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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 22-11-2020 / 10:11
MEDIDAS ESPECÍFICAS Y CIFRAS DEL PRESUPUESTO DESMIENTEN LA IDEA DE CONTRACCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Santiago Cafiero: "El macrista ve ajuste por todos lados"

Santiago Cafiero:
Santi Cafiero contra los macristas, los reyes del ajuste. "El macrista cree que son todos de su condición" podría ser una máxima que el Jefe de Gabinete aplicó para despejar la idea que intenta imponer la oposición de que el Gobierno busca ajustar la economía.
A través de su usina de difusión -trolls rentados en redes sociales y grandes medios porteños- el macrismo salió a batir el parche de que el Gobierno de Alberto Fernández realiza un ajuste. Si bien podría verse como una quita de sus propias banderas -los macristas siempre militaron por ajustar la economía del país-, esto es falso.
 
La tarea de reparación de las cuentas fiscales para ordenar el desastre macrista y el impacto fulminante de la pandemia puede tener mayor o menor intensidad, pero calificarla como un ajuste forma parte de una estrategia de confusión deliberada.
 
Pero el inmenso dispositivo de la derecha lo ignora con una impunidad asombrosa. Sus análisis y reclamos se despliegan como si no hubiese existido el desastre económico del gobierno de Macri y como si en el 2020 la devastación del coronavirus hubiese sido un invento de infectólogos.
 
Y la respuesta la entregó el Jefe de Gabinete, quien puso como referencia de discusión el presupuesto 2021 donde se ve que, por el contrario, se apunta a la expansión de la economía en vez de achicarla.
 
Santiago Cafiero, destacó que el "Presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social", que impulsa el Gobierno para el año próximo y fue aprobado por el Congreso. Sostuvo, además, que "el macrista piensa que son todos de su condición y ve ajuste en todos lados".
 
"Sólo hay que ver el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, con un 8 por ciento de aumento. Es un presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social. Estamos aumentando los recursos", dijo, con un irrebatible argumento para desmentir que el Gobierno hace un ajuste. 
 

 
El endeudamiento desaforado y el reingreso del FMI en la economía local serán una carga pesada que la condicionará en los próximos años. Deducir de esta situación dramática que las medidas de reparación, que resulta evidente que son insuficientes para una inmediata recomposición, son parte de un plan de ajuste es otra muestra más de la persistente estrategia macrista de confusión deliberada.
 
La evidencia histórica revela que los gobiernos neoliberales son partidarios del ajuste, mientras que gobiernos nacionales y populares, que la vulgata denomina despectivamente "populistas", impulsan políticas expansivas. El debate podría ser cuál es la intensidad y velocidad de aplicación, pero ha quedado demostrado que eluden el ajuste como columna vertebral de la gestión.
 
Esto muestra la historia reciente, sin embargo algunos piensan que cualquier medida siempre será un ajuste permanente. Diferente es la derecha y sus voceros que tienen como política central el ajuste permanente y ahora hablan de un ajuste cuando no lo es. Los primeros forman parte de una opción política invariable, en cambio los segundos exhiben un grado de impunidad máximo.
 
La Opinión Popular
 
 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS Y CIFRAS DEL PRESUPUESTO DESMIENTEN LA IDEA DE CONTRACCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y DEL SISTEMA JUBILATORIO
 
El fantasma del ajuste
  
  
Las condiciones sociales y laborales son muy malas y las perspectivas de recuperación no serán inmediatas. Es una evaluación que no alcanza sólo para la situación argentina sino que es a nivel global, coinciden economistas internacionales y organismos multilaterales.
 
La mayor o menor capacidad de los países de alcanzar el mismo nivel de bienestar general prepandemia depende de la fortaleza económica y financiera previa. La economía argentina no cuenta con ese activo. Por el contrario, arrastra la crisis macrista que el coronavirus profundizó.
 
Tal es la magnitud del desastre acumulado que el objetivo de regresar a principios de diciembre es ambicioso. Se sabe que la herencia del último ciclo neoliberal no se puede reparar en un año y mucho menos cuando es uno de pandemia.
 
La tarea por delante entonces es más compleja. Esto no debería ser motivo de grandes debates teniendo en cuenta que todavía se sigue padeciendo la desestructuración productiva en los años de la dictadura cívico-militar y la privatización de servicios públicos básicos durante la década del noventa. Los experimentos neoliberales dejan una estela de larga duración.
 
 
La mentira del ajuste
 
El artículo del domingo pasado La mentira del ajuste generó bastante incomodidad, lo que se reflejó en reacciones más crispadas que las habituales. En general suelen suceder esas respuestas cuando el deseo o preconceptos ignoran, además de los contextos local y externo, las cifras. En definitiva, cuando el objetivo es rebatir fantasmas de otros.
 
Decir que no hay un ajuste en marcha no significa desconocer que el cuadro social y laboral sea pésimo, además de identificar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica. Estos exigen amigarse con una cuota de rigurosidad analítica y saber discriminar la orientación de las políticas.
 
 
Reconstrucción
 
En ese sentido, uno de los principales escenarios de disputa es el régimen jubilatorio.
 
El largo proceso de reconstrucción del sistema previsional desde el 2003 fue demolido en cuatro años de macrismo. Ocultarlo en la actual situación de crisis no colabora para la comprensión del sendero necesario para recuperarlo.
 
En forma breve, en poco tiempo la alianza Cambiemos debilitó la estructura del PAMI, redujo las prestaciones médicas y de medicamentos a los jubilados, endeudó a los jubilados a tasas elevadaslicuó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ("la plata de los jubilados"), debilitó la solvencia del sistema con la denominada "Reparación histórica" (medida que sólo benefició un poco a haberes medios para arriba) y modificó la movilidad para deprimir los ingresos de los jubilados.
 
En estos meses, antes de la presentación de la nueva movilidad, el gobierno de Alberto Fernández impulsó medidas iniciales de reparación del ecosistema previsional. Entre ellas, se destacan que el PAMI volvió a cubrir el ciento por ciento de medicamentos y reincorporó prestaciones médicas, los jubilados recibieron bonos para mejorar un poco sus ingresos y aumentos por decretos que en el caso de las mínima superan en total a la inflación acumulada, y se suspendió el pago de intereses y se redujo la tasa de interés de los créditos Argenta.
 
Gran parte de los jubilados forma parte de uno de los sectores más castigados. La clave pasa entonces por distinguir entre políticas que buscan mejorar su situación relativa o las que pretenden reducir el gasto previsional.
 
La evidencia en cifras y en medidas revela que los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y el actual de Alberto Fernández tratan de recuperar la capacidad de compra de los jubilados. Es obvio que es insuficiente por la brutalidad del ajuste macrista pero igualar ambos senderos solo colabora a la confusión general.
 
 
Movilidad
 
El más reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA se refiere a la propuesta de recuperar el esquema de la fórmula de movilidad de los gobiernos de CFK.
 
Con ajustes semestrales y con rezagos acotados en las variables, se basa en un 50 por ciento en la variación de los salarios registrados (Ripte) y en otro 50 por ciento en la variación de la recaudación tributaria de la Anses dividida por la cantidad de beneficios. A su vez, se establece un tope a los incrementos, que no podrán superar en más de 3 por ciento la variación de la recaudación total de la Anses por beneficio en los últimos 12 meses.
 
El reporte analiza la evolución de la jubilación mínima desde la crisis final de la convertibilidad en 2001-2002, destacando que el período de fuerte recuperación del poder adquisitivo fue consecuencia de sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo, con anterioridad a la vigencia de una ley de movilidad automática.
 
Tras la ley sancionada a fines de 2008 las jubilaciones tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3 por ciento en términos reales entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos modificó la fórmula.
 
Apunta que en esa oportunidad se argumentó que el cambio favorecería el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones pero la práctica demostró que no fue así. Por el contrario, se perdió un 14,5 por ciento en términos reales en la jubilación mínima mientras esa fórmula basada en el IPC y los salarios estuvo vigente.
 
El informe Cifra-CTA precisa que en 2020, con la movilidad automática suspendida y con incrementos definidos por el Poder Ejecutivo, logró aumentarse levemente el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. Hasta septiembre, antes del último aumento informado que será del 5 por ciento, el acumulado del año era de 5,4 por ciento.
 
 
Propuesta
 
Los economistas de Cifra-CTA explican que el cambio propuesto permitirá que las jubilaciones avancen siempre y cuando mejoren los salarios y la recaudación de la seguridad social, que en definitiva depende de la evolución de las remuneraciones y el crecimiento de los puestos registrados.
 
Advierten que el contexto de mejora económica y del mercado laboral es condición necesaria para que las jubilaciones se recuperen de modo sustentable, para proponer que "sería deseable complementar la propuesta con un piso que limite las posibles caídas de poder adquisitivo en los haberes en momentos recesivos".
 
A la vez, señalan que las jubilaciones vienen siendo golpeadas en los últimos años, estimando que en octubre de este año el poder adquisitivo del haber mínimo quedó 18,8 por ciento por debajo del previo al gobierno de Cambiemos. Con esa base, sugieren que "sería deseable que se incrementen los haberes en forma previa a la aplicación de la fórmula propuesta". 
 
O sea, cualquier análisis riguroso reconoce que la fórmula de movilidad propuesta puede mejorar el haber por encima de la inflación, siendo superior que la de Macri. La clave es cómo recuperar la pérdida acumulada durante el macrismo. Es probable que sea en algunos años, con crecimiento económico, pero las necesidades inmediatas demandan una recomposición más rápida, que además actuaría como factor de fortalecimiento de la demanda interna. De ese modo se aceleraría el crecimiento en un círculo virtuoso de mejora de los ingresos de un sector castigado.
 
 
Cifras vs. "ajuste"
 
Un ajuste sería que las jubilaciones mínimas no empaten la tasa de inflación de este año y, con el último aumento anunciado del 5 por ciento, lo más probable es que pueda estar uno o dos puntos por encima o equilibradas, dependiendo de la evolución de los precios en el último bimestre. Un bono de fin de año brindaría un poco de alivio. Esta eventual medida como otras ya anunciadas debería haber sido detallada en el momento que se informó la discontinuidad del IFE.
 
Fue un error no forzado del Gobierno, que en los días siguiente corrigió. Error incomprensible teniendo en cuenta que en este año implementó una serie de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de los hogares y los sectores productivos más afectados.
 
Se dispusieron medidas sociales específicas para la atención de la emergencia que resultaron de excepción, pero también se reforzaron y adecuaron programas sociales ya existentes. El presupuesto estimado de este año para la atención de gastos primarios de la Administración Pública Nacional registró un incremento real de 19,7 por ciento respecto al monto ejecutado en 2019.
 
En términos de participación sobre PIB, el gasto primario estimado para 2020 representa un 23,9 por ciento del Producto, un aumento de 6,0 puntos porcentuales respecto de 2019. Por su parte, el gasto primario del proyecto de Presupuesto 2021 evidencia una variación interanual real del 7,6 por ciento con respecto al Presupuesto estimado para 2020 (neto de gastos covid) y del 8,4 por ciento respecto de 2019.
 
El incremento de esa participación resulta más que significativo puesto que se realiza sobre una previsión de crecimiento real del Producto para el próximo año de 5,5 por ciento.
  
 
Red de emergencia
 
El gobierno desplegó a lo largo de este año una amplia red de emergencia y tiene previsto continuarla con adaptaciones el año próximo. Entre las principales medidas se destacan:
 
* Las Asignaciones Familiares y las Asignaciones Universales para Protección Social (AUH y AUE) representan en 2020 un gasto total de 395.000 millones de pesos (1,5 por ciento del PIB) y alcanzan a cubrir a más de 8,8 millones de niños y niñas. Los beneficiaros de la AUH recibieron un bono extraordinario en abril de 3100 pesos. Se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 niños y niñas a la AUH, alcanzando una cobertura total de más de 9,5 millones. Para 2021 el presupuesto contempla para estas asignaciones un monto de 485.000 millones de pesos.
  
* En este año se destinaron 270.000 millones de pesos (1 por ciento del PIB) al pago del IFE, alcanzando una cobertura de casi 9 millones de personas.
  
* Entre abril y octubre, se destinó cerca de 220.000 millones de pesos (0,8 por ciento del PIB) al pago de salarios del sector privado vía ATP. Ya se habilitó la inscripción para el programa de este mes. Las empresas de sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia podrán recibir créditos a tasa subsidiada con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas para su devolución.
  
* Se otorgaron 565.200 créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, entre abril y octubre, por un monto total de 61.498 millones de pesos.
  
* Se entregaron 107.000 créditos para pymes a una tasa subsidiada del 24 por ciento por un total de 486.115 millones de pesos.
  
* A través del ATP también se redujeron o postergaron las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de ingresos de las empresas y el aumento del desempleo, y se fortalecieron las asignaciones para el gasto por prestaciones del seguro de desempleo, que se elevó a un mínimo de 6000 pesos y un máximo de 10.000 pesos, alcanzando a cerca de 120.000 personas desocupadas sin ningún beneficio previsional o prestación no contributiva. Estas medidas tuvieron un costo fiscal estimado para 2020 de 88.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB). Para el año próximo se prevé una asignación para el seguro de desempleo de 15.200 millones de pesos.
  
* A través de la Tarjeta AlimentAR se brinda asistencia a más de 1,5 millones de familias que perciben la AUH/AUE con hijos e hijas de 6 años en situación de vulnerabilidad o discapacitados sin límite de edad, alcanzando una cobertura aproximada de 2,9 millones de niñas y niños. Además, se brinda asistencia alimentaria a través del complemento alimentario y la asistencia de cerca de 22.500 comedores escolares y comunitarios. Para este año, el presupuesto prevé 136.000 millones de pesos para la atención de la política alimentaria en su conjunto (0,5 por ciento del PIB). Para 2021 se prevén partidas por 114.250 millones pesos.
  
* El otorgamiento de subsidios a los servicios públicos de energía y gas, y transporte público de pasajeros son políticas que incrementan el ingreso disponible de las familias. En 2020 el monto para la atención de subsidios a la demanda de estos servicios alcanza los 418.000 millones de pesos y para 2021 se prevé 575.000 millones, manteniendo en ambos años una participación del 1,5 por ciento sobre el PIB
  
* En 2020 se unificaron los planes sociales Hacemos Futuro y Salarios Social Complementario bajo el programa Potenciar Trabajo y se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad, previéndose una cobertura que supere los 650.000 beneficiarios durante este año.
  
* La Anses suspendió el cobro de los créditos otorgados por la gestión anterior, lo que implicó un esfuerzo fiscal de 80.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB).
  
* El Pami recuperó la política de medicamentos gratuitos  alcanzando a 2,3 millones de jubiladas y jubilados, a quienes les significa un ahorro promedio mensual de entre 1000 y 3200 pesos.
 
Estas cifras son públicas. Ahora que comience el debate sobre el fantasma del ajuste.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página12
 

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29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

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