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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 21-11-2020 / 10:11

Pedido de indagatoria en la Justicia por las grabaciones espurias de Elisa Carrió

Pedido de indagatoria en la Justicia por las grabaciones espurias de Elisa Carrió
Elisa Carrió se victimizó y aseguró que “Cristina la quiere presa”. Se vanaglorió que es el verdadero motivo del pedido para que se solicite su indagatoria en la causa que investiga las deleznables grabaciones de las conversaciones en la cárcel entre los presos políticos y sus abogados defensores.
La estrategia del macrismo fue un caso claro donde la política usó a la Justicia para resolver sus embrollos. Con la corrupción de la Justicia, la corrupción de la política y la corrupción del periodismo. Con las usinas de servicios especializadas en hacer creer que las fantasías que inventan son más reales que la realidad.
 
Elisa Carrió se victimizó y aseguró que "Cristina la quiere presa". Se vanaglorió que es el verdadero motivo del pedido para que se solicite su indagatoria en la causa que investiga las deleznables grabaciones de las conversaciones en la cárcel entre los presos políticos y sus abogados defensores.
 
La privacidad entre un acusado y sus abogados constituye parte de las garantías de un juicio justo, o el debido proceso, como establece la Constitución. Las grabaciones ilegales se hicieron con la excusa de espiar a un narcotraficante, pero en realidad espiaron a los presos K cuando hablaban con sus abogados.
 
Nada de lo que dijeron podía servir para acusar a nadie, pero pedazos de esas conversaciones, recortadas y editadas, fueron usadas para montar una campaña que intentaba desprestigiar al juez Alejo Ramos Padilla.
 
Graciana Peñafort y Alejandro Rúa fueron los abogados espiados que solicitaron al juez que convoque a indagatoria a Elisa Carrió. Más allá de lo que desee la vicepresidenta Cristina, el pedido tiene lógica propia: ellos fueron espiados y Carrió la que usó las grabaciones.
 
Si Carrió sabía el origen espurio de esas grabaciones sería cómplice de un delito. Y si no lo sabía ni trató de saberlo, revela una enorme irresponsabilidad y una actitud infame con relación a la política. Se debe desconfiar de la información que llega de esa manera. Y no se debe usar hasta haberla confirmado por varias vías. Si no se puede confirmar, no se usa.
 

 
Cambiemos usó a la Justicia para resolver sus embrollos
 
Si hubiera habido una mínima prueba concreta, Gerardo Morales no hubiera necesitado revolucionar el sistema judicial jujeño para meter presa a Milagro Sala. La incorporación al Tribunal Superior de Justicia de jueces adictos y la selección de jueces y fiscales especiales, gracias a los cuales fue condenada, demuestra que es inocente. El encarcelamiento de Milagro Sala es indefendible en términos estrictamente judiciales.
 
Esa injusticia se sostiene porque un sector de la sociedad estaba molesta por los cortes de ruta y el conflicto o porque tiene una mirada conservadora antagónica a la de ella. Pero eso es política, no justicia. Es un caso muy claro donde la política usó a la Justicia para resolver sus embrollos.
 
"¡Es una ladrona, todo el mundo lo sabe!", dicen los jujeños que respaldan su condena, aún sabiendo las movidas irregulares que debió hacer el gobernador. Pero si realmente fuera ladrona, el gobernador no hubiera necesitado hacer tanta manipulación.
 
Si la hizo, fue porque un tribunal normal no la hubiera condenado. Entonces no es una ladrona. Se trata de una persona que fue condenada por su militancia social. Eso no es justicia. El que piensa diferente la puede criticar, pero no puede hacer que un juez la condene.
 
Alberto Fernández es abogado y profesor en la UBA, es consciente de ese mecanismo que denigra tanto a la política como a la Justicia. Pero considera que si mete mano en sentido contrario al que lo hizo Morales estaría cometiendo lo mismo que critica.
 
En ese atolladero, el Presidente optó por hacer una advertencia sobre el mecanismo, para acotarlo, y al mismo tiempo aceptar el desenlace de los juicios. Pero en uno, Milagro Sala fue condenada a 13 años y en otro a tres años. Las demás acusaciones se cayeron.
 
Los tres años son por un huevazo que recibió Morales cuando Milagro estaba a varios kilómetros. La condena de 13 años fue por una acusación de corrupción con el dinero que recibía su agrupación para realizar obras. Pero hizo más obra de las que había propuesto y más que los gobiernos provinciales.
 
Cualquiera que vaya a la provincia lo puede ver. La plata se usó para lo que estaba destinada. Y el que tiene que decidir ahora es el Tribunal Superior de Justicia que reformó Morales con una mayoría automática adicta.
 
La decisión del Presidente de no intervenir para que no se vea como interferencia con la Justicia genera de hecho que se prolongue una injusticia por la forma como se interfirió antes. Como sea, Milagro Sala sigue con detención domiciliaria cuando todos saben que las condenas fueron amañadas por una forma de hacer política que instaló el macrismo.
 
Disfrazada de honestismo denuncista por una corriente social conservadora, en realidad lo que se está dirimiendo en la Justicia es esa forma de hacer política que reemplaza el debate de ideas y propuestas por acusaciones y campañas de desprestigio.
 
La situación de Milagro Sala es quizás la más escandalosa porque es la más evidente y por las condenas que puede sufrir. Pero en realidad todos los presos políticos kirchneristas y la misma Cristina Kirchner han sido víctimas de este sistema.
 
Aunque las pruebas contra la ex presidenta se caen una tras otra, la pedicura del barrio dirá que "igual es una chorra" con la misma convicción con que rechaza la existencia de los virus en general. A la señora le gusta, o le conviene creer, que los virus no existen porque -"a mí no me van a engañar"-- los inventó la infectocracia.
 
Y hay usinas especializadas en hacerle creer que le convienen las fantasías que inventan y que, por esa razón, para ella son más reales que la realidad.
 
A lo largo de estas líneas ya se habló de corrupción de la Justicia, corrupción de la política y corrupción del periodismo. Los servicios de inteligencia construyen las causas falsas que son amplificadas por los medios y que son denunciadas por políticos y tomadas por jueces venales. Es lo que develó, a partir de la detención del espía y falso abogado Marcelo D'Alessio, el juez Ramos Padilla a quien se pretendía descalificar con esas grabaciones.
 
Es el mecanismo del lawfare que el macrismo instituyó como la principal herramienta de sus políticas. El dispositivo busca reemplazar el debate de ideas y propuestas por la judicialización de la política para difamar y destruir al adversario. Los dirigentes macristas participan poco en debates y confrontación de ideas y propuestas. Nadie sabe lo que piensa Carrió sobre la mayoría de los temas. Se la conoce solamente como denunciadora serial.
 
El momento judicial en transcurso es que casi todas las causas abiertas por el lawfare contra el kirchnerismo empiezan a caerse por falta de pruebas. Las denuncias fueron presentadas para potenciar una larga campaña mediática-judicial, judicial-mediática que destruyera al kirchnerismo, aunque al final se cayeran, como está sucediendo.
 
Nunca tendrían que haber sido tomadas por los jueces. Ahora están en el brete de cerrar las causas sin condenas o aplicar condenas solamente para justificarse ante la sociedad.
 
Cuando la derecha conservadora es llevada al plano del debate de ideas concretas, ellos plantean aumentar las tarifas, aumentar los precios, precarizar el trabajo, bajar salarios y jubilaciones, defienden los intereses de los más ricos, subestiman la educación y la salud pública. Son discursos poco atractivos, por eso tratan de reemplazarlos por la destrucción del adversario con esa estrategia honestista denuncista.
 
Tal vez esa lectura sea reduccionista, pero la carrera política de Elisa Carrió se sustentó en esa estrategia muy respaldada por las corporaciones mediáticas. También es lo que se verificó en la pobreza conceptual de la gente que se movilizó en las convocatorias del macrismo.
 
Hubo un discurso genérico contra la corrupción sin precisiones pero con mucha indignación, más otros discursos difuso sobre la "defensa de la libertad" contra las medidas sanitarias de precaución por la pandemia, más otro directamente confuso sobre la defensa de la República y la Justicia.
 
Son generalidades tras las que se esconde una visión egoísta de la vida que, al creerse amenazada, reacciona con indignación y violencia.
 
Allí encajan perfectamente el lawfare y las falsas noticias para justificar esa reacción ante una concepción más solidaria y comunitaria de la sociedad. No van a atacar a esta concepción por lo que realmente les molesta, sino con el argumento distractivo de la corrupción. Esa modalidad termina siendo la mejor coartada para los verdaderos corruptos que llegan encaramados en ese discurso.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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13-01-2026 / 10:01
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que refleja el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre los jubilados. "Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán", señaló el escrito.
 
El centro de estudios calculó que la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023, cuando inició la gestión libertaria. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei.
 
Esto significó un brutal ajuste. Desde MATE alertaron que el Estado "ahorró" 100,8 billones de pesos desde que gobierna Milei, siendo los recortes en jubilaciones junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados.
 
"El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos", detallaron. De esta manera, los adultos mayores se transformaron en "el sector social más castigado por el gobierno".
 
En paralelo, días atrás, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el haber mínimo jubilatorio sería 27% superior si la gestión libertaria no hubiera modificado la fórmula en 2024.
 
En este sentido, en diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 pesos. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279 pesos, un 27,4% más.
 
La Opinión Popular
 
13-01-2026 / 08:01
Cinismo libertario al palo. Después de desfinanciar el Plan de Manejo de Fuego en un 80% y rebajar los sueldos del área hasta un 30%, Javier "el Loco" Milei buscó capitalizar el trabajo de los que están controlando los incendios en el sur. Publicó una imagen suya con fuego y brigadistas, creada con IA, y los llamó "héroes". Le respondieron denunciando el destrato que reciben, la pérdida salarial y la precarización creciente.

Luego que su gobierno desfinanciara el Plan de Manejo del Fuego y negara las consecuencias del cambio climático, ni él ni sus funcionarios pisaron la zona de los incendios que llevan arrasadas 21 mil hectáreas en la Patagonia. Pero el presidente Milei se mostró en la red X en una foto trucha con las llamas de fondo y saludando a un brigadista. ¿Nos gobierna un idiota?

En medio de una ola de críticas en las redes sociales, el gobierno libertario esperó a la lluvia que este domingo cayó en la zona de Epuyén y El Hoyo, la más afectada por el desastre de los incendios, para salir a chapear sobre el despliegue de recursos nacionales que supuestamente ayudó a extinguir 22 de los 32 focos.
 
"Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego", escribió un muy formal Milei en X. Pero en Instagram compartió imágenes hechas con IA que lo muestran como un héroe en la zona de los incendios.
 
Pero la realidad es que Milei no viajó a la zona de incendios y ni siquiera llamó por teléfono al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, según contó en declaraciones televisivas. Pero además el gobierno nacional viene recortando sistemáticamente los fondos para combate de los incendios.
 
Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Presupuesto 2026 establece un recorte del 78,5% en términos reales de las partidas para Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, los ambientalistas denunciaron que en 2025 el gobierno dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignado al SNMF y en 2024 apenas había ejecutado el 22%.
 
En ese sentido, este fin de semana los brigadistas de Parques Nacionales denunciaron las condiciones en las que trabajan. "Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", afirman.
 
El brigadista Hernán Mondino explicó que en la Patagonia están cobrando alrededor de 860 mil pesos de sueldo, mientras que en otras zonas del país perciben unos 600 mil pesos. "Empezamos a las 7 de la mañana y, si hay cierta estabilidad en el incendio, trabajamos hasta las 8 de la noche. Si pasa como el otro día, que el fuego estaba descontrolado, estás hasta las 12 o 1 de la mañana. Y no se pagan horas extras, no te devuelven el día", contó en radio Led.
 
Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, apuntó que la pérdida salarial oscila entre un 25 y un 30 por ciento desde 2023: "Nos llaman héroes porque ahora les sirve, pero durante dos años nos castigaron salarialmente y nos tuvieron con contratos trimestrales, con el miedo de no saber si el periodo siguente ibamos o no a tener trabajo".
 
La Opinión Popular
 

12-01-2026 / 10:01
Una denuncia penal presentada en el ámbito de la Justicia Federal volvió a poner en el centro de la escena al presidente Javier "el Loco" Milei, esta vez por presuntas responsabilidades internacionales vinculadas al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. El planteo fue registrado bajo el expediente CFP 58/2026 y lleva la firma de Aldo Sergio Parodi, quien acusa a Milei de ser cómplice y encubridor de un crimen de agresión cometido contra el Estado soberano de Venezuela.
 
Según el escrito, la denuncia se basa en la Ley 25.390, mediante la cual la Argentina aprobó el Estatuto de Roma en 1998, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Parodi sostiene que el 3 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se habría producido un "brutal y terrorista crimen de agresión" atribuido al presidente yanqui Donald Trump, con un saldo de víctimas fatales aún indeterminado.
 
En ese contexto, afirma que el presidente Milei omitió denunciar el hecho ante los organismos internacionales correspondientes, lo que, a su entender, configura un grave encubrimiento. El denunciante argumenta que, al ser la Argentina un Estado parte del Estatuto de Roma, el Poder Ejecutivo no solo puede sino que debe denunciar ante la Corte Penal Internacional cualquier crimen de lesa humanidad, especialmente aquellos tipificados como crimen de agresión en el artículo 8 bis del tratado.
 
En su presentación, Parodi afirma que la supuesta inacción del presidente Milei no sería un hecho menor, sino una violación directa a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. En el escrito se remarca que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal, conforme a lo establecido también por la Ley 26.200.
 
Bajo esa premisa, Parodi solicita que se investigue penalmente al presidente Milei para que explique por qué motivo no promovió una denuncia internacional y por qué, según su interpretación, habría avalado públicamente el accionar atribuido a Trump. La denuncia va más allá del ámbito local y pide que la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional investigue el comportamiento de los jefes de Estado miembros del Estatuto de Roma que, siempre según el planteo, habrían aceptado o tolerado el hecho denunciado.
 
Parodi sostiene que, hasta el momento, la única acción penal internacional concreta estaría radicada ante la Justicia Federal argentina, situación que califica como "preocupante" por el impacto que estos hechos tendrían sobre la paz mundial. En otro tramo del escrito, el denunciante solicita expresamente que sea citado el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que, desde su experiencia en derechos humanos, ilustre al fiscal interviniente sobre la responsabilidad del Estado argentino frente a este tipo de situaciones.
 
También afirma que las expresiones públicas de Milei ante organismos internacionales, lejos de condenar el crimen, lo habrían avalado, lo que encuadra, a su criterio, en el delito de apología del crimen previsto en el Código Penal argentino. La presentación concluye con un pedido formal para que se investigue a Milei por una presunta violación a la Ley 25.390 y por apología de un crimen de agresión en perjuicio de un Estado soberano miembro del Estatuto de Roma.
 
El expediente quedó en manos del fiscal federal interviniente, quien deberá evaluar la viabilidad jurídica de la denuncia y los pasos a seguir. Por el momento, no se conocieron respuestas oficiales de Milei ni pronunciamientos de la Justicia sobre el fondo de la acusación, en torno a la política exterior argentina y a las obligaciones internacionales del Estado.
 
La Opinión Popular
 

10-01-2026 / 09:01
El video con la imagen de un guardia de inmigración norteamericano que asesina a una mujer en Minneapolis, Estados Unidos, tiene muchas similitudes con el del asesinato de Juan Gabriel González, en Villa Lugano, por un efectivo policial. Ambos videos circularon por las redes. En la brutalidad de esas escenas está la esencia de dos proyectos de país que coinciden en su desprecio al prójimo.
 
El presidente norteamericano Donald Trump declaró al New York Times que "mi único límite es mi mente" que es el mismo criterio que siguieron los dos efectivos de seguridad, en Minneapolis y en Buenos Aires, para disparar a quemarropa contra personas desarmadas. Trump lo hizo al secuestrar al presidente de Venezuela.
 
Javier "el Loco" Milei es un admirador de Trump, cuyo gobierno se aleja de la idea de democracia y libertad. El estadounidense creó una fuerza policial de carácter federal para perseguir a inmigrantes. Estos policías tienen la prerrogativa de detener a cualquier persona solamente por el color de su piel.
 
La fuerza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "tienen inmunidad absoluta para hacer su trabajo" respondió el vicepresidente J.D. Vance cuando le preguntaron por el asesino de Renee Nicole-Good, de 37 años y madre de tres hijos.
 
La mujer era una poetiza premiada en su país. Se interpuso con su camioneta a un contingente del ICE que iba a realizar razzias en su barrio. Un agente le ordenó que bajara de automóvil, pero ella dio marcha atrás para alejarse y el tipo le descerrajó tres tiros en la cara. En Estados Unidos, el pueblo bautizó al ICE como la Gestapo.
 
Para no ser menos, el mandatario argentino emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia que le da prerrogativas similares a los servicios de espionaje. Podrán detener personas sin orden judicial, exigir datos personales de ciudadanos a instituciones públicas como la AFIP, así como incorporar al espionaje interno a los servicios de inteligencia militar. Creó una policía política o una policía secreta. Una Gestapo.
 
La diferencia está en que el argentino se llenó la boca para gritar ¡Viva la libertad, carajo! pero creó una policía secreta para controlar a los argentinos. En cambio, el Trump que admira Milei nunca dijo que estaba por la libertad, ni siquiera por el libre comercio, y por eso tiene su Gestapo propia. Lo que dijo fue: "Hagamos grande a América, otra vez", lo que anunció un imperialismo más agresivo, sobre todo donde considera que está su "patio trasero". Y Milei acepta encantado poner a la Argentina como patio trasero de Trump.
 
En Estados Unidos, la justicia aclaró que el Cartel de los Soles que Trump usó como excusa para el secuestro de Nicolás Maduro, no existe. Lo tendrían que haber soltado. Pero ya le agregaron otros cargos sacados de la manga. El Senado, a su vez, busca prohibirle al inquilino de la Casa Blanca otros actos de agresión contra Venezuela.
 
En Argentina, la justicia declaró inconstitucional el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que penalizaba la protesta social, gremial o política. Igual se aplica contra los jubilados, pero no cuando los venezolanos antichavistas hacen manifestaciones para festejar la invasión de su patria y el asesinato de sus compatriotas. Al mismo tiempo, dirigentes de la oposición de distintas corrientes, plantearon recursos en la Justicia contra el decreto que pretende institucionalizar una policía secreta "libertaria".
 
En esta puja está en juego una democracia que va perdiendo por goleada. Tanto Trump como Milei tienen el respaldo de gran parte del capital concentrado, grandes corporaciones y millonarios que consideran que la democracia, más que facilitar, constituye un obstáculo para aumentar sus ganancias. 
 

10-01-2026 / 09:01
Los incendios forestales volvieron a desatar una tragedia ambiental y social en la Patagonia, con especial impacto en la Comarca Andina de Chubut. Miles de hectáreas de bosque nativo ya fueron consumidas por el fuego, decenas de viviendas quedaron reducidas a escombros, se registran animales muertos y el trabajo de bomberos y brigadistas se desarrolla en condiciones límite, con recursos escasos y una logística claramente insuficiente.
 
La brutal política de recortes sistemáticos impulsada por el gobierno de Javier "el Loco" Milei, continúa desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el organismo clave para la prevención y el combate de incendios en áreas naturales. Las emergencias tienen una postal: equipamiento mínimo, personal sobreexigido y un Estado nacional que aparece tarde, mal o directamente no aparece.
 
Mientras Epuyén y El Hoyo atraviesan momentos críticos y otras zonas como El Chaltén también registran focos activos, organizaciones ambientalistas denunciaron que el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego volverá a sufrir un recorte real en 2026, además de una persistente subejecución de partidas.
 
Según detallaron 18 organizaciones, el presupuesto previsto para el próximo año asciende a 20.131 millones de pesos, lo que representa una caída real del 69 por ciento respecto de 2023 y del 78 coma 5 por ciento frente a 2025. El ajuste se profundiza si se observa la ejecución: durante 2024 apenas se utilizó el 22 por ciento del presupuesto asignado, a pesar de haber sido el año con mayor cantidad de incendios desde 2016.
 
La situación no mejoró en 2025. De acuerdo con el mismo informe, quedó sin ejecutar el 25 por ciento de los recursos disponibles, una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejores condiciones laborales para brigadistas y personal operativo.
 
El ajuste también impacta en las capacidades operativas. Las metas físicas del organismo muestran una fuerte reducción en las horas de vuelo para tareas de control y combate aéreo: de 5.100 horas programadas en 2023, solo se ejecutaron 3.058, y para 2026 se proyectan apenas 3.100.
 
A esto se suma un recorte en los sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgo, herramientas fundamentales para anticipar emergencias. Los informes previstos caerían de 2.310 en 2025 a apenas 1.850 en 2026. Como si el desmantelamiento presupuestario no fuera suficiente, el mes pasado el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, anunció que el gobierno avanzará en la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020.
 
Esa norma impide durante un período de entre 30 y 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios, una herramienta clave para frenar la especulación inmobiliaria y productiva sobre territorios arrasados, muchas veces bajo sospecha de incendios intencionales. Milei ya había anticipado su intención de eliminar esa ley apenas asumió, y legisladores libertarios presentaron proyectos para avanzar en ese sentido.
 
Con bosques en llamas, comunidades en riesgo y brigadistas trabajando al límite, el ajuste no aparece como una política abstracta sino como una decisión concreta que se mide en hectáreas quemadas, viviendas perdidas y vidas expuestas. La Patagonia vuelve a pagar el costo de un Estado que se retira cuando más se lo necesita. Es el lucrativo negocio inmobiliario de Milei con el fuego.
 
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