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Entre Ríos - 21-11-2020 / 16:11
COMUNICADO DE LAS COMISIONES DIRECTIVAS DE AGMER, AMET, UDA, SADOP Y ATE

El Frente Gremial rechaza y repudia la Resolución Nº 077/20 de la Caja de Jubilaciones de la Provincia

El Frente Gremial rechaza y repudia la Resolución Nº 077/20 de la Caja de Jubilaciones de la Provincia
El Frente Gremial rechaza y repudia la Resolución Nº 077/20 de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
 
Las Comisiones Directivas de AGMER, AMET, UDA, SADOP y ATE, que integran del Frente Gremial manifiestan su total y absoluto rechazo a la Resolución Nº 077/20 Caja de Jubilaciones emitida, con la firma de su presidente Edgardo Scarione y de la Vocal de la misma Lidia Santiago con fecha 18 de noviembre del corriente.
 
La misma deroga las Resoluciones 07 y 08 de 2001, normativas éstas que instituyeron una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el "3 x 1" (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el art. 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las resol. 007 y 008).
 
De tal manera dichas normativas derogadas tenían como propósito central reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del Art. 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas, mediante Decreto a partir de 1994.
 
 
Para ser muy claros, las Resoluciones 07 y 08, derogadas por la 077/20 surgieron con el propósito de cumplir una función equiparadora, reparadora e instituyente de una igualdad ante la Ley, de los beneficiarios del sistema, en tanto el art. 39 sólo había concedido para una sola de las categorías de beneficio, la posibilidad compensatoria (3×1), generando de esta manera una situación no sólo injusta sino inconstitucional por su diferenciación injustificada.
 
Por otro lado, y fundamentalmente, estamos hablando de derechos ejercidos por los trabajadores y trabajadoras desde hace 26 años, y por su uso y prácticas adquieren la definición de derechos VINCULANTES, es decir, plenos, tal cual lo estipula el Nuevo Código Civil y Comercial.
 
Tampoco podemos dejar de hacer mención a que las Resoluciones 07 y 08 constituían disposiciones destinadas a ampliar derechos que se encuentran contenidos en los Tratados de Derechos Humanos (a la jubilación) y como tales, los atraviesa e impregna el principio de PROGRESIVIDAD, es decir, una vez que se hayan reconocido este tipo de derechos, no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos.
 
Y no hay otra posibilidad más que la de garantizar su plena e inmediata efectividad, con tendencia a ampliar la protección en el futuro antes que a reducirla.
 
En este sentido, la Resolución 077/20 claramente es inconstitucional. En este sentido manifestamos: las consecuencias nocivas de dicha Resolución tensiona la edad jubilatoria y la Ley Nº 8732.
 
Queda claro, entonces, los motivos del desembarco de Scarione a la Caja, llegó para hacer la tarea planificada por el gobernador: modificar la 8732 avanzando con un solo objetivo, el ajuste a cualquier costo.
 
Pero el único responsable es Bordet, comenzamos el año resistiendo los intentos de reforma, tuvo que dar marcha atrás debido al reclamo generalizado del conjunto de las organizaciones sindicales y la masiva movilización que llevamos adelante en el espacio de la Multisectorial, en donde dejamos muy claro nuestra postura de resistir ante cualquier intento de modificación de la misma.
 
En Marzo, el Ejecutivo volvió a dar muestras de su manifiesta voluntad de no atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores al abandonar unilateralmente el espacio de la paritaria salarial docente (poniéndose por fuera de la Ley), desde Junio -y también- desde la Multisectorial le acercamos un programa en donde aportamos propuestas de redistribución de la riqueza y así contar con recursos económicos para atender y dar respuestas al salario de las y los trabajadores y trabajadoras, atender la demandas sociales, la salud, etc... la respuesta de Bordet al diálogo social fue enviar a la Legislatura un proyecto de Ley -aprobado- en tiempo exprés que contenía un feroz ajuste al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la provincia (activos y jubilados) elevando los aportes personales y atacando el 82 % consagrado en la Constitución de la Provincia. Las acciones de resistencia del Frente Gremial lograron frenar buena parte de la intentona en el ámbito judicial.
 
Luego, la respuesta a nuestras demandas de discusión salarial fue un bono, en negro e insignificante. Mientras continúa negándose a sentarse en paritaria salarial.
 
Esto es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, un constructor especialista en levantar muros, un negacionista del diálogo, un convencido en que las trabajadores y los trabajadores somos una carga demasiado costosa y por tanto variable de ajuste.
 
No hay diálogo en Entra Ríos, las trabajadoras y trabajadores no somos los responsables de haber tomado una deuda escandalosa. El Ejecutivo Provincial deberá hacerse cargo de sus decisiones. Exigimos la inmediata derogación de la Resolución 077/20, advertimos que no es el camino apropiado profundizar la angustia y el malestar de las y los trabajadores, porque vamos directamente a la profundización del conflicto.
 
Basta de gobernar de espaldas a las trabajadoras y trabajadores.
 
Conducciones provinciales de:
AGMER
AMET
UDA
SADOP
ATE
FRENTE GREMIAL
 
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29-12-2025 / 11:12
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28-12-2025 / 20:12
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El Presupuesto Nacional 2026, sancionado por el Senado en diciembre de 2025, ha generado un fuerte debate sobre la transferencia del feroz ajuste fiscal libertario hacia las provincias. Aunque Javier Milei lo define como un "hito histórico" para consolidar el déficit cero, y el gobernador Rogelio Frigerio lo apoya totalmente, el texto aprobado contiene disposiciones que impactan negativamente en las arcas y responsabilidades provinciales. Los oficialistas Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch, votaron a favor del proyecto de Milei. Adán Bahl, representante de Más para Entre Ríos, votó en contra. El senador peronista por Entre Ríos afirmó que, con el Presupuesto 2026, se perdió la posibilidad de aprobar una Ley "que tienda al desarrollo federal y equilibrado de la Argentina", y advirtió: "Tiene inconsistencias, asigna facultades discrecionales y transfiere a las provincias un ajuste brutal". Nada para celebrar.

¿Cuáles son los puntos clave de cómo este presupuesto traslada el ajuste a las provincias? El principal es la eliminación de Pisos de Inversión (Artículo 30). Hasta la aprobación de este presupuesto, diversas leyes blindaban el presupuesto de sectores estratégicos, obligando a que la inversión subiera si la economía crecía. Con el Artículo 30, estos montos dejan de ser obligatorios y pasan a depender de la discrecionalidad de Milei y de la disponibilidad de recursos bajo la regla de déficit cero. Esto suspende los pisos mínimos de inversión que el Estado Nacional debía garantizar por ley en áreas sensibles. Esto obliga a las provincias a cubrir el bache financiero si desean mantener los estándares previos.

Bahl apuntó que el artículo 30, que sacó recursos del ámbito educativo "elimina una garantía que el Estado le asignó a la Educación. Justamente porque no puede ser la variable de ajuste para un Presupuesto. No fue de un partido, no son montos ideológicos, fue una construcción de más de 20 años para lograr un piso de financiamiento".

En Educación se eliminó la obligación de invertir el 6%$ del PBI, afectando el financiamiento de escuelas técnicas y programas de infraestructura escolar. En Ciencia y Tecnología, se suspenden las metas de incremento progresivo de recursos, dejando estos fondos sujetos a la discrecionalidad de Milei.

Durante las negociaciones, Milei ratificó, y Frigerio aceptó, que, ante la vigencia de ciertas leyes de gasto (como el financiamiento universitario que la oposición logró defender), el Ministerio de Economía deberá reasignar o recortar aproximadamente 7 billones de pesos (0,7%$ del PBI). Gran parte de este ahorro se obtendrá mediante el recorte de transferencias discrecionales (fondos no coparticipables) que la Nación enviaba históricamente a las provincias para obras públicas o asistencia financiera.

En la sesión en el Senado, Bahl explicó: "Nosotros que somos los senadores que representamos a las provincias tenemos que advertir que transfiere a las provincias un ajuste brutal". En ese marco, apuntó: "Cuando se habla del cálculo de recursos. Se incorpora un 5% de crecimiento del PBI, que está representado por el consumo, que explica el 70% de la demanda. Y todos vemos como el consumo está por el piso. El otro elemento es la inversión pública, en un presupuesto sin obras. El otro es la inversión privada, que está ausente en todo el país. El cuarto es el sector externo, que hoy está afectado por el tipo de cambio", indicó. Y agregó: "Estamos perdiendo la oportunidad de tener un presupuesto equilibrado". Y no dibujado.

Además, el Presupuesto 2026 mantiene la presión sobre las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, como Entre Ríos, limitando los giros de fondos para cubrir sus déficits. A lo que se agrega la Regla del "Déficit Cero". El presupuesto 2026 está diseñado bajo una premisa rígida: cualquier caída en la recaudación debe compensarse con una baja automática del gasto. Esto significa que si las proyecciones de crecimiento (estimado en 5%) no se cumplen, las provincias serán las primeras en ver recortados los fondos que aún dependen de la firma de Milei.



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