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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 20-11-2020 / 11:11
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Aporte de las grandes fortunas, el banquero "peronista" y los empresarios que prefieren todo barrani

Aporte de las grandes fortunas, el banquero
El aporte solidario y extraordinario que les pidió Mauricio Macri a los dueños de grandes fortunas para solventar la campaña presidencial de 2015, según publicó el periodista Hugo Alconada Mon en su libro La raíz de todos los males, era el 1% de sus patrimonios. La mitad de lo que les exige para que ayuden a capear la corona-crisis el proyecto de Ley que acaba de recibir media sanción en Diputados.
El aporte solidario y extraordinario que les pidió Mauricio Macri a los dueños de grandes fortunas para solventar la campaña presidencial de 2015, según publicó el periodista Hugo Alconada Mon en su libro La raíz de todos los males, era el 1% de sus patrimonios.
 
La mitad de lo que les exige para que ayuden a capear la corona-crisis el proyecto de Ley que acaba de recibir media sanción en Diputados. Claro que aquella contribución era sobre el total y no solo sobre lo declarado, tal como el propio autor ratificó más tarde bajo juramento ante el juez platense Ernesto Kreplak.
 
La ventaja era que podía integrarse en efectivo o en especie porque el comité de campaña prefería todo barrani para no exceder el gasto permitido.
 
Aquella colecta fue tan provechosa que le permitió a Macri oblar $1.760 millones (unos $7.500 millones de hoy) entre actos, medios y cartelería. Once veces más que lo declarado ante la Cámara Nacional Electoral, siempre según Alconada Mon.
 
Un sub registro que difícilmente pueda impugnar con autoridad moral el Frente de Todos, pero que sí expone la contradicción de los grandes contribuyentes entonces bien predispuestos a la exacción privada y ahora indignados por la estatal.
 
El ejemplo más nítido son los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que ayer sumaron su disgusto al del resto de las cámaras patronales y que en La Raíz... figuran como aportantes de 2015: Rocca, Bulgheroni, Roggio, Eurnekian, Pescarmona, Escasany, Elstzain y siguen las firmas.
 
Muchos acaudalados accedieron a aquel aporte tentados por lo que prometía el candidato: que el 99% restante de sus patrimonios aumentaría durante su mandato mucho más de lo que él les pedía. No fue así.
 
El Grupo Financiero Galicia de los Escasany, por ejemplo, pasó de valer U$S 3.251 millones el día que asumió a U$S 2.044 millones el día que le entregó la banda presidencial a Alberto Fernández. Hoy, corona-crisis mediante, vale poco más de U$S 1.000 millones.
 
A Jorge Horacio Brito, autoproclamado "banquero peronista" pero hermanado con sus competidores en el repudio al aporte extraordinario, no le fue mucho mejor: el valor del Macro cayó con Macri de U$S 3.298 millones a U$S 1.970 millones y a la mitad desde que gobierna el candidato que votó el patriarca.
 

 
Son pérdidas muy cuantiosas. Mucho más que un aporte del 2% que se recupera rápido si el patrimonio está dolarizado, como ocurre con el 43% de lo que declaran los potenciales alcanzados por el tributo según la AFIP. Lo que se juega en el rechazo a esa alícuota, más que dinero, es poder. Por eso cuando un par de socios de AEA le advirtieron a Matías Kulfas que irían a tribunales contra el nuevo tributo, el ministro de Producción no intentó siquiera disuadirlos.
 
"Ellos van a seguir viviendo acá y tienen que seguir haciendo negocios acá. ¿Vos pensás que van a dejar de hacer un negocio, si lo ven rentable, porque los indigna un impuesto a su patrimonio?", le dijo después a un colega del gabinete que le preguntó por la amenaza.
 
 
Positivos y negativos
  
Kulfas recibió a la misión del FMI que encabeza Julie Kozack el martes mismo, mientras se trataba el aporte en Diputados. Hubo que hablar de biocombustibles y movilidad sustentable por Zoom, porque los ocho enviados del Fondo todavía estaban aislados tras el PCR positivo de Luis Cubeddu el sábado por la noche.
 
Setenta y dos horas y tres análisis negativos después, el economista venezolano recibió la venia para volver a ver gente en persona. Igual que Sergio Massa, aislado apenas por 48 horas hasta que un alta médica de curiosa factura le permitió ir en persona a presidir el final del debate y la votación.
 
Son excepciones a los protocolos muy llamativas para un país que ya asoma cuarto en el ranking de muertos por millón de habitantes. Excepciones que ni siquiera consiguió el Presidente, aislado dos semanas en la casa de huéspedes de Olivos tras haber estado en contacto estrecho con el infectado Gustavo Beliz en el viaje para despedir a Evo Morales.
 
Pero que algunos funcionarios de segunda línea sí se autoarrogan, como el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, quien se reunió a fines de la semana pasada con la misión del Fondo y encabezó este lunes como si nada varias reuniones virtuales de trabajo desde su despacho frente al Obelisco.
 
La "compañera Julie", como rebautizó cariñosamente el negociador argentino Sergio Chodos a Kozack, se puso un poco más estricta en las reuniones virtuales de esta semana.
 
La mayor presión que ejerció sobre Martín Guzmán en las videoconferencias que mantuvieron casi a diario fue respecto del déficit fiscal previsto para 2021. No solo quiere que sea menor (un 3,5% del PBI frente al 4,5% que estima el Presupuesto) sino que procura que se financie más con deuda y menos con emisión monetaria.
 
Lo que Kozack evitó recomendar abiertamente es el recorte de subsidios a los sectores más pobres. "Bajen gasto pero sean inteligentes. Que no tenga costo social", ordenó en uno de esos encuentros virtuales. Sobre las jubilaciones, después del desenganche de la inflación que ya había anunciado Guzmán antes de su llegada, no hizo falta que hablara.
 
Tampoco -ay, AEA- se quejó por el impuesto a los dueños de grandes fortunas. Al revés. "La alternativa a bajar el gasto es subir impuestos", soltó en otra reunión. Lo interesante es que lo que vaya a recaudar el tributo está en un limbo: no figura en el Presupuesto 2021 y ya no llegará a percibirse este año.
 
¿Será la llave para terminar de cerrar la grieta entre el 3,5% y el 4,5% y "anclar con el Fondo" como pide a gritos Carlos Melconian, enemigo del impuesto? Sería toda una ironía.
 
La carta al Fondo de los senadores del Frente de Todos, que contrastó por su crudeza con la diplomacia market-friendly que despliega Guzmán cada vez que habla con Kozack o Georgieva, sorprendió al jefe del Palacio de Hacienda y lo hizo protestar ante el Presidente. Cecilia Todesca, en cambio, destacó que exhibía al oficialismo tanto al frente de la discusión actual como a cargo de la crítica del desastroso desenlace del préstamo a Macri.
 
Más allá de esa lectura más política y aunque suene maximalista la idea de patear esa montaña de deuda heredada por "décadas", como reclama, la carta puede ser el primer golpe de una carambola inesperada: que el Fondo termine por abrir una tercera ventanilla (ni Stand By ni Extended Facility Fund) para refinanciar esos U$S 44 mil millones a un plazo mayor que 10 años.
 
 
Creativos y convictos
  
Kozack y compañía vuelven este fin de semana a Washington pero planean regresar por otra semana justo antes de las Fiestas. Prefieren el perfil bajo pero se saben protagonistas de una obra de teatro donde los gestos pesan y mucho.
 
Que el staff no se opone frontalmente al impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, quedó claro cuando Guzmán, Kulfas y Daniel Arroyo acudieron a mitad de la sesión del martes -por pedido expreso de Alberto Fernández- a fotografiarse con Máximo Kirchner y Sergio Massa.
 
Una foto que blindó la mayoría oficialista y evitó que se negativizara algún voto incentivado, aunque expuso a todos otra vez al contacto estrecho con el virus.
 
Guzmán espera que Georgieva sea lo suficientemente creativa como para refinanciar sin más condiciones que las que él ya aceptó: el ajuste de las jubilaciones y la aceleración de las micro-devaluaciones del peso. En el Foro de Davos, a fines de enero, la búlgara admitió ante Guillermo Nielsen que tenía una papa caliente en las manos.
 
"Todos los días pienso en Argentina. Pienso qué podemos hacer y qué salida le podemos dar", le dijo al presidente de YPF al pie de los Alpes, en una charla donde la palabra "rollover" (refinanciación) se pronunció muchas veces. Es justamente donde apuntó la carta de los senadores: si empuja al Gobierno al precipicio, será ella y no Christine Lagarde quien deba explicar por qué ese préstamo récord se otorgó aun contra el propio convenio constitutivo del organismo.
 
El otro interrogante es cómo influirá la asunción de Joe Biden en el Fondo. Chodos hincha para la Secretaría del Tesoro por Lael Brainard, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal estadounidense y veterana de varias cumbres del G-20 como él. La impulsa Wall Street pero según el negociador sería mucho menos hostil que Larry Fink, el CEO de BlackRock.
 
El propio Biden, en campaña, le dijo a un economista argentino que estaba al tanto de lo cuantioso del préstamo. Lo cual, en boca de un presidente demócrata pero conservador, tampoco quiere decir mucho.
 
Hay intereses en juego que pueden ayudar a conmoverlo. Por ejemplo, los de sus multinacionales petroleras. ¿Y si alguien le preguntara a la Justicia si Macri le regaló Vaca Muerta a Rocca (o se la alquiló por cuatro años) a cambio de esos aportes iniciales de campaña? ¿Acaso hay alguna otra explicación para que YPF no haya aprovechado los jugosos subsidios de la resolución 46 que embolsó Tecpetrol y que se siguen pagando hoy, en dólares y demanda mediante? ¿No era la estadounidense Chevron la socia privilegiada de YPF en aquella quimera inicial del oro negro?
 
¿Por qué le cedió el lugar a la petrolera de Rocca después de haber costeado las primeras y más costosas perforaciones? ¿Cómo fue que entregó hasta al ingeniero Pablo Iuliano, arquitecto en las sombras de aquel boom de 2013 y 2014 y ahora recién recuperado? ¿Y si fue todo por orden verbal de Juan José Aranguren, padre de la resolución 46 y enemigo histórico de YPF?
 
Por Alejandro Bercovich
 
FUENTE: BAE NEGOCIOS
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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