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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 20-11-2020 / 12:11

Fiscalía de Estado investiga si hubo usurpación en la Escuela de El Quebracho por parte de los Etchevehere

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, confirmó que investigarán una posible usurpación de las tierras que fueran propiedad de la Escuela Agrotécnica Nº 151, ubicada en el paraje El Quebracho, y si el establecimiento perdió terrenos a manos de la familia Etchevehere.

Concretamente, se indagará sobre documentación que muestra cuántas hectáreas pertenecen a la escuela rural y cuántas a Las Margaritas SA, que preside Leonor Barbero Marcial, viuda de Luis Félix Etchevehere, firma que también integran los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Aturo Sebastián.

En este caso particular aparece nuevamente la estancia Casa Nueva, ubicada a 12 kilómetros de Santa Elena, y que es lindera a la escuela. Ese mismo lugar fue, desde el 15 de octubre, noticia nacional por el ingreso al campo de Dolores Etchevehere y el "Proyecto Artigas", conflicto que terminó en la Justicia por una causa de usurpación.

"Tenemos la obligación de reclamar por las tierras"

La investigación sobre las tierras de la escuela fue anunciada este martes por el gobernador Gustavo Bordet, en el marco de su visita a la ciudad de Santa Elena.

"Como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que le pertenecen a la escuela provincial Nº 151 Agrotécnica Paraje El Quebracho que es su legítima propietaria y a los alumnos que realizan allí sus prácticas", dijo.

"Quiero ser muy claro en este sentido, nosotros como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que nos pertenecen y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quienes usurparon esas tierras las devuelvan a la escuela que es su legítima propietaria y a los alumnos que son los que hacen allí su prácticas y tienen una posibilidad de futuro", afirmó ante la comunidad de Santa Elena.

"Hubo un hecho de usurpación, con lo cual quedan dudas acerca de si la situación dominial de la superficie de la Escuela Agrotécnica de Santa Elena se regularizó o no. Por esta razón los organismos competentes del Estado van a realizar los estudios correspondientes para determinar la legalidad o ilegalidad de esta situación", agregó.

Harán una investigación administrativa

El fiscal de Estado amplió: "Nosotros vamos a hacer una investigación administrativa para ver qué es lo que pasó. En toda esa zona, el Frigorífico Santa Elena tenía muchas propiedades y cuando cerró, esas superficies pasaron al Frigorífico Santa Elena Residual. Como había sido estatizado en la época de Sergio Montiel, eran de la provincia de Entre Ríos entonces se empezaron a vender esos terrenos, que eran objetos de la liquidación".

Señaló, en ese sentido, que "se han vendido terrenos que están al lado de la escuela, entre ellos a Etchevehere, que parece ser que hizo un plano de mensura y se apropió indebidamente de superficie que correspondería a la Escuela".

Rodríguez Signes recordó, en esa línea, que esa situación se judicializó. "Esto ameritó una causa penal por usurpación, pero Luis Felix Etchevehere murió en el trayecto y no siguió con el juicio penal", rememoró.

"Ahora, el Gobernador quiere saber si hay perjuicio sobre la escuela o no. Entonces, nosotros, a través de Escribanía Mayor de Gobierno y Fiscalía de Estado, haremos la investigación correspondiente", aseveró.

En cuanto a los primeros pasos de la investigación, explicó que "ahora necesito saber hasta donde llegó el proceso penal por usurpación: voy a pedir antecedentes, no es que voy a hacer una denuncia". "Sobre la base de estos antecedentes vamos a ver qué hacemos", finalizó.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.