09:43 | Jueves 05 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 24-11-2020 / 12:11

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE RÍOS

Lilia Santiago, vocal por los jubilados, firmó la resolución que quita beneficios: hay rechazo gremial

Cinco entidades gremiales reaccionaron con asombro ante la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de suprimir un sistema que flexibilizaba el acceso al beneficio jubilatorio a empleados del Estado, medida que, de forma insólita, lleva la firma de la vocal que representa a los pasivos en el directorio del organismo previsional, Lilia Santiago.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron «su total y absoluto rechazo» a la resolución Nº 077, que dictó el 18 del actual la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y que lleva las firmas del presidente del organismo, Edgardo Scarione, y la vocal que representa a los pasivos, Lilia Santiago.

Esa normativa de la Caja derogó las resoluciones 07 y 08 de 2001, «normativas éstas que instituyeron una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el ´3 x 1´ (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el artículo 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las resol. 007 y 008). De tal manera dichas normativas derogadas tenían como propósito central reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del Art. 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas, mediante Decreto a partir de 1994», según indicó AGMER.

Esas resoluciones, ahora derogadas, indicó el sindicato de los docentes, «surgieron con el propósito de cumplir una función equiparadora, reparadora e instituyente de una igualdad ante la Ley, de los beneficiarios del sistema, en tanto el art. 39 sólo había concedido para una sola de las categorías de beneficio, la posibilidad compensatoria (3×1), generando de esta manera una situación no sólo injusta sino inconstitucional por su diferenciación injustificada».

Según la publicación de Entre Ríos Ahora además, indicó que esas normas «constituían disposiciones destinadas a ampliar derechos que se encuentran contenidos en los Tratados de Derechos Humanos y como tales, los atraviesa e impregna el principio de progresividad, es decir, una vez que se hayan reconocido este tipo de derechos, no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos. Y no hay otra posibilidad más que la de garantizar su plena e inmediata efectividad, con tendencia a ampliar la protección en el futuro antes que a reducirla. En este sentido, la Resolución 077/20 claramente es inconstitucional. En este sentido manifestamos: las consecuencias nocivas de dicha Resolución tensiona la edad jubilatoria y la Ley Nº 8732».

«Queda claro, entonces, los motivos del desembarco de Scarione a la Caja -subrayó AGMER-: llegó para hacer la tarea planificada por el gobernador (Gustavo Bordet): modificar la Ley N° 8.732 avanzando con un solo objetivo, el ajuste a cualquier costo. Pero el único responsable es Bordet. Comenzamos el año resistiendo los intentos de reforma, tuvo que dar marcha atrás debido al reclamo generalizado del conjunto de las organizaciones sindicales y la masiva movilización que llevamos adelante en el espacio de la Multisectorial, en donde dejamos muy claro nuestra postura de resistir ante cualquier intento de modificación de la misma. En marzo, el Ejecutivo volvió a dar muestras de su manifiesta voluntad de no atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores al abandonar unilateralmente el espacio de la paritaria salarial docente (poniéndose por fuera de la Ley), desde junio -y también- desde la Multisectorial le acercamos un programa en donde aportamos propuestas de redistribución de la riqueza y así contar con recursos económicos para atender y dar respuestas al salario de las y los trabajadores y trabajadoras, atender la demandas sociales, la salud, etcétera. La respuesta de Bordet al diálogo social fue enviar a la Legislatura un proyecto de Ley -aprobado- en tiempo exprés que contenía un feroz ajuste al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la provincia (activos y jubilados) elevando los aportes personales y atacando el 82 % consagrado en la Constitución de la Provincia. Las acciones de resistencia del Frente Gremial lograron frenar buena parte de la intentona en el ámbito judicial. Luego, la respuesta a nuestras demandas de discusión salarial fue un bono, en negro e insignificante. Mientras, continúa negándose a sentarse en paritaria salarial».

Fuente: Entre Ríos Ahora

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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ATE protagonizó un abrazo simbólico al Masvernat en rechazo a la miserable oferta salarial de Frigerio