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Entre Ríos - 24-11-2020 / 12:11
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE RÍOS

Lilia Santiago, vocal por los jubilados, firmó la resolución que quita beneficios: hay rechazo gremial

Lilia Santiago, vocal por los jubilados, firmó la resolución que quita beneficios: hay rechazo gremial
Cinco entidades gremiales reaccionaron con asombro ante la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de suprimir un sistema que flexibilizaba el acceso al beneficio jubilatorio a empleados del Estado, medida que, de forma insólita, lleva la firma de la vocal que representa a los pasivos en el directorio del organismo previsional, Lilia Santiago.
 
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron «su total y absoluto rechazo» a la resolución Nº 077, que dictó el 18 del actual la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y que lleva las firmas del presidente del organismo, Edgardo Scarione, y la vocal que representa a los pasivos, Lilia Santiago.
 
Esa normativa de la Caja derogó las resoluciones 07 y 08 de 2001, «normativas éstas que instituyeron una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el ´3 x 1´ (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el artículo 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las resol. 007 y 008). De tal manera dichas normativas derogadas tenían como propósito central reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del Art. 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas, mediante Decreto a partir de 1994», según indicó AGMER.
 

 
Esas resoluciones, ahora derogadas, indicó el sindicato de los docentes, «surgieron con el propósito de cumplir una función equiparadora, reparadora e instituyente de una igualdad ante la Ley, de los beneficiarios del sistema, en tanto el art. 39 sólo había concedido para una sola de las categorías de beneficio, la posibilidad compensatoria (3×1), generando de esta manera una situación no sólo injusta sino inconstitucional por su diferenciación injustificada».
 
Según la publicación de Entre Ríos Ahora además, indicó que esas normas «constituían disposiciones destinadas a ampliar derechos que se encuentran contenidos en los Tratados de Derechos Humanos y como tales, los atraviesa e impregna el principio de progresividad, es decir, una vez que se hayan reconocido este tipo de derechos, no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos. Y no hay otra posibilidad más que la de garantizar su plena e inmediata efectividad, con tendencia a ampliar la protección en el futuro antes que a reducirla. En este sentido, la Resolución 077/20 claramente es inconstitucional. En este sentido manifestamos: las consecuencias nocivas de dicha Resolución tensiona la edad jubilatoria y la Ley Nº 8732».
 
«Queda claro, entonces, los motivos del desembarco de Scarione a la Caja -subrayó AGMER-: llegó para hacer la tarea planificada por el gobernador (Gustavo Bordet): modificar la Ley N° 8.732 avanzando con un solo objetivo, el ajuste a cualquier costo. Pero el único responsable es Bordet. Comenzamos el año resistiendo los intentos de reforma, tuvo que dar marcha atrás debido al reclamo generalizado del conjunto de las organizaciones sindicales y la masiva movilización que llevamos adelante en el espacio de la Multisectorial, en donde dejamos muy claro nuestra postura de resistir ante cualquier intento de modificación de la misma. En marzo, el Ejecutivo volvió a dar muestras de su manifiesta voluntad de no atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores al abandonar unilateralmente el espacio de la paritaria salarial docente (poniéndose por fuera de la Ley), desde junio -y también- desde la Multisectorial le acercamos un programa en donde aportamos propuestas de redistribución de la riqueza y así contar con recursos económicos para atender y dar respuestas al salario de las y los trabajadores y trabajadoras, atender la demandas sociales, la salud, etcétera. La respuesta de Bordet al diálogo social fue enviar a la Legislatura un proyecto de Ley -aprobado- en tiempo exprés que contenía un feroz ajuste al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la provincia (activos y jubilados) elevando los aportes personales y atacando el 82 % consagrado en la Constitución de la Provincia. Las acciones de resistencia del Frente Gremial lograron frenar buena parte de la intentona en el ámbito judicial. Luego, la respuesta a nuestras demandas de discusión salarial fue un bono, en negro e insignificante. Mientras, continúa negándose a sentarse en paritaria salarial».
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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04-01-2026 / 20:01
El punto de inflexión llegó con el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado. Allí, ¿el gobernador Rogelio Frigerio terminó de convencerse de que, así como el presidente Javier Milei decidió poblar el Congreso con legisladores propios, el año próximo avanzará sobre Entre Ríos para sentar a un dirigente libertario en el sillón principal de la Casa Gris? En la madrugada triunfal del 27, durante una reunión con su círculo más íntimo, Milei se envalentonó. "Para cambiar definitivamente este país, además de legisladores nacionales, el proyecto también necesita de gobernadores propios, sobre todo en las provincias más importantes", habría dicho el presidente.
 
Y fue más preciso todavía. Enumeró las seis provincias en las que quiere tener gobernadores anarco capitalistas con sintonía fina. Estos distritos concentran el 72% del electorado nacional, y más del 80% de la producción del país: la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos.
 
Los libertarios entrerrianos no tienen certezas sobre su candidato entrerriano a la gobernación, aunque el dato político relevante es otro: Milei y su hermana Karina -principal armadora de La Libertad Avanza- tienen a Entre Ríos en agenda sin mediación ni influencia del armado libertario local. Milei irá por la gobernación entrerriana en 2027, y ¿Frigerio lo sabe? Buena parte de las decisiones que deberá tomar el gobernador en los próximos meses deben partir de esa certeza: su principal rival será un candidato con el respaldo explícito del presidente.
 
En ese maco, Frigerio debería ver que el ajuste de Milei complica sus posibilidades de reelección. El reciente Presupuesto nacional aprobado presenta complicaciones para el gobernador, quien busca aumentar los fondos para la Caja de Jubilaciones. Tras modificaciones en Diputados, el oficialismo en el Senado no pudo revertirlas, lo que afecta partidas clave.
 
Frigerio enfrenta un escenario adverso después de declaraciones de funcionarios nacionales que niegan la deuda de Entre Ríos. Acordó una transferencia provisional de $2.000 millones mensuales, pero su objetivo es incrementar esa cifra significativamente. Sin embargo, el ajuste fiscal promovido por Milei complica esta gestión, generando pesimismo en el entorno provincial.
 
En la última sesión del año pasado, el Senado convirtió en ley el primer Presupuesto nacional de esta era libertaria. Sin embargo, la sanción dejó un sabor agridulce en la Casa Rosada: en Diputados, la oposición logró sostener partidas sensibles, como las destinadas al sector de discapacidad, el financiamiento universitario y los subsidios para las denominadas "zonas frías". Con el recorte de subsidios, Milei le traslada el costo del ajuste a los gobernadores.
 
El apuro por tener el Presupuesto aprobado antes del final de las sesiones extraordinarias obligó al oficialismo a aceptar los cambios que impusieron los diputados. Tras esos cambios introducidos en la Cámara Baja, la primera reacción en la Casa Rosada fue anunciar que se revertiría en el Senado para volver al texto original. Esa estrategia implicaba que el proyecto debía regresar a Diputados, pero el tiempo le jugó en contra y los libertarios no pudieron en el Senado tocar una coma del texto que salió con media sanción de la Cámara Baja.
 
Los fondos restituidos para la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, que habían sido eliminados del Presupuesto 2026, representan un costo fiscal cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto. El veto fue descartado en la Rosada. Desde el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, admiten en privado que el ajuste tendría un destinatario concreto: las provincias.
 
Esta decisión de la gestión libertaria de volver a apuntar la motosierra a las provincias también funcionaría como una suerte de castigo político. En la Casa Rosada recuerdan que varios gobernadores -especialmente del norte del país- habían prometido acompañar el proyecto como salió del Ejecutivo, pero luego sus diputados votaron modificaciones. ¿Por qué Milei habría de facilitarles recursos?
 

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