18:36 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 20-11-2020 / 11:11

CORONAVIRUS: LA PUESTA A PUNTO DE LA MAYOR INMUNIZACIÓN MASIVA

El Gobierno pone en marcha el Comité de Vacunación, encabezado por Alberto

“Queremos empezar a vacunar entre enero y febrero”, señaló Alberto Fernández. Ese anhelo, sin embargo, engloba una articulación de diversos actores y una coordinación sin precedentes. En esta línea, un Comité de Vacunación será el encargado del diseño y la puesta en marcha del operativo para inmunizar a la población argentina contra el coronavirus.

"Queremos empezar a vacunar entre enero y febrero", señaló Alberto Fernández. Ese anhelo, sin embargo, engloba una articulación de diversos actores y una coordinación sin precedentes. En esta línea, un Comité de Vacunación será el encargado del diseño y la puesta en marcha del operativo para inmunizar a la población argentina contra el coronavirus.

Será recibido por el Presidente el próximo lunes, que encabezará las tareas que realizará ese espacio. Participarán expertos y expertas de cuatro ministerios (Salud, Interior, Defensa y Seguridad) y, aproximadamente, 150 mil hombres y mujeres que desempeñan sus tareas en las fuerzas armadas y de seguridad, en articulación con las diferentes gobernaciones.

Una vez que las dosis de los diferentes laboratorios arriben al país, en el Comité se prevé el establecimiento de una Mesa de Seguimiento que será liderada por Ginés González García y seguirá el proceso paso a paso. Una vacunación masiva no es tarea de todos los días. El objetivo, como el propio Alberto Fernández dejó en claro, es "empezar cuanto antes, entre fines de diciembre y los primeros días de enero" con la aplicación de las dosis.

Hacia fin de diciembre se espera que la primera que llegue sea la Sputnik V --desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia-- y luego será el turno, durante el primer trimestre de 2021, de la fórmula de AstraZeneca y el Laboratorio de Oxford.

De la primera llegarán 25 millones de dosis y de la segunda, 22 millones. Si se le suma la de Pfizer, que ofreció un millón más, se llegaría a un total de 48 millones de dosis, algo así como 24 millones de vacunas aproximadamente (ya que todas prevén un esquema de una dosis y refuerzo).

Vale destacar que, en el presente, todas las fórmulas siguen los ensayos en fase 3 con miles de voluntarios alrededor del mundo y requerirán de la aprobación del uso de emergencia por parte de los entes reguladores de los diferentes gobiernos para su distribución. En el caso de Argentina, la institución encargada de tal asunto es la Anmat.

"Mi idea es que Pfizer y Rusia rápidamente me den vacunas y empezar en enero y febrero (de 2021). La Argentina tiene capacidad de vacunación de 5 millones de personas por mes, con lo cual serían 10 millones en enero y febrero", agregó el Presidente.

La prioridad la tendrán "el personal de salud, de seguridad, los adultos mayores y las personas con enfermedades prevalentes", dijo. De esta manera, esa cantidad indica que "el 23 por ciento de la población" ya estará vacunada con la Spuntnik V y la de Pfizer a principios del año próximo.

"Eso nos permitirá entrar a muy tranquilos a marzo" para minimizar los efectos de una posible segunda oleada de contagios, ya que al menos el "60 por ciento de las personas vulnerables en términos médicos" habría recibido la inoculación. "En marzo --agregó el mandatario-- ya tendríamos 4 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca (y la Universidad de Oxford, que se producirá entre Argentina y México), y en ese mes ya estarían vacunados todos los que están en riesgo".

Al hacer los anuncios, Alberto Fernández volvió a destacar que uno de los "logros" de la política sanitaria durante la cuarentena fue "que no se sature el sistema sanitario" ante la demanda de pacientes, y respondió a las críticas que recibe desde la oposición. "Escucho a algunos ex ministros que dejaban vencer vacunas en la Aduana y me explican cómo había que hacer las cosas, y me asombra", criticó.

Sus críticas fueron dirigidas a los funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio: "Fueron los que dejaron el sistema sanitario en situación calamitosa, los que no inauguraban hospitales hechos en 2015 para que la gente no sintiera que eran hospitales hechos por Cristina (Kirchner); fueron los que cerraron el Ministerio de Salud y ahora vienen a explicarme cómo se hacen las cosas. Es como el colmo", sentenció.

Por su parte, el ministro Ginés González García destacó la importancia de "lograr una planificación para que llegue a la mayor cantidad de personas". "La idea es vacunar hasta el mes de julio del año venidero para disminuir la mortalidad", señaló y ratificó que "la vacuna será gratuita". "Dentro de nuestros planes está realizar la campaña de vacunación más grande en la historia y llegar a todos los sectores de la sociedad", recalcó.

Cómo será la logística

Aunque desde el gobierno aún no brindaron detalles sobre cómo se diseñará el operativo, Daniela Hozbor, bioquímica e Investigadora Principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, se anticipa a la situación y a partir de su conocimiento del área, comenta al respecto: "La logística será un tema muy pero muy complejo. Si bien no se inmunizará a toda la población en una primera instancia, ya se está barajando la posibilidad de inocular a una parte muy importante".

Luego señala: "Desde las autoridades sanitarias se manejan números que rondan las 12 millones de personas en un comienzo. El dato clave es que habrá que hacerlo en el tiempo más corto posible para reducir las consecuencias que tiene la covid si continúa avanzando".

De acuerdo a la técnica empleada, cada variante necesita de una logística particular. Un eje crucial es la temperatura de la sustancia activa.

"Todo plan de inmunización tiene una logística muy particular porque en el transcurso hay que mantener la calidad del insumo. Buena parte de las vacunas requieren, por lo menos, ser mantenidas entre 2 y 8 grados (como la de Moderna). La rusa, según ensayos en fase 2, tiene una mejor eficacia en ambientes congelados", apunta.

Y luego continúa: "Esa cadena de frío se volverá más difícil de satisfacer si llegásemos a contar con dosis de Pfizer porque en este caso el desafío será mayor. Según lo que se sabe hasta el momento, la propia compañía ha previsto este inconveniente y tratará de suministrar algunas partidas con un embalaje particular. De cualquier manera, estas vacunas deberán llegar a sitios de nuestro país en los que se pueda asegurar el frío, ya que de lo contrario será muy difícil".

La elaborada por Pfizer, al estar basada en tecnología de ARN mensajero, las ampollas deberían almacenarse a 80 grados bajo cero y no todas las naciones del mundo cuentan con tantas heladeras para la ocasión.

Desde aquí, Albert Bourla, el director ejecutivo de la corporación estadounidense, ha comunicado el diseño a escala de cajas con termómetros en su interior y sistemas de GPS, para monitorear el curso de la distribución y chequear que la temperatura de las dosis --durante todo el recorrido hasta llegar al lugar de destino-- sea óptima.

La inmunización a escala obliga al trazado de una ruta de acciones y operaciones. Si bien constituye un factor decisivo, la situación no se soluciona con el arribo de las drogas, pues hay muchos aspectos que deben tenerse en cuenta.

Un punto clave, por ejemplo, será capacitar a los vacunadores de diversas escuelas de enfermería distribuidas por el país. No se descarta, para ello, la convocatoria de médicos, farmacéuticos y especialistas retirados para contribuir en el procedimiento. Desde aquí, sostiene Hozbor: "Ya contamos con un calendario de vacunación complejo y los recursos humanos son fundamentales.

Desde las autoridades se han iniciado cursos de capacitación para los profesionales que pueden intervenir en esta campaña. Otro factor que no es menor es llevar a cabo el registro de los vacunados; de seguro, se necesitará de un sistema informatizado para manejar grandes volúmenes de datos".

Además de los recursos humanos, la otra gran necesidad será la disponibilidad de insumos necesarios. Desde jeringas y algodones, hasta diversos elementos de higiene que pueden escasear en algunas regiones si se tiene en cuenta que la inoculación deberá penetrar todos los rincones de la nación.

Una vez que los recursos materiales y humanos estén listos, la planificación será regida por el orden. Con tan solo imaginar que millones de personas se vacunarán en cuestión de meses, es fácil advertir que no todas podrán asistir a los centros de vacunación en simultáneo porque se verían desbordados al instante.

En esta línea, aunque desde el gobierno no precisaron en base a qué criterio será la lógica establecida para la vacunación --terminación del número de documento, utilización del padrón electoral--, los primeros que se inmunizarán con las dosis serán los profesionales de la salud, los adultos mayores a 60 años y aquellas personas que cuenten con patologías previas que los hagan más vulnerables frente al contagio por la covid, en un esquema riguroso dividido por turnos.

Más adelante, a medida que el Ejecutivo cierre acuerdos con otros laboratorios, las partidas venideras servirán para proteger al resto de la población.

Con impronta federal

El coronavirus nunca fue un problema fácil de segmentar. Antes el epicentro era el AMBA y en el último tiempo el foco se trasladó al resto de las provincias. Hasta el cansancio, especialistas de la salud y de la ciencia procuraron dejar en claro que, a diferencia de los humanos, los virus no conocen de fronteras. Así fue en marzo y así será en el futuro inmediato, cuando se inicien los preparativos para la inmunización masiva.

Los lineamientos específicos del modus operandi y la división del trabajo que prevé el proceso de vacunación se discutirán este viernes en el marco del encuentro del Consejo Federal de Salud. Precisamente, el Cofesa es el organismo estatal que reúne a las carteras sanitarias de los 24 distritos y el encargado de gestionar las políticas públicas en la materia desde que se inició la pandemia en marzo.

El propósito de la reunión será diagramar un boceto acerca de cuáles serán los detalles del procedimiento. Algunas como Buenos Aires o Córdoba ya han adelantado detalles al respecto. El ministro Daniel Gollan sostuvo hace apenas unos días que el propósito sería vacunar a nada menos que 6 millones de bonaerenses durante el verano y principios de otoño.

Entre ellos, al tope de la lista se ubican los mayores de 60 años y el personal esencial. En un segundo escalafón estarían incluidos los docentes y los auxiliares, con el propósito de que las clases comiencen con normalidad en 2021. Hasta el momento, está en plena discusión la creación de sitios específicos para la ocasión, o bien, el empleo de otros espacios afines al campo de la salud.

El otro ejemplo ilustrativo es Córdoba que, además de organizar una vacunación de escala (planean suministrar las dosis a más de 1 millón de cordobeses), también comprará un millón de vacunas por su cuenta. Así lo aseguró Diego Cardozo, el ministro de Salud provincial. Los próximos días serán decisivos.

Fuente: pagina12.com.ar

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".