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Nacionales - 19-11-2020 / 11:11
MACRI DEJÓ DE LADO EL DATO PARA CONTRATAR A UNA EMPRESA YANQUI QUE SE DEDICARA A LA BÚSQUEDA DEL SUBMARINO

Gravísima denuncia contra Macri: Chile afirma que encontró el ARA San Juan 11 días después de su hundimiento

Gravísima denuncia contra Macri: Chile afirma que encontró el ARA San Juan 11 días después de su hundimiento
Se sospecha que el gobierno de Mauricio Macri pudo haber estado interesado en dejar de lado el dato aportado por Chile para contratar igual a una empresa estadounidense que se dedicara a la búsqueda del submarino.
Un ex comandante chileno lanzó una gravísima acusación contra Mauricio Macri por el submarino ARA San Juan: asegura que ese país dio con el submarino 11 días después de su hundimiento. Por ello, la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del ARA San Juan, amplió hoy la denuncia contra Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y aportó esta nota periodística en la que este militar hace la confesión. 
 
Según se pudo indagar, existe la sospecha entre quienes siguen la causa de que el gobierno de Macri pudo haber estado interesado en dejar de lado el dato aportado por Chile para contratar igual a una empresa estadounidense que se dedicara a la búsqueda del submarino.  
 
La letrada solicitó también que se cite como testigo al jefe de la Armada, Julio Horacio Guardia, quien la semana pasada contó cómo fue el año de búsqueda del submarino Ara San Juan, al brindar un discurso durante el acto de homenaje a las víctimas a tres años del hundimiento.
 
Los artículos periodísticos aportados al expediente por la abogada Carreras incluyen declaraciones del ex comandante del buque chileno Cabo de Hornos, el capitán de navío retirado César Miranda, quien días atrás dijo tener la "certeza" de que el 26 de noviembre de 2017, 11 días después del último contacto del Ara San Juan, detectaron su ubicación.
 

 
"Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de EE.UU.) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand by? lo desconozco", dijo Miranda en una entrevista a El Mercurio de Chile, citada en la presentación de la querella.
 
Las declaraciones de Miranda coinciden con los dichos del contralmirante retirado, Luis Enrique López Mazzeo, quien se encuentra imputado en la causa por el hundimiento del navío y hace dos semanas dijo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que a pocos días del hundimiento del submarino la Argentina había recibido información sobre su ubicación de parte del buque chileno.
 
"En su discurso leído, Guardia manifiesta que desde el momento en que se verifico la falta de contacto con el Submarino se trabajó en distintas hipótesis de auxilio y rescate de los tripulantes. Luego de eso, se realizó el mayor despliegue de búsqueda entre flotas nacionales e internacionales detallando cantidad de buques (27) y cantidad de aeronaves (11)", sostuvo la abogada. La presentación fue realizada ante el juzgado federal 12, a cargo actualmente del juez Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan, según informaron fuentes judiciales.
 
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ARA San Juan: amplían la denuncia por encubrimiento contra Macri
 
Querellantes piden la declaración como testigo del Jefe del Estado Mayor de la Armada y aportan prueba de Chile.
 
Familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan ampliaron la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por encubrimiento agravado y pidieron que se cite como testigo al Jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina Contraalmirante Julio Guardia.
 
El pedido de citación es para que brinde precisiones sobre un discurso leído en un acto en homenaje a las víctimas al recordarse el tercer aniversario del hundimiento.
 
Según la ampliación de denuncia, en su discurso, "Guardia manifiesta que desde el momento en que se verifico la falta de contacto con el Submarino se trabajó en distintas hipótesis de auxilio y rescate de los tripulantes. Luego de eso, se realizó el mayor despliegue de búsqueda entre flotas nacionales e internacionales detallando cantidad de buques (27) y cantidad de aeronaves (11). Continúa diciendo que al cabo de un año y luego de brindar la Armada varios puntos de interés a la empresa de búsqueda, se da el hallazgo el día 17 de Noviembre de 2018".
 
Para la querella representada por la abogada Valeria Carreras, los dichos de guardia constituyen "más encubrimiento, en caso de ser cierto que se detectó el submarino el 5 de Diciembre de 2017 según los datos brindados por el buque Cabo de Hornos chileno".
 
Para la abogada, "sería necesario convocar al dicente Guardia para que brinde explicaciones bajo testimonial".
 
En la denuncia presentada días atrás, los familiares de los tripulantes del ARA-San Juan denunciaron por "encubrimiento agravado" al ex presidente Macri y a su ministro de Defensa, Oscar Aguad.
 
Se les atribuye haber ocultado información clave sobre el hundimiento del submarino en el que fallecieron 44 personas.
 
La presentación está en el Juzgado federal 12 de los tribunales de Comodoro Py, que está vacante desde que Sergio Torres pasó a integrar la Suprema Corte bonaerense y actualmente subroga Sebastián Casanello.
 
La denuncia fue hecha luego de que un oficial de la armada procesado en la causa de Comodoro Rivadavia reveló que el gobierno de Cambiemos sabía la ubicación del submarino y se lo ocultó a los familiares y a la opinión pública.
 
El escrito de la querella mayoritaria de familiares patrocinada por los abogados Valeria Carreras, Lorena Arias y Fernando Burlando refiere que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno macrista sabía dónde estaba la embarcación.
 
Desde esa fecha, veinte días después de la desaparición de la nave, se mantuvo la reserva hasta que en noviembre de 2018 se informó oficialmente sobre lo que presuntamente se sabía.
 
En la presentación se adjunta una copia de lo consignado en el diario El Mercurio de Chile y el sitio Defensa.com de Chile respecto de las declaraciones del Ex Capitán Miranda, Comandante del Buque Cabo de Hornos, "quien reitera que fue el Cabo de Hornos quien dio la ubicación del submarino, lo cual abonaría los dichos de López Mazzeo (Luis)", ante la justicia.
 
La declaración del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reveló un dato que motivó la denuncia por encubrimiento, que el gobierno argentino de Macri habría conocido la ubicación de la nave desde el 5 de diciembre de 2017, veinte días después de su desaparición.
 
Por Vanesa Petrillo
 
Fuente: ámbito.com
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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