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Entre Ríos - 19-11-2020 / 11:11
¿CÓMO UNA ULTRA MINORÍA, NUMÉRICAMENTE INSIGNIFICANTE, LLEGÓ A TENER EN EL CONGRESO SEMEJANTE CANTIDAD DE DEFENSORES DE SUS RIQUEZAS?

El macrista Gustavo Hein contra el Aporte solidario

El macrista Gustavo Hein contra el Aporte solidario
Gustavo Hein con dos de los futuros contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas: Mauricio Macri y Atilio Benedetti.
"Mi voto fue negativo. Este proyecto se propone como un aporte solidario y por única vez, cuando este es un impuesto a la inversión en la Argentina, el cual no sabemos si no se replicará en años posteriores. Este tipo de medidas desalienta inversiones y agrava la situación de las PyMES que son uno de los motores más importantes de empleo", dijo el diputado nacional macrista Gustavo Hein (Juntos por el Cambio-Entre Ríos), al dar cuenta de cómo votó en cada iniciativa de la sesión de la Cámara Baja.
 
El Aporte extraordinario para los patrimonios más altos, fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación y, de convertirse en ley en el Senado, afectará a menos de 9.300 personas, el 0,02 por ciento de la población argentina. Sin embargo fue rechazado por 115 diputados de Juntos por el Cambio, el 44,7 por ciento de todos los integrantes de la Cámara Baja.
 
Son datos impactantes que obligan a formularnos preguntas. ¿Cómo una ultra minoría, numéricamente insignificante, llega a tener en el Congreso semejante cantidad de defensores de sus intereses? ¿Qué forma de representatividad se ha diseñado en nombre de la democracia? ¿El poder del dinero tiene excesiva influencia en el sistema político al distorsionar de tal modo las representaciones sectoriales?
 
Lo mismo podría decirse de la representatividad mediática. Una rotunda mayoría del periodismo porteño operó como defensora a ultranza de los intereses de esta porción ínfima de la población y atacó con furia al proyecto. A toda hora, por casi todos los canales de TV, las radios y los diarios de mayor circulación, se descargó una campaña plagada de informaciones falaces y maliciosas para torpedear una iniciativa justificada en el estado de excepción que impuso la pandemia y la necesidad imperiosa de obtener recursos económicos del único sector de la población al que ostensiblemente le sobran.
 
Las mentiras también se escucharon en el recinto. Los diputados radicales y del PRO compitieron por ver quién resguardaba mejor los intereses de los más ricos entre los ricos con argumentos desopilantes. Algunos afirmaron, sin ruborizarse, que el aporte perjudicaba a las Pymes; otros hablaron de la "producción", la "inversión" y hasta la "generación de empleo". Todas falacias que solo los distraídos o los indiferentes se pueden tragar.
 
Razones de estricta justicia social y tributaria sostienen el proyecto en beneficio del conjunto de la sociedad. Y, por lo demás, la contribución, por única vez, es de un volumen insignificante para las abultadas fortunas que inquieta.
 
La Opinión Popular
 

 
"El gobierno recurre una vez más al sector privado, que invierte, corre riesgos y da trabajo genuino, a la hora de tapar los baches en las cuentas del estado nacional, en vez de tomar la decisión de reducir el gasto público. No me parece justo", sentenció Gustavo Hein.
 
En cuanto al proyecto de ley de Presupuesto 2021, informó: "Me abstuve. Tuvimos observaciones y objeciones respecto al gasto y al articulado del proyecto, pero desde una postura responsable entendí la necesidad que tiene todo gobierno de contar con una Ley de Presupuesto".
 
Otra de las iniciativas es la denominada "Ley Yolanda", sobre la cual señaló: "Voté a favor. La Ley busca que todos los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación reciban una capacitación con perspectiva en medio ambiente. Formarse es la clave para tomar decisiones acertadas como legisladores o funcionarios. Me parece fundamental contar con representantes más capacitados en diversas materias".
 
Finalmente, respecto a la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, dijo: "Mi voto fue negativo. Esta ley sanciona a propietarios por superficies de las cuales no son responsables de iniciar los incendios. No distingue los incendios naturales de los intencionales, ni tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio. Se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble".
 
"Esta modificación prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies incendiadas, afectando de esta manera a la libre disponibilidad de la propiedad privada. Y avasallando las autonomías provinciales, porque son ellas las que conocen y planifican su territorio. Este proyecto está conducido por el desconocimiento de las realidades del campo argentino y está lejos de buscar solucionar las verdaderas causas de los incendios en estas zonas".
 
Fuente: Análisis Digital 
 

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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron «su total y absoluto rechazo» a la resolución Nº 077, que dictó el 18 del actual la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y que lleva las firmas del presidente del organismo, Edgardo Scarione, y la vocal que representa a los pasivos, Lilia Santiago.
 
Esa normativa de la Caja derogó las resoluciones 07 y 08 de 2001, «normativas éstas que instituyeron una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el ´3 x 1´ (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el artículo 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las resol. 007 y 008). De tal manera dichas normativas derogadas tenían como propósito central reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del Art. 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas, mediante Decreto a partir de 1994», según indicó AGMER.
 

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