14:11 | Martes 10 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 17-11-2020 / 17:11

Rosario Romero: Un largo proceso hacia el Juicio por Jurados, hoy realidad en Entre Ríos

Rosario Romero. Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, abogada, Convencional Constituyente 2008. Foto: Blas García para La Opinión Popular

Podríamos considerar que el juicio por jurados siempre estuvo. De algún modo, aquellos constituyentes que prohijaron la Constitución Nacional de 1853, sobre las Bases de Alberdi, tuvieron sin dudas en la mira que los ciudadanos tenían que emitir su veredicto en los procesos judiciales.

Viví, como convencional constituyente y mujer involucrada en la política, el proceso previo a la reforma constitucional provincial que en 2008 nos dio el texto vigente. Cuando se habilitó la reforma, en modo alguno nadie insinuó modificar la previsión de los jurados para los procesos penales en Entre Ríos.

Quedó así previsto en el actual Art. 122 inc. 23, la facultad de la Legislatura de Entre Ríos de "Dictar las leyes de organización y de procedimientos de los tribunales ordinarios y la del juicio por jurados". Esa manda constitucional, fue incumplida hasta noviembre de 2019, en que se sancionó la Ley de Juicio por Jurados 10.746 (promulgada el 7/11/19).

Se alinearon las voluntades, se lograron los consensos, generándose, a partir de la decisión del Gobernador Gustavo Bordet, la voluntad coincidente de los otros poderes del Estado: tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, bregaron por la norma, participando activamente en el proceso de elaboración primero -fue un proyecto de Ley del Poder Ejecutivo- y con posterioridad, en el debate legislativo en ambas cámaras.

Debo decir que desde la recuperación democrática de 1983, muchos fueron los intentos de incorporar el sistema de jurados y siempre naufragaron en razón de que tales consensos no se lograron. En cambio, esta vez, la abogacía y la magistratura estuvieron convencidos de la necesidad de tener este instituto.

El Gobernador ha destacado al juicio por jurados como parte de su decisión de contribuir al mejor funcionamiento del Poder Judicial. En los últimos años, también existieron consensos para mejorar los procedimientos civiles, de familia, y antes, hace ya más de diez años, se produjo un cambio sustancial -por cierto muy bueno- en los procesos penales, al otorgarle a los fiscales el rol de ser titular único de la persecución penal, dándoles a los jueces la custodia de las garantías y fortaleciendo la defensa, haciendo un camino hacia la consolidación del proceso acusatorio. Las mejoras en el sistema judicial, implican un genuino avance en el acceso a la justicia, principio que obra plasmado en los pactos de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional.

Es seguro -en interés de la ciudadanía- que el grupo de doce mujeres y hombres (en total paridad) que hoy están transitando la primera experiencia de juicio por jurados en la provincia, que comenzara el 11 de noviembre de 2020, habrán de actuar a la altura del sentido común, la seriedad y responsabilidad que se espera de ellos.

Seguro también, tendremos que andar este nuevo camino con la modestia y la humildad de poder ir corrigiendo y perfeccionando el sistema de jurados. Pero ello no hará mella al valor inmenso de haber logrado fortalecer con la participación popular a la administración de Justicia, involucrando del mejor modo a la ciudadanía.

Aprecié en la audiencia judicial a jurados provenientes de lugares diferentes, atentos a las indicaciones del Juez y a las intervenciones de las partes. El Juez, los fiscales, tanto como defensor y querellante, actuaron procurando cambiar su lenguaje, ir adecuándose a pensar que, en este caso, las personas del pueblo que juzgan y emiten veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, no son versados en derecho, por lo tanto debían abandonarse el lenguaje específico habitual en el mundo judicial. Ello irá evolucionando, naturalmente, con las modalidades de formación que vienen desarrollándose desde el Instituto de Capacitación Judicial Juan Bautista Alberdi, desde el Colegio de la Abogacía, desde la Asociación de la Magistratura y desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo que lo harán en sus esferas específicas en el tiempo por venir.

Pero básicamente importa destacar que debemos confiar en el buen criterio ciudadano, que logrará mirar con inteligencia los casos judiciales sometidos a su juicio, del modo que el pueblo en general valora, pero ahora con un plus: protagonizar no es lo mismo que mirar desde afuera. Cuando se escuchan los argumentos contradictorios de la defensa y la acusación, necesariamente la responsabilidad de decir culpable o inocente pasa a ser razonada en forma diferente por ese grupo de ciudadanos que delibera sobre la decisión a tomar.

Uno de los estudiosos sobre el sistema de jurados, Andrés Harfuch, quien ayudó a la construcción de la ley entrerriana, sostiene hablando de la deliberación, que "...El jurado la eleva a los estándares más altos que se conozcan en términos de construcción de una decisión colectiva racional. Desde este punto de vista, la deliberación del jurado es uno de los más poderosos mecanismos de estabilidad y de control de partes sobre el veredicto".

Las recomendaciones de actuación que el Juez conductor del debate ha venido dando, no restan al libre albedrío de los ciudadanos y ciudadanas, quienes terminarán decidiendo y actuando con libertad, sin temores. Sin dudas, será su sentido común, su experiencia, sus procesos internos de construcción del juicio, la idea de la justicia que han ido conformando a lo largo de la vida, las que prevalezcan al momento de la decisión. Ello determinará el veredicto, que hoy, en las primeras horas de la tarde del viernes 13 de noviembre, ha sido unánime y ha declarado culpable al enjuiciado. Y será justicia.

Por Rosario Romero. Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, abogada, Convencional Constituyente 2008.

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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