23:01 | Domingo 21 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 20-11-2020 / 12:11

Fiscalía de Estado investiga si hubo usurpación en la Escuela de El Quebracho por parte de los Etchevehere

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, confirmó que investigarán una posible usurpación de las tierras que fueran propiedad de la Escuela Agrotécnica Nº 151, ubicada en el paraje El Quebracho, y si el establecimiento perdió terrenos a manos de la familia Etchevehere.

Concretamente, se indagará sobre documentación que muestra cuántas hectáreas pertenecen a la escuela rural y cuántas a Las Margaritas SA, que preside Leonor Barbero Marcial, viuda de Luis Félix Etchevehere, firma que también integran los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Aturo Sebastián.

En este caso particular aparece nuevamente la estancia Casa Nueva, ubicada a 12 kilómetros de Santa Elena, y que es lindera a la escuela. Ese mismo lugar fue, desde el 15 de octubre, noticia nacional por el ingreso al campo de Dolores Etchevehere y el "Proyecto Artigas", conflicto que terminó en la Justicia por una causa de usurpación.

"Tenemos la obligación de reclamar por las tierras"

La investigación sobre las tierras de la escuela fue anunciada este martes por el gobernador Gustavo Bordet, en el marco de su visita a la ciudad de Santa Elena.

"Como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que le pertenecen a la escuela provincial Nº 151 Agrotécnica Paraje El Quebracho que es su legítima propietaria y a los alumnos que realizan allí sus prácticas", dijo.

"Quiero ser muy claro en este sentido, nosotros como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que nos pertenecen y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quienes usurparon esas tierras las devuelvan a la escuela que es su legítima propietaria y a los alumnos que son los que hacen allí su prácticas y tienen una posibilidad de futuro", afirmó ante la comunidad de Santa Elena.

"Hubo un hecho de usurpación, con lo cual quedan dudas acerca de si la situación dominial de la superficie de la Escuela Agrotécnica de Santa Elena se regularizó o no. Por esta razón los organismos competentes del Estado van a realizar los estudios correspondientes para determinar la legalidad o ilegalidad de esta situación", agregó.

Harán una investigación administrativa

El fiscal de Estado amplió: "Nosotros vamos a hacer una investigación administrativa para ver qué es lo que pasó. En toda esa zona, el Frigorífico Santa Elena tenía muchas propiedades y cuando cerró, esas superficies pasaron al Frigorífico Santa Elena Residual. Como había sido estatizado en la época de Sergio Montiel, eran de la provincia de Entre Ríos entonces se empezaron a vender esos terrenos, que eran objetos de la liquidación".

Señaló, en ese sentido, que "se han vendido terrenos que están al lado de la escuela, entre ellos a Etchevehere, que parece ser que hizo un plano de mensura y se apropió indebidamente de superficie que correspondería a la Escuela".

Rodríguez Signes recordó, en esa línea, que esa situación se judicializó. "Esto ameritó una causa penal por usurpación, pero Luis Felix Etchevehere murió en el trayecto y no siguió con el juicio penal", rememoró.

"Ahora, el Gobernador quiere saber si hay perjuicio sobre la escuela o no. Entonces, nosotros, a través de Escribanía Mayor de Gobierno y Fiscalía de Estado, haremos la investigación correspondiente", aseveró.

En cuanto a los primeros pasos de la investigación, explicó que "ahora necesito saber hasta donde llegó el proceso penal por usurpación: voy a pedir antecedentes, no es que voy a hacer una denuncia". "Sobre la base de estos antecedentes vamos a ver qué hacemos", finalizó.

Fuente: Entre Ríos Ahora

21-12-2025 / 19:12

El silencio cómplice de Frigerio con Milei perjudica a Entre Ríos

Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.

La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).

Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.

Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:

- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.

- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.

- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.

Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias.

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