03:00 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 22-11-2020 / 10:11

MEDIDAS ESPECÍFICAS Y CIFRAS DEL PRESUPUESTO DESMIENTEN LA IDEA DE CONTRACCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Santiago Cafiero: "El macrista ve ajuste por todos lados"

Santi Cafiero contra los macristas, los reyes del ajuste. "El macrista cree que son todos de su condición" podría ser una máxima que el Jefe de Gabinete aplicó para despejar la idea que intenta imponer la oposición de que el Gobierno busca ajustar la economía.

A través de su usina de difusión -trolls rentados en redes sociales y grandes medios porteños- el macrismo salió a batir el parche de que el Gobierno de Alberto Fernández realiza un ajuste. Si bien podría verse como una quita de sus propias banderas -los macristas siempre militaron por ajustar la economía del país-, esto es falso.

La tarea de reparación de las cuentas fiscales para ordenar el desastre macrista y el impacto fulminante de la pandemia puede tener mayor o menor intensidad, pero calificarla como un ajuste forma parte de una estrategia de confusión deliberada.

Pero el inmenso dispositivo de la derecha lo ignora con una impunidad asombrosa. Sus análisis y reclamos se despliegan como si no hubiese existido el desastre económico del gobierno de Macri y como si en el 2020 la devastación del coronavirus hubiese sido un invento de infectólogos.

Y la respuesta la entregó el Jefe de Gabinete, quien puso como referencia de discusión el presupuesto 2021 donde se ve que, por el contrario, se apunta a la expansión de la economía en vez de achicarla.

Santiago Cafiero, destacó que el "Presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social", que impulsa el Gobierno para el año próximo y fue aprobado por el Congreso. Sostuvo, además, que "el macrista piensa que son todos de su condición y ve ajuste en todos lados".

"Sólo hay que ver el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, con un 8 por ciento de aumento. Es un presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social. Estamos aumentando los recursos", dijo, con un irrebatible argumento para desmentir que el Gobierno hace un ajuste.

El endeudamiento desaforado y el reingreso del FMI en la economía local serán una carga pesada que la condicionará en los próximos años. Deducir de esta situación dramática que las medidas de reparación, que resulta evidente que son insuficientes para una inmediata recomposición, son parte de un plan de ajuste es otra muestra más de la persistente estrategia macrista de confusión deliberada.

La evidencia histórica revela que los gobiernos neoliberales son partidarios del ajuste, mientras que gobiernos nacionales y populares, que la vulgata denomina despectivamente "populistas", impulsan políticas expansivas. El debate podría ser cuál es la intensidad y velocidad de aplicación, pero ha quedado demostrado que eluden el ajuste como columna vertebral de la gestión.

Esto muestra la historia reciente, sin embargo algunos piensan que cualquier medida siempre será un ajuste permanente. Diferente es la derecha y sus voceros que tienen como política central el ajuste permanente y ahora hablan de un ajuste cuando no lo es. Los primeros forman parte de una opción política invariable, en cambio los segundos exhiben un grado de impunidad máximo.

La Opinión Popular

MEDIDAS ESPECÍFICAS Y CIFRAS DEL PRESUPUESTO DESMIENTEN LA IDEA DE CONTRACCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y DEL SISTEMA JUBILATORIO

El fantasma del ajuste


Las condiciones sociales y laborales son muy malas y las perspectivas de recuperación no serán inmediatas. Es una evaluación que no alcanza sólo para la situación argentina sino que es a nivel global, coinciden economistas internacionales y organismos multilaterales.

La mayor o menor capacidad de los países de alcanzar el mismo nivel de bienestar general prepandemia depende de la fortaleza económica y financiera previa. La economía argentina no cuenta con ese activo. Por el contrario, arrastra la crisis macrista que el coronavirus profundizó.

Tal es la magnitud del desastre acumulado que el objetivo de regresar a principios de diciembre es ambicioso. Se sabe que la herencia del último ciclo neoliberal no se puede reparar en un año y mucho menos cuando es uno de pandemia.

La tarea por delante entonces es más compleja. Esto no debería ser motivo de grandes debates teniendo en cuenta que todavía se sigue padeciendo la desestructuración productiva en los años de la dictadura cívico-militar y la privatización de servicios públicos básicos durante la década del noventa. Los experimentos neoliberales dejan una estela de larga duración.

La mentira del ajuste

El artículo del domingo pasado La mentira del ajuste generó bastante incomodidad, lo que se reflejó en reacciones más crispadas que las habituales. En general suelen suceder esas respuestas cuando el deseo o preconceptos ignoran, además de los contextos local y externo, las cifras. En definitiva, cuando el objetivo es rebatir fantasmas de otros.

Decir que no hay un ajuste en marcha no significa desconocer que el cuadro social y laboral sea pésimo, además de identificar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica. Estos exigen amigarse con una cuota de rigurosidad analítica y saber discriminar la orientación de las políticas.

Reconstrucción

En ese sentido, uno de los principales escenarios de disputa es el régimen jubilatorio.

El largo proceso de reconstrucción del sistema previsional desde el 2003 fue demolido en cuatro años de macrismo. Ocultarlo en la actual situación de crisis no colabora para la comprensión del sendero necesario para recuperarlo.

En forma breve, en poco tiempo la alianza Cambiemos debilitó la estructura del PAMI, redujo las prestaciones médicas y de medicamentos a los jubilados, endeudó a los jubilados a tasas elevadas, licuó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ("la plata de los jubilados"), debilitó la solvencia del sistema con la denominada "Reparación histórica" (medida que sólo benefició un poco a haberes medios para arriba) y modificó la movilidad para deprimir los ingresos de los jubilados.

En estos meses, antes de la presentación de la nueva movilidad, el gobierno de Alberto Fernández impulsó medidas iniciales de reparación del ecosistema previsional. Entre ellas, se destacan que el PAMI volvió a cubrir el ciento por ciento de medicamentos y reincorporó prestaciones médicas, los jubilados recibieron bonos para mejorar un poco sus ingresos y aumentos por decretos que en el caso de las mínima superan en total a la inflación acumulada, y se suspendió el pago de intereses y se redujo la tasa de interés de los créditos Argenta.

Gran parte de los jubilados forma parte de uno de los sectores más castigados. La clave pasa entonces por distinguir entre políticas que buscan mejorar su situación relativa o las que pretenden reducir el gasto previsional.

La evidencia en cifras y en medidas revela que los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y el actual de Alberto Fernández tratan de recuperar la capacidad de compra de los jubilados. Es obvio que es insuficiente por la brutalidad del ajuste macrista pero igualar ambos senderos solo colabora a la confusión general.

Movilidad

El más reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA se refiere a la propuesta de recuperar el esquema de la fórmula de movilidad de los gobiernos de CFK.

Con ajustes semestrales y con rezagos acotados en las variables, se basa en un 50 por ciento en la variación de los salarios registrados (Ripte) y en otro 50 por ciento en la variación de la recaudación tributaria de la Anses dividida por la cantidad de beneficios. A su vez, se establece un tope a los incrementos, que no podrán superar en más de 3 por ciento la variación de la recaudación total de la Anses por beneficio en los últimos 12 meses.

El reporte analiza la evolución de la jubilación mínima desde la crisis final de la convertibilidad en 2001-2002, destacando que el período de fuerte recuperación del poder adquisitivo fue consecuencia de sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo, con anterioridad a la vigencia de una ley de movilidad automática.

Tras la ley sancionada a fines de 2008 las jubilaciones tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3 por ciento en términos reales entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos modificó la fórmula.

Apunta que en esa oportunidad se argumentó que el cambio favorecería el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones pero la práctica demostró que no fue así. Por el contrario, se perdió un 14,5 por ciento en términos reales en la jubilación mínima mientras esa fórmula basada en el IPC y los salarios estuvo vigente.

El informe Cifra-CTA precisa que en 2020, con la movilidad automática suspendida y con incrementos definidos por el Poder Ejecutivo, logró aumentarse levemente el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. Hasta septiembre, antes del último aumento informado que será del 5 por ciento, el acumulado del año era de 5,4 por ciento.

Propuesta

Los economistas de Cifra-CTA explican que el cambio propuesto permitirá que las jubilaciones avancen siempre y cuando mejoren los salarios y la recaudación de la seguridad social, que en definitiva depende de la evolución de las remuneraciones y el crecimiento de los puestos registrados.

Advierten que el contexto de mejora económica y del mercado laboral es condición necesaria para que las jubilaciones se recuperen de modo sustentable, para proponer que "sería deseable complementar la propuesta con un piso que limite las posibles caídas de poder adquisitivo en los haberes en momentos recesivos".

A la vez, señalan que las jubilaciones vienen siendo golpeadas en los últimos años, estimando que en octubre de este año el poder adquisitivo del haber mínimo quedó 18,8 por ciento por debajo del previo al gobierno de Cambiemos. Con esa base, sugieren que "sería deseable que se incrementen los haberes en forma previa a la aplicación de la fórmula propuesta".

O sea, cualquier análisis riguroso reconoce que la fórmula de movilidad propuesta puede mejorar el haber por encima de la inflación, siendo superior que la de Macri. La clave es cómo recuperar la pérdida acumulada durante el macrismo. Es probable que sea en algunos años, con crecimiento económico, pero las necesidades inmediatas demandan una recomposición más rápida, que además actuaría como factor de fortalecimiento de la demanda interna. De ese modo se aceleraría el crecimiento en un círculo virtuoso de mejora de los ingresos de un sector castigado.

Cifras vs. "ajuste"

Un ajuste sería que las jubilaciones mínimas no empaten la tasa de inflación de este año y, con el último aumento anunciado del 5 por ciento, lo más probable es que pueda estar uno o dos puntos por encima o equilibradas, dependiendo de la evolución de los precios en el último bimestre. Un bono de fin de año brindaría un poco de alivio. Esta eventual medida como otras ya anunciadas debería haber sido detallada en el momento que se informó la discontinuidad del IFE.

Fue un error no forzado del Gobierno, que en los días siguiente corrigió. Error incomprensible teniendo en cuenta que en este año implementó una serie de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de los hogares y los sectores productivos más afectados.

Se dispusieron medidas sociales específicas para la atención de la emergencia que resultaron de excepción, pero también se reforzaron y adecuaron programas sociales ya existentes. El presupuesto estimado de este año para la atención de gastos primarios de la Administración Pública Nacional registró un incremento real de 19,7 por ciento respecto al monto ejecutado en 2019.

En términos de participación sobre PIB, el gasto primario estimado para 2020 representa un 23,9 por ciento del Producto, un aumento de 6,0 puntos porcentuales respecto de 2019. Por su parte, el gasto primario del proyecto de Presupuesto 2021 evidencia una variación interanual real del 7,6 por ciento con respecto al Presupuesto estimado para 2020 (neto de gastos covid) y del 8,4 por ciento respecto de 2019.

El incremento de esa participación resulta más que significativo puesto que se realiza sobre una previsión de crecimiento real del Producto para el próximo año de 5,5 por ciento.


Red de emergencia

El gobierno desplegó a lo largo de este año una amplia red de emergencia y tiene previsto continuarla con adaptaciones el año próximo. Entre las principales medidas se destacan:

* Las Asignaciones Familiares y las Asignaciones Universales para Protección Social (AUH y AUE) representan en 2020 un gasto total de 395.000 millones de pesos (1,5 por ciento del PIB) y alcanzan a cubrir a más de 8,8 millones de niños y niñas. Los beneficiaros de la AUH recibieron un bono extraordinario en abril de 3100 pesos. Se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 niños y niñas a la AUH, alcanzando una cobertura total de más de 9,5 millones. Para 2021 el presupuesto contempla para estas asignaciones un monto de 485.000 millones de pesos.

* En este año se destinaron 270.000 millones de pesos (1 por ciento del PIB) al pago del IFE, alcanzando una cobertura de casi 9 millones de personas.

* Entre abril y octubre, se destinó cerca de 220.000 millones de pesos (0,8 por ciento del PIB) al pago de salarios del sector privado vía ATP. Ya se habilitó la inscripción para el programa de este mes. Las empresas de sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia podrán recibir créditos a tasa subsidiada con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas para su devolución.

* Se otorgaron 565.200 créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, entre abril y octubre, por un monto total de 61.498 millones de pesos.

* Se entregaron 107.000 créditos para pymes a una tasa subsidiada del 24 por ciento por un total de 486.115 millones de pesos.

* A través del ATP también se redujeron o postergaron las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de ingresos de las empresas y el aumento del desempleo, y se fortalecieron las asignaciones para el gasto por prestaciones del seguro de desempleo, que se elevó a un mínimo de 6000 pesos y un máximo de 10.000 pesos, alcanzando a cerca de 120.000 personas desocupadas sin ningún beneficio previsional o prestación no contributiva. Estas medidas tuvieron un costo fiscal estimado para 2020 de 88.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB). Para el año próximo se prevé una asignación para el seguro de desempleo de 15.200 millones de pesos.

* A través de la Tarjeta AlimentAR se brinda asistencia a más de 1,5 millones de familias que perciben la AUH/AUE con hijos e hijas de 6 años en situación de vulnerabilidad o discapacitados sin límite de edad, alcanzando una cobertura aproximada de 2,9 millones de niñas y niños. Además, se brinda asistencia alimentaria a través del complemento alimentario y la asistencia de cerca de 22.500 comedores escolares y comunitarios. Para este año, el presupuesto prevé 136.000 millones de pesos para la atención de la política alimentaria en su conjunto (0,5 por ciento del PIB). Para 2021 se prevén partidas por 114.250 millones pesos.

* El otorgamiento de subsidios a los servicios públicos de energía y gas, y transporte público de pasajeros son políticas que incrementan el ingreso disponible de las familias. En 2020 el monto para la atención de subsidios a la demanda de estos servicios alcanza los 418.000 millones de pesos y para 2021 se prevé 575.000 millones, manteniendo en ambos años una participación del 1,5 por ciento sobre el PIB

* En 2020 se unificaron los planes sociales Hacemos Futuro y Salarios Social Complementario bajo el programa Potenciar Trabajo y se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad, previéndose una cobertura que supere los 650.000 beneficiarios durante este año.

* La Anses suspendió el cobro de los créditos otorgados por la gestión anterior, lo que implicó un esfuerzo fiscal de 80.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB).

* El Pami recuperó la política de medicamentos gratuitos alcanzando a 2,3 millones de jubiladas y jubilados, a quienes les significa un ahorro promedio mensual de entre 1000 y 3200 pesos.

Estas cifras son públicas. Ahora que comience el debate sobre el fantasma del ajuste.

Por Alfredo Zaiat

Fuente: Página12

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.