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Entre Ríos - 24-11-2020 / 12:11
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE RÍOS

Lilia Santiago, vocal por los jubilados, firmó la resolución que quita beneficios: hay rechazo gremial

Lilia Santiago, vocal por los jubilados, firmó la resolución que quita beneficios: hay rechazo gremial
Cinco entidades gremiales reaccionaron con asombro ante la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de suprimir un sistema que flexibilizaba el acceso al beneficio jubilatorio a empleados del Estado, medida que, de forma insólita, lleva la firma de la vocal que representa a los pasivos en el directorio del organismo previsional, Lilia Santiago.
 
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron «su total y absoluto rechazo» a la resolución Nº 077, que dictó el 18 del actual la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y que lleva las firmas del presidente del organismo, Edgardo Scarione, y la vocal que representa a los pasivos, Lilia Santiago.
 
Esa normativa de la Caja derogó las resoluciones 07 y 08 de 2001, «normativas éstas que instituyeron una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el ´3 x 1´ (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el artículo 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las resol. 007 y 008). De tal manera dichas normativas derogadas tenían como propósito central reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del Art. 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas, mediante Decreto a partir de 1994», según indicó AGMER.
 

 
Esas resoluciones, ahora derogadas, indicó el sindicato de los docentes, «surgieron con el propósito de cumplir una función equiparadora, reparadora e instituyente de una igualdad ante la Ley, de los beneficiarios del sistema, en tanto el art. 39 sólo había concedido para una sola de las categorías de beneficio, la posibilidad compensatoria (3×1), generando de esta manera una situación no sólo injusta sino inconstitucional por su diferenciación injustificada».
 
Según la publicación de Entre Ríos Ahora además, indicó que esas normas «constituían disposiciones destinadas a ampliar derechos que se encuentran contenidos en los Tratados de Derechos Humanos y como tales, los atraviesa e impregna el principio de progresividad, es decir, una vez que se hayan reconocido este tipo de derechos, no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos. Y no hay otra posibilidad más que la de garantizar su plena e inmediata efectividad, con tendencia a ampliar la protección en el futuro antes que a reducirla. En este sentido, la Resolución 077/20 claramente es inconstitucional. En este sentido manifestamos: las consecuencias nocivas de dicha Resolución tensiona la edad jubilatoria y la Ley Nº 8732».
 
«Queda claro, entonces, los motivos del desembarco de Scarione a la Caja -subrayó AGMER-: llegó para hacer la tarea planificada por el gobernador (Gustavo Bordet): modificar la Ley N° 8.732 avanzando con un solo objetivo, el ajuste a cualquier costo. Pero el único responsable es Bordet. Comenzamos el año resistiendo los intentos de reforma, tuvo que dar marcha atrás debido al reclamo generalizado del conjunto de las organizaciones sindicales y la masiva movilización que llevamos adelante en el espacio de la Multisectorial, en donde dejamos muy claro nuestra postura de resistir ante cualquier intento de modificación de la misma. En marzo, el Ejecutivo volvió a dar muestras de su manifiesta voluntad de no atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores al abandonar unilateralmente el espacio de la paritaria salarial docente (poniéndose por fuera de la Ley), desde junio -y también- desde la Multisectorial le acercamos un programa en donde aportamos propuestas de redistribución de la riqueza y así contar con recursos económicos para atender y dar respuestas al salario de las y los trabajadores y trabajadoras, atender la demandas sociales, la salud, etcétera. La respuesta de Bordet al diálogo social fue enviar a la Legislatura un proyecto de Ley -aprobado- en tiempo exprés que contenía un feroz ajuste al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la provincia (activos y jubilados) elevando los aportes personales y atacando el 82 % consagrado en la Constitución de la Provincia. Las acciones de resistencia del Frente Gremial lograron frenar buena parte de la intentona en el ámbito judicial. Luego, la respuesta a nuestras demandas de discusión salarial fue un bono, en negro e insignificante. Mientras, continúa negándose a sentarse en paritaria salarial».
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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De nuevo, quedó expuesto con números el saqueo del gobierno centralista de Javier Milei al interior federal, con el que monta su "déficit cero". En 2024 del total de los ingresos tributarios nacionales, el 70,3% fue para Nación y el 29,7% para las 24 provincias. En paralelo, las jurisdicciones afrontaron el 55,7% de los gastos, mientras que el gobierno de Milei tan solo el 44,3%. Es un gran esfuerzo que deteriora las finanzas provinciales, y a pesar de contar con menos recursos, no pueden desertar de sus responsabilidades en: salud, educación y seguridad; aunque no pueden hacerse cargo de toda la desidia de Milei, al que Frigerio no reclama.
 
En el desglose, esta diferencia se ve mejor reflejada en la inversión en infraestructura: del 57% que invertían las provincias frente al 43% de Nación en 2023, se pasó a un esquema de 82% - 18% en el segundo trimestre del 2025. Además de la inversión de capital, el conjunto de las provincias aumentó su participación en muchas funciones esenciales del Estado. Por ejemplo, en Vivienda y urbanismo, la participación provincial se incrementó 30 puntos en comparación con el promedio de la última década. A su vez, se dio la caída relativa de los impuestos coparticipables (-10%) vs. los no coparticipables (2,7%) hace que la Nación concentre una porción mayor de los recursos.
 
Como es sabido, Milei es un presidente sin gobernadores. Llegó al poder sin el acompañamiento de estructuras provinciales y apenas si logró algunos pactos locales para las elecciones del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza se presentó por primera vez como un partido nacional y enfrentó a los jefes provinciales en 19 de los 24 distritos. La sorpresiva victoria legislativa de octubre no le alcanzó a Milei para dominar el Congreso. En ese contexto sobrevuela un precedente: Guillermo Francos se fue de la Jefatura de Gabinete sin conseguir un solo acuerdo estructural con las provincias.
 
Milei tendrá un tercio en la Cámara de Diputados, lo necesario para blindar eventuales vetos y protegerse de un juicio político. Pero no pudo quedar al filo de la mayoría automática en ambos recintos para soñar con una agenda legislativa propia. Los números del próximo Congreso, hasta este fin de semana, están por debajo de lo que esperaba Milei la noche del 26 de octubre. LLA tiene por ahora 91 miembros en la cámara baja y 21 en el Senado. Son necesarios 129 y 37 voluntades, respectivamente, para abrir los recintos.
 
Frigerio y los mandatarios provinciales repiten un menú estable de demandas. Financiamiento para obras e infraestructura, con la expectativa de que Nación habilite avales para que las provincias puedan tomar deuda. El gesto inicial fue para Mendoza: US$75 millones del BID para obras de agua potable. El resto está en la bandeja del Ministerio de Economía. También reclaman que se regularice la deuda previsional con las cajas no transferidas: alrededor de $5 billones que la ANSES les debe a 13 distritos. Y piden discutir la distribución del impuesto a los combustibles y de los ATN.
 
Después de tres semanas de rosca, el gobierno libertario no pudo armar sus soñados interbloques, quedó tan lejos del quórum propio en ambas cámaras y cada negociación legislativa tendrá a muchos actores interactuando en simultáneo. Justo lo que Milei buscaba evitar. En este escenario, cada vez que quiera una ley, el Presidente deberá discutir párrafo por párrafo con aliados y, sobre todo, con los gobernadores, que, sin un frente oficialista amplio, tendrán más armas para hacerse valer en forma individual.
 
Como los ex-Juntos por el Cambio no se fundieron en el oficialismo, los gobernadores de todos los colores políticos, la mayoría derrotados en las elecciones de octubre, serán los árbitros del Congreso. Los próximos tiempos serán complejos para Milei en el Parlamento. Logrará sancionar algunas leyes, con el "método Edgardo Kueider", pero en otros temas -tal vez, en la mayoría- las negociaciones quedarán trabadas en discusiones por la distribución de los fondos. Frigerio es uno de los gobernadores más subordinados a Milei, sin embargo, su colaboracionismo en el Congreso no sirvió para que Nación envíe los dineros que necesita. Ahora, su amigo Diego Santilli negocia apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas mileistas, con más promesas que plata. 
 

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