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Entre Ríos - 19-11-2020 / 11:11
¿CÓMO UNA ULTRA MINORÍA, NUMÉRICAMENTE INSIGNIFICANTE, LLEGÓ A TENER EN EL CONGRESO SEMEJANTE CANTIDAD DE DEFENSORES DE SUS RIQUEZAS?

El macrista Gustavo Hein contra el Aporte solidario

El macrista Gustavo Hein contra el Aporte solidario
Gustavo Hein con dos de los futuros contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas: Mauricio Macri y Atilio Benedetti.
"Mi voto fue negativo. Este proyecto se propone como un aporte solidario y por única vez, cuando este es un impuesto a la inversión en la Argentina, el cual no sabemos si no se replicará en años posteriores. Este tipo de medidas desalienta inversiones y agrava la situación de las PyMES que son uno de los motores más importantes de empleo", dijo el diputado nacional macrista Gustavo Hein (Juntos por el Cambio-Entre Ríos), al dar cuenta de cómo votó en cada iniciativa de la sesión de la Cámara Baja.
 
El Aporte extraordinario para los patrimonios más altos, fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación y, de convertirse en ley en el Senado, afectará a menos de 9.300 personas, el 0,02 por ciento de la población argentina. Sin embargo fue rechazado por 115 diputados de Juntos por el Cambio, el 44,7 por ciento de todos los integrantes de la Cámara Baja.
 
Son datos impactantes que obligan a formularnos preguntas. ¿Cómo una ultra minoría, numéricamente insignificante, llega a tener en el Congreso semejante cantidad de defensores de sus intereses? ¿Qué forma de representatividad se ha diseñado en nombre de la democracia? ¿El poder del dinero tiene excesiva influencia en el sistema político al distorsionar de tal modo las representaciones sectoriales?
 
Lo mismo podría decirse de la representatividad mediática. Una rotunda mayoría del periodismo porteño operó como defensora a ultranza de los intereses de esta porción ínfima de la población y atacó con furia al proyecto. A toda hora, por casi todos los canales de TV, las radios y los diarios de mayor circulación, se descargó una campaña plagada de informaciones falaces y maliciosas para torpedear una iniciativa justificada en el estado de excepción que impuso la pandemia y la necesidad imperiosa de obtener recursos económicos del único sector de la población al que ostensiblemente le sobran.
 
Las mentiras también se escucharon en el recinto. Los diputados radicales y del PRO compitieron por ver quién resguardaba mejor los intereses de los más ricos entre los ricos con argumentos desopilantes. Algunos afirmaron, sin ruborizarse, que el aporte perjudicaba a las Pymes; otros hablaron de la "producción", la "inversión" y hasta la "generación de empleo". Todas falacias que solo los distraídos o los indiferentes se pueden tragar.
 
Razones de estricta justicia social y tributaria sostienen el proyecto en beneficio del conjunto de la sociedad. Y, por lo demás, la contribución, por única vez, es de un volumen insignificante para las abultadas fortunas que inquieta.
 
La Opinión Popular
 

 
"El gobierno recurre una vez más al sector privado, que invierte, corre riesgos y da trabajo genuino, a la hora de tapar los baches en las cuentas del estado nacional, en vez de tomar la decisión de reducir el gasto público. No me parece justo", sentenció Gustavo Hein.
 
En cuanto al proyecto de ley de Presupuesto 2021, informó: "Me abstuve. Tuvimos observaciones y objeciones respecto al gasto y al articulado del proyecto, pero desde una postura responsable entendí la necesidad que tiene todo gobierno de contar con una Ley de Presupuesto".
 
Otra de las iniciativas es la denominada "Ley Yolanda", sobre la cual señaló: "Voté a favor. La Ley busca que todos los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación reciban una capacitación con perspectiva en medio ambiente. Formarse es la clave para tomar decisiones acertadas como legisladores o funcionarios. Me parece fundamental contar con representantes más capacitados en diversas materias".
 
Finalmente, respecto a la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, dijo: "Mi voto fue negativo. Esta ley sanciona a propietarios por superficies de las cuales no son responsables de iniciar los incendios. No distingue los incendios naturales de los intencionales, ni tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio. Se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble".
 
"Esta modificación prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies incendiadas, afectando de esta manera a la libre disponibilidad de la propiedad privada. Y avasallando las autonomías provinciales, porque son ellas las que conocen y planifican su territorio. Este proyecto está conducido por el desconocimiento de las realidades del campo argentino y está lejos de buscar solucionar las verdaderas causas de los incendios en estas zonas".
 
Fuente: Análisis Digital 
 

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La acción por excelencia del presidente Javier Milei, para mostrar sumisión del adversario, es la humillación en el transcurso de las discusiones. A pesar de ello, el gobernador Rogelio Frigerio se siente obligado, por el electorado provincial que comparte, a mantener una buena relación con el Gobierno nacional. Pero la administración provincial está entre las perjudicadas por la gestión libertaria, en todos los frentes: tanto por el ajuste global del gasto como por las decisiones unilaterales de Milei en la distribución de los escasos recursos que reparte entre las provincias, y también por el derrumbe de ingresos propios de la Provincia que provocan las desastrosas consecuencias económicas del modelo anarco capitalista.
 
La novedad de la era Milei es la paradoja de que una parte del electorado compartido apoya esas acciones y esto deja al frigerismo entrerriano en una situación de impotencia política. El resultado electoral de octubre pasado cristalizó esa realidad. A pesar que Milei se quedó en 2024 y 2025 con los recursos de las cajas de jubilaciones de las provincias, pero también con la mayor parte de los recursos previstos para Aportes del Tesoro Nacional. Repartió apenas el 7,3 de los recursos en 2024 ($ 49.800 millones) y el año pasado distribuyó entre los gobernadores amigos $ 207 mil millones, el 21,7% de los recursos para tener apoyo en el Congreso. Todo el resto quedó para alimentar el declamado superávit nacional. Y Frigerio no hace nada.
 
Los efectos del ilegal corte de recursos de Anses a las cajas provinciales son demoledores para todas las jurisdicciones. Y hasta ahora no hay una sola señal de la Corte Suprema que indique que esa medida unilateral va a cesar. Las señales presupuestarias, en tanto, son las contrarias: en 2025 el reconducido Presupuesto nacional preveía unos simbólicos 254 mil millones para las 13 provincias que tienen Cajas de Jubilaciones propias y en 2026 la cifra es menos de la mitad. No cubriría siquiera las cuotas fijadas por la Justicia a las provincias que demandaron a la Nación. Entre Ríos hasta abril recibirá $ 2.000 millones al mes, de los más de 10 mil que debería estar recibiendo cada 30 días si se cumpliera la ley.
 
Los envíos de coparticipación vienen en caída desde hace meses y la semana pasada un informe del Iaraf señaló que la reducción de la presión tributaria efectiva nacional que publicita el gobierno de Milei correspondió en 2024 y 2025 al 0,8 % del PBI. "De esta baja acumulada, la Nación aportó el 8% (0,06 puntos porcentuales del PBI) y las Provincias el 92% (0,73 puntos porcentuales del PIB)".
 
Las provincias perdieron los subsidios al transporte, el Fonid y los recursos de Anses. Los gobernadores ahora hacen cuentas sobre una pérdida en ciernes: el proyecto de Reforma Laboral prevé una reducción de Ganancias para las grandes empresas privadas, las provincias podrían dejar de recibir cerca de $1,7 billones en 2026, ya que se trata de un impuesto coparticipable. Entre Ríos perdería cerca de $ 80 mil millones.
 
La baja de la presión tributaria nacional y la evolución de los recursos provinciales parecen, a primera vista, dos debates separados. Sin embargo, forman parte de un mismo fenómeno: liberales vs federales. El proceso de baja impositiva se apoya, casi por completo, en una restricción creciente sobre las finanzas de las provincias. Menos impuestos a nivel nacional no significaron más holgura fiscal para los gobiernos subnacionales, sino todo lo contrario.
 
Cuando se analiza la recaudación en términos relativos al tamaño de la economía, el panorama se vuelve aún más claro. En 2025, con una economía que habría crecido en torno al 4%, tanto la recaudación que queda en manos de Milei como la que se transfiere a las provincias vía coparticipación perdió peso en relación al PBI.
 
La recaudación nacional se redujo en 0,9 puntos porcentuales del producto, mientras que la correspondiente a provincias cayó 0,2 puntos. En conjunto, la presión tributaria efectiva nacional descendió 1,1 puntos del PBI en los dos años analizados. Si la comparación se extiende a 2023, la conclusión es todavía más contundente: tanto la Nación como las provincias perdieron 0,5 puntos porcentuales del PBI cada una en términos de recursos relativos.
 

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