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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 28-11-2020 / 07:11

ALBERTO APUNTÓ A LA RESPONSABILIDAD DE CABA Y LARRETA DEFENDIÓ EL ACCIONAR POLICIAL

Represión en el velatorio de Maradona: la acusación de la Nación y las excusas del gobierno porteño

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó este viernes una denuncia penal ante la justicia porteña contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contra Diego Santilli, vicejefe a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad comunal, "por la represión desatada durante el velatorio de Diego Maradona por parte de la Policía de la Ciudad", informó oficialmente esa dependencia gubernamental.

El presidente Alberto Fernández consideró "desmedido" el accionar de la Policía de la Ciudad durante el funeral de Diego Armando Maradona. La ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, contó que le pidió a su par porteño, Diego Santilli, que cesara la represión.

Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salieron al contragolpe: primero culparon al gobierno nacional y a "los violentos" por todo lo ocurrido, pero luego optaron por defender el accionar de la policía y sostuvieron que no se podía dejar avanzar a los violentos.

Eso argumentaron tanto el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como su vicejefe, Santilli, que oficia también como ministro de Seguridad local. En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos nacional presentó una denuncia contra las autoridades de CABA por la brutalidad policial.

Durante toda la tarde del funeral, fueron y vinieron las acusaciones entre los dos gobiernos. Primero, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, lanzó un pedido urgente: pidió dejar de reprimir. "Les exigimos a Larreta y Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona".

El Ministerio de Seguridad nacional también sacó un comunicado en el que destacó: "Queremos que quede claro: este Ministerio ni ninguna de las fuerzas a su cargo ha dado ni recibido orden alguna de ejercer la violencia sobre las personas que se encuentran en las inmediaciones ni adentro de la Casa Rosada".

Además, indicaron que la represión tuvo un efecto adicional en Plaza de Mayo: "Los desmanes generados por la policía de CABA produjeron una presión sobre las personas que estaban aguardando para ingresar a la Casa Rosada, por lo que, en función de evitar que cualquiera de ellas sufriera asfixia, aplastamiento o contusiones por esa presión, se decidió correr las rejas".

Justificación porteña

Durante la tarde del jueves, diversos dirigentes del PRO sembraron confusión sobre quién había ordenado la represión. La ex secretaria de Lucha contra la Corrupción (Ajena) Laura Alonso, por caso, culpó al gobierno nacional por la represión: "Alberto Fernández, Cafiero, Frederic, ud. ministro De Pedro: es su gobierno el responsable como lo informaron oficialmente".

No obstante, la estrategia viró hacia la noche y el viernes por la mañana los funcionarios ya estaban defendiendo el accionar de la Policía de la Ciudad. Primero fue Santilli, quien, vale recordar, ocupa el cargo desde que Horacio Rodríguez Larreta debió echar a Martín Ocampo tras el fiasco del operativo de seguridad en la final de la Copa Libertadores 2018.

Las palabras de Santilli dejaron en claro quiénes tomaron la decisión de reprimir y por qué: "Había un sector de violentos que quería avanzar a donde no podían estar y nuestro deber es cuidar a la inmensa mayoría que quería ir en paz a despedir a su ídolo. ¿Corremos la fuerza policial y dejamos que los violentos avancen y aplasten y empujen a toda la gente contra la Casa Rosada, o corta la fila y se pone el cuerpo para que los violentos no avancen y el resto de la población no sufra? Lo que hay que hacer es cuidar y evitar que las personas se aglomeren y se pueden lastimar, cuidar a cada uno de la inmensa mayoría que venía desde varios lados en forma pacífica", argumentó Santilli.

Luego fue el propio jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, quien defendió la actuación policial al considerar que se frenó "el accionar violento de un grupo de barrabravas" y consideró que el gobierno nacional "politizó la situación". "La Policía de la Ciudad siempre va a actuar cuidando a la gente", argumentó.

Críticas nacionales

El Presidente cuestionó el accionar de la Policía porteña que "cerró el paso de la gente" en la Avenida de Mayo y 9 de Julio "de manera muy violenta". "Hubo una acción desmedida de la Policía de la Ciudad", insistió Fernández, quien remarcó en cambio que la situación dentro de la Casa de Gobierno "nunca estuvo fuera de control".

"Lo resolvimos muy rápido sin que hubiera balas de goma ni palazos. Lo resolvimos cerrando las puertas. Nunca estuvo fuera de control. El problema fue en la 9 de Julio, donde hubo una acción desmedida de la Policía de la Ciudad, es muy evidente", dijo el mandatario en declaraciones a la FM Radio Con Vos.

La ministra Frederic relató las conversaciones que tuvo con el vicejefe porteño: "Le pedí a Santilli que dejara de reprimir, que contuviera pero no reprimiera. La segunda vez él me dijo: 'Les estamos cubriendo las espaldas, si no reprimimos van a ir a Plaza de Mayo'. Yo le dije: 'Dejá que vengan'".

Fue el diálogo que, según la funcionaria, ocurrió en momentos en que la Policía de la Ciudad se desató contra las personas que hacían fila para despedir al astro del fútbol, alrededor de las 14 del jueves.

Frederic afirmó que la represión sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio fue decidida por el gobierno porteño, cuando aún no se había decidido extender el horario del velatorio. "Nosotros estábamos evaluando qué hacer, pero ellos aparentemente se adelantaron" y enviaron a la policía para "avisarle a la gente que la visita terminaba a las 16" y que por lo tanto los del final de la cola no iban a llegar a despedir a Maradona.

"Yo no puedo darle órdenes a Diego Santilli, él controla su policía. Tomaron una decisión inconsulta y ocurrió lo que ocurrió", cuestionó la titular de la cartera de Seguridad en una entrevista por FMFuturock, en la que dejó claro que "es falso que la Policía Federal les diera la orden a ellos de reprimir".

Frederic indicó que "las jurisdicciones estaban divididas: Casa Militar solo da seguridad al interior de Casa de Gobierno, la Policía Federal y Gendarmería en el perímetro y la Ciudad es responsable de todo lo demás", es decir de lo que sucedió en el lugar donde ocurrió la represión. "Nosotros no podemos ejercer la seguridad sobre una jurisdicción que no es competencia nuestra", aclaró.

"La Policía de la Ciudad tiene una mecánica de trabajo que hemos visto todos los años. Y la modalidad de personas sin uniforme que luego se ponen la chaqueta y empiezan a cazar gente, es una modalidad que no consideramos válida ni que responde a lo que debe garantizar un Estado de derecho; y mucho menos si hacen amenazas", sostuvo Frederic, quien lo contrastó con el manejo de la multitud que entró a la Rosada: "No ejercimos la violencia. En cada fase de control se fue usando la palabra y eso lleva más tiempo", explicó.

Así como la ministra nacional relató sus conversaciones con Santilli, en las que indicó que le había pedido que deje de reprimir, el vicejefe dio su versión de esos diálogos: "Sabina me llamo. Hablamos antes y durante los acontecimientos. Nos pidieron colaboración y la brindamos. A mí me parece que así no se puede trabajar, no tiene sentido echarse culpas".

Santilli le apuntó a la organización del velatorio y a la decisión de acortarlo en el tiempo: "Nos pidieron trabajo y trabajamos en conjunto. Hubo desbordes como afirmó el Presidente, y a partir de eso tratamos de apaciguar las aguas y resolver la situación".

No hubo en el gobierno porteño una autocrítica ni mucho menos una intención de investigar el accionar policial, que incluyó agresiones a periodistas. Sobre esto, Santilli dijo: "No sabía que una periodista había recibido una bala de goma. A veces, ocurren hechos que uno no desea. Respaldamos el trabajo de la fuerza. Nosotros no organizamos el velatorio". E insistió en que el problema fue la irrupción de "barrabravas y violentos".

Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, consideró que "las imágenes son elocuentes, la policía actuó ante el ataque de unos pocos pero muy violentos. Nuestro límite es la violencia. Son delincuentes y tienen que estar disposición de la Justicia".

"Yo estaba al lado de Santilli cuando habló con la ministra Frederic, la realidad es que ella nos pedía que nos quedemos ahí porque sabía que si no conteníamos, la situación en Casa Rosada iba a ser peor", aseguró. La ministra dijo lo contrario.

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una denuncia penal contra Larreta y Santilli "por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona por el violento accionar llevado adelante por efectivos policiales. La presentación incluye un compilado de imágenes que prueban la represión violenta y desmedida".

Desde el organismo conducido por Horacio Pietragalla indicaron que "la sistematicidad en el accionar y la violencia cometida por todos ellos da cuenta de una orden superior que dispuso la represión de esa forma: con balas de goma, gases, camiones hidrantes y detenciones arbitrarias".

Por Werner Pertot

Fuente: Página12

17-11-2025 / 10:11

El plan de la mediocre derecha para convertir Argentina en la colonia yanqui de Trump

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.

14-11-2025 / 09:11

Yes, bwana: Acuerdo del Loco Milei con Trump para convertir Argentina en colonia yanqui

La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.

Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.

El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.

En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.

Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.

Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.

La Opinión Popular