozobra dieron cuenta de un recorte más político.
 
Con el Presidente subieron al primer piso Santiago Cafiero y Julio Vitobello (responsable del fallido operativo), mientras que Cristina se refugió en el Ministerio del Interior, atrás del Patio de las Palmeras, con Kicillof y De Pedro.
 
Esa hora de desgobierno no solo empañó el homenaje al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. También frustró una ocasión para que el Fernández que encabezó la fórmula presidencial del Frente de Todos saldara en privado sus cuentas pendientes con la Fernández que lo secundó y a la vez lo encaramó allí. Él no cree que ella lo quiera desestabilizar. Ni que quiera romper la coalición. Pero no termina de digerir la carta.
 
Y algo peor: opina que el texto expresa una lógica política en las antípodas de la suya. Una lógica de confrontación sin lugar para la negociación, incluso aunque haya propuesto un "acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales".
 
 
Roscas
  
El senador Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, es cordobés y entró a la Cámara alta de la mano de Sergio Massa. No se habló con Cristina durante 12 años, aun compartiendo bancada, y apoyó todos los intentos de disputarle al kirchnerismo la dirección del PJ. El año pasado Alberto lo tentó con un ministerio.
 
Pero pese a todo eso, y como el propio Massa de a ratos, considera que al Ejecutivo le falta política y que eso empuja a la pata kirchnerista del FdT a copar ese diálogo. Suele recordar que lo primero que hizo Néstor Kirchner cuando asumió fue dividir a la oposición. Y que para eso "hace falta rosca", como diría Emilio Monzó.
 
Caserio piloteó la reunión exprés del martes donde el impuesto a las Grandes Fortunas obtuvo dictamen favorable para convertirse en ley. Pasó el aviso a la Rosada de que la intención de todo el bloque es aprobarlo el próximo jueves, cuando ya haya empezado diciembre. Para eso, como ya habrán concluido las sesiones ordinarias, hay que extenderlas o incluir el proyecto en el llamado a extraordinarias. Y eso lo tiene que hacer el Presidente.
 
Aunque el proyecto lleva la firma de su hijo, Cristina encargó a sus propios abogados que revisaran "la robustez jurídica" del tributo. "Si hay que hacer un cambio, lo hacemos", les dijo. Le respondieron que no. Mario País, el más experimentado de la bancada en términos técnicos, también respaldó que se aprobara así.
 
La jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dio por tierra con el principal argumento de los magnates que no quieren pagarlo: la "doble imposición". Explicó que, de los bienes alcanzados, el 84% está exento del pago de Bienes Personales. Y evitó responder preguntas para que no usaran ninguna frase suya contra el tributo en la Justicia.
 
 
Verdes
 
En noviembre el Banco Central volvió a sacrificar reservas por cerca de 1.000 millones, pero esa sangría habría sido mucho mayor sin las restricciones que dispuso Miguel Pesce en septiembre y que criticó públicamente Guzmán en octubre.
 
A esta altura de agosto, solamente por pago de importaciones y deudas de empresas, se habían perdido U$S 1.052 millones. En el mismo lapso de septiembre fueron U$S 1.264 millones. En octubre, U$S 873 millones. Y este mes U$S 280 millones.
 
La rebaja de retenciones, la aceleración de la devaluación oficial y el endeudamiento en dólares que empujó Economía para darles salida a los fondos de Wall Street, en cambio, lograron estabilizar el valor de los dólares paralelos pero no ahuyentaron el fantasma de una "deva" más brusca.
 
Así lo interpretan también los exportadores de soja: en 17 días hábiles de noviembre liquidaron U$S 1.531 millones, apenas por encima de los U$S 1.421 millones del mismo lapso de octubre. Y con el grano y la divisa más caros que entonces.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios 
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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