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Entre Ríos - 21-11-2020 / 16:11
COMUNICADO DE LAS COMISIONES DIRECTIVAS DE AGMER, AMET, UDA, SADOP Y ATE

El Frente Gremial rechaza y repudia la Resolución Nº 077/20 de la Caja de Jubilaciones de la Provincia

El Frente Gremial rechaza y repudia la Resolución Nº 077/20 de la Caja de Jubilaciones de la Provincia
El Frente Gremial rechaza y repudia la Resolución Nº 077/20 de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
 
Las Comisiones Directivas de AGMER, AMET, UDA, SADOP y ATE, que integran del Frente Gremial manifiestan su total y absoluto rechazo a la Resolución Nº 077/20 Caja de Jubilaciones emitida, con la firma de su presidente Edgardo Scarione y de la Vocal de la misma Lidia Santiago con fecha 18 de noviembre del corriente.
 
La misma deroga las Resoluciones 07 y 08 de 2001, normativas éstas que instituyeron una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el "3 x 1" (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el art. 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las resol. 007 y 008).
 
De tal manera dichas normativas derogadas tenían como propósito central reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del Art. 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas, mediante Decreto a partir de 1994.
 
 
Para ser muy claros, las Resoluciones 07 y 08, derogadas por la 077/20 surgieron con el propósito de cumplir una función equiparadora, reparadora e instituyente de una igualdad ante la Ley, de los beneficiarios del sistema, en tanto el art. 39 sólo había concedido para una sola de las categorías de beneficio, la posibilidad compensatoria (3×1), generando de esta manera una situación no sólo injusta sino inconstitucional por su diferenciación injustificada.
 
Por otro lado, y fundamentalmente, estamos hablando de derechos ejercidos por los trabajadores y trabajadoras desde hace 26 años, y por su uso y prácticas adquieren la definición de derechos VINCULANTES, es decir, plenos, tal cual lo estipula el Nuevo Código Civil y Comercial.
 
Tampoco podemos dejar de hacer mención a que las Resoluciones 07 y 08 constituían disposiciones destinadas a ampliar derechos que se encuentran contenidos en los Tratados de Derechos Humanos (a la jubilación) y como tales, los atraviesa e impregna el principio de PROGRESIVIDAD, es decir, una vez que se hayan reconocido este tipo de derechos, no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos.
 
Y no hay otra posibilidad más que la de garantizar su plena e inmediata efectividad, con tendencia a ampliar la protección en el futuro antes que a reducirla.
 
En este sentido, la Resolución 077/20 claramente es inconstitucional. En este sentido manifestamos: las consecuencias nocivas de dicha Resolución tensiona la edad jubilatoria y la Ley Nº 8732.
 
Queda claro, entonces, los motivos del desembarco de Scarione a la Caja, llegó para hacer la tarea planificada por el gobernador: modificar la 8732 avanzando con un solo objetivo, el ajuste a cualquier costo.
 
Pero el único responsable es Bordet, comenzamos el año resistiendo los intentos de reforma, tuvo que dar marcha atrás debido al reclamo generalizado del conjunto de las organizaciones sindicales y la masiva movilización que llevamos adelante en el espacio de la Multisectorial, en donde dejamos muy claro nuestra postura de resistir ante cualquier intento de modificación de la misma.
 
En Marzo, el Ejecutivo volvió a dar muestras de su manifiesta voluntad de no atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores al abandonar unilateralmente el espacio de la paritaria salarial docente (poniéndose por fuera de la Ley), desde Junio -y también- desde la Multisectorial le acercamos un programa en donde aportamos propuestas de redistribución de la riqueza y así contar con recursos económicos para atender y dar respuestas al salario de las y los trabajadores y trabajadoras, atender la demandas sociales, la salud, etc... la respuesta de Bordet al diálogo social fue enviar a la Legislatura un proyecto de Ley -aprobado- en tiempo exprés que contenía un feroz ajuste al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la provincia (activos y jubilados) elevando los aportes personales y atacando el 82 % consagrado en la Constitución de la Provincia. Las acciones de resistencia del Frente Gremial lograron frenar buena parte de la intentona en el ámbito judicial.
 
Luego, la respuesta a nuestras demandas de discusión salarial fue un bono, en negro e insignificante. Mientras continúa negándose a sentarse en paritaria salarial.
 
Esto es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, un constructor especialista en levantar muros, un negacionista del diálogo, un convencido en que las trabajadores y los trabajadores somos una carga demasiado costosa y por tanto variable de ajuste.
 
No hay diálogo en Entra Ríos, las trabajadoras y trabajadores no somos los responsables de haber tomado una deuda escandalosa. El Ejecutivo Provincial deberá hacerse cargo de sus decisiones. Exigimos la inmediata derogación de la Resolución 077/20, advertimos que no es el camino apropiado profundizar la angustia y el malestar de las y los trabajadores, porque vamos directamente a la profundización del conflicto.
 
Basta de gobernar de espaldas a las trabajadoras y trabajadores.
 
Conducciones provinciales de:
AGMER
AMET
UDA
SADOP
ATE
FRENTE GREMIAL
 
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24-05-2026 / 09:05
Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.
 
Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.
 
En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".
 

24-05-2026 / 09:05
Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
 
El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.
 
Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.
 
De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

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